REPORTAJE /A diez años de Acteal
La Jornada 5, 6 y 7 de noviembre de 2007
Ninguno de los encarcelados ha sido sentenciado como paramilitarEl origen: múltiples episodios de un plan contrainsurgente
Hermann Bellinghausen /I
El pasado 1º de noviembre, mujeres de la organización Las Abejas rezaban por los muertos de la masacre de Actea Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.
Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.
Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.
Alzamiento indígena
En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.
Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.
Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.
Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.
Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.
Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.
Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.
El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.
Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.
Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.
Camino del abismo
¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.
REPORTAJE /A diez años de acteal
En Chenalhó, los primeros hechos que derivaron en el baño de sangreLa negativa al diálogo garantizó la vía paramilitar
Hermann Bellinghausen /II
Integrantes del grupo de Las Abejas durante uno de los actos para recordar a las víctimas de Acteal, el pasado jueves Foto: Moysés Zúñiga Santiago
En mayo de 1997 emergen en Chenalhó los primeros acontecimientos, larvados desde meses atrás, que concluirían siete meses después en la hondonada de Acteal con la ejecución de 45 personas pacíficas e inermes, mujeres y niños la mayoría.
El hecho más grave ese mes fue el asesinato de Cristóbal Pérez Medio, el día 24 en Unión Yaxjemel, cuando un grupo de priístas emboscó a una comisión del municipio autónomo de Polhó que se dirigía a negociar la liberación de tres campesinos zapatistas capturados y encarcelados en Yaxjemel. Mientras los responsables de la balacera minimizaron los hechos e insistieron débilmente en que los zapatistas pretendieron agredirlos, el concejo autónomo manifestó que el día 18 fueron “detenidos” tres bases zapatistas por negarse a “pagar” 75 pesos para una presunta brecha que ellos no aprobaban: “Los amenazaron que si no cooperaban los iban a ‘despachar’, y ellos dijeron que no, aunque los mataran no iban a cooperar porque la brecha sólo beneficiaba a los transportistas” (La Jornada, 25 de mayo).
Liberados y vueltos a apresar
Los tres indígenas pasaron dos días presos, fueron liberados por gestión del concejo de Polhó, y 48 horas después, tras reunirse priístas de siete comunidades en Yaxjemel, donde eran minoría, los volvieron a aprehender. “A dos los metieron en un horno y otro estaba amarrado a un poste”. Los autónomos demandaron su liberación al presidente municipal oficial sustituto de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, del PRI.
El 24 salió de la cabecera municipal autónoma una comisión de 16 personas para tal encuentro; la encabezaba el profesor Pérez Medio. Cuando llegaron a Yaxjemel, “la comunidad estaba rodeada por unos 500 del PRI y los recibieron a balazos”. Pérez Medio fue capturado al momento y ejecutado allí mismo, pero su cuerpo desapareció y a partir de entonces los priístas negarían sistemáticamente el hecho. Dos autónomos más resultaron heridos, Fidencio Guzmán Arias y José Pérez Arias.
Ocupada la comunidad por los priístas armados, unas 350 personas tuvieron que abandonar sus viviendas. El concejo de Polhó declaró al día siguiente: “La persecución se ha extendido, también compañeros de Yabteclum, Puebla y Naranjatic Alto salieron de sus parajes porque no quieren enfrentarse entre hermanos”. Desde entonces arreciaría el fenómeno de los desplazados en Chenalhó. Al principio fueron de todos los grupos involucrados, pronto serían sólo zapatistas y miembros de Las Abejas. Llegarían a ser más de 10 mil; miles siguen fuera de sus poblados 10 años después.
La autoridad municipal autónoma acusó al edil Arias Cruz de “provocar a los zapatistas porque dice que los va a acabar. Él fue quien les dio las armas a los del PRI, e incluso los compañeros dicen que los que los emboscaron eran policías de Seguridad Pública (SP) vestidos de civil”.
Dos días después, el corresponsal de La Jornada fue a Yaxjemel y encontró “una comunidad fantasma” en manos de la minoría priísta, cuyos miembros aseguraron ser ellos los agredidos (La Jornada, 28 de mayo), lo que nunca se pudo demostrar. Un simpatizante del gobierno en la vecina comunidad de Yibeljoj mencionó: “Mis compañeros del PRI me dijeron que hay tres o cuatro muertos de los ‘contrarios’ (zapatistas), tirados allí en el monte, pero nadie los ha visto. Mis compañeros vieron que los ‘contrarios’ iban por la montaña el sábado al mediodía, y como al acercarse tuvieron miedo que los atacaran, pues les dispararon y allí se armó la balacera” (que vino de un solo lado: nunca se probó lo contrario).
Dos kilómetros más adelante, en la colonia Puebla, los reporteros encontraron unos 2 mil priístas de Yaxjemel y Poconichim, refugiados “en espera de que el gobierno estatal envíe a la SP para que los defienda”. La noche del 26 la SP había entrado a Puebla y rescatado al zapatista Antonio Pérez Pérez, detenido por negarse a cooperar con los priístas para el mismo camino que atizó el problema de Yaxjemel (proyecto personal del alcalde priísta, originario de Puebla y cacique del transporte). Los refugiados priístas negaron haber visto “contrarios” muertos, mientras ellos no tuvieron ni siquiera heridos. El gobierno del estado negó los hechos.
El consejo autónomo sostuvo que el ataque había sido ocasionado por los priístas para justificar la entrada de la policía y el Ejército Mexicano, “con el fin de ir ganando terreno y cercar más a los zapatistas para que se rindan”. Ya se habían producido agresiones contra rebeldes y simpatizantes en Yabteclum, Puebla, Chimix y especialmente en Las Limas Chitamucum, en el vecino municipio de Pantelhó, pero por los mismos grupos del PRI y el llamado Partido del Frente Cardenista; éstos, después de repetidas amenazas, el 22 de mayo dispararon contra la población, quemaron nueve casas, expulsaron a 85 personas y capturaron a Alberto Gutiérrez Núñez y Mateo Hernández Sánchez, quienes participaban en el municipio autónomo (La Jornada, 23 de mayo).
El concejo autónomo de Polhó denunció el día 27 que los priístas de Yaxjemel amenazaban a los 534 zapatistas desplazados “con no dejarlos regresar” al poblado. El día 28 el concejo expresó su disposición a negociar con los priístas, pero también exigió “que apararezca Cristóbal Pérez Medio”. Ese día estaba anunciada una visita del agente del Ministerio Público (MP) a Yaxjemel “para verificar si realmente hubo un muerto” (La Jornada, 29 de mayo), pero no llegó. En cambio, 70 policías se apostaron en Puebla para “proteger a los refugiados priístas” que los habían mandado llamar.
Esto aumentó los temores de los autónomos, quienes previeron nuevos ataques “ahora que la policía ya los está protegiendo” (a los priístas), mientras éstos señalaban: “La situación está más tranquila porque nos sentimos más seguros”. Por entonces arreció la persecución contra zapatistas en Yabteclum, Chimix, Poconichim, Naranjatic Alto. Desde la colonia Los Chorros (bastión oficialista, cardenista y priísta) y el ejido Puebla comenzaron a difundirse las amenazas contra los autónomos.
Mesas de diálogo
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), compuesta por diputados y senadores federales, convocó a una “reunión urgente” por la “preocupante” intensificación de la violencia en Chiapas y el hecho de que no se instalaron unas mesas de diálogo anunciadas por el gobierno federal mediante el comisionado de paz, Pedro Joaquín Coldwell. El diputado perredista César Chávez, miembro de la Cocopa, expuso la alarma de los legisladores por la creciente violencia en Chenalhó, sumada a la afincada de tiempo atrás en Sabanilla, Tila y El Bosque. Chávez señaló la “respuesta negativa” del gobernador Julio César Ruiz Ferro, al impedir la instalación de las mesas anunciadas el 14 de mayo con bombo y platillo por Coldwell, comisionado del presidente Ernesto Zedillo (La Jornada, 28 de mayo).
La secretaría de Gobierno chiapaneca, mediante su delegado, Rogelio Contreras, informó el 28 de mayo que el día 31 se reunirían las partes en Yabteclum. Los priístas condicionaron que el encuentro fuera en Yaxjemel, en poder los priístas armados, mientras el concejo de Polhó aceptaba la propuesta de Yabteclum, el poblado “viejo”, entonces neutral, donde residía la autoridad tradicional de los ancianos de Chenalhó. Los priístas se negaron.
El día 28, el agente de MP Manuel Valdez había visitado Yaxjemel finalmente, para buscar el cuerpo de Pérez Medio. También fue a Naranjatic y entrevistó a los familiares del desaparecido, quienes le confirmaron que no lo habían vuelto a ver desde que acudió a la fallida negociación. Los zapatistas siempre sostuvieron que estaba muerto y los priístas lo negaron sistemáticamente. Los restos no aparecerían hasta septiembre en Poconichim.
Elementos reveladores
El día 30, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) reveló elementos para explicar tanto la escalada de los priístas como su reticencia a dialogar con los autónomos (La Jornada, 31 de mayo). Por lo demás, tal actitud la sostendrían los oficialistas hasta la última tentativa de diálogo, el 19 de diciembre de ese año, cuando la masacre de Acteal se puso en marcha para consumarse tres días después.
Mariano Arias, vocero de los priístas, desmintió las acusaciones: “Los ‘contrarios’ andan diciendo que en los alimentos que nos manda el presidente municipal (para los desplazados en Puebla) vienen las armas, pero ésos son argumentos falsos” (La Jornada, 1º de junio).
De acuerdo con nuevas evidencias (La Jornada, 31 de mayo), el CDHFBC ubicaba el origen de los hechos de Yaxjemel en un incidente ocurrido el 12 de mayo, cuando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron al barrio de Petum Pale para cortar la energía a las familias autónomas en resistencia. Éstas se opusieron, y “decomisaron” material de la paraestatal. Luego los priístas golpearon al dueño de la casa donde se encontraba el material, que fueron a entregar al alcalde Arias Cruz. Éste, “en agradecimiento, les dio varios cartones de cerveza”.
Durante la “celebración”, afirmó el CDHFBC, el alcalde dijo a sus correligionarios “que tenían que organizarse para otras acciones, y les pidió que juntaran todas las armas disponibles”. El día 18 detuvieron a tres zapatistas en Yaxjemel; el 21 sitiaron a cuatro familias zapatistas de Puebla durante dos días; el 23 detuvieron allí a 29 familias más “que se negaban a aliarse con los priístas”, y el 24 asesinaron y desaparecieron a Cristóbal Pérez Medio.
Mayo concluyó sin ninguna negociación. En adelante, diferir, abortar e impedir las negociaciones entre oficialistas y autónomos sería la marca de fábrica de los gobiernos estatal y municipal priístas. La vía paramilitar quedó garantizada.
(Fe de erratas: En la entrega de ayer se mencionan las elecciones “de 1995” para elegir gobernador de Chiapas. Debió decir 1994.)
REPORTAJE /A diez años de Acteal
Chenalhó, laboratorio de una estrategia amplia de contrainsurgencia
En dos años se dispuso en zona chol una “guerra” dentro de la guerraHermann Bellinghausen /III
Momento de comulgar durante la misa del jueves pasado por los muertos de Acteal Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Para la relación de los hechos que sacudieron a Chenalhó la segunda mitad de 1997 es necesario recordar su contexto. Chenalhó se había convertido en un laboratorio más de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio en guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a casi todos los indígenas de la entidad. La militarización era (y sigue siendo) abrumadora.
Iniciada en 1995, durante los dos años siguientes se organizó y activó en la zona chol de Chiapas una “guerra” dentro de la guerra, con la expansión paramilitar de la organización priísta Paz y Justicia. En 1997, mientras Chenalhó entraba en su propia espiral contrainsurgente, los asesinatos, desplazamientos y despojos proseguían en la zona norte. Ambos casos, en territorios cercados por el Ejército Mexicano y un importante despliegue policiaco.
Éxodo y saqueos
El 14 de marzo de 1997, la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, colindante con Chenalhó, fue atacada por la policía y el Ejército, quienes mataron a cuatro indígenas zapatistas y causaron el éxodo de más de 80 familias. La policía había disparado en El Vergel, por tierra y desde un helicóptero (matrícula XC-BGC), sobre la población civil. Después saquearon Nixtalucum. Durante dos meses, los tzotziles zapatistas permanecieron desplazados, mientras las policías federal y estatal y el Ejército, posicionados dentro y en torno a esa comunidad, “convivían” con los priístas del lugar, quienes dejaron de trabajar el campo, se adueñaron del poblado, sembraron mariguana (según se comprobó después) y recibieron adoctrinamiento y adiestramiento militar.
Igual sucedía en Sabanilla y Tila, y sucedería pronto, de manera brutal, en Chenalhó. Algún día habrá que explicar por qué en unas partes funcionó la formación de grupos paramilitares y en otros, como El Bosque, no. Por ello, cuando el gobierno decidió atacar el municipio autónomo San Juan de la Libertad en 1998, serían directamente tropas federales y policías.
El 17 de mayo de 1997, una marcha de 4 mil civiles zapatistas acompañó el retorno de los desplazados a Nixtalucum, y pareció cerrarse ese capítulo (La Jornada, 18 de mayo). Al otro día arrancó la agresión contra zapatistas en Yaxjemel. En las semanas siguientes se revelará otro grupo paramilitar en Ocosingo y Oxchuc, el Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista (MIRA), cuya existencia jamás fue admitida por las autoridades y en buena medida fue un fracaso.
En algún momento imposible de fechar, durante la primavera de 1997, las comunidades identificadas como “priístas” o “cardenistas” (en referencia al Partido del Frente Cardenista que por entonces existía, sin relación con el cardenismo histórico y menos aún con el de Cuahutémoc Cárdenas, quien ese mismo año ganaría las elecciones para gobernar la capital del país), comenzaron a llamar “el contrario” y “los contrarios” a las familias y comunidades que se habían unido al municipio autónomo de Polhó, como bases de apoyo del EZLN o miembros de organizaciones civiles más o menos perredistas, cuando su partido era de oposición en un estado controlado hasta 1994 por numerosos cacicazgos, indígenas o mestizos según la región, pero siempre priístas.
El “contrario” en muchos pueblos del país es el “demonio”. El giro idiomático, inusual en Chenalhó, al parecer fue inducido por quienes aplicaron la estrategia contrainsurgente, y representa una de las primeras adaptaciones locales de los preceptos de la guerra de baja intensidad: ahondar las diferencias, demonizar al otro, deshumanizarlo. Así es más fácil dañarlo.
Las informaciones de la época, incluso en los medios oficialistas, nunca fundamentaron convincentemente que los conflictos en Chenalhó, que se fueron sumando y complicando, se originaban en agresiones de “los contrarios” (zapatistas) contra los oficialistas. Las “emboscadas” de los primeros apenas se pudieron probar; los verdaderos enfrentamientos, que no fueron la regla, se debieron a ataques de paramilitares y respuesta defensiva de los zapatistas; los desplazamientos de familias del PRI y cardenistas obedecían al temor a ser agredidos, mientras los zapatistas, perredistas y Abejas eran perseguidos y tiroteados, sus casas quemadas y sus propiedades robadas o destruidas.
El argumento de que los zapatistas “despojaban” a los oficialistas de sus tierras no se sostiene ante la evidencia, entonces y hasta la fecha, de que ellos fueron los verdaderos despojados en las comunidades de donde salieron. Los desplazados priístas y cardenistas retornarían en poco tiempo, escoltados y protegidos por la policía, y ya no debieron desplazarse. La versión de que éstos se organizaron para “autodefenderse”, propalada entre otros por la Procuraduría General de la República (PGR) en su libro blanco (1998), fue una construcción posterior, que buscaba “explicar” la matanza de Acteal y los múltiples episodios previos, aportando versiones que durante 1997 nadie se molestó en demostrar. La táctica de los grupos armados, y de los gobiernos municipal, estatal y federal, había sido “negar todo”, sin insistir en demostrar las versiones de su lado. Les bastaba con desdeñar, acusar y difamar a “los contrarios”, a los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes. Su “verdad” comenzó a preocuparles después del terrible desenlace, que los confrontó con la responsabilidad penal.
Violencia administrada
El verano de 1997 se anuncia con declaraciones del gobernador Ruiz Ferro minimizando el tema chol como “conflicto entre dos grupos de siete ejidos” (La Jornada, 2 de junio), mientras el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, acusaba: “Todo apunta a concluir que la violencia en la zona norte es ‘administrada’ por las fuerzas de seguridad pública”. Las autoridades consideraban “religioso” el conflicto, y culpaban a la diócesis católica. Ruiz García insitía en el carácter “político” de aquella violencia. Para Chenalhó también se intentarían explicaciones “religiosas”, sobre todo después de Acteal; hoy sólo los abogados de los paramilitares presos actúan con ese enfoque.
El 2 de junio se suspendió por segunda ocasión el diálogo entre los municipios autónomos de Polhó y el oficial de Chenalhó, pues los representantes del segundo no se presentaron en Yabteclum, donde era la cita. Inesperadamente, el día 3 se encontraron al fin las partes en esa comunidad. Avanzaban en un “acercamiento” y convenían respeto mutuo y libertad de tránsito, cuando irrumpió en un helicóptero el subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín; su presencia no había sido acordada y abortó la reunión (La Jornada, 4 de junio).
El día 5, las autoridades autónomas del vecino municipio de San Andrés denunciaron: “Ha aumentado la presión militar en los Altos. Hacen diario patrullajes desde hace 10 días” (La Jornada, 6 de julio), así como vuelos rasantes. Relataron: “Entran en los pueblos, se entrenan dentro de los pueblos”, y aseguraron que las tropas adiestraban a los priístas. “Recibimos información de que ya hay guardias blancas en los Altos. Ya tienen radios para comunicarse entre ellos.”
Poco después ocurrió un incidente a 400 metros de Acteal, que aún no tenía campamentos de desplazados. El día 9, la Subprocuraduría de Justicia del estado informó de una “emboscada” a un camión de Seguridad Pública, “atacado por zapatistas”. Según pobladores de Pechiquil, hubo una detonación y entre 70 y 100 balazos. El municipio autónomo de Polhó dijo que los policías dispararon bombas y tiros “sin haber ningún problema” (La Jornada, 10 de junio). Diez indígenas fueron golpeados a culatazos, dos fueron detenidos por la policía y luego arrojados del camión al camino. Ese día, unos 200 desplazados de Yaxjemel, miembros de Las Abejas y refugiados en Yibeljoj, se disponían a retornar a sus casas. La “emboscada” los disuadió.
Provocación para la militarización
Al día siguiente, los pobladores de Acteal negaron la “emboscada” y afirmaron que la acción “fue premeditada para provocar más conflictos y justificar la militarización de nuestros parajes” (La Jornada, 11 de junio). Los pobladores y desplazados en Polhó, a pocos kilómetros, “ya querían huirse por el miedo”, dijo Javier Ruiz Hernández, secretario del concejo autónomo. En un boletín, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Chiapas reiteró que los policías fueron “agredidos por desconocidos”, con saldo de dos agentes lesionados. “Los desconocidos arrojaron botellas con gasolina y mecha”, decía el boletín, contradiciendo a la subprocuraduría de Justicia que la víspera aseveró que los presuntos atacantes habían disparado. Según la gente de Acteal, la versión oficial era “falsa”, pues “los mismos policías tronaron bombas y tiraron balazos para amedrentarnos”.
Un día después, el ayuntamiento oficial de Chenalhó se reunió en Pantelhó con el gobernador Ruiz Ferro y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez (La Jornada, 12 de junio). El juez Antonio Pérez Arias, vocero del municipio oficial, insistió en que el gobierno enviara más policías a las comunidades, y pidió la intervención de las comisiones Nacional de Intermediación (Conai) y de Concordia y Pacificación (Cocopa). En tanto, el municipio autónomo denunció que en Yabteclum, unos 50 priístas armados agredieron la casa de Rosa Gutiérrez “y se llevaron a uno de sus hijos a la cabecera municipal”.
En las semanas siguientes, la primera petición del ayuntamiento oficial sería satisfecha: en las comunidades y caminos de Chenalhó, cientos de policías instalaron campamentos que devendrían permanentes, escudarían el retorno de los priístas y frentecardenistas desplazados y el inmediato despojo de las casas y cafetales de los ausentes zapatistas, perredistas y Abejas. Así aparece un nuevo actor visible en las comunidades de Chenalhó en poder de priístas: la policía.
REPORTAJE / A diez años de Acteal
La marcha de los 1,111 frenó algo la violencia; faltaba agosto
En 97, la contrainsurgencia abortó la paz en ChenalhóHermann Bellinghausen / IV
Las actividades de contrainsurgencia en Chenalhó se incrementaron a mediados de 1997. Fue el preludio de la matanza de 45 tzotziles en Acteal, en diciembre del mismo año Foto: Carlos Cisneros
A mediados de junio de 1997 Chenalhó ya es un escenario de activa contrainsurgencia. La asignación de recursos oficiales, que fluyen en abundancia, está detonando conflictos comunitarios. Como en otras comunidades, en Saclum y Matzeclum se amenaza con expulsar a las familias de los dos municipios autónomos que abarcan Chenalhó: Polhó y Magdalenas La Paz.
En la cabecera de San Pedro Chenalhó, un priísta de nombre Mariano (pidió omitir su apellido), poblador de Saclum, declaró: “Nos dijeron que iban a repartir el dinero, con la condición de que lo solicitaran todos de la comunidad. Les dijimos que los zapatistas no iban a aceptar, y nos repitieron que ‘todos’. Entonces preguntamos que qué hacíamos si no aceptaban, y nos dijeron ‘pues córranlos, o los obligan’” (La Jornada, 14 de junio*).
“Tenemos diferencias, sí, pero llevamos tres años viviendo desde que comenzó el problema de los zapatistas y sólo ahora, con la obligación para un programa del gobierno, nos obligan a pelear”, agregaba el hombre de Saclum, comunidad ubicada al oeste del municipio, en el extremo opuesto de la zona donde finalmente “prendió” la paramilitarización y en cuyo corazón geográfico se encuentra Acteal. El edil Jacinto Arias Cruz había solicitado, en nombre de “todo el municipio”, la presencia de la policía. Mariano advirtió a La Jornada que al menos en Saclum no era así. “No queremos más problemas entre hermanos”.
Aquí no pasa nada
Ese día estuvo en Chenalhó el senador priísta Sami David en un acto proselitista (pues se avecinaban elecciones de diputados federales), en un ambiente de “aquí no pasa nada”. Poco antes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, de gira por Chiapas, había asegurado que la inversión social no se orientaba a la contrainsurgencia. También visitó la entidad, por segunda vez en 15 días, el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre (13 y 14 de junio).
En ese momento ya se calculaba en mil 200 el número mínimo de desplazados zapatistas y simpatizantes (sólo de Yaxjemel y Yabteclum eran 534 y 527, respectivamente). En Polhó, el consejo autónomo recordaba que antes, en Chenalhó, cuando había conflictos, “en vez de encender el fuego” lo aplacaban negociando (16 de junio). Las cosas cambiaron desde un año atrás, cuando renunció el alcalde oficial Manuel Arias Pérez y lo sustituyó su secretario Jacinto Arias Cruz. Ahora, éste “es el que desbarata, insiste en que haya enfrentamiento”.
La caída del edil electo se debió al primer crimen contra zapatistas, cuando la noche del 19 al 20 de agosto de 1996 una turba de priístas ebrios “capturó” a seis jóvenes zapatistas en una posada de la cabecera municipal, los linchó y arrojó sus cuerpos en la sima de Chixiltón. Hubo tres detenidos por los asesinatos, que salieron libres tiempo después. También por entonces renunció, “por motivos personales”, el secretario estatal de Atención a los Pueblos Indios, el conocido escritor pedrano Jacinto Arias Pérez (homónimo del nuevo alcalde priísta y primo del anterior). Estaba inconforme con lo que pasaba y prefirió hacer mutis (Suplemento Masiosare, 28 de diciembre). Algo estaba pasando en San Pedro Chenalhó. El grupo oficialista dominante era desplazado por gente nueva, más agresiva y desarraigada (como documentarían más adelante Andrés Aubry y Angélica Inda en La Jornada).
En Yabteclum se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas. El consejo de Polhó refirió el caso de Felipe Gómez Gómez, priísta, quien en vez de participar en un ataque contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “se quedó dormido” en su casa. “Les dio coraje a los del PRI que no obedeciera. Lo fueron allanar la casa del muchacho y lo llevaron preso a Chenalhó. Y (eso que) es uno de ellos” (17 de junio). Las explicaciones oficiales del conflicto por “fundamentalismo religioso” disfrazaban la realidad; se trataba de un nuevo fundamentalismo ejercido con el presupuesto.
Presiones contra Las Abejas
En tanto, Las Abejas denunciaron que los priístas los “presionaban” para votar por el partido oficial. En diversas reuniones pretendían obligarlos “a sacar sus credenciales” y volver al PRI. Yabteclum, el “pueblo viejo” del municipio, punto de encuentro entre autónomos y priístas, fue devorado por la marea contrainsurgente tras ser expulsado medio millar de zapatistas (18 de junio).
La militarización crecía en Ocosingo y Altamirano, con la llegada de 3 mil soldados más (19 de junio) y la “guerra” del grupo paramilitar Paz y Justicia escalaba nuevamente en Tila y Sabanilla; en Emiliano Zapata y Shushupá, entre los días 22 y 24 fueron asesinados ocho simpatizantes zapatistas, y heridos muchos más, luego de que Juan López Jiménez, dirigente de Paz y Justicia, fue asesinado en Pasijá el día 15 (24, 26 y 27 de junio). Los simpatizantes del EZLN se encontraban sitiados por Paz y Justicia en 14 comunidades de Tila y Sabanilla y era inminente una nueva oleada de desplazados.
El día 26 el gobierno oficial de Chenalhó detuvo en Yabteclum a los simpatizantes zapatistas Fidencio Ruiz y Ernesto Gómez, responsabilizándolos de la desaparición de Manuel Takiumut, un mes atrás. La aprehensión fue mientras se efectuaba allí mismo una reunión más de acercamiento entre autónomos y priístas. “Estaban a punto de llegar a un acuerdo para que más de mil desplazados pudieran retornar” cuando se dio la captura (27 de junio) y se interrumpió el diálogo. Una vez más.
Protesta por falta de créditos
Un día después, la sociedad cooperativa de productores de Bajxulum envió una carta al gobierno federal anunciando que en 21 comunidades de Chenalhó sus socios no votarían el 6 de julio, “y menos por el PRI”, pues los productores no habían recibido los créditos ofrecidos y presumían que “alguien cobró” por ellos millón y medio de pesos. Argumentaron “falsas promesas, engaños y mentiras” (28 de junio). Versiones posteriores indicarían que ese dinero se destinó a la compra de armas.
El EZLN anunció, a su vez, que las comunidades rebeldes no votarían en protesta por la militarización, “el ambiente de guerra promovido por el gobierno y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés”. El subcomandante Marcos escribió en un comunicado: “¿Con qué cara exigirles (a las comunidades) que voten si ni siquiera viven en condiciones normales? ¿Se les puede pedir que aparenten una normalidad ciudadana un día y regresen al terror cotidiano el resto del año?” (3 de julio).
En tanto, representantes de comunidades zapatistas de Chenalhó y San Andrés (dentro del municipio autónomo Magalenas La Paz) exigieron cancelar la formación de grupos paramilitares y el retiro del Ejército federal. Indígenas de las comunidades Atzamilhó, Saclum, Xux’chen, San Pedro Cotzinam y Aldama aseguraron que priístas armados “están planeando y uniendo sus fuerzas para provocar enfrentamientos” (2 de julio).
Rebeldía y abstencionismo
La víspera de las elecciones marcharon en San Andrés 2 mil zapatistas anunciando que impedirían los comicios. Realizaron un acto contra el gobernador Julio César Ruiz Ferro “por mantener una amplia campaña de desprestigio contra el EZLN” y “distorsionar” la información para enfrentar a los pueblos (6 de julio). Los desplazados de Tila, Sabanilla y Tumbalá tampoco estaban en condiciones de sufragar.
El domingo 6 de julio, las elecciones federales en Chiapas registraron el mayor abstencionismo del país; no votó 65 por ciento y unas 600 casillas no fueron instaladas. Hubo quema o retiro de urnas en Chenalhó, San Andrés, Tenejapa, El Bosque, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Amatenango del Valle y Pantelhó, y en muchos otros municipios indígenas faltaron casillas y, sobre todo, votantes. En la zona norte, Paz y Justicia “controló” las elecciones para que sólo participaran los priístas. En Yabteclum (Chenalhó) fueron expulsados los observadores de Alianza Cívica, y “sólo votaron los del PRI” (7 de julio).
Agresión inminente
Poco después, el presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, alertó sobre una posible agresión de policías y grupos paramilitares cuyo centro de operaciones era Santiago el Pinar (10 de julio). En los caminos de los Altos se veían pintas como: “Somos Máscara Roja, si nos quieres conocer nos vemos en el infierno” y “Ya no estamos engañados, estamos para salir”.
Al otro día, la policía de Seguridad Pública detuvo en Santiago el Pinar, donde había un campamento del Ejército federal, a siete priístas armados (cuatro de ellos menores de edad) con pistolas 3.80 y 38 especial, así como cartuchos para AK-47 (cuerno de chivo) y otros calibres. Los detenidos participaban en un bloqueo carretero con otras 40 personas (11 de julio). Esto confirmaba las reiteradas acusaciones de la existencia de grupos civiles armados en San Andrés y Chenalhó, pero no tuvo ningún efecto.
Ante la situación en Chiapas, el EZLN inició una estrategia hacia fuera, para llamar la atención del país y del mundo de lo que sucedía en las comunidades. Las protestas a escala local eran ignoradas. El 21 de julio se levantó un plantón frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde unos 300 representantes de los desplazados de la zona norte habían permanecido ¡87 días! demandando inútilmente al gobernador Ruiz Ferro el cese de la violencia para que los desplazados pudieran retornar a sus comunidades.
El EZLN anunció que del 25 de julio al 3 de agosto dos delegados suyos asistirían al segundo Encuentro Intercontinental (Intergaláctico) en cinco localidades del Estado español. En agosto, los rebeldes anunciaron una marcha de mil 111 bases zapatistas a la ciudad de México para septiembre, mientras otros dos delegados indígenas viajarían a Venecia y Roma. Estas iniciativas civiles frenarían pasajeramente la violencia paramilitar, la cual recrudecería brutalmente en la segunda mitad de septiembre. Pero aún faltaban los relámpagos de agosto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a la publicación de las citas en La Jornada
REPORTAJE / A diez años de Acteal
“Retiro” de campamentos y agresiones contra zapatistas
La “estrategia” oficial que desembocó en desastreEl 22 de septiembre ocurrió un hecho que serviría a la PGR y a autores oficiosos como explicación de la matanza que ocurriría tres meses después en Acteal: “un conflicto intercomunitario” por la “disputa de un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó
Hermann Bellinghausen / V
El 30 de diciembre de 1997 se llevó a cabo el sepelio del bebé Pedro Arias Pérez, quien nació en Chimix y sólo tenía 27 días de haber nacido cuando sus padres se vieron obligados a desplazarse a Acteal, debido a las acciones de contrainsurgencia que desarrollaban en la zona grupos paramilitares Foto: Carlos Cisneros
En agosto de 1997, de manera inesperada, el Ejército federal hizo cambios significativos en los territorios indígenas de Chiapas. Pareció un retiro. Los medios informaron de una “reducción de tropas y desmantelamiento de campamentos en tres regiones”, y el relevo de “unos 5 mil militares de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano” (La Jornada, 18 de agosto)*. “Previo al tercer Informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo y en una acción sin precedente desde 1994, el Ejército destruye sus propios asentamientos y retira tropas de siete campamentos en los Altos, la zona norte y la selva”, prosigue la información. El gobierno federal abrió también los frentes económico y diplomático para divulgar que en Chiapas había paz, atención a los pueblos y respeto a los derechos humanos.
El presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, se mostró sorprendido y optimista: “¿Nos quiere decir el gobierno que quiere regresar a los diálogos de paz?” Antes de 24 horas, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, ofreció la respuesta al informar que el Ejército “puso en marcha un reajuste en su dispositivo militar, pero de ninguna manera significa el retiro de tropas” (19 de agosto).
En San Andrés, las posiciones en San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar, retiradas la víspera, sí “fueron removidas”, según el general, pues “salían sobrando”. Ello, no obstante que las dos primeras rodeaban Oventic y la tercera estaba cerca de Chenalhó, donde la violencia paramilitar y el problema de los desplazados se agudizaban.
Desde la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, el general Castillo Fernández comandaba decenas de miles de soldados que ocupaban los Altos, la selva y la zona norte. Además, tenía bajo su mando 12 grupos de la Fuerza de Tarea Arcoris, creados a raíz del levantamiento zapatista, “un equipo único en todo el país” (11 de agosto). Como única era considerada la concentración de tropas en esa circunscripción.
Rechazo a la militarización
El 22 de agosto, el EZLN reitera que, “en demanda del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las zonas indígenas, marchará a la ciudad de México con mil 111 pueblos zapatistas”. El 23, en lo que parece un cambio de planes, el Ejército intenta restablecerse en San Cayetano, donde había destruido sus instalaciones. El 24 se suscita una confrontación entre indígenas sin armas y unos 250 soldados. “Centímetros dividen a los efectivos del Ejército –entre ellos tropas de elite transportadas en helicóptero– y los zapatistas desarmados, que repudiaban a gritos su presencia; los calificaban de ‘asesinos, defensores del mal gobierno’, tocaban sus armas y les palmeaban la quijada con una expresión retadora: ‘soldadito’” (25 de agosto).
“La tensión aumentó cuando arribaron cuatro helicópteros que transportaban fuerzas de elite con fusiles de asalto R-15”. Un tzotzil espetaba a un soldado “visiblemente nervioso”, con un “dispárame de una vez”. La protesta se extendió hasta las bases militares de Puerto Caté y San Andrés. El Ejército había decidido “recuperar las tres estratégicas posiciones contrainsurgentes –San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar–, que quemó y abandonó el pasado 12 de agosto”, añade la nota. Eventualmente, el Ejército se reinstaló allí, y sólo la base de Jolnachoj sería retirada tres años después.
El primero de septiembre de 1997, el presidente Zedillo rinde su tercer Informe, con una tumultuosa danza de cifras y cuentas alegres que no le dejan espacio para mencionar el conflicto de Chiapas. Su silencio fue considerado “preocupante” por el diputado perredista Gilberto López y Rivas (2 de septiembre). El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “fue una omisión deliberada”, pues era un tema “obligado a tratar ante el Congreso de la Unión”. Hasta el Partido Verde Ecologista se extrañó: “es una gran omisión, que confirma el poco interés que tiene el Presidente en la solución del problema” (4 de septiembre).
El 9 de septiembre, delegados de los mil 111 pueblos zapatistas salen de San Cristóbal de las Casas rumbo a la ciudad de México, que estrena como jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, triunfador en las elecciones de julio. La conflictividad de Chenalhó entra en un relativo impasse. En las comunidades dominadas por los paramilitares sube la presión contra zapatistas y simpatizantes, y hasta contra priístas que no aceptan agredirlos.
Al paso de la marcha por Oaxaca, el “compañero Isaac” lee un mensaje del EZLN: “Desde que está el Ejército dentro de nuestros pueblos estamos en la inseguridad, porque ellos entrenan y protegen guardias blancas que han sido causa de enfrentamientos y están dejando viudas, huérfanos, encarcelados y desaparecidos” (11 de septiembre).
Mientras los zapatistas prosiguen su marcha a la capital del país, se suceden declaraciones de la clase política. El dirigente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, se declara “respetuoso del derecho de expresión pública” de los rebeldes, pero “no podemos darles la bienvenida mientras no dejen las armas y la clandestinidad” (12 de septiembre). El dirigente del blanquiazul rechazó “las autonomías indígenas superiores (sic) a los municipios y los estados”, y deploró la actuación del gobierno zedillista frente al conflicto de Chiapas. El incumplimiento de las “legítimas demandas de los pueblos indígenas” los ha mantenido “en el atraso, la marginación y la miseria”.
El día 13, la marcha zapatista llega al Zócalo capitalino y es recibida por una multitud entusiasta. El secretario de la Defensa Nacional “saluda” la marcha y el presidente Zedillo se pronuncia por el diálogo “y no la vía de las armas” (14 de septiembre).
Agresión en Los Chorros
Tras 11 días de marcha, los mil 111 zapatistas regresaron y fueron festejados en San Cristóbal de las Casas por miles de bases de apoyo del EZLN el 19 de septiembre. Ese mismo día, los priístas de Los Chorros queman 60 casas y 150 personas se refugian en Naranjatic Alto. En Los Chorros quedan “detenidos” seis miembros de Las Abejas (20 de septiembre).
El concejo autónomo de Polhó denunció que los priístas armados amenazaban con atacar Naranjatic y Yibeljoj “para acabar con esos cabrones” (los desplazados). Portando “armas de grueso calibre” hicieron disparos en las inmediaciones de Yibeljoj “para atemorizar a nuestros compañeros”. Así, de golpe, volvía la violencia a Chenalhó.
La disputa por el banco de arena
El día 22 sucede el hecho que después de la masacre de Acteal serviría a la Procuraduría General de la República y a autores oficiosos como “explicación” de la matanza que ocurriría tres meses después: un “conflicto intercomunitario”, la “disputa por un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó. Un grupo de Los Chorros, comunidad ubicada a unos 10 kilómetros, se ostentaba como propietario del banco de arena desde dos años atrás, cuando el gobierno lo “compró” y dio a los priístas (23 de septiembre). La historia de esa disputa data de los años ochenta.
Los zapatistas, considerando la mina dentro del municipio autónomo (de hecho, en terrenos de la cabecera autónoma de Polhó), desde abril habían comenzado a extraer grava. Ese 22 de septiembre pierden la vida Joaquín Vázquez Pérez y Mariano Vázquez Hernández, de Los Chorros, parte de un grupo de unos 30 priístas armados que llegaron el día 21 a preparar el arribo de un destacamento de policía. También murieron dos zapatistas: Agustín Luna Gómez (quien había participado en la marcha de los mil 111) y Antonio Pérez Castro. “Las represalias contra simpatizantes del EZLN comenzaron esa misma tarde” cuando la policía detuvo y golpeó a Vicente Ruiz “porque no portaba credencial del PRI”.
Representantes de 12 municipios zapatistas denunciaron que los ataques eran “la respuesta del gobierno a la marcha”. Mientras los priístas los acusaban “del asesinato de sus compañeros”, en una situación “muy tensa” los desplazamientos estaban “a la orden del día en diversos parajes” (24 de septiembre).
Los autónomos manifestaban que los paramilitares, “en coordinación con la policía y pagados por el gobierno, se van metiendo en las comunidades para desalojar, quemar viviendas, robar, perseguir y asesinar a los simpatizantes del EZLN y el PRD que están desarmados. Pero ya no nos vamos a dejar”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada
