Lorenzo Ismael Vargas Sánchez
“Si la educación es un bien público,
no debe estar sujeta a
las necesidades y leyes
del mercado”.
De la Fuente y Narro
Rectores de la UNAM.
INTRODUCCIÓN.
Enfrentar el proceso de la enseñanza de una manera menos esquemática, rígida y con conciencia histórica, exige un pensamiento abierto a los cambios, pero también critico. El presente trabajo se ubica en esa postura, por lo que adopta la propuesta Didáctica no parametral (Estela Quintar, 2008) como metodología, para el análisis de los aprendizajes y las competencias, por tal motivo se desarrollaron círculos de reflexión, a modo de circulación de ideas, se asumió que las lecturas realizadas en el presente modulo (dos) del Diplomado tienen una Resonancia Didáctica y se procedió a hacer una Didactobiografía o Narrativa, de acuerdo con las experiencias docentes de los que integramos este grupo para hacer el presente ensayo. El trabajo no fue fácil, por los tiempos y el excesivo trabajo frente a grupo. Tampoco lo fue la integración y llegar a tareas concretas para alcanzar el objetivo, pero de alguna manera nos sirvió la integración grupal que ha propiciado nuestro coordinador del módulo y el hecho de que muchos de los integrantes ya nos conocemos desde hace tiempo e incluso existe afinidad de ideas y compromisos con la educación y principalmente con nuestros alumnos.
El presente ensayo tiene la “ambiciosa” “pretensión” de plantear una mirada centrada en la dignidad del estar siendo, sabemos que estamos en permanente construcción, donde el sujeto está presente, por ello la primera critica va dirigida al concepto de “los aprendizajes”, como si ellos fueran los propios sujetos, cuando en realidad, es el propio alumno y el docente el que aprende. Esta posición pude ser tachada desde ahora como franca resistencia, con las propuestas contenidas en el Nuevo Modelo, esperamos que no sea así y por el contrario, al igual que nosotros, estén abiertos a tratar de entender nuestros argumentos, de esto depende mucho que encontremos afinidadades, concordancia y armonía, para continuar con nuestra función como docentes.
Partimos del supuesto que a pesar de que se habla de los “aprendizajes” y las “competencias” para mejorar la calidad de la enseñanza, el sujeto de la acción sigue sin existir, se nos presenta ahora como un objeto mediatizado por los intereses dominantes del momento.
En primer lugar se hace una crítica al sistema mundo capitalista (globalizado y globalizante) que se nos presenta como único modelo y única alternativa viable, En segundo lugar pasamos a preguntarnos ¿cómo es posible que se reproduzca mecánicamente el proceso del modelo neocolonizador y se implanten tecnologías pedagógicas, sin que haya una crítica de por medio? Pensamos que el modelo de escuela producto de la modernidad hoy está en decadencia ya que se constituyó en una institución mediadora de poderes y conocimientos. Y, finalmente se hace una propuesta hacia dónde deberán orientarse, tanto la educación como los así llamados “aprendizajes” y “competencias”. En este sentido nos permitimos también citar las palabras de Estela Quintar (2007): "También es bueno aprender a identificar el orden. Cada vez que escucho las palabras calidad, modernización y competencia digo, ¿y la justicia social? ¿Por qué ahora reemplazamos al término “justicia social” por el de “calidad” en el sistema educativo? ¿Acaso cambiaron las condiciones materiales de los latinoamericanos? A mí no me parece que hayan cambiado mucho. En definitiva no queremos hombres de pensamiento Bonsai".
1. La educación como proyecto de nación.
Las Administraciones Públicas, independientemente del tipo de gobierno que asuma el poder –de centro, derecha o izquierda-, deben asegurar la Educación de todos los ciudadanos y evitar que el acceso a las redes conlleve un nuevo tipo de discriminación generadora de una nueva forma de analfabetismo. Esto significa que Hay que evitar que con el uso de Internet y las TIC en general, los estudiantes sigan siendo espectadores, y ahora además dependientes de la tecnología. Por lo tanto, presuponemos que la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje no depende solamente de los medios empleados, en términos generales. El efecto de los medios se manifiesta de manera muy especial en el mercado globalizante, en las actividades laborales y en el mundo educativo. El mercado global ha demostrado ser generador de formas de exclusión social masiva, sustentada en ideologías de raza, credo y condición social. Mientras que por un lado propaga la idea del fin de la historia y promueve la integración regional de los mercados; en la práctica se excluye a trabajadores migratorios –los muros de las fronteras de México con EU, son cada vez más altos, vigilados y controlados-; se ponen restricciones arancelarias a los productos mexicanos tanto en EU como en Canadá; se prohíbe la exportación de ciertas mercancías, como el atún, el aguacate y ahora el camarón; no dejan el libre tránsito de mercancías, argumentando atraso tecnológico en los transportes, etc., tomando como pretexto el narcotráfico se criminaliza a los jóvenes en dichos países y ahora, para viajar, cada día son mayores los mecanismos de control y vigilancia contra los turistas, tomando como pretexto “la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”. La fuerza laboral con capacidad profesional no encuentra acceso en el mercado de trabajo y si la hay, es mal pagada, en este sentido debatimos y nos preguntamos, al interior de nuestro equipo de trabajo: ¿Qué ciudadanía podrá surgir y fortalecerse a través de la educación, si se toma como eje central las competencias laborales del individuo, y no los valores éticos y morales, en un país donde la defensa de los intereses profesionales está sujeta a las necesidades del modelo productivo discriminatorio y generador de diferencias económicas, sociales, políticas y culturales, que además políticamente, no asume el diálogo social como compromiso estratégico del desarrollo nacional? Por último, través de la educación y de la formación de profesionales ¿qué sociedad estamos construyendo si en vez de ampliar el peso del conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el ambiente, promovemos los valores del mercado: la usura, el lucro, la explotación, la contaminación, el consumo conspicuo y la lógica de la ganancia excesiva, como medida fundamental del éxito profesional como forma única del paradigma decadente del “desarrollo”?
En efecto la educación no es compatible con la ilusión modernizadora de las élites económicas, cuando se dilapida el capital humano, tirando al precipicio la experiencia acumulada, el conocimiento científico y los cambios tecnológicos que marcan nuestra época. Por esta razón, siguiendo los planteamientos de Lyotard (2007) estamos hablando del "fin de la modernidad", que se manifiesta en la crisis de una configuración histórica del poder en el marco del sistema-mundo capitalista (Immanuel Wallerstein, 2003), que sin embargo ha tomado otras formas en tiempos de globalización, sin que ello implique la desaparición de ese mismo sistema-mundo. Argumentamos que la actual reorganización global de la economía capitalista se sustenta sobre la producción de las diferencias y que, por tanto, la afirmación celebratoria de éstas, lejos de subvertir al sistema, podría estar contribuyendo a consolidarlo. En este sentido el uso indiscriminado de las TIC y los medios masivos de comunicación en general, que facilitan que los estudiantes mejoren su aprendizaje, puede generar, por el contrario, que sigan siendo espectadores y no actores en el proceso y ahora, además, dependientes de la tecnología.
Pensamos en un primer momento que la Administración Pública debe apostar por la educación, pero no enfatizar en la estrategia gastada del “desarrollo”, debido a que el sistema constantemente está en crisis, es decir, el modelo económico está totalmente agotado, lo mismo sucede con el sistema educativo. Salvador Malo señaló, durante la jornada del Taller de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación que: “el sistema educativo del país desde el jardín de niños hasta el posgrado, está agotado”, como resultado del “centralismo, autoritarismo y paternalismo” . El investigador propone, revitalizar el modelo pedagógico de las universidades, crear centros de capacitación y aprendizaje fuera del sistema escolarizado formal e impulsar un sistema de competencias laborales. Sus argumentos son que la educación superior mantiene características absurdas, por ejemplo, “una estructura que limita la movilidad estudiantil e inhibe, cuando no impide, la preparación interdiscpilinaria propia de las universidades, lo que desalienta la generación de nuevas profesiones e investigadores en nuevas artes y conocimientos”. Malo señala que las universidades han estado dedicadas a impartir conocimientos en lugar de producir aprendizajes efectivos, pertinentes y verificables, es decir, vinculados directamente con los problemas nacionales y regionales. En este sentido, los estudiantes deben desarrollar competencias en las que estén involucrados, además de los contenidos disciplinares (saberes y destrezas), el pensamiento complejo y la generación de nuevas tecnologías.
A partir del diplomado comprendemos que este es un camino, entre otras posibilidades, por lo que coincidimos con las anteriores afirmaciones, en el sentido que le da el investigador, y lo tenemos que decir: el sistema educativo mexicano ha generado una especie extraña de intelectuales inútiles y poco “productivos”, vallamos a la cifras:
En primer lugar argumentaremos porqué el modelo económico está agotado. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México se convirtió en el país latinoamericano con mayor crecimiento de la pobreza, indigencia y desigualdad, esta afirmación se desprende de datos obtenidos por dicho organismo y la distribución del ingreso en el año de 2009. En el caso de México señala la Cepal, el número de pobres al final de 2008 se sitúo en 37 millones de personas, equivalentes a 34.8 por ciento de la población total, en el mismo periodo el número de indigentes sumaban 12 millones, 11.2 por ciento de la población , por el contrario es el país donde se registra la mayor concentración económica en unas cuantas manos. La contracción económica repercute significativamente en el gasto público y este a su vez en los rubros educativos, por lo que podemos afirmar, sin temor a equívocos, que existe un rezago educativo debido a la falta de inversión por parte del sector público, y de sobra está decirlo, el sector privado no invierte ni en educación ni en ciencia y mucho menos en la producción de tecnología, ya que prefieren comprarla o adquirirla en el extranjero.
En segundo lugar, observamos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), redujo los montos de algunas categorías para becas de posgrado. Durante 2008 se asignaron seis salarios mínimos mensuales para todos los estudiantes becados en doctorado, 4.5 para estudiantes e maestría y 4 para los estudiantes de especialidad. En cambio para el 2009 se crearon cuatro categorías para el doctorado, la maestría y la especialidad, resultando más perjudicados los estudiantes que ingresen a alguno de estos tres niveles académicos en la categoría de reciente creación, para la cual se fijó un monto por becario de 3.6 salarios mínimos en doctorado; 2.7 en maestría y 2.4 en especialidad.
El papel de la razón para formar cientistas y tecnólogos de alta calidad de acuerdo con los fines que persigue el Conacyt es precisamente acceder a los secretos más ocultos y remotos de la naturaleza con el fin de obligarla a obedecer nuestros imperativos de desarrollo y control. Max Weber (1978), habló en este sentido de la racionalización de occidente como un proceso de construcción de su modernidad. De ahí se desprendió su hegemonía política a través del control de los saberes y tecnologías para la producción y dominio de la naturaleza, para la guerra y control de los mercados.
El filósofo social norteamericano Immanuel Wallerstein (2003) ha mostrado cómo las ciencias sociales y naturales se convirtieron en una pieza fundamental para este proyecto de organización y control de la vida humana. El nacimiento de las ciencias no es un fenómeno aditivo a los marcos de organización política definidos por el Estado-nación, sino constitutivo de los mismos. Era necesario generar una plataforma de observación científica sobre el mundo social que se quería gobernar. Sin el concurso de las ciencias el Estado moderno tendría capacidad de ejercer control sobre la vida de las personas, definir metas colectivas a largo y a corto plazo, ni de construir y asignar a los ciudadanos una "identidad" cultural. No sólo la reestructuración de la economía de acuerdo a las nuevas exigencias del capitalismo internacional, sino también la redefinición de la legitimidad política, e incluso la identificación del carácter y los valores peculiares de cada nación, demandaban una representación científicamente avalada sobre el modo en que "funcionaba" y que mostraba a los demás como único. Solamente sobre la base de esta información era posible realizar y ejecutar programas gubernamentales con sentido, dentro de esta lógica se inscribe el proyecto Conacyt (Lorenzo I. Vargas, 2006). En efecto, solo los científicos inscritos en el programa de dicho organismo son productivos; los demás, profesores, investigadores y profesionales no lo somos. La presencia de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en el país es “altamente asimétrica”, además de que conforma una pequeña élite de intelectuales. Veamos los números, “la presencia de jóvenes investigadores es nula, solo 35 menores de 30 años poseen un grado en el organismo; de los 14 mil 559 miembros del SIN, hasta 2008, 40 por ciento radican en el Distrito Federal, seis por ciento en el Estado de México, 5.2 en Jalisco y Morelos, 3.7 en Puebla y 3.5 por ciento en Nuevo León. De estos 9 mil 852 son hombres y 4 mil 707 son mujeres. De acuerdo con datos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico el número de científicos y tecnólogos en el país es sólo la quinta parte de lo que la nación requiere para su “desarrollo”, esto quiere decir que es una minoría y no es suficiente apara llegar a ese “desarrollo” tan manoseado políticamente, por eso lo ponemos entre comillas. Finalmente señalan los analistas del foro la presencia de de miembros del SIN en el extranjero es mínima, ya que sólo 0.9 por ciento del total labora en otras naciones. Con tales argumentos podemos sostener efectivamente que el modelo educativo y la generación de cuadros para la investigación científica y tecnológica están en crisis. Por lo que la escuela reafirma su carácter de panóptico social, en el sentido que le da Michael Foucault. La escuela se convierte en un espacio de internamiento donde se forma ese tipo de sujeto que los "ideales regulativos" de la constitución estaban reclamando. Lo que se busca es introyectar una disciplina sobre la mente y el cuerpo que capacite a la persona para ser "útil a la patria y al desarrollo del país". El comportamiento del niño deberá ser reglamentado y vigilado, sometido a la adquisición de conocimientos, capacidades, hábitos, valores, modelos culturales y estilos de vida que le permitan asumir un rol "productivo" en la sociedad. Pero no es hacia la escuela como "institución de secuestro" que debemos dirigir nuestras reflexiones, sino hacia la función disciplinaria de ciertas tecnologías pedagógicas, en efecto: ¿cómo es que se dan las formas de la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, sin que sea perceptible para los educadores y los educandos? ¿Cómo es posible que se reproduzca mecánicamente el proceso y se implanten tecnologías pedagógicas, sin que haya una crítica de por medio, cuando menos?
La escuela como institución social es el producto de la modernidad hoy en decadencia; es una institución mediadora de poderes y de conocimientos que permite la consolidación de un sistema relacional de saberes unificados y homogéneos, por lo tanto implanta modelos estandarizados, hace que el individuo sea dócil y acrítico. Sin embargo, la dogmatización de paradigmas ideológicos propios de la modernidad, ha llevado a la escuela y a sus actores a repensar su rol en la construcción de un nuevo sentido de ciudadanía y de valores socioculturales que respondan a las exigencias de un nuevo orden social. La escuela se convierte en el escenario de la acción pedagógica y los docentes en sus actores junto con los alumnos. Sin embargo, son estos últimos la pieza fundamental de cualquier proceso que pretenda una innovación real de los elementos del Sistema Educativo, sobre todo en esta época de cambios de estructuras culturales que pueden ser riesgosos para la consolidación del país.
De acuerdo con esta perspectiva, la escuela debe ser reinventada desde la concepción que la define como un lugar para aprender y como una estructura cultural de vida y para la vida. Por lo tanto es necesario revisar algunos de esos procesos culturales que determinan la situación de la formación permanente de docentes en el marco de la modernidad.
La escuela como institución social, y los docentes como algunos de sus protagonistas, son productos de la modernidad occidentalizadora, y, a partir de la relación entre ellos, se desarrolla un conjunto de saberes y de poderes culturalmente legitimados y mediados por la razón social del conocimiento; un conocimiento que fue implantado desde la propia visión hegemónica europeizante. Esto conduce a replantearnos la acción social y cultural que se le atribuye y se le ha atribuido a la educación desde la perspectiva de esa modernidad heredada y caduca, asumiéndose que debe estar orientada a la legitimación social de los saberes socialmente construidos como vía para la consolidación de las identidades individuales y colectivas, sobre todo desde una cosmovisión y filosofías latinoamericanas, es decir desde nuestro propio ser. En efecto, se necesitan nuevos conocimientos y competencias, pero sobre todo necesitamos apropiarnos de ellas y darles una resignificación, para no generar “intelectuales inútiles”, aquellos que solo se limitan a comentar o a reproducirlos valores propios del la occidentalidad europea como propios o como el modelo ideal a seguir. “Intelectuales fascinados por el poder” como afirma Hermann Bellinghausen, que racionalizan las políticas y van con todo contra indígenas, sindicatos y los movimiento sociales, además de que promueven la integración progresiva afín a los intereses de los Estados Unidos, dando la espalda a las experiencias y necesidades de México y América Latina. Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. Así, además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-económicos que originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van incorporando la alfabetización digital básica (cada vez más imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en diversos ámbitos, estos ¿permiten el mejor desarrollo de las capacidades y competencias de los estudiantes? ¿Son un nuevo modelo tecnológico para inducir solo saberes y experiencias de aprendizaje o tienen un fin: institucionalizar las dependencias y sincronías con el modelo de universal inclusión impuesto por la globalización?
2. Educar para vivir, para sentir, para valorar, para conservar nuestra cultura e identidad.
Evidentemente no toda la educación anterior fue mala, como tampoco las nuevas tecnologías y su uso tienden a la perversión, es más, se puede afirmar tentativamente que el estudiante aprende de los errores del docente. Esto quiere decir que en los descubrimientos científicos, tecnológicos y en pedagogía, los errores son más relevantes que los aciertos. Pero es necesario estar atentos, por ejemplo, hemos argumentado que debemos producir aprendizajes efectivos, pertinentes y verificables, vinculados con los problemas nacionales y regionales. También se ha señalado que estamos involucrados, querámoslos o no, en los contenidos disciplinares (los saberes y las destrezas), el pensamiento complejo y en el uso de nuevas tecnologías. Hasta ahí, existen coincidencias. Sabemos que desde el enfoque constructivista existen tres tipos de aprendizajes, declarativos, procedimentales y actitudinales, en otras palabras es saber qué, saber hacer y saber ser. Pero la complejidad radica en proponer la construcción del saber en la frontera del propio conocimiento occidental, es decir crear nuestra propia ciencia y saberes, apropiarnos de ellos y construir un nuevo conocimiento desde nuestra región, esta fórmula que marcamos como fin esta en tensión, porque los modelos hegemónicos preconcebidos desde el afuera a nuestra realidad se interponen con la búsqueda de nuestras propias salidas. En este sentido, ¿la arquitectura, es mexicana porque la hacen mexicanos, aunque sea evidentemente igual a lo que se produce en los Ángeles o NY? ¿Cómo podemos identificar la arquitectura producida por arquitectos mexicanos o latinoamericanos de la arquitectura que se produce en Europa o Japón? Evidentemente hay conocimientos, saberes y tecnologías propios y apropiados trasmitidos que van a las raíces que hace que la arquitectura mexicana, tenga un distingo entre las otras arquitecturas producidas en el concierto universal. A esto nos referimos, en efecto, los aprendizajes son cognitivos, afectivos y relacionales. Esto nos lleva a constatar la hipótesis de que, los resultados positivos o negativos que se atribuyen a causas internas, tienen más posibilidades de influir más o menos, en la autoestima que aquellos que se atribuyen a causas externas. En este sentido el docente tiene un papel motivador, en tanto que el alumno tenderá a seleccionar las experiencias significativas y construir dentro de su propia vida un proyecto que lo oriente y lo lleve a autoaprender. Estas premisas se sustentan en cuestiones centrales. Primero, no todos tenemos los mismos intereses y capacidades; segundo, no todos aprendemos de la misma manera, y tercero, nadie puede aprender todo lo que hay que aprender.
La nueva escuela y el nuevo modelo se centran en las habilidades propias de los estudiantes, por lo tanto, se requieren especialistas evaluadores; se pretende también igualar los perfiles de los estudiantes, intereses y objetivos con los contenidos curriculares y estilos de aprendizajes; para lograrlo, se requiere de un gestor que vincule al estudiante con el currículo; Se busca que los estudiantes aprovechen y estén atentos con las oportunidades existentes, para ello, se propone un gestor escuela comunidad, y, finalmente, se requiere articular de forma equilibrada estudiante-evaluación-currículo y comunidad, para esto, se ha pensado en un coordinador supervisor de maestros.
Aquí es necesario hacer una pausa, para no caer en el vacío, hay todo un proyecto ya estructurado que se nos muestra y se nos da como acabado y hegemónico, esto ya está y así debe ser, lo por lo mismo, no es casual que surjan resistencias y criticas. En este sentido nos apresuramos a argumentar y demostrar que esto no tiene por qué ser así y, mucho menos debemos asumir “los aprendizajes” como entidades subjetivas y subjetivadas, lo que hace que se desplace tanto el papel del docente como el del estudiante en la construcción del conocimiento propio y apropiado. En realidad la finalidad de la enseñanza es el alumno y no los aprendizajes. El binomio docente alumno tiende a perderse con el nuevo modelo, ahora resulta que es necesario un especialista evaluador, un gestor en vinculación, un gestor que relacione escuela comunidad y un coordinador que supervise las funciones que realizan los maestros. Esto así llanamente planteado no nos cuadra. Tampoco encajan ciertos cambios conceptuales, por ejemplo, se modifica el concepto de materia, por el de asignatura y ahora este cambia nuevamente por el de unidad didáctica. Se habla de complejidad, cuando en realidad se pone énfasis en lo procedimental y actitudinal. Se manejan categorías de sentido y significado, pero se elude hablar de la crisis de sentido del mismo modelo hegemónico global en el que estamos insertos. No se cuestionan los significados que el mismo modelo proyecta y que se ven claramente en el nuevo modelo educativo.
Algunas capacidades y competencias adquieren un papel relevante: la búsqueda y selección de información, el análisis crítico (considerando perspectivas científicas, humanistas, éticas, estéticas, etc.,) y la resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la argumentación de las propias opiniones y la negociación de significados, el equilibrio afectivo y la negación al fracaso, el trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de autoaprendizaje y adaptación al cambio, la actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia son algunos elementos que pueden aplicarse a cualquier modelo. Pero, ¿por qué no se cuestiona institucionalmente? ¿Por qué es indispensable que sea el inglés la lengua dominante para todo tratado y congreso científico? Es que estamos en los tiempos de Ptolomeo en Alejandría que impuso que todo documento fuera transcrito al griego, esto evidentemente sirvió al conocimiento pero también fortaleció la hegemonía griega sobre un vasto imperio construido por Alejandro. Los romanos hicieron lo mismo e impusieron el latín, de tal manera que sin haber sido conquistados por los romanos, fuimos latinizados y ahora estamos siendo anglohomogenizados y lo vemos como normal ya que asumimos que esto es así y así debe ser. A esto nos referimos cuando utilizamos las categorías de colonialidad del ser y colonialidad del saber (Walter Mignolo, 2003, Aníbal Quijano, 2008, Edgardo Lander, Santiago Castro Gómez, 2000) .
Las nuevas destrezas que se desarrollan en un espacio virtual, de interacción social requieren nuevos conocimientos. Además de aprender a buscar y transmitir información a través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar al sujeto para que pueda intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales generando una nueva cultura de interacción social referencial y no vicaria, virtual y no real, formados en la interdisciplinariedad. Pero ¿Qué tipo de interdisciplinaridad se está construyendo? Veamos un ejemplo:
El 30 de junio de 2009 se emite un Estatuto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), vigente en la actualidad, donde se eliminan las facultades y escuelas y las convierten en centros adscritos a los institutos de investigación. Los centros serán “unidades académicas conformadas por uno o varios campos problemáticos o de conocimiento y dependerán de los institutos. Lo transdisciplinario quiere decir trascender las disciplinas existentes por “campos problemáticos o campos de conocimiento” . Y en lugar de formar en los institutos grupos interdisciplinarios de investigación y generación de conocimientos, lo que el nuevo modelo universitario pretende es producir profesionales en la interdisciplinaridad, algo así como entes sin definición propia, todólogos en cierta área o campo del saber, para cumplir con las demandas de las empresas para sus cuadros medios en su modalidad, en otras palabras, contar con trabajadores multiusos, dejando los espacios de dirección y liderazgo a los egresado por las universidades privadas. Pero esto es muy importante, porque ya sucedió en algunas Universidades Públicas, hace 20 años atrás, cuando en lugar de formar sociólogos, decidieron crear la carrera en Ciencias Sociales.
3. Los aprendizajes y las competencias desde la perspectiva de las necesidades educativas.
La sujeción al sistema-mundo ya no se asegura mediante el control sobre el tiempo y sobre el cuerpo ejercido por instituciones como la fábrica o el colegio, sino por la producción de bienes simbólicos y por la seducción irresistible que éstos ejercen sobre el imaginario del consumidor. El poder libidinal de la posmodernidad pretende modelar la totalidad de la psicología de los individuos, de tal manera que cada cual pueda construir reflexivamente su propia subjetividad sin necesidad de oponerse al sistema. La educación y el aprendizaje deben orientarse a la búsqueda de alternativas, a la conformación profundamente excluyente y desigual del mundo moderno exige un esfuerzo de deconstrucción del carácter universal y natural de la sociedad capitalista-liberal que se nos presenta como proyecto único, por tanto, se requieren capacidades para pensar en las fronteras del propio conocimiento y plantearse la posibilidad de que otro mundo es posible.
La sociedad del conocimiento no empieza ahora, desde los años setentas se introdujo este concepto y se ha ido desarrollando como un proyecto más, se hablaba de las nuevas tecnologías que explotarían en el siglo XXI y para ello se fueron dosificando e introduciendo, poco a poco los avances que experimentalmente ya habían probado ser viables, principalmente en las áreas de la electrónica, la robótica la computación y las comunicaciones. Las tecnologías que durante las últimas décadas combinaron la potencialidad de la informática con la expansión de los sistemas de comunicación produjeron cambios en la producción de bienes y servicios; pero esto fue pensado así por quienes manejaban la producción y comercialización de dichos avances, fue una planeación y organización administrativa desde y para el desarrollo y expansión de los mercados capitalistas. En cambio, el avance social se detuvo y se promovió la utopía sobre la generación de tecnologías que modificarías sustancialmente la producción, el trabajo y por lo tanto las condiciones de vida de los sujetos. En muchos casos los cambios sociales producidos en los últimos años se presentan como un producto inevitable del desarrollo de las TICs. Esta idea de progreso tecnológico ineludible termina plasmándose; entre otros lugares; en las estrategias y políticas concretas para su incorporación en la sociedad. Sin embargo; desde otras perspectivas teóricas (Aida Quintar, 2007), se ha cuestionado esta visión instrumental que presupone efectos universales en la aplicación de la tecnología. Nuestro punto de vista asume que tanto los aprendizajes como las competencias asumen un carácter ambiguo y complejo en el proceso de transformación que se desarrolla en nuestros días, sentimos que se ha creado la “necesidad “de ellas para vivir y tener calidad de vida. Por esta razón es que debe discutirse el contexto y su finalidad debido a que en torno a las TICs se abarcan desde aspectos políticos hasta problemas sociales; culturales y educativos al mismo tiempo se deben analizar problemas concretos y usos “no previstos” de las TICs en nuestra sociedad. (Aida Quintar, 2007).
Se deben promover e implantar políticas que tiendan a impulsar la educación, abatir la pobreza y desigualdades sociales, la injusticia, la impunidad y la corrupción, en este sentido la palabra educar es para ser libres y tener calidad de vida que permita la armonía en un país en el que actualmente no se vislumbra el futuro.
En este marco es que se plantean algunas cuestiones sobre las competencias y las TIC:
Uno de los aspectos centrales de las competencias es la Flexibilidad en los estudios. Los entornos de teleformación y la posibilidad de que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros, proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen más autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden acceder a las aulas convencionales. Esta forma de interactuar de manera virtual y no referencial, permite también que se desarrollen comportamientos reprobables, los mensajes y las plataformas no cumplen con las normas, por lo que es muy fácil que se den plagios de ideas, principios y textos. En este sentido pensamos que el docente, cuya función también es la de observar, debe saber que tan maduro es el pensamiento del alumno para tener, sostener y demostrar sus aprendizajes. De igual manera, la tarea del docente se centrará en formar una conciencia critica y honesta, para que el alumno sepa citar las diversas fuentes de información, para no ser un simple reproductor de ideas.
Otra de las bondades de las de las competencias es el aspecto relacional e interactivo que provoca el aprendizaje basado en este modelo. En efecto, las posibilidades informativas y comunicativas de Internet amplían el entorno inmediato de relación de los estudiantes. Conocen más personas, tienen más experiencias, pueden compartir sus alegrías y problemas. Pero a veces ocurre que no existe esa persona, es un invento, no se sabe quiénes son y adoptan distintas personalidades incluso con un fin criminal. Lo que ha sucedido a través de las nuevas tecnologías es que uno está expuesto a virus informativos, de tal manera que todo nuestro trabajo incluso nuestros datos personales, cuentas y trabajo están expuestos a robo o pérdida de información.
La nueva metodología didáctica pone especialmente énfasis en el interés y la motivación, se parte del supuesto de que la motivación es uno de los motores del aprendizaje, pero existen distracciones y dispersiones por parte de los alumnos y del mismo docente, por ello es importante diseñar estrategias de búsqueda de información, para no traer basura. A través de las nuevas tecnologías se facilita la comunicación y el contacto referencial virtual, ello no implica que los alumnos se acerquen más, pregunten y compartan sus ideas, por el contrario, se dan aprendizajes incompletos con visiones de la realidad simplistas, poco profundas, incluso se confunde el conocimiento con la acumulación de datos, y la investigación con la recopilación simple de fuentes de información. Debemos promover en los alumnos aprendizajes en donde aprendan a preguntar, a cuestionar, a inquirir, a buscar el error, a aprender de los errores y a no ser receptores pasivos. El uso del Chat y los correos por Internet, han generado un nuevo lenguaje, más corto , con mayor significado entre los jóvenes, pero muchas veces es indescifrable para quien no esté familiarizado con dicho lenguaje, por lo tanto es una falacia que los nuevos aprendizajes basados en competencias mejoren la expresión escrita, gráfica y audiovisual, ya que se ha generado una visión parcial de la realidad, una visión muy particular de los problemas y un mayor individualismo y asilamiento.
Conclusiones.
En el presente trabajo se hizo una revisión crítica del sistema-mundo y los procesos de globalización e integración de marcados que se asumen como exigencias para mejorar los aprendizajes y las competencias en materia educativa.
Se argumentó que la crisis del modelo educativo y la decadencia del concepto de “desarrollo” como paradigma, son producto de la utopía del sistema de integración mundial y que en la producción de cientistas, no sólo hay un rezago, sino que la producción actual ínfima, selectiva, son inútiles y proco productivos, por lo que la producción de estos es altamente asimétrica.
Se habló de la necesidad de referenciar la educación a los problemas nacionales y regionales (de AL), para abatir las desigualdades generadas por el sistema-mundo capitalista que es un modelo generador de exclusión social, pobreza y desigualdad.
Se planteó la propuesta de estar atentos al uso de las nuevas tecnologías (TIC) en la educación por múltiples razones que van desde lo actitudinal y la motivación, hasta la falsa construcción de pensamientos y de conocimientos, generando saberes aberrantes y subjetividades que no hace más que remarcar individualismo y el aislamiento virtual y no referencial ni mucho menos real.
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WEBER, M. (1978) Economía y Sociedad. México, Editorial Fondo de Cultura Económica.
jueves, marzo 18, 2010
lunes, febrero 15, 2010
PRONUNCIAMIENTO DEL FPDT
http://cayovicente. jimdo.com
PRONUNCIAMIENTO DEL FPDT ANTE LA ATRACCION DE LOS AMPAROS POR PARTE DE LA SCJN
Pronunciamiento
Familiares de presos / FPDT / Comité Libertad y Justicia Para Atenco
Hace un año, una treintena de académicos, músicos, religiosos, comunicadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y solidarias lanzamos la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco. Después de más de 200 acciones civiles y pacíficas en más de 25 estados del país, en 15 naciones del mundo, donde han participado más de 30 mil personas y donde la información y denuncia sobre la situación de los 12 presos políticos de Atenco ha llegado a más de medio millón, ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción sobre tres de los casos. Sobre ello, este comité, deseamos expresar:
1. La Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, los familiares de los presos IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, y sus defensores legales vemos con satisfacción la determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ejercer la facultad de atracción, respecto de los juicios de amparo directo 7/2010 y 245/2009. Tales demandas de amparo fueron interpuestas por los señores IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, en contra de la sentencia emitida por un Juez Penal del Estado de México quien les impuso una condena de 67 años con 6 meses de prisión por el delito de Secuestro Equiparado. Sin embargo, esperamos también, tal y como lo han decidido y solicitado los propios presos, que los 9 casos restantes sean también atraídos por esta primera sala.
2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación , tiene ante sí la posibilidad histórica de corregir todas las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial del Estado de México en contra de IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, revocando las sentencias impuestas por tribunales carentes de imparcialidad e independencia y cuya actuación contraviene los principios del Estado Democrático de Derecho.
3. Esta decisión permite además abrir la discusión pública sobre la inocencia de los 12 presos y las violaciones a los derechos humanos de todos ellos. Los tres casos atraídos por la Corte cuentan con dos cuerpos legales de defensa cuyos argumentos incluimos ahora. El comité Libertad y Justicia para Atenco respaldamos las diversas estrategias jurídicas de defensa de los presos.
3.1 La defensa legal de IGNACIO DEL VALLE y FELIPE ÁLVAREZ considera que un estudio meticuloso y a fondo de las demandas de amparo conllevará a los Ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revocar las sentencias emitidas y ratificadas por el Poder Judicial del Estado de México. La perspectiva de la defensa tiene como base, las diversas violaciones que durante la substanciació n del proceso penal, cometieron tanto el juez penal como los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal. Es preciso señalar que durante la substanciació n del sumario, las autoridades mexiquenses violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, el principio de presunción de inocencia, el principio de debido proceso. Amén de que dentro del sumario, no se acreditó el cuerpo del delito de secuestro equiparado, esto último, se encuentra robustecido con la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito quien dejó sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en contra de BERNARDINO CRUZ CARDONA y JESÚS ADÁN ESPINOSA por el delito de secuestro equiparado al considerar que el Ministerio Público no había acreditado el cuerpo del delito. La defensa legal de los señores IGNACIO DEL VALLE MEDINA y FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ también considera que la resolución de las demandas de amparo brindará a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , una valiosa oportunidad para que ese órgano continúe con el desarrollo jurisprudencial de los principios de debido proceso y presunción de inocencia y del alcance, protección y contenido de los derechos plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3.2 La defensa legal de HECTOR GALINDO GOCHICOA, está convencida de que las sentencias impuestas por Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de TOLUCA y confirmadas por la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en la ciudad de TOLUCA, devienen de un conjunto de actos jurídicos viciados de origen, puesto que fueron emitidas por tribunales carentes de competencia, siendo que de conformidad con el articulo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en este caso, lo eran los tribunales adscritos a la jurisdicción TEXCOCO y no TOLUCA.
Resulta evidente que el proceso y la sentencia de 67 años y seis meses, no tienen validez legal alguna, ya que emanaron de un ORGANO INCOMPETENTE, en consecuencia, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , declara fundado este argumento, deberá conceder en forma lisa y llana el amparo y protección de la justicia federal, ya que si se ordenara la reposición del procedimiento, se estaría juzgando dos veces por el mismo delito, lo que también está prohibido por nuestra constitución.
Por otro lado, la Defensa legal de Héctor Galindo Gochicoa, estima que el delito de SECUESTRO EQUIPARADO, contenido en el artículo 259 del Código penal del Estado de México, es una figura INCONSTITUCIONAL, puesto que no tiene pena exactamente aplicable a ese delito; es un tipo penal impreciso ya que sanciona una innumerable e incierta cantidad de actos que pueden llegar al infinito e incluso al absurdo, ahora bien, si la Primera Sala de la SCJN llegara a estimar que el delito de secuestro equiparo si tiene pena exactamente aplicable, seguiría siendo inconstitucional, por contener una pena de las prohibidas por el artículo 22 Constitucional por ser una PENA INUSITADA.
Es inadmisible, que un delito contra la administració n pública, como lo sería el de secuestro equiparado, cuya finalidad de la detención de una persona, es la de “obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza” sea sancionada con la misma dureza que el delito de secuestro, cuya finalidad es la de la obtención de un LUCRO.
En este sentido, el Máximo Órgano Jurisdiccional tiene la posibilidad de declarar inconstitucional una figura que solo ha sido utilizada para criminalizar la lucha social o de corregir un proceso obscuro e irregular.
4. Esperaremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la atracción de los 9 casos restantes de los presos en el penal de Molino de las Flores. Sin embargo, llamamos desde ahora a las 300 organizaciones de todo el país y del mundo que integran esta campaña, a prepararse para comenzar la tercera etapa, la decisiva, en esta iniciativa de la sociedad civil por reclamar libertad para quienes no son presos comunes, para quienes no son delincuentes, para quienes no han cometido delito alguno. Ellos son presos políticos del Estado mexicano. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a prepararse para difundir los argumentos sobre la inocencia de los 12 presos y a movilizarse civil y pacíficamente por la libertad y la justicia para Atenco.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Familiares y abogados defensores de los presos del penal del Altiplano
Comité Libertad y Justicia Para Atenco: Familiares de presos y perseguidos, Red nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), La Voladora Radio. Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chau músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Vanessa Bauche, actriz, Ricardo Rocha periodista, Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité Eureka, Carlos Montemayor escritor, Adriana Roel actriz, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Gilberto López y Rivas antropólogo, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Carlos Fazio, académico, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices.
PRONUNCIAMIENTO DEL FPDT ANTE LA ATRACCION DE LOS AMPAROS POR PARTE DE LA SCJN
Pronunciamiento
Familiares de presos / FPDT / Comité Libertad y Justicia Para Atenco
Hace un año, una treintena de académicos, músicos, religiosos, comunicadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y solidarias lanzamos la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco. Después de más de 200 acciones civiles y pacíficas en más de 25 estados del país, en 15 naciones del mundo, donde han participado más de 30 mil personas y donde la información y denuncia sobre la situación de los 12 presos políticos de Atenco ha llegado a más de medio millón, ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción sobre tres de los casos. Sobre ello, este comité, deseamos expresar:
1. La Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, los familiares de los presos IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, y sus defensores legales vemos con satisfacción la determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ejercer la facultad de atracción, respecto de los juicios de amparo directo 7/2010 y 245/2009. Tales demandas de amparo fueron interpuestas por los señores IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, en contra de la sentencia emitida por un Juez Penal del Estado de México quien les impuso una condena de 67 años con 6 meses de prisión por el delito de Secuestro Equiparado. Sin embargo, esperamos también, tal y como lo han decidido y solicitado los propios presos, que los 9 casos restantes sean también atraídos por esta primera sala.
2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación , tiene ante sí la posibilidad histórica de corregir todas las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial del Estado de México en contra de IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, revocando las sentencias impuestas por tribunales carentes de imparcialidad e independencia y cuya actuación contraviene los principios del Estado Democrático de Derecho.
3. Esta decisión permite además abrir la discusión pública sobre la inocencia de los 12 presos y las violaciones a los derechos humanos de todos ellos. Los tres casos atraídos por la Corte cuentan con dos cuerpos legales de defensa cuyos argumentos incluimos ahora. El comité Libertad y Justicia para Atenco respaldamos las diversas estrategias jurídicas de defensa de los presos.
3.1 La defensa legal de IGNACIO DEL VALLE y FELIPE ÁLVAREZ considera que un estudio meticuloso y a fondo de las demandas de amparo conllevará a los Ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revocar las sentencias emitidas y ratificadas por el Poder Judicial del Estado de México. La perspectiva de la defensa tiene como base, las diversas violaciones que durante la substanciació n del proceso penal, cometieron tanto el juez penal como los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal. Es preciso señalar que durante la substanciació n del sumario, las autoridades mexiquenses violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, el principio de presunción de inocencia, el principio de debido proceso. Amén de que dentro del sumario, no se acreditó el cuerpo del delito de secuestro equiparado, esto último, se encuentra robustecido con la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito quien dejó sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en contra de BERNARDINO CRUZ CARDONA y JESÚS ADÁN ESPINOSA por el delito de secuestro equiparado al considerar que el Ministerio Público no había acreditado el cuerpo del delito. La defensa legal de los señores IGNACIO DEL VALLE MEDINA y FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ también considera que la resolución de las demandas de amparo brindará a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , una valiosa oportunidad para que ese órgano continúe con el desarrollo jurisprudencial de los principios de debido proceso y presunción de inocencia y del alcance, protección y contenido de los derechos plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3.2 La defensa legal de HECTOR GALINDO GOCHICOA, está convencida de que las sentencias impuestas por Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de TOLUCA y confirmadas por la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en la ciudad de TOLUCA, devienen de un conjunto de actos jurídicos viciados de origen, puesto que fueron emitidas por tribunales carentes de competencia, siendo que de conformidad con el articulo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en este caso, lo eran los tribunales adscritos a la jurisdicción TEXCOCO y no TOLUCA.
Resulta evidente que el proceso y la sentencia de 67 años y seis meses, no tienen validez legal alguna, ya que emanaron de un ORGANO INCOMPETENTE, en consecuencia, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , declara fundado este argumento, deberá conceder en forma lisa y llana el amparo y protección de la justicia federal, ya que si se ordenara la reposición del procedimiento, se estaría juzgando dos veces por el mismo delito, lo que también está prohibido por nuestra constitución.
Por otro lado, la Defensa legal de Héctor Galindo Gochicoa, estima que el delito de SECUESTRO EQUIPARADO, contenido en el artículo 259 del Código penal del Estado de México, es una figura INCONSTITUCIONAL, puesto que no tiene pena exactamente aplicable a ese delito; es un tipo penal impreciso ya que sanciona una innumerable e incierta cantidad de actos que pueden llegar al infinito e incluso al absurdo, ahora bien, si la Primera Sala de la SCJN llegara a estimar que el delito de secuestro equiparo si tiene pena exactamente aplicable, seguiría siendo inconstitucional, por contener una pena de las prohibidas por el artículo 22 Constitucional por ser una PENA INUSITADA.
Es inadmisible, que un delito contra la administració n pública, como lo sería el de secuestro equiparado, cuya finalidad de la detención de una persona, es la de “obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza” sea sancionada con la misma dureza que el delito de secuestro, cuya finalidad es la de la obtención de un LUCRO.
En este sentido, el Máximo Órgano Jurisdiccional tiene la posibilidad de declarar inconstitucional una figura que solo ha sido utilizada para criminalizar la lucha social o de corregir un proceso obscuro e irregular.
4. Esperaremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la atracción de los 9 casos restantes de los presos en el penal de Molino de las Flores. Sin embargo, llamamos desde ahora a las 300 organizaciones de todo el país y del mundo que integran esta campaña, a prepararse para comenzar la tercera etapa, la decisiva, en esta iniciativa de la sociedad civil por reclamar libertad para quienes no son presos comunes, para quienes no son delincuentes, para quienes no han cometido delito alguno. Ellos son presos políticos del Estado mexicano. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a prepararse para difundir los argumentos sobre la inocencia de los 12 presos y a movilizarse civil y pacíficamente por la libertad y la justicia para Atenco.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Familiares y abogados defensores de los presos del penal del Altiplano
Comité Libertad y Justicia Para Atenco: Familiares de presos y perseguidos, Red nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), La Voladora Radio. Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chau músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Vanessa Bauche, actriz, Ricardo Rocha periodista, Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité Eureka, Carlos Montemayor escritor, Adriana Roel actriz, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Gilberto López y Rivas antropólogo, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Carlos Fazio, académico, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices.
miércoles, enero 27, 2010
LIMPIEZA RUDA
Carlos Fazio
La ejecución de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, a finales de diciembre, marcó un punto de inflexión en la guerra reguladora sin fin que envuelve al Estado mexicano y a los cárteles de la economía criminal. Beltrán Leyva no podía quedar vivo. Sabía mucho. Como pocas veces antes habían quedado exhibidas nuevas modalidades de la compleja maquinaria integral que abarcan los distintos giros de la economía criminal –indisolublemente atada a la economía legal– y sus vastas redes de protección. Por eso había que silenciarlo. Además, los 62 balazos que recibió y la decoración funeraria que profanó su cuerpo llevan implícito el mensaje de que se trató de una muerte con valor ejemplarizante, al margen de la ley.
Investigaciones judiciales filtradas a los medios revelan que el cártel del Pacífico había penetrado los círculos de inteligencia de los aparatos de seguridad del Estado –incluidas la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional– y establecido pactos de tipo delincuencial y mafioso con funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en varias entidades.
Según datos de la PGR y la Armada, el capo contaba en Morelos con la colaboración delictuosa de un coronel y dos mayores (presuntamente miembros de la sección segunda) adscritos a la 24 zona militar, con sede en Cuernavaca. Incluso se manejó que el día de su ejecución había acordado comer con el general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de esa plaza, quien a finales de los años 90 destacó como mando del Agrupamiento Chiapas, grupo de elite del Ejército encargado de la guerra contrainsurgente contra el EZLN. Las investigaciones señalan que el cártel de Beltrán Leyva también tenía infiltradas la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del estado, entre cuyos mandos se encuentran un coronel y seis generales (varios retirados).
Asimismo la PGR ha recabado indicios de que el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), pudiera estar implicado en la red de protección de los hermanos Beltrán Leyva. Dos integrantes del círculo íntimo del gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el procurador fueron acusados y cesados por proteger al cártel, y en fecha reciente la Subprocuradurí a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reveló la existencia de una investigación contra dos de los escoltas de la guardia de Adame.
Un aspecto poco visibilizado, que podría formar parte de un nuevo patrón operativo en la guerra reguladora de la economía criminal con participación estatal y ramificaciones a escala nacional, era la existencia en Morelos de un grupo de limpieza social, cuya actuación había sido pactada entre Beltrán Leyva y autoridades locales. Según el expediente PGR/SIEDO/UEIDICS/ -16672009, la misión del comando de limpieza era exterminar secuestradores, violadores, ladrones comunes, robacoches, asaltacasas y comercios, para no calentar la plaza y presentar a Morelos como un estado seguro, lo que a su vez permitía el tráfico y la distribución de drogas.
La ruptura de la “narcoseguridad” concesionada al ex capo en Morelos quedó evidenciada, además, en una manta colocada en la colonia La Lagunilla, en Cuernavaca, un par de días después de la ejecución de Beltrán Leyva, donde se advertía: “Eso no es ni el comienzo de la guerra (…) aparte de que les estábamos ayudando a combatir la delincuencia en Morelos, cometieron un gravísimo error al meterse con LA EMPRESA”.
¿Cuáles fueron las correas de transmisión institucionales de las órdenes de pactar con delincuentes? ¿Incluía al gobernador y a los mandos militares del Ejército y la policía en la entidad? ¿A alguien más arriba a nivel federal? ¿Qué llevó a la ruptura de la pax narca? ¿Por qué el ni tregua ni cuartel de la consigna guerrerista presidencial no ha afectado a ningún alcalde panista de Morelos, a diferencia del Operativo Michoacán, donde la represión antidrogas estuvo dirigida contra funcionarios municipales y estatales pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática? ¿No fue por la enorme cadena de corrupción en Morelos que la DEA y Washington presionaron a Felipe Calderón para que fuera un grupo de elite de la Marina, entrenado por el Pentágono, el que llevara a cabo el operativo en Cuernavaca?
Llama la atención que las primeras noticias sobre la existencia de grupos de exterminio o limpieza social bajo el calderonismo, surgiera en otro municipio gobernado por Acción Nacional: el de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, donde el alcalde Mauricio Fernández Garza, uno de los hijos fundacionales del partido blanquiazul, había consensuado, precisamente con los Beltrán Leyva, su plan de seguridad pública. Los equipos de limpieza y trabajo rudo de Mauricio Fernández, nueva versión vernácula del narcoparamilitarismo a la colombiana, despertaron polémica y alarma en las buenas conciencias en noviembre pasado, cuando entraron en acción el mismo día de su toma de posesión.
Se obvió entonces y se obvia ahora que históricamente los grupos paramilitares, al estilo de los halcones y la Brigada Blanca en el México de la guerra sucia de los años 70, nacen patrocinados por sectores del gran capital y estrechamente vinculados con la estructura policiaco-militar del Estado, y suelen ser refuncionalizados en la lucha contrainsurgente contra organizaciones populares. Lo paradójico, ahora, es que la muerte de Beltrán Leyva y el golpe a su cártel no termina con el problema, ya que el modelo forma parte de una guerra irregular que incluye además, como está ampliamente documentado en nuestros días, el uso de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos con fines de control social.
La ejecución de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, a finales de diciembre, marcó un punto de inflexión en la guerra reguladora sin fin que envuelve al Estado mexicano y a los cárteles de la economía criminal. Beltrán Leyva no podía quedar vivo. Sabía mucho. Como pocas veces antes habían quedado exhibidas nuevas modalidades de la compleja maquinaria integral que abarcan los distintos giros de la economía criminal –indisolublemente atada a la economía legal– y sus vastas redes de protección. Por eso había que silenciarlo. Además, los 62 balazos que recibió y la decoración funeraria que profanó su cuerpo llevan implícito el mensaje de que se trató de una muerte con valor ejemplarizante, al margen de la ley.
Investigaciones judiciales filtradas a los medios revelan que el cártel del Pacífico había penetrado los círculos de inteligencia de los aparatos de seguridad del Estado –incluidas la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional– y establecido pactos de tipo delincuencial y mafioso con funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en varias entidades.
Según datos de la PGR y la Armada, el capo contaba en Morelos con la colaboración delictuosa de un coronel y dos mayores (presuntamente miembros de la sección segunda) adscritos a la 24 zona militar, con sede en Cuernavaca. Incluso se manejó que el día de su ejecución había acordado comer con el general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de esa plaza, quien a finales de los años 90 destacó como mando del Agrupamiento Chiapas, grupo de elite del Ejército encargado de la guerra contrainsurgente contra el EZLN. Las investigaciones señalan que el cártel de Beltrán Leyva también tenía infiltradas la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del estado, entre cuyos mandos se encuentran un coronel y seis generales (varios retirados).
Asimismo la PGR ha recabado indicios de que el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), pudiera estar implicado en la red de protección de los hermanos Beltrán Leyva. Dos integrantes del círculo íntimo del gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el procurador fueron acusados y cesados por proteger al cártel, y en fecha reciente la Subprocuradurí a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reveló la existencia de una investigación contra dos de los escoltas de la guardia de Adame.
Un aspecto poco visibilizado, que podría formar parte de un nuevo patrón operativo en la guerra reguladora de la economía criminal con participación estatal y ramificaciones a escala nacional, era la existencia en Morelos de un grupo de limpieza social, cuya actuación había sido pactada entre Beltrán Leyva y autoridades locales. Según el expediente PGR/SIEDO/UEIDICS/ -16672009, la misión del comando de limpieza era exterminar secuestradores, violadores, ladrones comunes, robacoches, asaltacasas y comercios, para no calentar la plaza y presentar a Morelos como un estado seguro, lo que a su vez permitía el tráfico y la distribución de drogas.
La ruptura de la “narcoseguridad” concesionada al ex capo en Morelos quedó evidenciada, además, en una manta colocada en la colonia La Lagunilla, en Cuernavaca, un par de días después de la ejecución de Beltrán Leyva, donde se advertía: “Eso no es ni el comienzo de la guerra (…) aparte de que les estábamos ayudando a combatir la delincuencia en Morelos, cometieron un gravísimo error al meterse con LA EMPRESA”.
¿Cuáles fueron las correas de transmisión institucionales de las órdenes de pactar con delincuentes? ¿Incluía al gobernador y a los mandos militares del Ejército y la policía en la entidad? ¿A alguien más arriba a nivel federal? ¿Qué llevó a la ruptura de la pax narca? ¿Por qué el ni tregua ni cuartel de la consigna guerrerista presidencial no ha afectado a ningún alcalde panista de Morelos, a diferencia del Operativo Michoacán, donde la represión antidrogas estuvo dirigida contra funcionarios municipales y estatales pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática? ¿No fue por la enorme cadena de corrupción en Morelos que la DEA y Washington presionaron a Felipe Calderón para que fuera un grupo de elite de la Marina, entrenado por el Pentágono, el que llevara a cabo el operativo en Cuernavaca?
Llama la atención que las primeras noticias sobre la existencia de grupos de exterminio o limpieza social bajo el calderonismo, surgiera en otro municipio gobernado por Acción Nacional: el de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, donde el alcalde Mauricio Fernández Garza, uno de los hijos fundacionales del partido blanquiazul, había consensuado, precisamente con los Beltrán Leyva, su plan de seguridad pública. Los equipos de limpieza y trabajo rudo de Mauricio Fernández, nueva versión vernácula del narcoparamilitarismo a la colombiana, despertaron polémica y alarma en las buenas conciencias en noviembre pasado, cuando entraron en acción el mismo día de su toma de posesión.
Se obvió entonces y se obvia ahora que históricamente los grupos paramilitares, al estilo de los halcones y la Brigada Blanca en el México de la guerra sucia de los años 70, nacen patrocinados por sectores del gran capital y estrechamente vinculados con la estructura policiaco-militar del Estado, y suelen ser refuncionalizados en la lucha contrainsurgente contra organizaciones populares. Lo paradójico, ahora, es que la muerte de Beltrán Leyva y el golpe a su cártel no termina con el problema, ya que el modelo forma parte de una guerra irregular que incluye además, como está ampliamente documentado en nuestros días, el uso de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos con fines de control social.
lunes, mayo 25, 2009
martes, mayo 19, 2009
Sistema de Justicia tutelar injusto y vilatorio de derechos individuales
EL SISTEMA DE JUSTICIA DE MENORES EN MEXICO
Ana Josefina Alvarez
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM
INTRODUCCION
En su condición de República Federal, México exhibe una diversidad de instrumentos jurídicos atinentes a la justicia de menores. Existen en la actualidad 32 legislaciones diferentes correspondientes a los 31 estados y al Distrito Federal. La base constitucional de tal legislación se encuentra en el artículo 18 de la Constitución de 1917, vigente en la actualidad.
Existen dos grandes tendencias en las justicias de menores en México. Este artículo se dedicará en gran medida a discutir las características y diferencias entre esas dos grandes tendencias.
En general puede decirse que hasta 1991 las leyes que regulaban lo relativo a las infracciones de menores tenían carácter tutelar, eran locales y correspondían al fuero común. Sin embargo, una nueva Ley fue aprobada al respecto: la "Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal" publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1991. Dicha ley transforma esta situación y prevé la aplicación de la misma en los diferentes estados de la República cuando se trate de delitos de fuero federal, otorgando competencia para conocer de estos casos a los "Consejos o Tribunales Locales" para menores del lugar donde se haya cometido el acto u omisión.
La nueva legislación ha pretendido adecuar el sistema de justicia penal de menores mexicano a lo establecido en los artículos atinentes al tema por la Convención sobre Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. México fue uno de los 20 primeros países en ratificar dicha Convención el 31 de julio de 1990, por parte del Senado, siendo promulgada por el Ejecutivo el 25 de enero de 1991, con lo que la convirtió en norma general obligatoria. Por tanto, en menos de un año se intentó la adecuación de una legislación que en ese momento estaba muy lejos de cumplir con los requisitos establecidos por la Convención. La nueva legislación ha sido adoptada únicamente por el Distrito Federal y el estado de Morelos.
UN POCO DE HISTORIA: LA LEGISLACION TUTELAR-ASISTENCIAL
Hasta esa fecha, la base legal del sistema bajo análisis se encontraba en la legislación que creaba los "Consejos Tutelares para Menores Infractores", adoptada por el Distrito Federal en septiembre de 1974 y que sirvió de modelo para la legislación de los demás estados de la República. En la actualidad, 30 estados continúan aplicando este tipo de legislación que tiene un carácter fundamentalmente tutelar y que conlleva a importantes limitaciones procesales y garantísti¬cas, como se verá a continuación.
El modelo tutelar reemplazó a las antiguas "Cortes para Menores" que funcionaban en México desde 1929 (Azaola, 1990: 52). El mayor avance logrado con esa legislación, en su momento, fue la separación definitiva del sistema de menores y de los centros de reclusión de los mismos, del sistema de los adultos.
Las características fundamentales del enfoque tutelar es que los menores no son considerados como "delincuentes" sino como "infractores". El menor de 18 años de edad que comete una conducta incluida en el Código Penal es considerado como un inimputable en tanto que, según la legislación tutelar, no existe responsabilidad penal ya que los menores, por su edad, son incapaces de comprender la ley penal. Dentro de este enfoque proteccionista, los jueces son reemplazados por "consejeros" y los menores no reciben "sentencias" sino "medidas de seguridad o de protección".
Los Consejos están constituidos, en general, por tres personas: un abogado -quien preside durante el proceso-, un médico y un profesor especializado en menores infractores. Las audiencias son confidenciales y el Consejo debe abstenerse de aplicar, en la medida de lo posible, las formalidades que caracterizan el proceso en la justicia de adultos.
El enfoque tutelar, aunque creado con un objetivo honesto de proteger a los menores y de someterlos a un proceso menos agresivo que el de los adultos, en la realidad ha colocado al menor en una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad al eliminar las principales garantías constitucionales del proceso penal y ciertos derechos individuales fundamentales. Insistiremos en este punto por considerarlo de particular importancia.
LIMITACIONES DEL SISTEMA TUTELAR-ASISTENCIAL
A grosso modo, las principales limitaciones de este modelo de justicia minoril son las siguientes (Alvarez, 1990: p. 17):
a. El sistema tutelar propicia la violación del principio de legalidad y priva a los jóvenes de los derechos y garantías derivadas del artículo 14 de la Constitución Mexicana que indica "ningún crimen, ninguna pena sin la ley", ya que los menores pueden ser ingresados a un centro de tratamiento como medida "preventiva", o sea, sin haber realizado una conducta prohibida por la ley penal o por cualquier otra norma. Esto queda establecido en la legislación en su Art.II cuando señala que el Consejo Tutelar podrá intervenir cuando el joven viola la ley penal..."o manifiesta cualquier otro comportamiento que pueda conducir a presumir básica¬mente, una inclinación a hacerse daño a sí mismo, a alguien de la familia o a la sociedad, y por tanto, justifica la acción preventiva del Consejo."
b. Otro aspecto negativo de la legislación tutelar que analizamos en esta primera parte es lo señalado en el Art. 61, que establece una duración indeterminada de las medidas impuestas por el Consejo. Así, las medidas de seguridad aplicadas no dependen directamente de la conducta cometida por el menor, sino del proceso de "readaptación social" del joven. Por tanto, el menor sabe cuándo ingresa a un centro de tratamiento, pero no cuando va a salir de allí. Esta medi¬da coloca al menor ante una situación desventajosa en relación con la legislación de adultos que impone términos fijos a la sentencia. En México, aún en casos de adultos que no tienen responsabilidad criminal, como los enfermos mentales, el Código Penal del Distrito Federal ordena que "el trata¬miento no podrá exceder la máxima sentencia aplicable si el autor fuera criminalmente responsable".
c. La legislación tutelar también elimina otros importantes derechos y garantías incluyendo el principio de inocencia y el derecho a la defensa, ya que dentro de la legislación bajo estudio este es práctica¬mente inexistente pues los jóvenes no gozan de asistencia de un abogado defensor o de alguien que asuma este papel, ni tienen el derecho a llamar testigos o a presentar evidencias en su defensa. Aunque existe el derecho a apelar una sentencia el único que puede invocar este derecho es el "promotor" responsable de cada caso, que en teoría es independiente, pero que en realidad forma parte del personal del Consejo.
Igualmente, el menor no tiene derecho a invocar la "ausencia de responsabilidad penal", que es parte integral de la ley para adultos. Por ejemplo, a un menor no se le permite declararse inocente con base a que la falta fue cometida en legítima defensa o debido a un estado de necesidad. Esta legislación no distingue tampoco entre diversos tipos de participación en actos criminales. Por ejemplo, no tiene en cuenta si el menor fue autor material o cómplice; o la posibilidad de que su participación haya sido inducida por otros o que el menor haya sido utilizado para fines criminales por un adulto (Bullen, 1989: 10).
LA LEGISLACION DE DI¬CIEMBRE DE 1991 Y EL SISTEMA FORMAL AC¬TUAL.
Como ya se indicó, con la nueva legislación adoptada en 1991 para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en material federal, se intenta remediar las situaciones antes descritas, pero todavía es pronto para juzgar su aplicación real. Puede esperarse, además, que los demás estados de la República comiencen a adecuar sus legislaciones locales a la del Distrito Federal, como usualmente ocurre en México, pero por el momento como ya se indicó también, en 30 estados continúa predominando la legislación tutelar antes discutida.
CARACTERISTICAS DE LA NUEVA LEGISLACION
El artículo primero de esta ley resume su objetivo fundamental: "La presente ley tiene por objeto reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos de los menores, así como en la adaptación social de aquellos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales federales y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el Distrito Federal en materia común, y en toda la República en materia federal".
El principal avance que se logra con la nueva legislación es desterrar totalmente la posibilidad de que un menor ingrese a un centro de tratamiento sin que medie una conducta infractora y sin ser sometido a un proceso. El "peligrosismo" que caracteriza a la legislación tutelar se ve entonces limitado, aunque no desaparece totalmente, en la medida en que el art.38 de la nueva legislación establece que se le realizará al menor un diagnóstico biopsicosocial desde el momento mismo del procedimiento, o sea, antes de saber si es responsable o no. Este diagnóstico puede influir en la decisión a asumir ya que se determinará el grado de "peligrosidad" del menor, independientemente a veces de la gravedad de la conducta cometida.
La principal limitación que se mantiene aún en esta legislación es que el nuevo organismo rector es el "Consejo de Menores", que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior), al igual que lo era el "Consejo Tutelar de Menores" de la antigua legislación. No se da cumplimiento, por tanto, al Art.40¬III de la Convención que prevé la existencia de tribunales independientes e imparciales, que dependan del sistema judicial para conocer los casos de los menores infractores. Tal y como está previsto en la nueva (y en la vieja) legislación, el presidente del Consejo de Menores es nombrado por el Presidente de la República a propuesta de la Secretaría de Gobernación (Art.10 de la Ley de 1991). Todos los funcionarios que forman parte del Consejo de Menores, tanto los que funjen como Ministerios Públicos, como los que funjen como defensores del menor, son autoridades administrativas, no judiciales, y dependen del poder Ejecutivo.
Así, "hoy es el mismo poder ejecutivo el que persigue y atrapa al menor, el que consigue las pruebas para atribuirle responsabilidad penal -el Comisionado-, el que lo juzga y decide la pena que debe cumplir de en acuerdo a la ley de menores -el Consejero Unitario- y finalmente es el mismo órgano administrativo el que decide la última instancia ya que la "Sala Superior del Consejo de Menores" no hace parte del poder judicial...sin embargo sus decisiones no son recurribles ante ninguna autoridad judicial (Sánchez, 1993: 6).
ELEMENTOS PROCESALES.
El procedimiento (Arts. 36 al 72), en líneas generales establece que cuando un hecho sancionado por las leyes penales se atribuya a un menor de 18 años, el caso deberá ser trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento dependientes de la Secretaría de Gobernación y puesto a disposición del "Comisionado" en turno, quien integrará las pruebas en un plazo no mayor a las 24 horas y pondrá al menor a disposición del Consejero Unitario quien en un plazo de 48 horas, ampliable otras 48 horas más (Art. 36) deberá emitir la resolución inicial. En total se podría disponer de un plazo de 120 horas en las que el menor podría estar detenido antes de tomarse la decisión de liberarlo o continuar con el proceso. Esto parece, de entrada, excesivo.
Si el Consejero Unitario decide la sujeción del menor al procedimiento (Resolución Inicial), queda abierto el pro¬ceso de Instrucción dentro del cual se deberá realizar un diagnóstico biopsicosocial del menor el cual servirá de base para el dictamen que deberá emitir el Comité Técnico Interdisciplinario. Esta etapa tendrá una duración máxima de quince días hábiles dentro de los cuales el defensor del menor y el Comisionado podrán ofrecer por escrito las pruebas correspondientes. La audiencia tendrá lugar al finalizar esos 15 días y se desarrollará sin interrupción en un solo día.
La resolución definitiva deberá emitirse dentro de los cinco días hábiles siguientes, pero los órganos del Consejo podrán decretar hasta antes de dictar resolución definitiva, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Si se ha acreditado la infracción, el menor pasará a los centros de tratamiento interno que también dependen de la Secretaría de Gobernación y que se establecen mediante la misma ley que comenta¬mos en sus Arts. 33, 34, 35, 117 y 118.
En su artículo 119 la legislación establece que el tratamiento externo a los menores no podrá exceder de un año y el tratamiento interno no podrá exceder de cinco años.
La resolución establecida por el Consejero Unitario podrá ser apelada, en cuyo caso será conocida por la Sala Superior del Consejo quien deberá resolver la apelación en tres días o cinco días, dependiendo del tipo de resolución apelada.
En resumen, y según lo establece el artículo 7 de la legislación que comentamos, el procedimiento ante el Consejo de Menores comprende las siguientes etapas:
l Integración de la investigación de infracciones;
II Resolución inicial;
III Instrucción y diagnóstico;
IV Dictamen técnico;
V Resolución definitiva;
VI Aplicación de las medidas de orientación, protección y tratamiento;
VII Evaluación de la aplicación de las medidas de orientación y tratamiento;
VIII Conclusión del tratamiento, y
IX Seguimiento técnico ulterior.
En cuanto a los órganos del Consejo de Menores, estos son (art.8 los paréntesis son nuestros-):
I Un presidente del Consejo;
II Una Sala Superior (órgano de Apelación).
III Un secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.
IV Los Consejeros Unitarios (órgano juzgador)
V Un Comité Técnico Interdisciplinario (que realiza el diagnóstico).
VI Los secretarios de acuerdos de los consejeros unitarios;
VII Los Actuarios.
VIII Hasta tres consejeros supernumerarios;
IX La Unidad de Defensa de Menores, y
X Las unidades técnicas y administrativas que se determine.
Hay que destacar, que además de las medidas de internamiento, existen las llamadas medidas de orientación y protección, que aparecen en los artículos 97 y 103, respectivamente. Estas medidas son alternativas al internamiento en centros de reclusión y su finalidad es la de "obtener que el menor que ha cometido aquellas infracciones que correspondan a ilícitos tipificados en las leyes penales, no incurra en infracciones futuras". Son medidas de orientación: la amonestación; el apercibimiento; la terapia ocupacional; la formación ética, educativa y cultural; y la recreación y el deporte. Son medidas de protección: el arraigo familiar (responsabilizar a los padres o responsables del menor de la presentación periódica de éste en un centro de tratamiento y prohibición de abandonar el lugar de residencia sin autorización del Consejo); el traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familar; la inducción para asistir a instituciones especializadas; la prohibición de asistir a determinados lugares y de conducir vehículos; y, la aplicación de los instrumentos, objetos y productos de la infracción en los términos que determine la legislación penal para los casos de comisión de delitos.
Estas medidas, como tales, todavía han sido escasamente aplicadas debido a lo reciente de la legislación, siendo todavía la reclusión en centros de tratamiento la medida más utilizada.
DIAGNOSTICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE MENORES, DE LOS CONSEJOS TUTELARES DE MENORES Y DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO.
Hasta ahora hemos descrito las dos legislaciones para menores infractores existentes en México en la actualidad, haciendo algunos comentarios marginales al respecto. A continuación analizaremos la aplicación real de estas legislaciones para lo cual utilizaremos el último y prácticamente único diagnóstico que se ha realizado al respecto que fue el resultado de una investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en conjunción con UNICEF-México. Este diagnóstico (Comisión de Derechos Humanos -CNDH-, 1993) se refiere tanto a la legislación, a su aplicación y al funcionamiento de los centros de tratamiento y se basó, por un lado, en el análisis de las 32 legislaciones existentes en el país; y, por el otro, en una encuesta realizada en los 57 centros de atención a menores infractores existentes en el país, en cada uno de los cuales se entrevistó al 20% de los menores internos en los mismos. El total de los menores internos en ese momento era de 3,045 (CNDH, 1993: 10). Esta investigación constituye, por tanto, una referencia obligada para este trabajo, razón por la cual presentamos a continuación algunas de los principales resultados obtenidos.
SOBRE LA DETENCION DE LOS MENORES
Hay que especificar que no existe en México una policía especializada en menores, lo que hace que cualquier policía esté en capacidad de detener a un menor. En el estudio realizado se encontró que en un 38.7% los menores eran detenidos por policías preventivos, en un 42.2% por policías judiciales y en un 19% por otros (p.41), con frecuencia sin que medien órdenes legales (p. 12). Casi nunca se les aclara cuál es su situación, qué va a suceder con ellos, ni cuánto tiempo durará su encierro. Se encontró también que es habitual que se les maltrate, normalmente para que se declaren culpables. De la población entrevistada, el 46% dijo haber sido tratada bien durante el proceso de detención y el 54% dijo haber sido tratado mal. De estos últimos 34% sufrió maltratos físicos (golpes y torturas), 53% insultos, 5% robos, 4% amenazas y 3% privación de alimentos (p.42).
Parece ser común que se les lleve de un lugar a otro mientras se decide si van a ser internados o liberados y con frecuencia los más grandes permanecen en penales para adultos hasta que se compuebe que son menores, siendo ésta una de las peores experiencias a las que pueden ser expuestos.
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ATENDIDA
Según la investigación citada, casi todos los menores internos en centros de tratamiento provienen de familias de escasos recursos económicos, que tienen problemas de desintegración. Encontramos, por ejemplo, que sólo el 33.5% de los menores vivía con ambos padres y el 63% vivía sólo con la madre (p.37). Sin embargo, es importante destacar que según los las respuestas de los menores entrevistados sostenían, en general, una buena relación con las personas con las que vivían, ya que el 90%, indicó que se llevaban bien con ellos, el 89% que recibían apoyo; y el 88% respondió que las personas que vivían con ellos trabajaban, lo cual desmiente de alguna manera la visión de que los menores infractores viven en un medio social que les es absolutamente hostil.
En cuanto al nivel de estudio puede decirse que la mayoría de ellos estaba escolarizado ya que sólo el 8% no tenía ninguna escolaridad, el 46% había completado la primaria y el 20% había completado la secundaria, lo que revela, sin embargo, un nivel escolar bajo, si tomamos en cuenta que el grueso de los menores que ingresan a los centros de reclusión tienen edades que oscilan entre los 14 y los 17 años.
En ese intervalo de edades se ubica el 72% de los menores, distribuyéndose de la siguiente manera: 16% en los 14 años; 16% en los 15 años; 20% en los 16 años y 20% en los 17 años, lo que demuestra que éste es el período de edad más delicado en el proceso de formación de los menores.
El bajo nivel de escolaridad puede deberse en gran medida a que muchos de los menores trabajaban al momento de ingresar a los centros. Sólo un 15% dijo dedicarse únicamente a los estudios, mientras un 17% trabajaba en la calle, un 24% trabajaba como empleado y un 8% trabajaba en el campo.
De estos últimos, según pudo constatarse en la investigación realizada, la extrema miseria en que viven la mayoría de las familias campesinas, lleva a los menores a aceptar trabajos de siembra, pizca o traslado de drogas. En este medio ambiente es también en el que se registra la mayor cantidad de homicidios en los que participan menores.
Finalmente, en cuanto al sexo se mantienen las tendencias tradicionales ya que el 84% de los menores internados son varones y el 16% son mujeres.
LA CALIDAD DE LOS SER¬VICIOS
En relación a la calidad de los servicios en los centros de tratamiento, comenzaremos por evaluar estos servicios indicando que en muchos estados no existe la debida separación entre mujeres y varones. Encontramos así que las mujeres por ser una minoría, como se indicaba más arriba, reciben la peor calidad de servicios ya que en muchos casos son recluídas en centros que son en realidad para varones, lo que hace que se les mantenga el día completo en un dormitorio donde realizan todas las actividades del día: comen, duermen, tienen algunas clases y ciertos talleres y pasan su tiempo libre. Con frecuencia, para evitar el contacto entre hombres y mujeres a ellas se les impide el acceso regular al resto de las instalaciones.
Tampoco existe clasificación adecuada en cuanto al tipo de infracción cometida o a la edad de los menores. Hay instituciones en las cuales se llega al extremo de ubicar en una celda común a menores que han ingresado por razones muy diversas.
Esta situación se ve agudizada cuando se trata de clasificación por edades ya que en los centros se encuentren muchas veces pequeños hasta de 7 años, conviviendo con adolescentes casi adultos de 20 años.1 Esto ocurre así porque las edades mínima y máxima entre las que los menores son susceptibles de ser considerados infractores varía de un Estado a otro.
La edad mínima no está especificada en 23 estados, lo que hace que teóricamente hasta un niño de 4 ó 5 años puede ser internado por infractor en esos estados. En los otros nueve estados la edad mínima a ser considerada oscila entre los 6 y los 12 años. En la nueva legislación aprobada para el Distrito Federal la edad mínima considerada es de 12 años.
En cuanto a edad máxima, o sea, la edad en que comienza la imputabilidad penal, también varía de un estado al otro y oscila entre los 16 y los 18 años. En 15 estados las imputabilidad penal comienza a los 16 años y en 17 a los 18 años. Esta enorme variabilidad en las edades ligado a la insuficiente cantidad de centros hace que exista una mezcla injustificable de los menores dentro de una misma institución, lo que dificulta la posibilidad de un adecuado tratamiento y propicia la contaminación de los niños más pequeños por parte de los mayores.
Según estableció el informe que comentamos, las instalaciones de reclusión están casi siempre en mal estado y son insuficientes. Sin que entremos en detalle al respecto, basta señalar que los dormitorios son inadecuados, con camas de cemento, con frecuencia sin ropa de cama y sin privacidad, encontrándose casos en que más de un menor duerme en una misma cama y algunos en el piso. Los espacios arquitectónicos no son bien aprovechados, las construcciones no son ad-hoc y con frecuencia se sacrifica el bienestar de los menores en haras de la seguridad, como cuando se deja a los menores recluídos todo el día en su dormitorio, lugar donde realizan todas sus actividades.
En la mayoría de los centros las instalaciones sanitarias están en mal estado lo que atenta contra la propia salud de los menores pues se encontraron casos en que los excusados se sustituyen por botes que se colocan dentro de las habitaciones o que los comedores se encuentren ubicados cerca de los baños que despiden muy malos olores.
En cuanto a la alimentación se encontró que muchos de los problemas de salud de los internos se derivan de una dieta precaria y mal balanceada. Los servicios de salud son igualmente deficientes y no siempre hay médico de planta. Esta situación es aún más aguda en cuanto a las mujeres que sufren con frecuencia, debido a la edad, de desajustes ginecológicos. Se encontraron casos de abuso o acoso sexual por parte de los médicos.
En relación a los servicios educativos y de talleres se encontró que los mismos están mal administrados y aunque prácticamente en todos los centros se imparte la educación primaria, no todos los menores tienen acceso a la misma. Los que tienen un nivel educativo superior con frecuencia no pueden continuar la escuela porque no se ofrecen esos cursos. La educación informal (orientación sexual, formación e informa¬ción sobre problemas propios de su edad.) es prácticamente inexistente y los talleres suelen tener deficien¬cias en instalaciones, en disposición de material y de personal, por lo que la formación profesional no puede realizarse de manera adecuada.
Finalmente, y en estrecha relación con lo anterior, se registran serias deficiencias en cuanto al personal ya que no tienen una adecuada capacitación, lo que se ve agravado por el hecho de que el personal básico está constituído por los custodios quienes tienen usualmente un bajo nivel educativo, lo que no queda compensado con el breve curso de formación que reciben. Son los custodios, en general, los que implementan un ambiente de vigilancia, temor y de maltrato entre los menores además de que son ellos los que instalan prácticas corruptas en las que a veces también participan otras autoridades como venta de libertades, arreglo de fugas o tráfico de drogas.
En relación a todo lo anterior debe decirse que no es casual que la mayor cantidad de recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las instituciones de menores entre 1991 y 1993 fue en relación al estado de las instalaciones, a la deficiencia en los servicios médicos, a la organización de los servicios, al maltrato a los menores y a la falta de capacitación del personal.
RELACIONES CON EL EXTE¬RIOR
Este último aspecto al que hacemos referencia es muy importante ya que el menor que ingresa a un centro de tratamiento no debe ser aislado de su familia sobre todo debido a la etapa de la vida en que se encuentra. Sin embargo, en un 26% los menores entrevistados refirieron estar imposibilitados de ver a sus familias. Se encontró, igualmente, que con frecuencia se manipulan los permisos de visita, los que se utilizan como medidas de presión sancionándose a veces con la pérdida de este derecho. Por otra parte, las autoridades no siempre avisan de las dificultades para visitarlos.
PRACTICAS "INFORMALES"
Las prácticas informales más frecuentes en México son:
l. El fenómeno de las razzias y del control de los niños de la calle. Esta ha sido tradicionalmente las formas más utilizadas por las policías para el control de los menores de escasos recursos económicos pues se realizan en los sectores más pobres de las grandes ciudades. A pesar de estar legalmente prohibidas son una práctica cotidiana sobre todo en el Distrito Federal y se ha venido aplicando en los últimos años sobre todo en contra de los niños de la calle. De la población que se atrapa indiscriminadamente la policía fabrica con frecuencia culpables de delitos sin resolver, y ha llegado a afirmar que el 10% de los atrapados sin que exista orden judicial o delito cometido son realmente delincuentes (Justicia y Paz, 1993: 8).
2. Ligado a lo anterior encontramos el sistema de extorsión implementado por la policía también mayormente en contra de los niños de la calle y de las jóvenes prostitutas, lo que hace que estos menores en muchos casos no entren dentro del sistema de justicia formal pero que se encuentren ilegalmente controlados por algunas instancias de éste. Un buen ejemplo de esta práctica es lo registrado por una de las ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos de los menores en México, que en julio de 1993, en un solo día recibió 39 denuncias de niños de la calle extorsionados por policías preventivos y de tránsito que les exigían 100 pesos mensuales para dejarlos dormir en un albergue para niños de la calle (Justicia y Paz, 1993: 64).
3. Otro ejemplo de ejercicio informal del control es la realización de redadas de menores que se encuentran violando ciertas disposiciones locales como son las que prohiben la venta ambulante, en particular en los lugares turísticos. Es importante subrayar la importancia de este fenómeno ya que se estima que entre 6 y 9 millones de niños realizan este tipo de actividad (Staelens, 1993: 82) debido a la extrema pobreza en la que se encuentra más de la cuarta parte de la población mexicana.
Debido a que ejercer una actividad prohibida por disposiciones locales o por la Ley Federal del Trabajo (que prohibe el trabajo de los menores de 14 años) no constituye un delito, esos menores no son usualmente sometidos al sistema de justicia penal de menores y, por tanto es la aplicación desviada de leyes de protección de menores lo que va a permitir la represión de los mismos.
En efecto, esos menores se encuentran cotidianamente perseguidos y detenidos por la policía quienes después de haberlos despojado de sus mercancías y ganancias, los envían a los centros de asistencia para menores en dificultad que dependen del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo estatal encargado de la protección y asistencia de los menores y sus familias). En esos centros son internados entre 15 y 30 días bajo una estricta vigilancia. Durante este plazo no reciben ningún tipo de servicio y las autoridades se limitan a averiguar el lugar de origen de los menores para remitirlos a dichos lugares al finalizar este plazo. Esto constituye un círculo vicioso pues el menor vuelve a sus actividades debido a que los problemas económicos que las han provocado persisten, exponiéndose nuevamente al mismo tipo de represión.
Lo anterior son ejemplos de la existencia de un sistema de control de menores paralelo en México, que con fre¬cuencia es ejercido por la policía, pero que también es ejercido por otros organismos estatales que entran dentro del sistema asistencial propiamente dicho.
SUMARIO
Como ha sido discutido, existen dos grandes tendencias en las 32 legislaciones existentes en la actualidad en México en cuanto a Justicia de Menores. Por un lado, la tendencia que se inauguró en 1974 cuando fue creado el Consejo Tutelar para Menores que dio al sistema de menores un carácter asistencial-proteccionista que, sin embargo, se reveló en la práctica como un sistema donde el menor perdía todas sus garantías procesales y derechos constitucionales cuya situación más extrema es la de violar el principio constitucional de que no hay crimen ni pena sin ley. Con ligeras diferencias, este tipo de legislación es el todavía existente en 30 de los estados de la república mexicana.
Por otro lado, a raíz de la aprobación y ratificación por México de la Convención de los Derechos del Niño y del compromiso asumido por la administración Salinas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia realizada en Nueva York en 1990, dicha administración se vio obligada a modificar la legislación tutelar existente, que violaba los preceptos establecidos en el Art. 40 de la Convención relativo a la Justicia de Menores.
Es así como, un tanto al vapor, es aprobada en 1991 la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal que conlleva un enfoque más garantista y moderno de la justicia de menores, aunque mantiene limitaciones fundamen¬tales para la realización de un proceso justo a los menores. La limitación fundamental es que tanto el antiguo Consejo Tutelar de Menores como el actual Consejo de Menores dependen de la Secretaría de Gobernación, lo que implica que es un órgano administrativo, cuyos funcionarios dependen todos del poder Ejecutivo, el que va a hacerse cargo de todas las instancias del proceso penal de menores sin que exista, por tanto, una real independencia de poderes. Esto hace que tanto el órgano juzgador, como el de apelación, como el de defensa del menor pertenezcan a la misma instan¬cia administrativa, al igual que los centros de tratamiento a los que va a ser enviado dicho menor si es encontrado culpable de la conducta cometida.
Se discutieron, igualmente, las características fundamentales de la población que llega a los Consejos y a las instituciones de tratamiento, destacándose que el grueso de esta población pertenece a los sectores económicos más desfavorecidos en México, lo que es coherente con lo que se registra también para el sistema de justicia penal de los adultos.
Se vio que la población atendida en 1993 ascendía a 3,045 menores para toda la república, distribuídos en 57 centros de atención a menores infractores. Esta cantidad es sumamente baja si se toma en cuenta que la población nacional es de 85 millones de habitantes y que más del 50% de dicha población es menor de 18 años, lo que revela que gran parte de control social que se ejerce sobre los menores se hace vía el control informal, algunos de cuyos ejemplos también fueron discutidos en este trabajo.
Finalmente, se discutió ampliamente la más reciente y confiable investigación realizada en materia de justicia de menores, dirigida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por UNICEF-México a partir de la cual se evidenciaron las grandes deficiencias que caracterizan aún al sistema judicial de menores y a las instituciones de trata¬miento que albergan a los menores infractores. Retomamos como resumen final las más significativas deficiencias que se mantienen aún en la legislación de menores:
- Se desconocen los principios de legalidad y de proporcionalidad, pues puede no haber conducta previa al apresamiento y la intensidad y duración de la medida establecida no tiene usualmente relación con la gravedad de la conducta. Esto hace que un menor que roba un objeto insignificante pueda ser privado de su libertad por más tiempo que un homicida adulto. La privación de la libertad no está limitada, como debería, a conductas realmente graves, lo que refleja una política criminológica más dura e injusta hacia los menores que hacia los adultos.
- No se contemplan en la justicia de menores las garantías y formalidades esenciales que implican un procedimiento penal democrático tales como: derecho a la defensa, libre deposición de pruebas, separación entre los órganos que actúan en el procedimiento -acusador, defensor y juzgador-, posibilidad de interponer recursos (en 17 entidades no existe esta posibilidad), detención preventiva sólo a través de un mandato escrito fundado y motivado (este es uno de los principios más violados en toda la república), y el beneficio de la libertad provisional en aquellos casos en que la conducta no amerite internamiento o de la libertad bajo fianza, muy practicada en la justicia de adultos.
- Las edades para la aplicación de la ley penal no son fijadas en sus límites inferiores en muchos estados. En 23 estados no se establece el límite inferior, tal y como recomienda el Art. 40 numeral 3 inciso a) de la Convención. Sería recomendable asumir, como lo ha hecho ya la Ley de 1991 los 12 años como la edad límite inferior.
- No se fijan en algunos casos los plazos límites para la resolución inicial que establece si el menor queda a disposición del Consejo o no y en otros casos esos plazos son muy amplios, llegándose a veces hasta las 72 y las 120 horas, tiempo en que el menor está realmente detenido. Por otra parte, en cuanto a la resolución final, el plazo usual es de 30 días, pero según la investigación realizada un 25% de los menores había esperado por dicha resolución más del plazo establecido.
- Sólo cuatro estados establecen la caducidad de una infracción y sólo en tres estados se encuentra prevista la reparación del daño que es muy benéfica porque permite resarcir al afectado, permite el perdón o suspensión de la medida y ha demostrado tener muy positivos efectos reso¬cializadores.
- En cuanto a las instituciones de tratamiento, además de los discutidos problemas de condiciones físicas y de salubridad, el problema más acuciante es el de la inexistencia real de clasificación según sexo, edad y conducta, recomendados claramente por la Convención en los Artículos 37 y 40. Al respecto, no existen soluciones concretas tampoco para los casos de menores que alcanzan la mayoría de edad estando en centros de tratamiento pues en la actualidad se opta con frecuencia por trasladarlos a las instituciones para adultos, lo cual resulta muy negativo para el proceso de reinserción social del menor.
- Puede considerarse que en general el sistema de justicia y de tratamiento de los menores infractores no está basado en un respeto real de sus derechos humanos y civiles lo cual es difícil de lograr si no existe al menos el personal capacitado necesario que participe en todas las instancias del proceso al que es sometido el menor desde su ingreso al consejo hasta su salida y seguimiento luego de haber sido internado en un centro de tratamiento. En 26 estados se encontró que no existen los órganos técnicos colegiados necesarios para ofrecer al menor el procedimiento y el tratamiento necesarios que exigen la Constitución de la República en su Art.18, las leyes particulares ya comentadas y la actual Convención de los Derechos del Niño.
- Por último, puede preverse que en la práctica ocurra un verdadero conflicto de leyes y de jurisdicción cuando se pretenda aplicar la nueva legislación en los estados de la república, ya que se superponen dos ordenamientos jurídicos diferentes, uno estatal de orden común y otro federal, al igual que existen dos procedimientos casi opuestos entre ellos y dos organismos administrativos diferentes encargados de aplicar dichos ordenamientos.
NOTAS
REFERENCIAS
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Azaola, E. 1990. "La Institución Correccional en México. Una mirada extraviada. México, D.F.: Siglo XXI/CIESAS.
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--------- 1992. "Textos de Derechos Humanos sobre la Niñez. México, D.F.
Lazo, P. 1993. "La impunidad y la fabricación de culpables en los jóvenes". Revista Justicia y Paz 31: 8-10. México, D.F.
Sánchez, A. 1993. "La Ley para el tratamiento de menores viola la constitución política y los Derechos Humanos". México, D.F.: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Staelens, P. (Compilador) 1991. "La problemática del niño en México". México, D.F.: UAM-UNICEF-OIT.
------- 1993. "El Trabajo de los Menores". México, D.F.: UAM-Serie Libro de Textos.
Tenorio, F. 1989. "Entre definición y lógica del sistema: acerca de la justica de menores, un análisis crítico de su realidad": Revista Mexicana de Justicia 2, Vol. VII:433-40.
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores. 1994. México, D.F.: Ediciones Delma.
Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores del D.F. 1986.
Recopilación de legislación sobre menores. México, D.F.: DIF Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño
APENDICE
Agencias Involucradas en el Sistema de Justicia de Menores.
- Consejo de Menores del Distrito Federal, Obrero Mundial, Distrito Federal.
- Centro de Tratamiento para Menores Infractores (varones), San Fernando, Tlalpan, Distrito Federal.
- Centro de Tratamiento para Menores Infractores (mujeres), Av. Universidad y Viveros, Coyoacán, Dis¬trito Federal.
- Procuraduría de la Defensa del menor y la familia, Prolongación Xochicalco 947, Colonia Portales, Distri¬to Federal.
- Agencia Investigadora Especializada en Asuntos del Menor, Niños Héroes 61, planta baja, Colonia Doctores, Distrito Federal.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Peri¬férico Sur 3469 esq. Calle Luis Cabrera, Colonia San Jerónimo, D.F.
- Consejos Tutelares para Menores de los Estados.
Organizaciones No-Gubernamentales:
- Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Odontología 35, Colonia Copilco-Universidad, D.F.
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Ana Josefina Alvarez
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM
INTRODUCCION
En su condición de República Federal, México exhibe una diversidad de instrumentos jurídicos atinentes a la justicia de menores. Existen en la actualidad 32 legislaciones diferentes correspondientes a los 31 estados y al Distrito Federal. La base constitucional de tal legislación se encuentra en el artículo 18 de la Constitución de 1917, vigente en la actualidad.
Existen dos grandes tendencias en las justicias de menores en México. Este artículo se dedicará en gran medida a discutir las características y diferencias entre esas dos grandes tendencias.
En general puede decirse que hasta 1991 las leyes que regulaban lo relativo a las infracciones de menores tenían carácter tutelar, eran locales y correspondían al fuero común. Sin embargo, una nueva Ley fue aprobada al respecto: la "Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal" publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1991. Dicha ley transforma esta situación y prevé la aplicación de la misma en los diferentes estados de la República cuando se trate de delitos de fuero federal, otorgando competencia para conocer de estos casos a los "Consejos o Tribunales Locales" para menores del lugar donde se haya cometido el acto u omisión.
La nueva legislación ha pretendido adecuar el sistema de justicia penal de menores mexicano a lo establecido en los artículos atinentes al tema por la Convención sobre Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. México fue uno de los 20 primeros países en ratificar dicha Convención el 31 de julio de 1990, por parte del Senado, siendo promulgada por el Ejecutivo el 25 de enero de 1991, con lo que la convirtió en norma general obligatoria. Por tanto, en menos de un año se intentó la adecuación de una legislación que en ese momento estaba muy lejos de cumplir con los requisitos establecidos por la Convención. La nueva legislación ha sido adoptada únicamente por el Distrito Federal y el estado de Morelos.
UN POCO DE HISTORIA: LA LEGISLACION TUTELAR-ASISTENCIAL
Hasta esa fecha, la base legal del sistema bajo análisis se encontraba en la legislación que creaba los "Consejos Tutelares para Menores Infractores", adoptada por el Distrito Federal en septiembre de 1974 y que sirvió de modelo para la legislación de los demás estados de la República. En la actualidad, 30 estados continúan aplicando este tipo de legislación que tiene un carácter fundamentalmente tutelar y que conlleva a importantes limitaciones procesales y garantísti¬cas, como se verá a continuación.
El modelo tutelar reemplazó a las antiguas "Cortes para Menores" que funcionaban en México desde 1929 (Azaola, 1990: 52). El mayor avance logrado con esa legislación, en su momento, fue la separación definitiva del sistema de menores y de los centros de reclusión de los mismos, del sistema de los adultos.
Las características fundamentales del enfoque tutelar es que los menores no son considerados como "delincuentes" sino como "infractores". El menor de 18 años de edad que comete una conducta incluida en el Código Penal es considerado como un inimputable en tanto que, según la legislación tutelar, no existe responsabilidad penal ya que los menores, por su edad, son incapaces de comprender la ley penal. Dentro de este enfoque proteccionista, los jueces son reemplazados por "consejeros" y los menores no reciben "sentencias" sino "medidas de seguridad o de protección".
Los Consejos están constituidos, en general, por tres personas: un abogado -quien preside durante el proceso-, un médico y un profesor especializado en menores infractores. Las audiencias son confidenciales y el Consejo debe abstenerse de aplicar, en la medida de lo posible, las formalidades que caracterizan el proceso en la justicia de adultos.
El enfoque tutelar, aunque creado con un objetivo honesto de proteger a los menores y de someterlos a un proceso menos agresivo que el de los adultos, en la realidad ha colocado al menor en una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad al eliminar las principales garantías constitucionales del proceso penal y ciertos derechos individuales fundamentales. Insistiremos en este punto por considerarlo de particular importancia.
LIMITACIONES DEL SISTEMA TUTELAR-ASISTENCIAL
A grosso modo, las principales limitaciones de este modelo de justicia minoril son las siguientes (Alvarez, 1990: p. 17):
a. El sistema tutelar propicia la violación del principio de legalidad y priva a los jóvenes de los derechos y garantías derivadas del artículo 14 de la Constitución Mexicana que indica "ningún crimen, ninguna pena sin la ley", ya que los menores pueden ser ingresados a un centro de tratamiento como medida "preventiva", o sea, sin haber realizado una conducta prohibida por la ley penal o por cualquier otra norma. Esto queda establecido en la legislación en su Art.II cuando señala que el Consejo Tutelar podrá intervenir cuando el joven viola la ley penal..."o manifiesta cualquier otro comportamiento que pueda conducir a presumir básica¬mente, una inclinación a hacerse daño a sí mismo, a alguien de la familia o a la sociedad, y por tanto, justifica la acción preventiva del Consejo."
b. Otro aspecto negativo de la legislación tutelar que analizamos en esta primera parte es lo señalado en el Art. 61, que establece una duración indeterminada de las medidas impuestas por el Consejo. Así, las medidas de seguridad aplicadas no dependen directamente de la conducta cometida por el menor, sino del proceso de "readaptación social" del joven. Por tanto, el menor sabe cuándo ingresa a un centro de tratamiento, pero no cuando va a salir de allí. Esta medi¬da coloca al menor ante una situación desventajosa en relación con la legislación de adultos que impone términos fijos a la sentencia. En México, aún en casos de adultos que no tienen responsabilidad criminal, como los enfermos mentales, el Código Penal del Distrito Federal ordena que "el trata¬miento no podrá exceder la máxima sentencia aplicable si el autor fuera criminalmente responsable".
c. La legislación tutelar también elimina otros importantes derechos y garantías incluyendo el principio de inocencia y el derecho a la defensa, ya que dentro de la legislación bajo estudio este es práctica¬mente inexistente pues los jóvenes no gozan de asistencia de un abogado defensor o de alguien que asuma este papel, ni tienen el derecho a llamar testigos o a presentar evidencias en su defensa. Aunque existe el derecho a apelar una sentencia el único que puede invocar este derecho es el "promotor" responsable de cada caso, que en teoría es independiente, pero que en realidad forma parte del personal del Consejo.
Igualmente, el menor no tiene derecho a invocar la "ausencia de responsabilidad penal", que es parte integral de la ley para adultos. Por ejemplo, a un menor no se le permite declararse inocente con base a que la falta fue cometida en legítima defensa o debido a un estado de necesidad. Esta legislación no distingue tampoco entre diversos tipos de participación en actos criminales. Por ejemplo, no tiene en cuenta si el menor fue autor material o cómplice; o la posibilidad de que su participación haya sido inducida por otros o que el menor haya sido utilizado para fines criminales por un adulto (Bullen, 1989: 10).
LA LEGISLACION DE DI¬CIEMBRE DE 1991 Y EL SISTEMA FORMAL AC¬TUAL.
Como ya se indicó, con la nueva legislación adoptada en 1991 para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en material federal, se intenta remediar las situaciones antes descritas, pero todavía es pronto para juzgar su aplicación real. Puede esperarse, además, que los demás estados de la República comiencen a adecuar sus legislaciones locales a la del Distrito Federal, como usualmente ocurre en México, pero por el momento como ya se indicó también, en 30 estados continúa predominando la legislación tutelar antes discutida.
CARACTERISTICAS DE LA NUEVA LEGISLACION
El artículo primero de esta ley resume su objetivo fundamental: "La presente ley tiene por objeto reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos de los menores, así como en la adaptación social de aquellos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales federales y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el Distrito Federal en materia común, y en toda la República en materia federal".
El principal avance que se logra con la nueva legislación es desterrar totalmente la posibilidad de que un menor ingrese a un centro de tratamiento sin que medie una conducta infractora y sin ser sometido a un proceso. El "peligrosismo" que caracteriza a la legislación tutelar se ve entonces limitado, aunque no desaparece totalmente, en la medida en que el art.38 de la nueva legislación establece que se le realizará al menor un diagnóstico biopsicosocial desde el momento mismo del procedimiento, o sea, antes de saber si es responsable o no. Este diagnóstico puede influir en la decisión a asumir ya que se determinará el grado de "peligrosidad" del menor, independientemente a veces de la gravedad de la conducta cometida.
La principal limitación que se mantiene aún en esta legislación es que el nuevo organismo rector es el "Consejo de Menores", que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior), al igual que lo era el "Consejo Tutelar de Menores" de la antigua legislación. No se da cumplimiento, por tanto, al Art.40¬III de la Convención que prevé la existencia de tribunales independientes e imparciales, que dependan del sistema judicial para conocer los casos de los menores infractores. Tal y como está previsto en la nueva (y en la vieja) legislación, el presidente del Consejo de Menores es nombrado por el Presidente de la República a propuesta de la Secretaría de Gobernación (Art.10 de la Ley de 1991). Todos los funcionarios que forman parte del Consejo de Menores, tanto los que funjen como Ministerios Públicos, como los que funjen como defensores del menor, son autoridades administrativas, no judiciales, y dependen del poder Ejecutivo.
Así, "hoy es el mismo poder ejecutivo el que persigue y atrapa al menor, el que consigue las pruebas para atribuirle responsabilidad penal -el Comisionado-, el que lo juzga y decide la pena que debe cumplir de en acuerdo a la ley de menores -el Consejero Unitario- y finalmente es el mismo órgano administrativo el que decide la última instancia ya que la "Sala Superior del Consejo de Menores" no hace parte del poder judicial...sin embargo sus decisiones no son recurribles ante ninguna autoridad judicial (Sánchez, 1993: 6).
ELEMENTOS PROCESALES.
El procedimiento (Arts. 36 al 72), en líneas generales establece que cuando un hecho sancionado por las leyes penales se atribuya a un menor de 18 años, el caso deberá ser trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento dependientes de la Secretaría de Gobernación y puesto a disposición del "Comisionado" en turno, quien integrará las pruebas en un plazo no mayor a las 24 horas y pondrá al menor a disposición del Consejero Unitario quien en un plazo de 48 horas, ampliable otras 48 horas más (Art. 36) deberá emitir la resolución inicial. En total se podría disponer de un plazo de 120 horas en las que el menor podría estar detenido antes de tomarse la decisión de liberarlo o continuar con el proceso. Esto parece, de entrada, excesivo.
Si el Consejero Unitario decide la sujeción del menor al procedimiento (Resolución Inicial), queda abierto el pro¬ceso de Instrucción dentro del cual se deberá realizar un diagnóstico biopsicosocial del menor el cual servirá de base para el dictamen que deberá emitir el Comité Técnico Interdisciplinario. Esta etapa tendrá una duración máxima de quince días hábiles dentro de los cuales el defensor del menor y el Comisionado podrán ofrecer por escrito las pruebas correspondientes. La audiencia tendrá lugar al finalizar esos 15 días y se desarrollará sin interrupción en un solo día.
La resolución definitiva deberá emitirse dentro de los cinco días hábiles siguientes, pero los órganos del Consejo podrán decretar hasta antes de dictar resolución definitiva, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Si se ha acreditado la infracción, el menor pasará a los centros de tratamiento interno que también dependen de la Secretaría de Gobernación y que se establecen mediante la misma ley que comenta¬mos en sus Arts. 33, 34, 35, 117 y 118.
En su artículo 119 la legislación establece que el tratamiento externo a los menores no podrá exceder de un año y el tratamiento interno no podrá exceder de cinco años.
La resolución establecida por el Consejero Unitario podrá ser apelada, en cuyo caso será conocida por la Sala Superior del Consejo quien deberá resolver la apelación en tres días o cinco días, dependiendo del tipo de resolución apelada.
En resumen, y según lo establece el artículo 7 de la legislación que comentamos, el procedimiento ante el Consejo de Menores comprende las siguientes etapas:
l Integración de la investigación de infracciones;
II Resolución inicial;
III Instrucción y diagnóstico;
IV Dictamen técnico;
V Resolución definitiva;
VI Aplicación de las medidas de orientación, protección y tratamiento;
VII Evaluación de la aplicación de las medidas de orientación y tratamiento;
VIII Conclusión del tratamiento, y
IX Seguimiento técnico ulterior.
En cuanto a los órganos del Consejo de Menores, estos son (art.8 los paréntesis son nuestros-):
I Un presidente del Consejo;
II Una Sala Superior (órgano de Apelación).
III Un secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.
IV Los Consejeros Unitarios (órgano juzgador)
V Un Comité Técnico Interdisciplinario (que realiza el diagnóstico).
VI Los secretarios de acuerdos de los consejeros unitarios;
VII Los Actuarios.
VIII Hasta tres consejeros supernumerarios;
IX La Unidad de Defensa de Menores, y
X Las unidades técnicas y administrativas que se determine.
Hay que destacar, que además de las medidas de internamiento, existen las llamadas medidas de orientación y protección, que aparecen en los artículos 97 y 103, respectivamente. Estas medidas son alternativas al internamiento en centros de reclusión y su finalidad es la de "obtener que el menor que ha cometido aquellas infracciones que correspondan a ilícitos tipificados en las leyes penales, no incurra en infracciones futuras". Son medidas de orientación: la amonestación; el apercibimiento; la terapia ocupacional; la formación ética, educativa y cultural; y la recreación y el deporte. Son medidas de protección: el arraigo familiar (responsabilizar a los padres o responsables del menor de la presentación periódica de éste en un centro de tratamiento y prohibición de abandonar el lugar de residencia sin autorización del Consejo); el traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familar; la inducción para asistir a instituciones especializadas; la prohibición de asistir a determinados lugares y de conducir vehículos; y, la aplicación de los instrumentos, objetos y productos de la infracción en los términos que determine la legislación penal para los casos de comisión de delitos.
Estas medidas, como tales, todavía han sido escasamente aplicadas debido a lo reciente de la legislación, siendo todavía la reclusión en centros de tratamiento la medida más utilizada.
DIAGNOSTICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE MENORES, DE LOS CONSEJOS TUTELARES DE MENORES Y DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO.
Hasta ahora hemos descrito las dos legislaciones para menores infractores existentes en México en la actualidad, haciendo algunos comentarios marginales al respecto. A continuación analizaremos la aplicación real de estas legislaciones para lo cual utilizaremos el último y prácticamente único diagnóstico que se ha realizado al respecto que fue el resultado de una investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en conjunción con UNICEF-México. Este diagnóstico (Comisión de Derechos Humanos -CNDH-, 1993) se refiere tanto a la legislación, a su aplicación y al funcionamiento de los centros de tratamiento y se basó, por un lado, en el análisis de las 32 legislaciones existentes en el país; y, por el otro, en una encuesta realizada en los 57 centros de atención a menores infractores existentes en el país, en cada uno de los cuales se entrevistó al 20% de los menores internos en los mismos. El total de los menores internos en ese momento era de 3,045 (CNDH, 1993: 10). Esta investigación constituye, por tanto, una referencia obligada para este trabajo, razón por la cual presentamos a continuación algunas de los principales resultados obtenidos.
SOBRE LA DETENCION DE LOS MENORES
Hay que especificar que no existe en México una policía especializada en menores, lo que hace que cualquier policía esté en capacidad de detener a un menor. En el estudio realizado se encontró que en un 38.7% los menores eran detenidos por policías preventivos, en un 42.2% por policías judiciales y en un 19% por otros (p.41), con frecuencia sin que medien órdenes legales (p. 12). Casi nunca se les aclara cuál es su situación, qué va a suceder con ellos, ni cuánto tiempo durará su encierro. Se encontró también que es habitual que se les maltrate, normalmente para que se declaren culpables. De la población entrevistada, el 46% dijo haber sido tratada bien durante el proceso de detención y el 54% dijo haber sido tratado mal. De estos últimos 34% sufrió maltratos físicos (golpes y torturas), 53% insultos, 5% robos, 4% amenazas y 3% privación de alimentos (p.42).
Parece ser común que se les lleve de un lugar a otro mientras se decide si van a ser internados o liberados y con frecuencia los más grandes permanecen en penales para adultos hasta que se compuebe que son menores, siendo ésta una de las peores experiencias a las que pueden ser expuestos.
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ATENDIDA
Según la investigación citada, casi todos los menores internos en centros de tratamiento provienen de familias de escasos recursos económicos, que tienen problemas de desintegración. Encontramos, por ejemplo, que sólo el 33.5% de los menores vivía con ambos padres y el 63% vivía sólo con la madre (p.37). Sin embargo, es importante destacar que según los las respuestas de los menores entrevistados sostenían, en general, una buena relación con las personas con las que vivían, ya que el 90%, indicó que se llevaban bien con ellos, el 89% que recibían apoyo; y el 88% respondió que las personas que vivían con ellos trabajaban, lo cual desmiente de alguna manera la visión de que los menores infractores viven en un medio social que les es absolutamente hostil.
En cuanto al nivel de estudio puede decirse que la mayoría de ellos estaba escolarizado ya que sólo el 8% no tenía ninguna escolaridad, el 46% había completado la primaria y el 20% había completado la secundaria, lo que revela, sin embargo, un nivel escolar bajo, si tomamos en cuenta que el grueso de los menores que ingresan a los centros de reclusión tienen edades que oscilan entre los 14 y los 17 años.
En ese intervalo de edades se ubica el 72% de los menores, distribuyéndose de la siguiente manera: 16% en los 14 años; 16% en los 15 años; 20% en los 16 años y 20% en los 17 años, lo que demuestra que éste es el período de edad más delicado en el proceso de formación de los menores.
El bajo nivel de escolaridad puede deberse en gran medida a que muchos de los menores trabajaban al momento de ingresar a los centros. Sólo un 15% dijo dedicarse únicamente a los estudios, mientras un 17% trabajaba en la calle, un 24% trabajaba como empleado y un 8% trabajaba en el campo.
De estos últimos, según pudo constatarse en la investigación realizada, la extrema miseria en que viven la mayoría de las familias campesinas, lleva a los menores a aceptar trabajos de siembra, pizca o traslado de drogas. En este medio ambiente es también en el que se registra la mayor cantidad de homicidios en los que participan menores.
Finalmente, en cuanto al sexo se mantienen las tendencias tradicionales ya que el 84% de los menores internados son varones y el 16% son mujeres.
LA CALIDAD DE LOS SER¬VICIOS
En relación a la calidad de los servicios en los centros de tratamiento, comenzaremos por evaluar estos servicios indicando que en muchos estados no existe la debida separación entre mujeres y varones. Encontramos así que las mujeres por ser una minoría, como se indicaba más arriba, reciben la peor calidad de servicios ya que en muchos casos son recluídas en centros que son en realidad para varones, lo que hace que se les mantenga el día completo en un dormitorio donde realizan todas las actividades del día: comen, duermen, tienen algunas clases y ciertos talleres y pasan su tiempo libre. Con frecuencia, para evitar el contacto entre hombres y mujeres a ellas se les impide el acceso regular al resto de las instalaciones.
Tampoco existe clasificación adecuada en cuanto al tipo de infracción cometida o a la edad de los menores. Hay instituciones en las cuales se llega al extremo de ubicar en una celda común a menores que han ingresado por razones muy diversas.
Esta situación se ve agudizada cuando se trata de clasificación por edades ya que en los centros se encuentren muchas veces pequeños hasta de 7 años, conviviendo con adolescentes casi adultos de 20 años.1 Esto ocurre así porque las edades mínima y máxima entre las que los menores son susceptibles de ser considerados infractores varía de un Estado a otro.
La edad mínima no está especificada en 23 estados, lo que hace que teóricamente hasta un niño de 4 ó 5 años puede ser internado por infractor en esos estados. En los otros nueve estados la edad mínima a ser considerada oscila entre los 6 y los 12 años. En la nueva legislación aprobada para el Distrito Federal la edad mínima considerada es de 12 años.
En cuanto a edad máxima, o sea, la edad en que comienza la imputabilidad penal, también varía de un estado al otro y oscila entre los 16 y los 18 años. En 15 estados las imputabilidad penal comienza a los 16 años y en 17 a los 18 años. Esta enorme variabilidad en las edades ligado a la insuficiente cantidad de centros hace que exista una mezcla injustificable de los menores dentro de una misma institución, lo que dificulta la posibilidad de un adecuado tratamiento y propicia la contaminación de los niños más pequeños por parte de los mayores.
Según estableció el informe que comentamos, las instalaciones de reclusión están casi siempre en mal estado y son insuficientes. Sin que entremos en detalle al respecto, basta señalar que los dormitorios son inadecuados, con camas de cemento, con frecuencia sin ropa de cama y sin privacidad, encontrándose casos en que más de un menor duerme en una misma cama y algunos en el piso. Los espacios arquitectónicos no son bien aprovechados, las construcciones no son ad-hoc y con frecuencia se sacrifica el bienestar de los menores en haras de la seguridad, como cuando se deja a los menores recluídos todo el día en su dormitorio, lugar donde realizan todas sus actividades.
En la mayoría de los centros las instalaciones sanitarias están en mal estado lo que atenta contra la propia salud de los menores pues se encontraron casos en que los excusados se sustituyen por botes que se colocan dentro de las habitaciones o que los comedores se encuentren ubicados cerca de los baños que despiden muy malos olores.
En cuanto a la alimentación se encontró que muchos de los problemas de salud de los internos se derivan de una dieta precaria y mal balanceada. Los servicios de salud son igualmente deficientes y no siempre hay médico de planta. Esta situación es aún más aguda en cuanto a las mujeres que sufren con frecuencia, debido a la edad, de desajustes ginecológicos. Se encontraron casos de abuso o acoso sexual por parte de los médicos.
En relación a los servicios educativos y de talleres se encontró que los mismos están mal administrados y aunque prácticamente en todos los centros se imparte la educación primaria, no todos los menores tienen acceso a la misma. Los que tienen un nivel educativo superior con frecuencia no pueden continuar la escuela porque no se ofrecen esos cursos. La educación informal (orientación sexual, formación e informa¬ción sobre problemas propios de su edad.) es prácticamente inexistente y los talleres suelen tener deficien¬cias en instalaciones, en disposición de material y de personal, por lo que la formación profesional no puede realizarse de manera adecuada.
Finalmente, y en estrecha relación con lo anterior, se registran serias deficiencias en cuanto al personal ya que no tienen una adecuada capacitación, lo que se ve agravado por el hecho de que el personal básico está constituído por los custodios quienes tienen usualmente un bajo nivel educativo, lo que no queda compensado con el breve curso de formación que reciben. Son los custodios, en general, los que implementan un ambiente de vigilancia, temor y de maltrato entre los menores además de que son ellos los que instalan prácticas corruptas en las que a veces también participan otras autoridades como venta de libertades, arreglo de fugas o tráfico de drogas.
En relación a todo lo anterior debe decirse que no es casual que la mayor cantidad de recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las instituciones de menores entre 1991 y 1993 fue en relación al estado de las instalaciones, a la deficiencia en los servicios médicos, a la organización de los servicios, al maltrato a los menores y a la falta de capacitación del personal.
RELACIONES CON EL EXTE¬RIOR
Este último aspecto al que hacemos referencia es muy importante ya que el menor que ingresa a un centro de tratamiento no debe ser aislado de su familia sobre todo debido a la etapa de la vida en que se encuentra. Sin embargo, en un 26% los menores entrevistados refirieron estar imposibilitados de ver a sus familias. Se encontró, igualmente, que con frecuencia se manipulan los permisos de visita, los que se utilizan como medidas de presión sancionándose a veces con la pérdida de este derecho. Por otra parte, las autoridades no siempre avisan de las dificultades para visitarlos.
PRACTICAS "INFORMALES"
Las prácticas informales más frecuentes en México son:
l. El fenómeno de las razzias y del control de los niños de la calle. Esta ha sido tradicionalmente las formas más utilizadas por las policías para el control de los menores de escasos recursos económicos pues se realizan en los sectores más pobres de las grandes ciudades. A pesar de estar legalmente prohibidas son una práctica cotidiana sobre todo en el Distrito Federal y se ha venido aplicando en los últimos años sobre todo en contra de los niños de la calle. De la población que se atrapa indiscriminadamente la policía fabrica con frecuencia culpables de delitos sin resolver, y ha llegado a afirmar que el 10% de los atrapados sin que exista orden judicial o delito cometido son realmente delincuentes (Justicia y Paz, 1993: 8).
2. Ligado a lo anterior encontramos el sistema de extorsión implementado por la policía también mayormente en contra de los niños de la calle y de las jóvenes prostitutas, lo que hace que estos menores en muchos casos no entren dentro del sistema de justicia formal pero que se encuentren ilegalmente controlados por algunas instancias de éste. Un buen ejemplo de esta práctica es lo registrado por una de las ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos de los menores en México, que en julio de 1993, en un solo día recibió 39 denuncias de niños de la calle extorsionados por policías preventivos y de tránsito que les exigían 100 pesos mensuales para dejarlos dormir en un albergue para niños de la calle (Justicia y Paz, 1993: 64).
3. Otro ejemplo de ejercicio informal del control es la realización de redadas de menores que se encuentran violando ciertas disposiciones locales como son las que prohiben la venta ambulante, en particular en los lugares turísticos. Es importante subrayar la importancia de este fenómeno ya que se estima que entre 6 y 9 millones de niños realizan este tipo de actividad (Staelens, 1993: 82) debido a la extrema pobreza en la que se encuentra más de la cuarta parte de la población mexicana.
Debido a que ejercer una actividad prohibida por disposiciones locales o por la Ley Federal del Trabajo (que prohibe el trabajo de los menores de 14 años) no constituye un delito, esos menores no son usualmente sometidos al sistema de justicia penal de menores y, por tanto es la aplicación desviada de leyes de protección de menores lo que va a permitir la represión de los mismos.
En efecto, esos menores se encuentran cotidianamente perseguidos y detenidos por la policía quienes después de haberlos despojado de sus mercancías y ganancias, los envían a los centros de asistencia para menores en dificultad que dependen del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo estatal encargado de la protección y asistencia de los menores y sus familias). En esos centros son internados entre 15 y 30 días bajo una estricta vigilancia. Durante este plazo no reciben ningún tipo de servicio y las autoridades se limitan a averiguar el lugar de origen de los menores para remitirlos a dichos lugares al finalizar este plazo. Esto constituye un círculo vicioso pues el menor vuelve a sus actividades debido a que los problemas económicos que las han provocado persisten, exponiéndose nuevamente al mismo tipo de represión.
Lo anterior son ejemplos de la existencia de un sistema de control de menores paralelo en México, que con fre¬cuencia es ejercido por la policía, pero que también es ejercido por otros organismos estatales que entran dentro del sistema asistencial propiamente dicho.
SUMARIO
Como ha sido discutido, existen dos grandes tendencias en las 32 legislaciones existentes en la actualidad en México en cuanto a Justicia de Menores. Por un lado, la tendencia que se inauguró en 1974 cuando fue creado el Consejo Tutelar para Menores que dio al sistema de menores un carácter asistencial-proteccionista que, sin embargo, se reveló en la práctica como un sistema donde el menor perdía todas sus garantías procesales y derechos constitucionales cuya situación más extrema es la de violar el principio constitucional de que no hay crimen ni pena sin ley. Con ligeras diferencias, este tipo de legislación es el todavía existente en 30 de los estados de la república mexicana.
Por otro lado, a raíz de la aprobación y ratificación por México de la Convención de los Derechos del Niño y del compromiso asumido por la administración Salinas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia realizada en Nueva York en 1990, dicha administración se vio obligada a modificar la legislación tutelar existente, que violaba los preceptos establecidos en el Art. 40 de la Convención relativo a la Justicia de Menores.
Es así como, un tanto al vapor, es aprobada en 1991 la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal que conlleva un enfoque más garantista y moderno de la justicia de menores, aunque mantiene limitaciones fundamen¬tales para la realización de un proceso justo a los menores. La limitación fundamental es que tanto el antiguo Consejo Tutelar de Menores como el actual Consejo de Menores dependen de la Secretaría de Gobernación, lo que implica que es un órgano administrativo, cuyos funcionarios dependen todos del poder Ejecutivo, el que va a hacerse cargo de todas las instancias del proceso penal de menores sin que exista, por tanto, una real independencia de poderes. Esto hace que tanto el órgano juzgador, como el de apelación, como el de defensa del menor pertenezcan a la misma instan¬cia administrativa, al igual que los centros de tratamiento a los que va a ser enviado dicho menor si es encontrado culpable de la conducta cometida.
Se discutieron, igualmente, las características fundamentales de la población que llega a los Consejos y a las instituciones de tratamiento, destacándose que el grueso de esta población pertenece a los sectores económicos más desfavorecidos en México, lo que es coherente con lo que se registra también para el sistema de justicia penal de los adultos.
Se vio que la población atendida en 1993 ascendía a 3,045 menores para toda la república, distribuídos en 57 centros de atención a menores infractores. Esta cantidad es sumamente baja si se toma en cuenta que la población nacional es de 85 millones de habitantes y que más del 50% de dicha población es menor de 18 años, lo que revela que gran parte de control social que se ejerce sobre los menores se hace vía el control informal, algunos de cuyos ejemplos también fueron discutidos en este trabajo.
Finalmente, se discutió ampliamente la más reciente y confiable investigación realizada en materia de justicia de menores, dirigida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por UNICEF-México a partir de la cual se evidenciaron las grandes deficiencias que caracterizan aún al sistema judicial de menores y a las instituciones de trata¬miento que albergan a los menores infractores. Retomamos como resumen final las más significativas deficiencias que se mantienen aún en la legislación de menores:
- Se desconocen los principios de legalidad y de proporcionalidad, pues puede no haber conducta previa al apresamiento y la intensidad y duración de la medida establecida no tiene usualmente relación con la gravedad de la conducta. Esto hace que un menor que roba un objeto insignificante pueda ser privado de su libertad por más tiempo que un homicida adulto. La privación de la libertad no está limitada, como debería, a conductas realmente graves, lo que refleja una política criminológica más dura e injusta hacia los menores que hacia los adultos.
- No se contemplan en la justicia de menores las garantías y formalidades esenciales que implican un procedimiento penal democrático tales como: derecho a la defensa, libre deposición de pruebas, separación entre los órganos que actúan en el procedimiento -acusador, defensor y juzgador-, posibilidad de interponer recursos (en 17 entidades no existe esta posibilidad), detención preventiva sólo a través de un mandato escrito fundado y motivado (este es uno de los principios más violados en toda la república), y el beneficio de la libertad provisional en aquellos casos en que la conducta no amerite internamiento o de la libertad bajo fianza, muy practicada en la justicia de adultos.
- Las edades para la aplicación de la ley penal no son fijadas en sus límites inferiores en muchos estados. En 23 estados no se establece el límite inferior, tal y como recomienda el Art. 40 numeral 3 inciso a) de la Convención. Sería recomendable asumir, como lo ha hecho ya la Ley de 1991 los 12 años como la edad límite inferior.
- No se fijan en algunos casos los plazos límites para la resolución inicial que establece si el menor queda a disposición del Consejo o no y en otros casos esos plazos son muy amplios, llegándose a veces hasta las 72 y las 120 horas, tiempo en que el menor está realmente detenido. Por otra parte, en cuanto a la resolución final, el plazo usual es de 30 días, pero según la investigación realizada un 25% de los menores había esperado por dicha resolución más del plazo establecido.
- Sólo cuatro estados establecen la caducidad de una infracción y sólo en tres estados se encuentra prevista la reparación del daño que es muy benéfica porque permite resarcir al afectado, permite el perdón o suspensión de la medida y ha demostrado tener muy positivos efectos reso¬cializadores.
- En cuanto a las instituciones de tratamiento, además de los discutidos problemas de condiciones físicas y de salubridad, el problema más acuciante es el de la inexistencia real de clasificación según sexo, edad y conducta, recomendados claramente por la Convención en los Artículos 37 y 40. Al respecto, no existen soluciones concretas tampoco para los casos de menores que alcanzan la mayoría de edad estando en centros de tratamiento pues en la actualidad se opta con frecuencia por trasladarlos a las instituciones para adultos, lo cual resulta muy negativo para el proceso de reinserción social del menor.
- Puede considerarse que en general el sistema de justicia y de tratamiento de los menores infractores no está basado en un respeto real de sus derechos humanos y civiles lo cual es difícil de lograr si no existe al menos el personal capacitado necesario que participe en todas las instancias del proceso al que es sometido el menor desde su ingreso al consejo hasta su salida y seguimiento luego de haber sido internado en un centro de tratamiento. En 26 estados se encontró que no existen los órganos técnicos colegiados necesarios para ofrecer al menor el procedimiento y el tratamiento necesarios que exigen la Constitución de la República en su Art.18, las leyes particulares ya comentadas y la actual Convención de los Derechos del Niño.
- Por último, puede preverse que en la práctica ocurra un verdadero conflicto de leyes y de jurisdicción cuando se pretenda aplicar la nueva legislación en los estados de la república, ya que se superponen dos ordenamientos jurídicos diferentes, uno estatal de orden común y otro federal, al igual que existen dos procedimientos casi opuestos entre ellos y dos organismos administrativos diferentes encargados de aplicar dichos ordenamientos.
NOTAS
REFERENCIAS
Alvarez, A.J. 1990. "El Consejo Mexicano para Menores Infractores". Tribuna Internacional de los Derechos del Niño Vol. 7, Nos. 3/4: 16-18.
Azaola, E. 1990. "La Institución Correccional en México. Una mirada extraviada. México, D.F.: Siglo XXI/CIESAS.
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1993. "Propuesta para el rescate de los Derechos Humanos de los menores infractores en México". México, D.F.
--------- 1992. "Textos de Derechos Humanos sobre la Niñez. México, D.F.
Lazo, P. 1993. "La impunidad y la fabricación de culpables en los jóvenes". Revista Justicia y Paz 31: 8-10. México, D.F.
Sánchez, A. 1993. "La Ley para el tratamiento de menores viola la constitución política y los Derechos Humanos". México, D.F.: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Staelens, P. (Compilador) 1991. "La problemática del niño en México". México, D.F.: UAM-UNICEF-OIT.
------- 1993. "El Trabajo de los Menores". México, D.F.: UAM-Serie Libro de Textos.
Tenorio, F. 1989. "Entre definición y lógica del sistema: acerca de la justica de menores, un análisis crítico de su realidad": Revista Mexicana de Justicia 2, Vol. VII:433-40.
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores. 1994. México, D.F.: Ediciones Delma.
Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores del D.F. 1986.
Recopilación de legislación sobre menores. México, D.F.: DIF Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño
APENDICE
Agencias Involucradas en el Sistema de Justicia de Menores.
- Consejo de Menores del Distrito Federal, Obrero Mundial, Distrito Federal.
- Centro de Tratamiento para Menores Infractores (varones), San Fernando, Tlalpan, Distrito Federal.
- Centro de Tratamiento para Menores Infractores (mujeres), Av. Universidad y Viveros, Coyoacán, Dis¬trito Federal.
- Procuraduría de la Defensa del menor y la familia, Prolongación Xochicalco 947, Colonia Portales, Distri¬to Federal.
- Agencia Investigadora Especializada en Asuntos del Menor, Niños Héroes 61, planta baja, Colonia Doctores, Distrito Federal.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Peri¬férico Sur 3469 esq. Calle Luis Cabrera, Colonia San Jerónimo, D.F.
- Consejos Tutelares para Menores de los Estados.
Organizaciones No-Gubernamentales:
- Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Odontología 35, Colonia Copilco-Universidad, D.F.
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
viernes, abril 24, 2009
LIBERTAD A PRESOS POLITICOS DE ATENCO
BOLETIN DE PRENSA
21 de abril de 2009
Campaña Nacional e Internacional
LIBERTAD y justicia para ATENCO
Traslado de Nacho, Héctor y Felipe a un penal estatal antes del 4 de mayo, demanda inmediata de la Campaña Nacional e internacional
Los obispos Samuel Ruiz García – obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas- Raúl Vera – obispo de la Diócesis de Saltillo, y el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el fraile Miguel Concha Malo, hemos visitado hoy a 3 de los 12 presos políticos que se encuentran en prisión a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Además de nuestros propios comentarios deseamos declarar conjuntamente que:
1. Lamentamos que Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez sigan a casi tres años de los hechos represivos, presos bajo acusaciones que no pueden ser comprobadas y bajo un estricto control carcelario. Estos tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son parte de un movimiento social cuyas demandas son justas y legítimas. Es condenable el tratar como delincuentes a ciudadanos que se organizan y movilizan en defensa de sus derechos. Estas tres personas no son delincuentes. No han cometido delito alguno. Son presos políticos del Estado mexicano. A nombre de las 130 organizaciones nacionales e internacionales, así como de la treintena de personalidades que integran la campaña nacional e internacional que impulsamos conjuntamente, deseamos sumar nuestra voz a la exigencia que pide la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. Demandamos su libertad, ya que es injusto que personas inocentes se encuentren en prisión. Son políticas y no jurídicas las razones por las que se encuentran todavía en reclusión. Su encierro en el penal de máxima seguridad del Altiplano constituye un castigo inusual y desproporcionado al considerarlos y otorgarles el tratamiento de reos de alta peligrosidad
2. Deseamos denunciar de nuevo, que las personas que hemos visitado el día de hoy, fueron detenidas con fuerte brutalidad policiaca, que han sido procesadas bajo numerosas irregularidades y que la justicia ha sido utilizada de manera facciosa contra ellos. En suma, los casos de estos tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, son escandalosos casos de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, las condiciones carcelarias a las que se encuentran sometidos son inaceptables. Permanecen en una celda reducida 23 horas al día con luz permanente, sin realizar ningún tipo de actividades. Les dan 3 minutos para ingerir sus alimentos e igual tiempo para ducharse además de ser sometidos a revisiones denigrantes. Se les prohíbe el ingreso de libros, de ropa de abrigo, así como de útiles de aseo personal. Se limita al máximo su contacto con el mundo exterior. Las cartas que envían y reciben son objeto de censura y de límites de extensión. En suma, las condiciones de encarcelamiento son inhumanas y deben detenerse y cambiar de inmediato. Cabe resaltar la suspensión del derecho de visita de Héctor Galindo Gochicoa que nos parece alarmante dadas las restricciones que sufren de por sí al permanecer en este penal. Solicitamos se reestablezcan las visitas de inmediato para Héctor.
3. Es por ello que ratificamos nuestro llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de México a que trasladen antes del 4 de mayo a Ignacio, Héctor y Felipe a un penal estatal cercano a su domicilio como lo establece el artículo 18 de la Constitución mexicana. No existen argumentos para mantenerlos en este penal. La decisión de mantenerlos en este penal de máxima seguridad hace caso omiso de las opiniones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la ilegalidad de su traslado y la opinión del Poder Judicial de la Federación sobre la ausencia de motivaciones para dicho traslado. Se debe recordar además que las condiciones carcelarias en el Penal del Altiplano contravienen La Declaración de Principios y Buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad asumida por la Comisión Interamericana de Derechos, de la cual México es parte. Pedimos su traslado considerando además que el Ministerio Público jamás pudo acreditar la supuesta “alta peligrosidad” que fue la causa invocada para internarlos en el penal de alta seguridad; también porque al paso del tiempo el Poder Judicial de la Federación ha determinado que no se configuró el delito de secuestro equiparado por el cual fueron procesados y sentenciados los compañeros; por esa razón el Tribunal Colegiado ha ordenado al Juez penal del fuero común que deje sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en contra de otros dos compañeros acusados del citado delito. Hacemos un fuerte llamado al Gobierno Federal y Estatal a escuchar esta petición.
4. Deseamos hacer un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la Campaña Libertad y justicia para Atenco que viene sumando las voces de quienes demandamos la libertad a los 12 presos políticos de Atenco. Invitamos a la ciudadanía en general a informarse de este terrible caso, a solidarizarse con los presos enviándoles mensajes a través del sitio web de la campaña y a participar en las acciones pacíficas del 3 y 4 de mayo próximos. Sabemos que juntos lograremos la libertad y la justicia para Atenco.
Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Fray Miguel Concha Malo
director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, José Antonio Almazán. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
a nombre de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco integrada por:
Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Adolfo Gilly académico, Adriana Roel actriz, Ricardo Rocha periodista, Carlos Montemayor escritor, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacaba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Familiares de presos y perseguidos; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, La Voladora Radio, Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica, Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ)
y 130 organizaciones estudiantiles, sindicales, civiles, religiosas, de:
Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y también de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Catalunya, Colombia, Estados Unidos, Francia y Uruguay.
www.atencolibertady justicia. com
21 de abril de 2009
Campaña Nacional e Internacional
LIBERTAD y justicia para ATENCO
Traslado de Nacho, Héctor y Felipe a un penal estatal antes del 4 de mayo, demanda inmediata de la Campaña Nacional e internacional
Los obispos Samuel Ruiz García – obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas- Raúl Vera – obispo de la Diócesis de Saltillo, y el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el fraile Miguel Concha Malo, hemos visitado hoy a 3 de los 12 presos políticos que se encuentran en prisión a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Además de nuestros propios comentarios deseamos declarar conjuntamente que:
1. Lamentamos que Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez sigan a casi tres años de los hechos represivos, presos bajo acusaciones que no pueden ser comprobadas y bajo un estricto control carcelario. Estos tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son parte de un movimiento social cuyas demandas son justas y legítimas. Es condenable el tratar como delincuentes a ciudadanos que se organizan y movilizan en defensa de sus derechos. Estas tres personas no son delincuentes. No han cometido delito alguno. Son presos políticos del Estado mexicano. A nombre de las 130 organizaciones nacionales e internacionales, así como de la treintena de personalidades que integran la campaña nacional e internacional que impulsamos conjuntamente, deseamos sumar nuestra voz a la exigencia que pide la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. Demandamos su libertad, ya que es injusto que personas inocentes se encuentren en prisión. Son políticas y no jurídicas las razones por las que se encuentran todavía en reclusión. Su encierro en el penal de máxima seguridad del Altiplano constituye un castigo inusual y desproporcionado al considerarlos y otorgarles el tratamiento de reos de alta peligrosidad
2. Deseamos denunciar de nuevo, que las personas que hemos visitado el día de hoy, fueron detenidas con fuerte brutalidad policiaca, que han sido procesadas bajo numerosas irregularidades y que la justicia ha sido utilizada de manera facciosa contra ellos. En suma, los casos de estos tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, son escandalosos casos de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, las condiciones carcelarias a las que se encuentran sometidos son inaceptables. Permanecen en una celda reducida 23 horas al día con luz permanente, sin realizar ningún tipo de actividades. Les dan 3 minutos para ingerir sus alimentos e igual tiempo para ducharse además de ser sometidos a revisiones denigrantes. Se les prohíbe el ingreso de libros, de ropa de abrigo, así como de útiles de aseo personal. Se limita al máximo su contacto con el mundo exterior. Las cartas que envían y reciben son objeto de censura y de límites de extensión. En suma, las condiciones de encarcelamiento son inhumanas y deben detenerse y cambiar de inmediato. Cabe resaltar la suspensión del derecho de visita de Héctor Galindo Gochicoa que nos parece alarmante dadas las restricciones que sufren de por sí al permanecer en este penal. Solicitamos se reestablezcan las visitas de inmediato para Héctor.
3. Es por ello que ratificamos nuestro llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de México a que trasladen antes del 4 de mayo a Ignacio, Héctor y Felipe a un penal estatal cercano a su domicilio como lo establece el artículo 18 de la Constitución mexicana. No existen argumentos para mantenerlos en este penal. La decisión de mantenerlos en este penal de máxima seguridad hace caso omiso de las opiniones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la ilegalidad de su traslado y la opinión del Poder Judicial de la Federación sobre la ausencia de motivaciones para dicho traslado. Se debe recordar además que las condiciones carcelarias en el Penal del Altiplano contravienen La Declaración de Principios y Buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad asumida por la Comisión Interamericana de Derechos, de la cual México es parte. Pedimos su traslado considerando además que el Ministerio Público jamás pudo acreditar la supuesta “alta peligrosidad” que fue la causa invocada para internarlos en el penal de alta seguridad; también porque al paso del tiempo el Poder Judicial de la Federación ha determinado que no se configuró el delito de secuestro equiparado por el cual fueron procesados y sentenciados los compañeros; por esa razón el Tribunal Colegiado ha ordenado al Juez penal del fuero común que deje sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en contra de otros dos compañeros acusados del citado delito. Hacemos un fuerte llamado al Gobierno Federal y Estatal a escuchar esta petición.
4. Deseamos hacer un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la Campaña Libertad y justicia para Atenco que viene sumando las voces de quienes demandamos la libertad a los 12 presos políticos de Atenco. Invitamos a la ciudadanía en general a informarse de este terrible caso, a solidarizarse con los presos enviándoles mensajes a través del sitio web de la campaña y a participar en las acciones pacíficas del 3 y 4 de mayo próximos. Sabemos que juntos lograremos la libertad y la justicia para Atenco.
Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Fray Miguel Concha Malo
director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, José Antonio Almazán. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
a nombre de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco integrada por:
Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Adolfo Gilly académico, Adriana Roel actriz, Ricardo Rocha periodista, Carlos Montemayor escritor, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacaba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Familiares de presos y perseguidos; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, La Voladora Radio, Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica, Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ)
y 130 organizaciones estudiantiles, sindicales, civiles, religiosas, de:
Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y también de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Catalunya, Colombia, Estados Unidos, Francia y Uruguay.
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jueves, marzo 26, 2009
Ahora Manu Chao es un criminal por hablar de política, mientras el Gob. de EU es uno de los dueños de BANAMEX
MANU CHAO HABLA DE LA CARTA QUE ENVIÓ A NACHO DEL VALLE, LIDER PRESO DE ATENCO.
“Querido Nacho
“Porque, a pesar de todo, tengo fe en que alguna justicia exista en el mundo. Aunque no sea la judicial que por ahora sólo muestra su careta la más injusta, ahora me pongo a pensar… me pongo a pensar en ese día, en ese próximo y alegre día en que vas a salir… salir al aire libre… a abrazarte con tu familia… y con tod@s los que hoy en día te quieren y te apoyan… Abrazo infinito del nunca acabar…
“Me pongo a pensar y le agrego todos mis sueños… mis sueños de algún mundo mejor… y más justo para tod@s.
“Algún mundo por llegar donde todos juntos caminando por las calles de Atenco o cualquier otro lugar del mundo, vayamos al son de la orquesta y de la determinación cantando una alegre canción, sembrando una semilla en el viento, de justicia y fraternidad…
“¡Ese día va a llegar!, porque lo hemos decidido y porque somos miles y somos más… echándole una piedra, una por una, y más y más piedras al camino de tu libertad.
"Desde aquí, el corazón de una gran ciudad, te mando mis mil respetos y agradecimientos, por tu carta y confianza."
“Querido Nacho
“Porque, a pesar de todo, tengo fe en que alguna justicia exista en el mundo. Aunque no sea la judicial que por ahora sólo muestra su careta la más injusta, ahora me pongo a pensar… me pongo a pensar en ese día, en ese próximo y alegre día en que vas a salir… salir al aire libre… a abrazarte con tu familia… y con tod@s los que hoy en día te quieren y te apoyan… Abrazo infinito del nunca acabar…
“Me pongo a pensar y le agrego todos mis sueños… mis sueños de algún mundo mejor… y más justo para tod@s.
“Algún mundo por llegar donde todos juntos caminando por las calles de Atenco o cualquier otro lugar del mundo, vayamos al son de la orquesta y de la determinación cantando una alegre canción, sembrando una semilla en el viento, de justicia y fraternidad…
“¡Ese día va a llegar!, porque lo hemos decidido y porque somos miles y somos más… echándole una piedra, una por una, y más y más piedras al camino de tu libertad.
"Desde aquí, el corazón de una gran ciudad, te mando mis mil respetos y agradecimientos, por tu carta y confianza."
miércoles, febrero 25, 2009
ATENCO VIVE!!!
campaña nacional e internacional
LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO
Nosotras y nosotros, personas y organizaciones, a casi tres años de los terribles acontecimientos represivos en San Salvador Atenco, deseamos expresar:
1. Que el movimiento en defensa de la tierra que surgió en 2001 frente a la iniciativa gubernamental de expropiar la tierra para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, es un movimiento social cuyas causas y demandas son justas, legítimas y atendibles y que la violencia nunca debió ser la respuesta del Estado a este movimiento de campesinos y pobladores. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) representa ese movimiento. El Estado se equivocó al polarizar el conflicto en ese entonces y optar por una salida autoritaria frente a esta problemática social.
2. Las innumerables violaciones a los derechos humanos en el operativo impulsado por los gobiernos federal, estatal y municipal en mayo de 2006 son un lamentable hecho que ha sido documentado nacional e internacionalmente por reconocidos organismos defensores de los derechos humanos. Diversas instancias del Estado e incluso funcionarios federales han reconocido la gravedad de las violaciones y los atropellos cometidos en San Salvador Atenco. No existe duda alguna de que dichas violaciones fueron cometidas. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, en su deliberación de la semana pasada, evitó pronunciarse sobre las responsabilidades de mandos policiales y políticos que participaron en los hechos.
Nosotras y nosotros, por la forma, repetición y patrones de las detenciones, brutalidad policiaca, abusos sexuales contra las mujeres detenidas, tortura e irregularidades procesales, consideramos que hay indudablemente responsables políticos claramente identificables sea por sus acciones, sea por sus omisiones y por su ubicación en la cadena de mando. Es el Estado mexicano y los altos funcionarios que estuvieron a cargo de los operativos, responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco. Dichos operativos tuvieron dos intencionalidades políticas: tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento. El Estado se equivocó al no poder procesar un pequeño conflicto de tan sólo ocho vendedores de flores y al polarizar dicho conflicto. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado lanzó un operativo planificado, deliberado y calculado para promover el miedo y el castigo ejemplar a través de la violencia autoritaria al movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las organizaciones solidarias que los acompañaban. El capítulo para lograr la justicia para las víctimas está incompleto. La justicia está por ahora pendiente.
3. A raíz de esos lamentables acontecimientos, permanecen presos 13 personas con penas que van de los 31 años, pasando por 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad. Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra y otros más, sencillos y humildes pobladores, algunos incluso, que nunca habían participado en movimiento social alguno. La forma en que fueron detenidos, los abusos y violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos, las irregularidades en sus procesos y condenas hacen ver de nueva cuenta que están presos sin un verdadero sustento jurídico y legal.
Estas 13 personas son presos políticos. Y los caminos de la justicia no pueden continuar mientras las violaciones a los derechos humanos continúen. Estas violaciones continúan mientras ellos están presos. Se hace urgente de forma nacional e internacional exigir la LIBERTAD de los 13 presos y por ello nos hemos reunido numerosos actores y actrices, músicos, periodistas, escritores, pintores, académicos, religiosos, defensores de los derechos humanos, organismos civiles, solidarios, familiares de los detenidos, abogados defensores y el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para realizar el siguiente:
LLAMADO A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a las mujeres y hombres, de todas las edades, de todas las entidades del país, de todos los continentes del mundo, que estén en el campo o en la ciudad, de todas las profesiones, artes y oficios, de todas las orientaciones y preferencias sexuales, a todas las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes y movimientos indígenas, sindicales, campesinos, urbano populares, de mujeres, ambientales, de derechos humanos, estudiantiles y religiosas que luchan por la libertad y la justicia a participar en la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO. Que comienza este 17 de febrero y cuya primera fase terminará los días 3,4 y 5 de mayo de este mismo año, con la intención de sumar las voces que pedimos:
La LIBERTAD de los 13 presos políticos.
La revocación de las sentencias condenatorias.
Cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos
El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos
El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos
Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.
Esta campaña es una iniciativa civil y pacífica que busca promover la participación nacional e internacional de personas, familias, grupos, colectivos, organizaciones, redes y movimientos alrededor de la demanda de la libertad por los 13 presos políticos de Atenco. Es una iniciativa de la sociedad civil mexicana, impulsada por una decena de organismos de defensa de los derechos humanos, civiles, solidarios, abogados defensores, familiares de los 13 presos y perseguidos políticos, todos convocados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
La campaña integrará diversas acciones a nivel nacional e internacional:
• Una campaña de mensajes a los 13 presos políticos de Atenco desde todo el país y todo el mundo para que las y los ciudadanos puedan expresarle su apoyo escrito a cada uno de los presos.
• Una campaña nacional de información donde distribuiremos miles de volantes y carteles informando a la población sobre la situación de los 13 presos. La campaña nacional incluirá producción radiofónica y en video para distribuir materiales por diversos medios.
• Una campaña de información en medios de comunicación comerciales y alternativos donde algunas de las personalidades que se han integrado a la campaña así como las organizaciones participantes pediremos espacios a los medios masivos de comunicación para explicar la situación de los 13 presos políticos e invitar a la ciudadanía a participar en esta campaña.
• Todas las organizaciones, redes, colectivos, familias y personas podrán inscribir acciones civiles y pacíficas de difusión y protesta exigiendo la LIBERTAD de los 13 presos políticos de Atenco. Un ejemplo de ello es que estudiantes, y profesores universitarios ya han convocado este miércoles 18 a las 13 hrs. en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México un foro jurídico que analizará el caso Atenco; el jueves 19 también en la UNAM se realizará un foro de análisis sobre el movimiento social representado en el Frente de Pueblos en Defensa de la tierra. Por ello, en esta campaña, habrá múltiples foros, actos culturales, oraciones, colectas y mesas de información, cartas, desplegados y pronunciamientos.
• Abriremos centros de acopio para apoyar el plantón que desde hace casi 3 años mantienen diversas organizaciones a las afueras del penal de Molino de las Flores. La gente podrá donar víveres y otros materiales para apoyar dicha iniciativa.
• Varias de las personalidades que integran esta campaña realizarán visitas personalmente a los penales del Altiplano y Molino de las Flores para entrevistarse directamente con los presos políticos.
• Acudiremos con diversas instancias, en especial las defensoras de los derechos humanos, para entrevistarnos y exponer nuestra opinión sobre la liberación de los presos.
• Daremos seguimiento y apoyo a la defensa legal de los 13 presos.
• Fortaleceremos el proceso de documentación de las violaciones a los derechos humanos. En su momento, evaluaremos acudir a instancias internacionales.
• Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a participar en las jornadas a 3 años de los acontecimientos en Atenco. Los invitamos a realizar acciones de protesta civil y pacífica en sus localidades, en sus barrios y comunidades, en sus escuelas y centros de trabajo y los días 3, 4 y 5 de mayo a realizar movilizaciones por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco.
De todas estas actividades, en su momento se informará públicamente la forma y fechas de realización.
Nuestra página
www.atencolibertadyjusticia.com
recibirá las inscripciones de todas y todos aquellos que desean realizar una acción por la libertad y la justicia. A través de ella, podrá enviarse a cada preso un mensaje por escrito. A través de la página también podrán inscribirse las acciones que de todo el país y en otras naciones la sociedad civil decida impulsar.
Por último, esta iniciativa no cuenta con recursos ni financiamiento alguno. Las actividades se desarrollarán con los recursos que todas y todos donemos para los gastos que implican varias de estas actividades. Hemos abierto un número de cuenta que recibirá donaciones única y exclusivamente para dichos gastos. No debe confundirse esta cuenta con ningún otro tipo de apoyo, más que para realizar las actividades que integran la campaña. Se podrá donar desde 50 pesos en cualquier sucursal de BANORTE en la cuenta 0608878038 a nombre de María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez para apoyar –exclusivamente- los gastos de la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO.
ATENTAMENTE
Comité Libertad y Justicia para Atenco:
Personas participantes: Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Carlos Montemayor escritor, Ana Francis Mor, actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Adolfo Gilly académico, Luis Villoro filósofo, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Daniel Giménez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro periodista, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo banda de ska y rock.
Organismos participantes:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),
Comité Cerezo,
Comité Monseñor Romero,
Colectivo de abogados Zapatistas (CAZ),
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.,
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
La voladora Radio,
Mujeres sin miedo,
Servicios Legales y Estudios Jurídicos,
Servicios y Asesoría para la paz (SERAPAZ)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
national and international campaign
LIBERTY and JUSTICE for ATENCO
We, people and organizations, nearly three years of the terrible events of repression in San Salvador Atenco, say:
1. The movement to defend the land that emerged in 2001 against the government initiative to expropriate land to build a new airport for Mexico City, is a social movement whose causes and demands are fair, legitimate and reliable and that violence never should be the State's response to the movement of peasants and townspeople. The People's Front in Defense of the Land (FPDT) represents this movement. The state was wrong to polarize the conflict then and to choose an authoritarian output to social problems.
2. The countless human rights violations in the operation led by the federal, state and municipal authorities in May 2006 is an unfortunate fact that has been documented by national and internationally recognized bodies HRDs. Various levels of state and even federal officials have acknowledged the seriousness of the violations and abuses committed in San Salvador Atenco. There is no doubt such violations were committed. Unfortunately, the Supreme Court in its deliberations last week, avoided pronouncing on the responsibilities of police officers and politicians who participated in these events.
Because of the way, and repeating patterns of arrests, police brutality, sexual abuse against women, torture and procedural irregularities, we certainly believe that there are clearly identifiable political responsible by their actions or by their omissions and for their location in the chain of command. It is the Mexican state and senior officials who were in charge of operations, responsible for human rights violations committed in San Salvador Atenco. These operations had two political intentions: to treat as criminals those who are a legitimate social movement and seek to disrupt and behead the organizational structure of the same movement. The State erred in failing to prosecute a small conflict of only eight flower vendors and polarize it. 3 and May 4, 2006, the state launched an operation planned, deliberate and calculated to promote fear and exemplary punishment through authoritarian violence to social movement of the People's Front in Defense of the Land and solidarity organizations that accompanied them. The chapter to achieve justice for victims is incomplete. The justice is now pending.
3. As a result of these unfortunate events, 13 people remain prisoners with sentences ranging from 31 years through 67 and even 112 years' imprisonment in a maximum security prison. All were sentenced to terrible and unjust sentences for crimes they did not commit. Against them, it was used the justice system so factious. They are not criminals, some are more visible leaders of the movement in defense of land and other more simple and humble people, including some who had never participated in any social movement. The way they were stopped, the abuses and violations of human rights that they were subject, the irregularities in their convictions, make us to see, newly that they are in prison without a legal basis.
These 13 people are political prisoners. And the ways of justice cannot continue while the human rights violations continue. These violations continue while they are prisoners. It is so urgent national and international demand FREEDOM for 13 prisoners and so we met many actors and actresses, musicians, journalists, writers, painters, scholars, religious, human rights defenders, civil organizations, solidarity, family of detainees, lawyers and the Peoples Front in Defense of Land to do the following:
CALL TO NATIONAL AND INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY
We call for national and international civil society, women and men of all ages, of all entities of the country, from all continents of the world, who are in the field or in the city, of all professions, the arts and offices, of all sexual orientations and preferences, all individuals, families, groups, organizations, networks and indigenous movements, unions, farmers, city folk, women's, environmental, human rights, students and religious fighting for freedom and justice, to participate in national and international campaign: FREEDOM and JUSTICE for ATENCO. Which starts this February 17 and whose first phase will end on May 3-5 this year, intending to join the voices that call for:
The FREEDOM of 13 political prisoners.
The revocation of the sentences.
Cancellation of arrest warrants for the persecuted
Respect for human rights of detained and persecuted
The punishment for those material and intellectual responsible for planning and the repression and human rights violations.
To condemn and stop the criminalization of social movements in Mexico.
This campaign is a civil and peaceful initiative that seeks to promote the participation of national and international individuals, families, groups, collectives, organizations, networks and movements around the demand of freedom by the 13 political prisoners of Atenco. It is an initiative of the Mexican civil society, driven by a dozen organizations defending human rights, civil solidarity, defense attorneys, family members of 13 political prisoners and persecuted, all invited by the People's Front in Defense of the Land.
The campaign will include a number of actions at national and international levels:
•A campaign that consists in sending messages to the 13 political prisoners of Atenco from across the country and around the world so that the citizens can express their support in writing to each of the prisoners.
•A national information campaign which will distribute thousands of leaflets and posters informing the public about the status of the 13 prisoners. The national campaign will include radio production and video materials for distribution.
•An information campaign in mass media and alternative commercial where some of the personalities who have joined the campaign as well as the participating organizations will ask for space in the mass media to explain the situation of the 13 political prisoners and invite citizens to participate in this campaign.
•All organizations, networks, groups, families and individuals can register for civil and peaceful protests diffusing and demanding the release of 13 political prisoners from Atenco. An example of this is that students and academics have already called on Wednesday 18 at 13 hrs. in the Faculty of Law at the National Autonomous Universitiy of Mexico (UNAM), a legal forum to discuss the case Atenco. On Thursday 19 in UNAM there is also a forum for reflection on the social movement represented in the People's Front in Defense of the Land. Therefore, in this campaign, there will be multiple forums, cultural events, prayers, collects, information tables, letters, deployed and pronouncements.
•Will open collection centers to support the camp that stills, for almost 3 years now thank to various organizations, outside the prison Molino de las Flores. People can donate food and other materials to support this initiative.
•Several of the personalities that integrate this campaign will visit personally the prisons Altiplano and Molino de las Flores to meet with political prisoners.
•We will meet with various instances, particularly human rights defenders to interview and present our opinion on the release of prisoners.
•We will monitor and support the legal defense of the 13 prisoners.
•We will strength the process of documentation of human rights violations. At the time, we are going to consider visiting international instances.
•We call for national and international civil society to participate in the working days to three years of events in Atenco. We invite you to take actions of civil and pacific protests in your localities, neighborhoods and communities, in your schools and workplaces. And to mobilize on May 3-5 to conduct demonstrations for the freedom of 13 political prisoners from Atenco.
Of all these activities, at the time, we will publicly and punctually inform about dates of realization.
Our site:
www.atencolibertadyjusticia.com
will receive all entries and all those who wish to pursue an action for freedom and justice. Through it, you can send a writing message to each prisoner. Through the site, it also may register actions of the country and other nations that civil society will decide to promote.
Finally, this initiative does not have any resources or funding. Activities will be developed with the resources that everybody donate to the various costs involved in such activities. We have opened an account number that will receive grants exclusively for these expenses. Do not confuse this account with any other type of support, rather than to carry out the activities that comprise the campaign. You can donate from 50 pesos at the BANORTE Account 0608878038 in the name of Maria Antonia Trinidad Ramírez Velázquez-exclusively to support the expenses of the national and international freedom and justice for Atenco campaign.
CAREFULLY
Liberty and Justice for Atenco Committee:
People involved: Bishop Emeritus Samuel Ruiz Garcia Diocese of San Cristobal de las Casas, Ofelia Medina actress, Manu Chao musician, Julieta Egurrola actress, Carlos Montemayor writer, Ana Francis Mor actress, Bishop Raul Vera of the Diocese of Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo painter, Diego Luna actor, Roco vocalist for the rock band Maldita Vecindad and children of the Fifth Patio, Adolfo Gilly academic, Luis Villoro philosopher, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II writer-journalist, Daniel Gimenez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa journalist, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo Dominican monk, director of the Center for Human Rights Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro journalist, Ruben Albarrán vocalist for the rock band Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo ska and rock band.
Participating Agencies:
Human Rights Center Miguel Agustín Pro Juárez,
National Center for Social Communication (CENCOS)
Cerezo Committee,
Committee Monsignor Romero,
Zapatista lawyers collective (CAZ),
Consortium for Parliamentary Dialogue and Equity AC
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)
The Flying Radio
Women without fear
Legal Services and Legal Studies,
Services and Consultancy for Peace (SERAPAZ)
www.colectivolosangeles.blogspt.com
www.sociedadesdecontrol.blogspot.com
www.barriocafe.blogspot.com
LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO
Nosotras y nosotros, personas y organizaciones, a casi tres años de los terribles acontecimientos represivos en San Salvador Atenco, deseamos expresar:
1. Que el movimiento en defensa de la tierra que surgió en 2001 frente a la iniciativa gubernamental de expropiar la tierra para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, es un movimiento social cuyas causas y demandas son justas, legítimas y atendibles y que la violencia nunca debió ser la respuesta del Estado a este movimiento de campesinos y pobladores. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) representa ese movimiento. El Estado se equivocó al polarizar el conflicto en ese entonces y optar por una salida autoritaria frente a esta problemática social.
2. Las innumerables violaciones a los derechos humanos en el operativo impulsado por los gobiernos federal, estatal y municipal en mayo de 2006 son un lamentable hecho que ha sido documentado nacional e internacionalmente por reconocidos organismos defensores de los derechos humanos. Diversas instancias del Estado e incluso funcionarios federales han reconocido la gravedad de las violaciones y los atropellos cometidos en San Salvador Atenco. No existe duda alguna de que dichas violaciones fueron cometidas. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, en su deliberación de la semana pasada, evitó pronunciarse sobre las responsabilidades de mandos policiales y políticos que participaron en los hechos.
Nosotras y nosotros, por la forma, repetición y patrones de las detenciones, brutalidad policiaca, abusos sexuales contra las mujeres detenidas, tortura e irregularidades procesales, consideramos que hay indudablemente responsables políticos claramente identificables sea por sus acciones, sea por sus omisiones y por su ubicación en la cadena de mando. Es el Estado mexicano y los altos funcionarios que estuvieron a cargo de los operativos, responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco. Dichos operativos tuvieron dos intencionalidades políticas: tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento. El Estado se equivocó al no poder procesar un pequeño conflicto de tan sólo ocho vendedores de flores y al polarizar dicho conflicto. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado lanzó un operativo planificado, deliberado y calculado para promover el miedo y el castigo ejemplar a través de la violencia autoritaria al movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las organizaciones solidarias que los acompañaban. El capítulo para lograr la justicia para las víctimas está incompleto. La justicia está por ahora pendiente.
3. A raíz de esos lamentables acontecimientos, permanecen presos 13 personas con penas que van de los 31 años, pasando por 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad. Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra y otros más, sencillos y humildes pobladores, algunos incluso, que nunca habían participado en movimiento social alguno. La forma en que fueron detenidos, los abusos y violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos, las irregularidades en sus procesos y condenas hacen ver de nueva cuenta que están presos sin un verdadero sustento jurídico y legal.
Estas 13 personas son presos políticos. Y los caminos de la justicia no pueden continuar mientras las violaciones a los derechos humanos continúen. Estas violaciones continúan mientras ellos están presos. Se hace urgente de forma nacional e internacional exigir la LIBERTAD de los 13 presos y por ello nos hemos reunido numerosos actores y actrices, músicos, periodistas, escritores, pintores, académicos, religiosos, defensores de los derechos humanos, organismos civiles, solidarios, familiares de los detenidos, abogados defensores y el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para realizar el siguiente:
LLAMADO A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a las mujeres y hombres, de todas las edades, de todas las entidades del país, de todos los continentes del mundo, que estén en el campo o en la ciudad, de todas las profesiones, artes y oficios, de todas las orientaciones y preferencias sexuales, a todas las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes y movimientos indígenas, sindicales, campesinos, urbano populares, de mujeres, ambientales, de derechos humanos, estudiantiles y religiosas que luchan por la libertad y la justicia a participar en la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO. Que comienza este 17 de febrero y cuya primera fase terminará los días 3,4 y 5 de mayo de este mismo año, con la intención de sumar las voces que pedimos:
La LIBERTAD de los 13 presos políticos.
La revocación de las sentencias condenatorias.
Cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos
El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos
El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos
Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.
Esta campaña es una iniciativa civil y pacífica que busca promover la participación nacional e internacional de personas, familias, grupos, colectivos, organizaciones, redes y movimientos alrededor de la demanda de la libertad por los 13 presos políticos de Atenco. Es una iniciativa de la sociedad civil mexicana, impulsada por una decena de organismos de defensa de los derechos humanos, civiles, solidarios, abogados defensores, familiares de los 13 presos y perseguidos políticos, todos convocados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
La campaña integrará diversas acciones a nivel nacional e internacional:
• Una campaña de mensajes a los 13 presos políticos de Atenco desde todo el país y todo el mundo para que las y los ciudadanos puedan expresarle su apoyo escrito a cada uno de los presos.
• Una campaña nacional de información donde distribuiremos miles de volantes y carteles informando a la población sobre la situación de los 13 presos. La campaña nacional incluirá producción radiofónica y en video para distribuir materiales por diversos medios.
• Una campaña de información en medios de comunicación comerciales y alternativos donde algunas de las personalidades que se han integrado a la campaña así como las organizaciones participantes pediremos espacios a los medios masivos de comunicación para explicar la situación de los 13 presos políticos e invitar a la ciudadanía a participar en esta campaña.
• Todas las organizaciones, redes, colectivos, familias y personas podrán inscribir acciones civiles y pacíficas de difusión y protesta exigiendo la LIBERTAD de los 13 presos políticos de Atenco. Un ejemplo de ello es que estudiantes, y profesores universitarios ya han convocado este miércoles 18 a las 13 hrs. en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México un foro jurídico que analizará el caso Atenco; el jueves 19 también en la UNAM se realizará un foro de análisis sobre el movimiento social representado en el Frente de Pueblos en Defensa de la tierra. Por ello, en esta campaña, habrá múltiples foros, actos culturales, oraciones, colectas y mesas de información, cartas, desplegados y pronunciamientos.
• Abriremos centros de acopio para apoyar el plantón que desde hace casi 3 años mantienen diversas organizaciones a las afueras del penal de Molino de las Flores. La gente podrá donar víveres y otros materiales para apoyar dicha iniciativa.
• Varias de las personalidades que integran esta campaña realizarán visitas personalmente a los penales del Altiplano y Molino de las Flores para entrevistarse directamente con los presos políticos.
• Acudiremos con diversas instancias, en especial las defensoras de los derechos humanos, para entrevistarnos y exponer nuestra opinión sobre la liberación de los presos.
• Daremos seguimiento y apoyo a la defensa legal de los 13 presos.
• Fortaleceremos el proceso de documentación de las violaciones a los derechos humanos. En su momento, evaluaremos acudir a instancias internacionales.
• Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a participar en las jornadas a 3 años de los acontecimientos en Atenco. Los invitamos a realizar acciones de protesta civil y pacífica en sus localidades, en sus barrios y comunidades, en sus escuelas y centros de trabajo y los días 3, 4 y 5 de mayo a realizar movilizaciones por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco.
De todas estas actividades, en su momento se informará públicamente la forma y fechas de realización.
Nuestra página
www.atencolibertadyjusticia.com
recibirá las inscripciones de todas y todos aquellos que desean realizar una acción por la libertad y la justicia. A través de ella, podrá enviarse a cada preso un mensaje por escrito. A través de la página también podrán inscribirse las acciones que de todo el país y en otras naciones la sociedad civil decida impulsar.
Por último, esta iniciativa no cuenta con recursos ni financiamiento alguno. Las actividades se desarrollarán con los recursos que todas y todos donemos para los gastos que implican varias de estas actividades. Hemos abierto un número de cuenta que recibirá donaciones única y exclusivamente para dichos gastos. No debe confundirse esta cuenta con ningún otro tipo de apoyo, más que para realizar las actividades que integran la campaña. Se podrá donar desde 50 pesos en cualquier sucursal de BANORTE en la cuenta 0608878038 a nombre de María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez para apoyar –exclusivamente- los gastos de la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO.
ATENTAMENTE
Comité Libertad y Justicia para Atenco:
Personas participantes: Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Carlos Montemayor escritor, Ana Francis Mor, actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Adolfo Gilly académico, Luis Villoro filósofo, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Daniel Giménez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro periodista, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo banda de ska y rock.
Organismos participantes:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),
Comité Cerezo,
Comité Monseñor Romero,
Colectivo de abogados Zapatistas (CAZ),
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.,
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
La voladora Radio,
Mujeres sin miedo,
Servicios Legales y Estudios Jurídicos,
Servicios y Asesoría para la paz (SERAPAZ)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
national and international campaign
LIBERTY and JUSTICE for ATENCO
We, people and organizations, nearly three years of the terrible events of repression in San Salvador Atenco, say:
1. The movement to defend the land that emerged in 2001 against the government initiative to expropriate land to build a new airport for Mexico City, is a social movement whose causes and demands are fair, legitimate and reliable and that violence never should be the State's response to the movement of peasants and townspeople. The People's Front in Defense of the Land (FPDT) represents this movement. The state was wrong to polarize the conflict then and to choose an authoritarian output to social problems.
2. The countless human rights violations in the operation led by the federal, state and municipal authorities in May 2006 is an unfortunate fact that has been documented by national and internationally recognized bodies HRDs. Various levels of state and even federal officials have acknowledged the seriousness of the violations and abuses committed in San Salvador Atenco. There is no doubt such violations were committed. Unfortunately, the Supreme Court in its deliberations last week, avoided pronouncing on the responsibilities of police officers and politicians who participated in these events.
Because of the way, and repeating patterns of arrests, police brutality, sexual abuse against women, torture and procedural irregularities, we certainly believe that there are clearly identifiable political responsible by their actions or by their omissions and for their location in the chain of command. It is the Mexican state and senior officials who were in charge of operations, responsible for human rights violations committed in San Salvador Atenco. These operations had two political intentions: to treat as criminals those who are a legitimate social movement and seek to disrupt and behead the organizational structure of the same movement. The State erred in failing to prosecute a small conflict of only eight flower vendors and polarize it. 3 and May 4, 2006, the state launched an operation planned, deliberate and calculated to promote fear and exemplary punishment through authoritarian violence to social movement of the People's Front in Defense of the Land and solidarity organizations that accompanied them. The chapter to achieve justice for victims is incomplete. The justice is now pending.
3. As a result of these unfortunate events, 13 people remain prisoners with sentences ranging from 31 years through 67 and even 112 years' imprisonment in a maximum security prison. All were sentenced to terrible and unjust sentences for crimes they did not commit. Against them, it was used the justice system so factious. They are not criminals, some are more visible leaders of the movement in defense of land and other more simple and humble people, including some who had never participated in any social movement. The way they were stopped, the abuses and violations of human rights that they were subject, the irregularities in their convictions, make us to see, newly that they are in prison without a legal basis.
These 13 people are political prisoners. And the ways of justice cannot continue while the human rights violations continue. These violations continue while they are prisoners. It is so urgent national and international demand FREEDOM for 13 prisoners and so we met many actors and actresses, musicians, journalists, writers, painters, scholars, religious, human rights defenders, civil organizations, solidarity, family of detainees, lawyers and the Peoples Front in Defense of Land to do the following:
CALL TO NATIONAL AND INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY
We call for national and international civil society, women and men of all ages, of all entities of the country, from all continents of the world, who are in the field or in the city, of all professions, the arts and offices, of all sexual orientations and preferences, all individuals, families, groups, organizations, networks and indigenous movements, unions, farmers, city folk, women's, environmental, human rights, students and religious fighting for freedom and justice, to participate in national and international campaign: FREEDOM and JUSTICE for ATENCO. Which starts this February 17 and whose first phase will end on May 3-5 this year, intending to join the voices that call for:
The FREEDOM of 13 political prisoners.
The revocation of the sentences.
Cancellation of arrest warrants for the persecuted
Respect for human rights of detained and persecuted
The punishment for those material and intellectual responsible for planning and the repression and human rights violations.
To condemn and stop the criminalization of social movements in Mexico.
This campaign is a civil and peaceful initiative that seeks to promote the participation of national and international individuals, families, groups, collectives, organizations, networks and movements around the demand of freedom by the 13 political prisoners of Atenco. It is an initiative of the Mexican civil society, driven by a dozen organizations defending human rights, civil solidarity, defense attorneys, family members of 13 political prisoners and persecuted, all invited by the People's Front in Defense of the Land.
The campaign will include a number of actions at national and international levels:
•A campaign that consists in sending messages to the 13 political prisoners of Atenco from across the country and around the world so that the citizens can express their support in writing to each of the prisoners.
•A national information campaign which will distribute thousands of leaflets and posters informing the public about the status of the 13 prisoners. The national campaign will include radio production and video materials for distribution.
•An information campaign in mass media and alternative commercial where some of the personalities who have joined the campaign as well as the participating organizations will ask for space in the mass media to explain the situation of the 13 political prisoners and invite citizens to participate in this campaign.
•All organizations, networks, groups, families and individuals can register for civil and peaceful protests diffusing and demanding the release of 13 political prisoners from Atenco. An example of this is that students and academics have already called on Wednesday 18 at 13 hrs. in the Faculty of Law at the National Autonomous Universitiy of Mexico (UNAM), a legal forum to discuss the case Atenco. On Thursday 19 in UNAM there is also a forum for reflection on the social movement represented in the People's Front in Defense of the Land. Therefore, in this campaign, there will be multiple forums, cultural events, prayers, collects, information tables, letters, deployed and pronouncements.
•Will open collection centers to support the camp that stills, for almost 3 years now thank to various organizations, outside the prison Molino de las Flores. People can donate food and other materials to support this initiative.
•Several of the personalities that integrate this campaign will visit personally the prisons Altiplano and Molino de las Flores to meet with political prisoners.
•We will meet with various instances, particularly human rights defenders to interview and present our opinion on the release of prisoners.
•We will monitor and support the legal defense of the 13 prisoners.
•We will strength the process of documentation of human rights violations. At the time, we are going to consider visiting international instances.
•We call for national and international civil society to participate in the working days to three years of events in Atenco. We invite you to take actions of civil and pacific protests in your localities, neighborhoods and communities, in your schools and workplaces. And to mobilize on May 3-5 to conduct demonstrations for the freedom of 13 political prisoners from Atenco.
Of all these activities, at the time, we will publicly and punctually inform about dates of realization.
Our site:
www.atencolibertadyjusticia.com
will receive all entries and all those who wish to pursue an action for freedom and justice. Through it, you can send a writing message to each prisoner. Through the site, it also may register actions of the country and other nations that civil society will decide to promote.
Finally, this initiative does not have any resources or funding. Activities will be developed with the resources that everybody donate to the various costs involved in such activities. We have opened an account number that will receive grants exclusively for these expenses. Do not confuse this account with any other type of support, rather than to carry out the activities that comprise the campaign. You can donate from 50 pesos at the BANORTE Account 0608878038 in the name of Maria Antonia Trinidad Ramírez Velázquez-exclusively to support the expenses of the national and international freedom and justice for Atenco campaign.
CAREFULLY
Liberty and Justice for Atenco Committee:
People involved: Bishop Emeritus Samuel Ruiz Garcia Diocese of San Cristobal de las Casas, Ofelia Medina actress, Manu Chao musician, Julieta Egurrola actress, Carlos Montemayor writer, Ana Francis Mor actress, Bishop Raul Vera of the Diocese of Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo painter, Diego Luna actor, Roco vocalist for the rock band Maldita Vecindad and children of the Fifth Patio, Adolfo Gilly academic, Luis Villoro philosopher, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II writer-journalist, Daniel Gimenez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa journalist, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo Dominican monk, director of the Center for Human Rights Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro journalist, Ruben Albarrán vocalist for the rock band Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo ska and rock band.
Participating Agencies:
Human Rights Center Miguel Agustín Pro Juárez,
National Center for Social Communication (CENCOS)
Cerezo Committee,
Committee Monsignor Romero,
Zapatista lawyers collective (CAZ),
Consortium for Parliamentary Dialogue and Equity AC
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)
The Flying Radio
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