La reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña sólo ha venido a confirmar que se fraguó “un crimen de Estado en México”, aseguró este martes la red de organizaciones que forman parte del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (Moviac/Chiapas).
“Las reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Acuerdo Trans Pacífico en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano”, puntualiza la red.
En un comunicado, indica que la reforma energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado, privilegiando sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y la apropiación de grandes extensiones de tierra.
No sólo eso, también privilegia las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población y la protección y garantía de los derechos humanos, apunta.
La red destaca que el artículo transitorio octavo constitucional establece “que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico, y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.
En México, para garantizar la imposición de la reforma energética, subraya, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo y a la Ley de Expropiación, con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales, que están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictamen Técnico.
“Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una institución de crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización”, se lee en el texto firmado por el MOVIAC.
Los inconformes denuncian que la reforma energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
“Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos, aceleramiento de la deforestación y de la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, la agudización del cambio climático”.
Añade:
“Por ello, esta reforma energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra. Y es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros, poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas”.
Las organizaciones refieren que la reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, y con ello se ha dado un golpe letal a la soberanía nacional, ya que el Estado mexicano, dicen, renunció a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales viven los pueblos, y esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura.
“Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra”, puntualizan.
Subrayan:
“Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas”.
Por ello, hacen un llamado “a la insurrección nacional en contra de la guerra de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos”.
Concluye:
“Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales, a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México, a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos”.
El MOVIAC en Chiapas está conformado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/CHIAPAS), Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER/Chiapas), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH AC), Otros Mundos AC/Chiapas, Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN), Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP Chiapas), Centro de Educación Integral de Base AC (CEIBA A.C.), Mujeres de Maíz AC y Kinal Antzetik AC.
