Abstract

Abstract

Existe un control sistémico político criminológico sobre los movimientos sociales de resistencia a partir de las instancias jurídico-militares y políticas. Pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad y los conflictos sociales, aunque diga que se refiere a la protección y seguridad de la sociedad y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia, orden y estabilidad. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas, constituyéndose en un verdadero instrumento de poder que tiende a criminalizar la pobreza, pero fundamentalmente es utilizado, de manera política, para el control de los movimientos sociales que se oponen al sistema.
Se analizan los movimientos sociales de resistencia como procesos históricos en el contexto coyuntural de una transición, que se forma y se revalora en los propios objetivos y contenidos de la lucha social. La resistencia es pensada como una articulación de la diferencia, se representa como una conquista cultural irrenunciable. Hablar de resistencia significa afrontar el problema de los opuestos. Es decir, dar respuesta a la cuestión del conflicto y al problema cómo pensar la oposición a partir de la diferencia.
La doctrina de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y el crimen organizado incluyendo el narcotráfico como elementos que permiten criminalizar e identificar a ciertos sujetos, tienen la finalidad no declarada, de encubrir la política represiva contra los movimientos sociales, con o sin la intervención de militares. De esta forma los acuerdos de cooperación bilateral o recíproca, se develan como discursos ideológicos de una política criminal de dominación imperialista esgrimidos por sectores de derecha, la cual han denominado “seguridad integral,” que no es otra cosa que la vía para la desnacionalización y recolonización de la economía, la reducción del Estado bajo el proyecto del neoliberalismo capitalista y el entrenamiento, despliegue de tropas y apoyo logístico para suprimir cualquier brote de rebeldía en los territorios sometidos a la mundialización del mercado.
A pesar de que el sistema mundo capitalista se presenta como único y universal, el imperialismo estadounidense no ha logrado avances significativos contra los movimientos sociales de resistencia mediante políticas coercitivas, injerencia militar y represión, pero sí mediante los partidos electorales de centroizquierda cuyos liderazgos los ha aislado de sus bases de apoyo, gracias a una política económica de apertura de mercados de apoyos, estímulos y créditos abiertos, en la que se presenta el desarrollo y el crecimiento como panaceas de una realidad preconstruida ideológicamente desde el centro hegemónico del poder mundial.
Los movimientos sociales en América Latina perciben esto como una traición de las elites de centro-izquierda, por lo que vuelven a los únicos métodos probados de lucha y acción directa: protestas de masas, huelgas generales, bloqueos carreteros y ocupaciones de tierras, movilizaciones y dislocaciones.
Argumento que es una utopía el “Estado de derecho” tal y como actualmente se nos presenta debido a que hay una sistemática violación de los derechos humanos, individuales, sociales, políticos y constitucionales. Frente a esta realidad preconstruida desde el poder hegemónico, los movimientos sociales están convocando a nuevas Asambleas Nacionales Constituyentes.
Sostengo que son los movimientos sociales de resistencia al neoimperialismo, son los que están posibilitando la construcción de otra forma de hacer política, otro mundo posible a partir de las autonomías locales y culturales opuestas al proyecto neoliberal y los intereses imperialistas de las potencias capitalistas. Para el caso de la tesis que se prueba, lo importante es resaltar que los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo, y por lo tanto, al neoimperialismo en América Latina, están en el centro en la mesa de los estrategas militares del gobierno de Estados Unidos, por lo que la guerra en nuestra región ya se está librando, desde hace varios años (doctrina “Carter”), pues nuestro territorio es presa de los intereses manifiestos del gobierno de Estados Unidos y las grandes multinacionales que ven en América Latina un territorio sometido. En este sentido la doctrina de seguridad nacional “integral” es el fundamento ideológico de la criminal política del Estado contra los movimientos sociales en América Latina, según se desprende de los dos casos de estudio: El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil (MST) y el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).












Lorenzo Ismael Vargas Sánchez.

México, DF. Agosto de 2006.