EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS. MEXICO. A 23 DE MARZO DE 2014

 

A l@s compañer@s adherentes a la sexta declaracion de la selva lacandona

A los medios de comunicación masivos e alternativos

A las Juntas de Buen Gobierno

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York

A los defensores de derechos humanos nacional e internacional

Al pueblo de México y el mundo

 

Compañeros y compañeras en lucha, el viernes 21 de marzo de 2014 aproximadamente a las 9 de la mañana fue emboscado y asesinado cruelmente nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano con más de veinte disparos de arma de fuego de alto calibre, mientras conducía su camioneta estaquita de pasaje a la altura del crucero de San José Chapapuyil en dirección a la Comunidad Autónoma Virgen de Dolores, fundada por nuestra organización en el año 2010.

Al momento de su asesinato, Juan Carlos contaba con 22 años de edad, tenía el cargo de Coordinador regional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón y era padre de un bebé de seis meses de edad.

En el lugar de los hechos llegaron policías municipales de Chilón y de la policía estatal preventiva que comenzaron a tomar fotos y video del cuerpo de nuestro compañero sin respeto para el difunto y su familia. El ministerio publico de Chilón dijo que lo iba llevar el cuerpo de nuestro compañero para hacer necropsia, pero no lo permitimos porque así es nuestra costumbre por eso lo llevamos a descansar a la Comunidad de Virgen de Dolores para hacerle su oración.

 

Desde que fundamos las comunidades de Nah Choj y Virgen de Dolores en el año 2010, nuestra organización ha sido hostigada en diversos momentos por el Ejército y la policía estatal preventiva, amenazando para hacer desalojo por presiones de los que se dicen propietarios, entre ellos un ex presidente municipal de Chilón, fomentando la división y la compra de conciencia de algunos ex compañeros con sus migajas, así como lo hizo con Carmen Aguilar Gómez Primero y su hijo Carmen Aguilar Gómez Segundo que cuando se vendieron con Noé Castañón León Secretario General de Gobierno de Juan Sabines Guerrero se organizaron para el desalojo de nuestra caseta de cobro el 2 de febrero de 2011 y despojarnos de nuestras tierras en complicidad con el ex comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón Francisco Guzmán Jiménez (alias el goyito).

El mal gobierno quiere acabarnos completamente asesinando a nuestros compañeros, como hizo con Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril de 2013 utilizando a sus sicarios paramilitares que en completa impunidad ya sea de noche o a plena luz del día son capaces de asesinar vilmente a nuestros compañeros que trabajan y luchan por construir un mundo en el que quepan otros mundos, y que estan resistiendo día a día los ataques del sistema capitalista que nos quiere desaparecer para quedarse con nuestra madre tierra, el agua, los rios, las cascadas y todo aquello que le sirva para hacer mas dinero a costa de nuestra vida y sufrimiento.

Los verdaderos delincuentes, asesinos y corruptos son los políticos partidistas que sentados en su silla de gobernantes a pesar de llegar a su puesto con fraude y comprando votos consideran que son dueños y amos de lo que existe en nuestras tierras, cada día quieren hacerse más ricos y no importa cuántos indígenas tengan que matar para lograrlo. Así como el Presidente Municipal de Chilón Leonardo Guirao Aguilar, partidista del verde ecologista y uno de los autores del despojo de nuestras tierras porque financió las armas del grupo armado encabezado por Carmen Aguilar Gómez Primero, Juan Alvaro Gómez, Manuel Jiménez que desalojó a nuestros compañeros de la caseta de cobro en febrero de 2011.

Nuestra organización ha tenido la dignidad de seguir de pie luchando y defendiendo a su pueblo a pesar de que hemos tenido muchos compañeros encarcelados y asesinados no tenemos miedo porque estamos en el camino que siguieron nuestros abuelos y abuelas, nuestros antepasados nos han dado la sabiduría para leer las señales de la vida y los tiempos, los malos gobiernos van y vienen pero los pueblos que hemos resistido aquí estamos de pie luchando y seguiremos cueste lo que cueste.

Algún dia asi lo dijo nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán, nuestra lucha es por la vida de nuestro pueblo y porque queremos seguir siendo lo que somos. A poco tiempo de que se cumpla un año del asesinato de Juan Vázquez Guzmán el mal gobierno envía a sus asesinos para lastimar a nuestra Comunidad Virgen de Dolores que con mucho esfuerzo y sacrificio nació pero ahora las milpas y los frutos de la buena madre tierra crecen para darle de comer a nuestros niños y niñas. El compañero Juan Carlos Gómez Silvano es parte de la fundación y la construcción de autonomía en la comunidad Virgen de Dolores, su participación y trabajo por la organización y comunidad nunca se va olvidar porque la llevamos en nuestros corazones.

Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto se equivocan si piensan que nos van acabar con la violencia y la represión, nuestra organización está preparada para resistir y seguir construyendo la autonomía que ha sido negada en la ley y en los hechos para las comunidades indígenas.

Saludamos todas las muestras de solidaridad y apoyo con nuestra lucha de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Los hombres y mujeres de San Sebastián Bachajón queremos decirles que estamos pendientes también de su palabra y su lucha, desde nuestra geografía tenemos nuestro puño levantado en solidaridad con ustedes.

Desde la zona norte de Chiapas reciban un abrazo combativo.

Nunca más un México sin nosotros.

 

Atentamente

 

¡Tierra y libertad!

¡Zapata Vive!

¡Hasta la victoria siempre!

Presos políticos ¡Libertad!

¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!

¡Juan Carlos Gómez Silvano Vive, la Lucha de Bachajón sigue!

¡No al despojo de los territorios indígenas!

Consecuencias de la Reforma Energética de Peña Nieto

La reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña sólo ha venido a confirmar que se fraguó “un crimen de Estado en México”, aseguró este martes la red de organizaciones que forman parte del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (Moviac/Chiapas).
“Las reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Acuerdo Trans Pacífico en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano”, puntualiza la red.
En un comunicado, indica que la reforma energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado, privilegiando sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y la apropiación de grandes extensiones de tierra.
No sólo eso, también privilegia las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población y la protección y garantía de los derechos humanos, apunta.
La red destaca que el artículo transitorio octavo constitucional establece “que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico, y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.
En México, para garantizar la imposición de la reforma energética, subraya, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo y a la Ley de Expropiación, con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales, que están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictamen Técnico.
“Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una institución de crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización”, se lee en el texto firmado por el MOVIAC.
Los inconformes denuncian que la reforma energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
“Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos, aceleramiento de la deforestación y de la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, la agudización del cambio climático”.
Añade:
“Por ello, esta reforma energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra. Y es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros, poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas”.
Las organizaciones refieren que la reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, y con ello se ha dado un golpe letal a la soberanía nacional, ya que el Estado mexicano, dicen, renunció a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales viven los pueblos, y esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura.
“Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra”, puntualizan.
Subrayan:
“Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas”.
Por ello, hacen un llamado “a la insurrección nacional en contra de la guerra de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos”.
Concluye:
“Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales, a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México, a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos”.
El MOVIAC en Chiapas está conformado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/CHIAPAS), Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER/Chiapas), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH AC), Otros Mundos AC/Chiapas, Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN), Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP Chiapas), Centro de Educación Integral de Base AC (CEIBA A.C.), Mujeres de Maíz AC y Kinal Antzetik AC.