viernes, febrero 02, 2007
jueves, enero 18, 2007
jueves, enero 11, 2007
LOS PATRONES CRIMINALES DEL PODER
LOS PATRONES CRIMINALES DEL PODER
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
Lorenzo Ismael Vargas Sánchez.
ESIA TECAMACHALCO IPN.
El presente trabajo es producto de una investigación documental realizada para demostrar el patrón de comportamiento delictivo por parte de quienes detentan el poder del Estado, esto es, la clase política al servicio de los intereses de los corporativos privados nacionales y principalmente multinacionales ligados todos ellos a los lineamientos que impone la globalización como sistema hegemónico capitalista a nivel mundial. Este comportamiento, se observa especialmente, cuando se desdibuja el modelo “estado democrático de derecho” que se sustenta en la forma de representación popular a través del voto universal, que sólo permite formas de elección a través de partidos políticos registrados y conocidos, por lo que se genera una clase política parasitaria del presupuesto oficial, los cuales son incapaces de dar soluciones a las presiones sociales originadas por los movimientos populares (urbanos y rurales) quienes exigen justa solución a sus demandas.
En otras palabras, nuestro interés es mostrar el comportamiento delictivo de las autoridades, que se asumen como representantes legales del Estado, frente a la problemática política que plantean los movimientos sociales. Desde la perspectiva crítica del pensamiento criminológico, que argumenta que el sistema de inclusión del aparato jurídico, excluye selectivamente de sus derechos a los “otros” (De Giorgi 2000)[1], es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados o en su caso, movimientos sociales organizados. La segunda premisa que plantea nuestro autor de referencia, es la que estudia la universal inclusión y exclusión de los movimientos sociales enfocando su análisis a la estructura social y la superestructura jurídico- política e ideológica, que permiten entender cómo se construyen formas de pensamiento que se presentan como generales para todos, pero que no son más que construcciones subjetivas de la realidad, que se asumen como criterios universales de validez a través de las normas y leyes, que regulan el comportamiento en lo particular, mientras se excluye de sus derechos a amplios grupos sociales, estableciendo políticas criminales contra quienes escapan a sea generalidad de la norma, (De Giorgi, 2000). ¿Pero quién controla y sanciona los actos y acciones que realizan quienes detentan el poder del Estado? El análisis permite entender que efectivamente no existe un control constitucional ni un metapoder social que detenga y elimine los actos y conductas criminales que realizan los funcionarios públicos y mucho menos quienes a nombre del “Estado de derecho”, realizan acciones delictivas de lesa humanidad contra la sociedad, los pueblos y comunidades indefensas.
Para la teoría sociológica crítica que estudia los movimientos sociales es claro cómo desde el exterior de las instituciones jurídico políticas y la ideología dominante, se producen cambios que hacen que se modifiquen las estructuras sociales, sin que necesariamente el movimiento se de por dentro de éstas o bien busque su institucionalización. Alberoni (1994) hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. El análisis de Alberoni revela que existe un control sistémico[2] sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas que permiten preservar el status quo del sistema, su operatividad y su manejabilidad, para reproducir material e ideológicamente las condiciones propias de exigencia del propio sistema.
El aporte en el conocimiento sociológico de los movimientos sociales no está en el hecho mismo de su gestación, sino en explicar la dinámica al convertirse los individuos aislados en actores sociales, conscientes de la realidad a la que pretenden transformar, estableciendo su ámbito de influencia, sobre todo, aquellos que se enfrentan al conjunto sistémico, cuyos elementos fundamentales son el poder, el ejercicio del poder y el control social, por lo que los actores sociales que intervienen se han identificado dentro de los movimientos sociales antisistémicos.
Para sostener lo anterior desde el punto de vista teórico, además de los autores antes mencionados, parto de los trabajos de Charles Tilly (1995a, 1995b) cuyo enfoque combina los análisis micro y macro, explicando cómo la diferencia estructural, sumada a la dimensión política, modifica la naturaleza de la acción colectiva. Lo más útil de dicho análisis, es desprender de aquí el sentido inverso, es decir, precisar cómo las transformaciones en la naturaleza de la acción colectiva pueden explicar la diferencia estructural y los cambios en la dimensión política. Para llegar a este otro nivel, es necesario entender los movimientos sociales no como grupos o agregados de personas, sino como procesos históricos concretos, de tal modo que el estudio de las acciones colectivas nos permita conocer la manera en que, la acumulación dialéctica de acontecimientos políticos, y no necesariamente uno sólo, es capaz de alterar la estructura, las instituciones y por lo tanto, modificar el sistema impuesto.
Parece que el tipo de análisis propuesto tanto por la criminología como por la sociología crítica se empatan, pero no es así, ya que el primero hace énfasis en la critica al sistema de inclusión del aparato jurídico, que excluye de sus derechos selectivamente a los “otros”, es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados y los movimientos sociales organizados. En tanto que el análisis sociológico hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. La coincidencia en el análisis es que, efectivamente existe control sistémico[3] sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas.
El enfoque de la dogmática jurídica penal y criminológica de corte positivista no permite hacer una critica profunda al sistema de dominación, por el contrario, este tipo de análisis asume que la ley es instrumento de dicha estructura vertical de dominación social, por ello señalamos que tanto los derechos como los atributos jurídicos son de naturaleza política y son redefinidos en un proceso continuo (conflictivo y contradictorio), que se precisan históricamente por la fuerza de la confrontación entre intereses materiales, políticos y culturales de distintas fuerzas sociales (Mann, 1987; García Canclini, 1995; Tamayo 1999).
Lo importante es descubrir si esto es así o por el contrario, -como apunta tanto el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (MST), y el de los zapatistas en México (EZLN)-, además de que dichos movimientos no se han podido controlar de manera sistémica, tampoco buscan la institucionalidad, sino que su horizonte es la autonomía, y por lo tanto, “otro tipo” de institucionalidad, diferente a esa forma tradicional de hacer y de concebir la política, esto es, otra forma de hacer política desde abajo como atinadamente señala Pablo González Casanova (2005). Me importa pues, dentro de esa perspectiva, exponer los movimientos sociales como procesos históricos en el contexto coyuntural de una transición, que se forma y se revalora en los propios objetivos y contenidos de la lucha social. (Touraine, 1999; Thompson, 1966).
Lo que oficialmente se llama “política criminal”, se refiere, desde la perspectiva jurídica tradicional a una serie de problemas particulares que no deben ser tratados por otros ámbitos de las políticas públicas, del derecho o especialmente del derecho penal, Sabemos que este razonamiento jurídico, esta especie de especialización, es lo que le confiere un estatus de “verdad científica” a los actos jurídicos que la autoridad realiza, lo que permiten calificar ciertos comportamientos sociales como delictivos, pero no estoy de acuerdo con ese pretendido carácter ontológico de los delitos, no comparto esa definición de “política criminal” y mucho menos considero que existan recetas para “combatir la criminalidad”, porque igualmente ellas las podrían formular especialistas de otras disciplinas.
Mi posición es que la política criminal esta sustentada con alfileres en la doctrina de Seguridad Nacional, responde en todos los campos, tanto a nivel interno como externo, al contexto de dependencia y completo sometimiento a los intereses de Estados Unidos. El programa que en términos institucionales se llama de “cooperación” recíproca entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, a nivel interno se traduce en políticas de segregación étnica de los diferentes pueblos indígenas y en el mejor de los casos “incorporación” de estos al “desarrollo”. Sin embargo la dependencia estructural de América Latina a las políticas de Washington, siguen produciendo marginación y extrema pobreza en la región, condiciones de desigualdad social que se asumen como etiquetas para criminalizar a los pobres. Especial atención reclama los casos del narcotráfico y el lavado de dinero, actividades criminales que han querido vincular con los movimientos sociales de resistencia para tronarlos, satanizarlos y minar sus bases de apoyo, como es el caso de los guerrilleros en Colombia, en la Sierra de Guerrero en México[4], en el caso de las tomas de tierra por el MST en Brasil y la lucha de resistencia del EZLN en Chiapas.
Por esta razón es necesario apuntar una última premisa teórica importante en torno a la caracterización del Estado enajenado que responde a las políticas criminales del imperialismo norteamericano[5], elaborada para el estudio del control social en México por Augusto Sánchez, Klaus Dieter Gorenc y Alicia González Vidaurri (1998). En efecto, los autores señalan que el actual Estado no es un “Estado de derecho” y mucho menos un “Estado racional”, donde los actores sociales son reconocidos y valorados como entes independientes en su persona y su libertad. Esta discusión en torno al Estado es un debate abierto (Quijano, Aníbal 7. 2001), sobre todo por el proceso de globalización que busca el rompimiento de los Estados nacionales[6] y propone como alternativa un Estado mínimo. Augusto Sánchez (1998) argumenta que nuestro sistema apuna a un “Estado de derecho autocrático”, donde lo que importa es la decisión cambiante, del sujeto que preside el gobierno del Estado, el cual desarrolla una política apegada a las directrices que mejor convienen a los Estados Unidos. Este modelo de estructura jurídica repercute en la política criminal y el control social, convirtiendo al ciudadano común, en un objeto fácilmente reprimible mediante las instituciones jurídicas y la segregación.
Con esta finalidad se observaron como caso de estudio el movimiento jaramillista 1955-1962, el movimiento estudiantil de 1968, el movimiento zapatista iniciado hace trece años (1994) y el movimiento de la APPO, en Oaxaca (2006), el análisis hace énfasis en la imposibilidad de la negociación política por lo que se recurre a la criminalización de los movimientos, la detención, la tortura, la vejación, la anulación de los derechos individuales y el asesinato como formas únicas para la eliminación del conflicto. La participación de la ciudadanía y la acción de los movimientos sociales convergentes que se dieron en el espacio, tanto rural, como urbano, durante el periodo en que se inscriben van desde mediados del siglo pasado a principios del presente, esto es de 1950 a 2006.
A partir de dichos movimientos se hace un análisis en relación con la distribución del control en la sociedad. Asumiendo que la característica fundamental es que la política criminal está dirigida, en realidad, a los potenciales violadores de la formalidad y el orden instituido[7]. En este sentido, son criminalizados todos los movimientos sociales que se oponen o resisten al sistema. La resistencia no significa inmovilidad, ni defensa del status quo, sino un lento y casi imperceptible, aunque continuo e insistente, movimiento de transformación, de diferenciación de los planos y de la realidad” (García Bermejo C., 2004). Hablar de resistencia significa afrontar el problema de los opuestos. Es decir, dar respuesta a la cuestión del conflicto, al problema cómo pensar la oposición a partir de la diferencia.
Más allá de ésta definición tentativa sobre la categoría “resistencia”, la propuesta básica al estudiar los movimientos sociales es conectar la resistencia con la actitud de cambio que exige en estos momentos nuestra sociedad. Resistirse es no aceptar las imposiciones del capitalismo y evitar ser devorado, pero ello exige una propuesta, otro proyecto, otra opción, una alternativa, otro mundo pensado, pero posible, que se traduce en los principios de “mandar obedeciendo y crear un mundo donde quepan muchos mundos”.
Se empleó el análisis sistémico como metodología que posibilita entender las relaciones entre actores, poder, ejercicio de poder y control social como elementos centrales para observar el entramado de relaciones que el Estado actual genera para preservar el status quo a través del control social sobre los movimientos de resistencia al poder. De esta manera podemos decir que la legalidad y el derecho son elementos que permiten justificar y legitimar la represión, es decir, el ejercicio de la violencia del Estado. Esta violencia institucional tiene un intenso e injusto impacto social; el impacto social existe, por lo que es necesario hacer una crítica severa al injusto derecho y a la criminal política del Estado. Esta inversión de la realidad preconstruida desde el poder, la observo desde el espejo que refleja la propia injusticia social que se vive en el continente. Lo que afirmo es que se criminaliza y se desarrolla una política criminal con pretensiones de cientificidad legal, cuando en realidad, el contenido de estas dos disciplinas es ideológico, por lo tanto, sirve para el control de una clase sobre otra, la dominante contra la dominada.
1) La violencia proviene de las autoridades, sin respeto a los derechos originarios del pueblo y de las garantías individuales.
Durante la etapa del macartismo, donde se tiende a criminalizar toda lucha legítima de los pueblos bajo el etiquetamiento y estigma de ideología comunista, sucedieron hechos muy importantes, por ejemplo, en Morelos se retoma la lucha zapatista de recuperación de tierras encabezada por el líder agrario Rubén Jaramillo, que junto con un gran número de personas originarios de la región intentan ocupar tierras ociosas en los llanos de “Michapa y el Guarín”: El prestigio de Rubén como líder agrario venía desde tiempos de la revolución de 1910, por su participación en el Ejército Liberador del Sur que comandaba el general Emiliano Zapata y en el liderazgo del movimiento cañero, que permitió el desarrollo de esa industria, en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas, quien construyó, para beneficio de los campesinos del estado de Morelos, el Ingenio de Zacatepec, hoy en manos de empresarios privados que exigen que el Estado los vuelva a comprar.
Jaramillo se distinguió por mantener vivos los ideales de la lucha zapatista, por organizar a los campesinos jornaleros y por reclamar al Estado los derechos legítimamente conquistados por estos. Así la toma simbólica de los llanos de “Michapa y El Guarín”, constituía uno más de los enfrentamientos del movimiento agrario contra el Estado. El gobernador de Morelos (priísta y latifundista) que tenía intereses sobre dichas hectáreas inició un proceso de persecución y criminalización contra el dirigente. Ante tales amenazas y siendo su lucha evidentemente pacífica y por los causes instituidos[8], en previsión Jaramillo obtuvo un amparo federal y logró una entrevista con el presidente Adolfo López Mateos[9], quien le garantizó el respeto a sus derechos y garantías constitucionales, por lo que Jaramillo lo consideró su amigo, a la vez que el propio presidente reconoció la validez de su lucha. A pesar de todo lo anterior, es decir de ser una lucha pacifica, sin uso de medios violentos, de estar amparado y de haberse entrevistado con el presidente. Miembros del ejército mexicano, lo detienen a él y a su familia allanando su casa sin ninguna orden de aprehensión y los asesinan en Xochicalco[10]. Sin que hasta ahora se halla dado un castigo a los culpables intelectuales y materiales de tan cobarde crimen de Estado.
La política criminal sustentada en los principios del macartismo tuvo secuelas en otros movimientos importantes, como el de los Médicos, el de los Ferrocarrileros y el de los Maestros, sin embargo daremos un gran salto para señalar que el movimiento estudiantil de 1968 también fue objeto de la misma criminalización, y a pesar de que se ha considerado un “parte aguas” en la historia de México, poco se ha reflexionado en el hecho de que existían negociaciones entre los dirigentes y el Estado para llegar a una solución al conflicto, que el mismo Estado se encargo cancelar con acciones que incendiaron y oscurecieron el panorama político.
El movimiento estudiantil de 1968 fue originado por la represión policíaca emprendida contra estudiantes y maestros, no abundaré en detalles sobre los orígenes, después de la represión vinieron las amenazas, el vituperio y más tarde el terror militar cuando fueron tomados los planteles tanto del politécnico como de la universidad, la campaña de calumnias contra los dirigentes y la estigmatización del movimiento, fueron parte de la estrategia política para criminalizar a los estudiantes rebeldes. Para el gobierno existían dos salidas la negociación o la represión, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz opto por cerrar el diálogo y emplear toda la fuerza punitiva del Estado contra los estudiantes y sectores populares que los apoyaban.
La manifestación del silencio del 13 de septiembre de ese año, encabezada por el Rector de la Universidad, Barros Sierra, luego de la intervención militar directa en los planteles, no sólo fue un acto de valentía, fue una demostración del carácter honesto de la lucha y básicamente se trataba de recuperar la confianza, ante el pánico desatado por las bayonetas que tenían como respaldo la campaña de terror oficial emprendida por el régimen.
En actos anteriores se había elegido la Plaza de Tlatelolco para realizar tanto mítines relámpago como concentraciones masivas, el respaldo y simpatías hacia los estudiantes por parte de los habitantes de dicha unidad era más que evidente, así el 27 de septiembre la plaza recibía un mitin al cual asistieron más de 5 mil personas. Los propios habitantes tenían planeado el día 30 de ese mes formar su propio comité de lucha, sin embargo no se logro conformar, ya que ese día treinta, se celebró una gran manifestación del Monumento a la Madre a la Cámara de Diputados, realizada fundamentalmente por mujeres que gritaban consignas tales como ¡Granaderos…Fuera de Tlatelolco! Ese mismo día el Consejo Nacional de Huelga expresó su decisión de celebrar dos mítines más el primero y el dos de octubre para demandar la salida de las tropas de los planteles ocupados.
El gobierno no puede responder a las exigencias de diálogo que plantean los estudiantes y sus medidas represivas para contener el movimiento fracasan, entonces decide dar un definitivo golpe, el genocidio del dos de octubre. Lo que importa resaltar es que Gustavo Díaz Ordaz en el mes de septiembre mantuvo conversaciones con el Rector Barros Sierra -este hecho es confirmado por García Cantú-, que en el curso de la plática, propuso al Presidente el nombramiento de dos representantes que debían entrar en contacto con los líderes estudiantiles. El mismo Barros Sierra menciono como posibles interlocutores del diálogo por parte del gobierno a Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, el primero director del IEPES y hombre de confianza de Alfonso Martínez Domínguez y el segundo era funcionario de PEMEX y gente de Jesús Reyes Heroles. De acuerdo con el Rector el presidente acepto de inmediato la propuesta y sugirió que la primera reunión para el diálogo se realizara el primero de octubre, la cual se pospuso para la mañana del dos de octubre. Al conocerse la propuesta de diálogo el CNH nombró tres delegados, no resolutivos, ya que su tarea era discutir con los representantes oficiales las condiciones en las que se llevaría a cabo el diálogo público, así que como representantes estudiantiles quedaron, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz.
El inicio del dialogo fue tenso, los representantes estudiantiles explicaron cuales eran sus limitaciones. De la Vega dijo entonces que no tenía objeto hablar, Caso intervino y pidió calma. De la Vega insistió que el “dialogo público” era un pretexto para exhibir al gobierno. A pesar de la cerrazón y poco entendimiento de De la Vega, ambas partes acordaron que lo procedente era “un diálogo de hechos” y no de palabras. Así tanto los representantes del CNH como los del gobierno dieron muestras de buena voluntad y acordaron celebrar una segunda reunión el tres de octubre en la Casa del Lago, que no se realizó.
Lo demás esta completamente documentado, la intervención del Batallón Olimpia para la identificación y detención de los líderes estudiantiles, la utilización de los cuadros de elite del ejército, cuerpo de paracaidistas, tropas de asalto mejor entrenadas del país, y batallones motorizados que utilizaron tanques y tanquetas, además de 300 transportes militares del ejército, la detención y asesinato de los lideres estudiantiles, la desaparición, la tortura, el allanamiento de los departamentos del edificio Chihuahua y cercanos a la Plaza de Tlatelolco, la persecución de los que lograron escapar al genocidio, las amenazas a las victimas y familiares de los detenidos, además de la tortura y linchamiento de los detenidos. Después del baño de sangre en la que “las armas nacionales se cubrieron de gloria” siguió “la cacería de brujas”, dos años y medio después del genocidio, 165 personas purgaban sentencias de entre los 3 y 17 años de prisión, que pasaron a formar parte del contingente de presos políticos más numeroso de esa etapa de la historia de México, sobre ellos recayó no solamente todo el peso de la ley, sino también, como lo asume el gobierno, la responsabilidad de la matanza. Para Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Marcelino García Barragán, Hernández Toledo y demás políticos y militares, así como jueces y ministerios públicos, los únicos culpables eran los estudiantes. El gobierno federal sólo se limitó a “preservar el orden y la paz social”.
El patrón es el mismo, mientras se establece un escenario de diálogo, se prepara la represión como política criminal de contención de los movimientos sociales. Por ello es preciso recordar que desde el 30 de septiembre, las autoridades capitalinas ordenaron el desalojo del dormitorio 4 de la cárcel de Santa Marta Acatitla, igual procedieron las autoridades militares con las “cuadras” marcadas con las letras A; C y D del campo militar No. 1. Al penal serían conducidos cerca de 700 detenidos, mientras que al campo militar se llevaron a cerca de mil detenidos, el número total fue de más de dos mil, mientras que la cifra de muertos más fidedigna fue la que dio el diario inglés “The Guardian”, que calculó el número de muertos en 325 (mientras que el gobierno sólo reconoció oficialmente la muerte de 40 manifestantes). Muchos de los cadáveres fueron incinerados, incluso se supo que aviones militares arrojaron una gran cantidad de muertos al mar. El número de heridos superó con creces el millar, muchos de ellos murieron por falta de atención médica[11]. El genocidio se había preparado previamente con base a la estrategia militar de cerco y aniquilamiento, mientras se aparentaba en otro escenario, una aparente disposición del gobierno para negociar con los representantes del movimiento estudiantil.
2) De la construcción neoimperial a la utopía del Estado de derecho.
La construcción imperial en nuestro tiempo está impulsada por sectores extremistas y radicales de derecha[12] (tanto del partido republicano como del demócrata) y modelos sistémicos de control. Los intentos simplistas de explicar la guerra mediante referencias a la influencia del complejo militar-industrial no tienen en cuenta otros factores clave que permiten desarrollar un análisis con mayor profundidad en torno a la crisis que vive el gobierno de Estados Unidos y las empresas multinacionales que los sustentan. Si bien es cierto que el poderío militar está diseñado para asegurar el futuro acceso a la los recursos estratégicos, y por tanto, la generación de mayor cantidad de riqueza, la guerra y la red de satélites militares están diseñados para crear un sistema mundial que facilite el monopolio de las ganancias a través de gobiernos dependientes, enajenados o sometidos, dispuestos a ofrecer los derechos de explotación a las grandes empresas estadounidenses (Petras, J. 2005).
Hacia principios de los años 90 se inicia la primera fase, el neoimperialismo había asumido como suya la misión del dominio de los sectores estratégicos y dinámicos de las economías y consolidado el control de una clase política en América Latina, por lo que en esta nueva etapa lanzó su programa de transición hacia la recolonización de la región a través de sendos tratados de libre comercio con México y Canadá, en el Norte (TLC) y el denominando Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el Sur.
A finales de la década se da la segunda fase con el proceso de recolonización imperialista, las elites tradicionales de la derecha y nuevos gobernantes, convencidos de su misión histórica dentro de la utopía del neoliberalismo, tratan de integrar a los renegados de la izquierda institucionalizada los que por esta vía ascendieron a escaños y curules que les permiten hacer jugosos negocios con otros poderes que constituyen una elite muy selecta, la cual denominamos clase política.
La tercera fase corresponde al presente periodo, implica la transformación de las conquistas económicas estratégicas en un nuevo régimen político legal (el TLC y la Comisión ALCA) que confiere a los constructores imperiales estadounidenses el poder formal y el control total de la región, pero también están otros tratados y planes, como el de Tratado de Centroamérica con los Estados Unidos y el Plan Puebla-Panamá cuya iniciativa busca insertar al sursureste mexicano y a Centroamérica en la globalización y construir un bloque que esté “preparado” para competir ante un eventual inserción en los grandes mercados. La ideología y los argumentos radicales de la derecha corresponden a un pensamiento pragmático, típico de los hacedores de riqueza por cualquier medio, incluyendo la guerra, el asesinato, la tortura y finalmente la muerte o aniquilación tanto de “los enemigos internos como los externos”. Estos grandes inversionistas han logrado desarrollar métodos sofisticados para abrir espacios vitales para sus empresas e intereses bajo presiones a países, Estados o naciones débiles, como puede ser la “amenaza de retiro de sus inversiones” o bien que existen mejores “ofertas y proposiciones” en otras partes del mundo, lo que de entrada excluye la posibilidad de negociar con ellos si no es en el plano que para tal efecto han diseñado, es decir, en condiciones de desigualdad total para la nación o Estado enajenado.
A pesar de este sistema mundo capitalista que se presenta como único y universal, el imperialismo no ha logrado avances contra los movimientos sociales de resistencia mediante políticas coercitivas, injerencia militar y represión, pero sí mediante los partidos electorales de centroizquierda cuyos liderazgos los ha aislado de sus bases de apoyo, gracias a una política económica de apertura de mercados en la que se presenta el desarrollo y el crecimiento como panaceas de una realidad preconstruida ideológicamente por programas dictados desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este fenómeno de cooptación ha minado los movimientos sociales, pero no los ha derrotado, ya que la estrategia de estos ha sido desvincularse tanto de partidos de izquierda institucionalizada, como de candidatos o presidentes que se asumen como de cambio o que se autonombran de izquierda, tal es el caso, por ejemplo, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que se ha desligado de las políticas neoliberales del Presidente Luiz Ignacio Lula da Silva en Brasil, y del EZLN quien mantiene un gran distancia del Partido de la Revolución Democrática.
Los movimientos sociales en América Latina perciben esto como una traición de las elites políticas de centro-izquierda, por lo que vuelven a los únicos métodos probados de lucha y acción directa: protestas de masas, huelgas generales, bloqueos carreteros y ocupaciones de tierras. La idea central es que si bien los movimientos sociales han sido los principales vehículos por los que las clases obrera, campesina y empleados han desplazado a políticos venales, llevando a cabo reformas sociales y bloqueando las políticas más aparatosas de Estados Unidos contra la región, no han logrado adueñarse del poder del Estado.
Sin embargo es relevante apuntar que muchos de estos movimientos están buscando otras alternativas que impliquen el ejercicio del poder desde abajo y por lo tanto, otra democracia más participativa, al margen de las reglas de juego institucionalizadas y la legitimación del Estado, sobre todo, después de las experiencias negativas que se han observado en el continente. Frente a esta falsa realidad preconstruida desde el poder hegemónico, los movimientos sociales están convocando a nuevas Asambleas Constituyentes, como es el caso de Bolivia, Venezuela y México.
¿Por qué el Estado de derecho es una utopía? En América Latina cada presidente derrocado por los movimientos sociales es remplazando por otro salido de la misma elite política, que aplica las mismas políticas neoliberales. Esta rotación o circulación de las elites es lo que los publicistas de imagen política llaman “cambio constitucional”, por las “vías institucionales y los causes legales”. Esta aplicación tendenciosa del derecho es la que ha frustrado, hasta ahora, los esfuerzos de los movimientos sociales por lograr cambios estructurales amplios e irreversibles, de ahí que una de las alternativas que se ofrecen como propuesta, ante la crisis de legitimidad del Estado y de representatividad de los profesionales de la política, es impulsar desde abajo el proyecto de un constituyente nuevo, que modifique las bases políticas y jurídicas del actual Estado.
Pero este proyecto social se enfrenta a los intereses de la derecha conservadora y de quienes han sido beneficiados directos del proyecto neoliberal (como es el caso de los banqueros rescatados por el FOBAPROA-IPAB), así tenemos que previendo cambios estructurales de fondo, los sectores de la derecha más conservadora y radical han asumido la legalidad como propia, lo cual implica un mayor empleo de la violencia institucional del Estado contra los movimientos sociales, especialmente en México.
Sostengo que son los movimientos sociales de resistencia al neoimperialismo, los que están posibilitando la construcción de otra forma de hacer política, otro mundo posible, sobre la base de un proyecto de autonomías locales y culturales opuestas al proyecto neoliberal y los intereses imperialistas de las potencias capitalistas. Es importante resaltar que los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo, y por lo tanto al neoimperialismo, en América Latina, están en el centro de la estrategia militar de los Estados Unidos, por lo que la guerra en nuestra región ya se está librando, desde hace varios años (ver la doctrina “Carter” anteriormente citada), pues nuestro territorio es presa de los intereses manifiestos del actual y futuro gobierno de Estados Unidos, así Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, México[13], Uruguay y Venezuela, por mencionar los más relevantes, son espacios “vitales” de la política expansionista norteamericana que requieren gobiernos afines a sus intereses, la tendencia es ejercer un mayor control sobre los movimientos sociales, a través de una la política criminal que sirva de justificación legal y legitime las acciones de intervención/represión, contra las acciones de resistencia antiimperialista y anticapitalista que organicen dichos movimientos.
Por estos argumentos considero relevantes las aportaciones sociológicas y jurídicas del Movimiento Zapatista encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, cuya política de resistencia pasó, de la lucha armada al privilegio del diálogo, como forma reconocida por la sociedad civil para la solución del conflicto y el reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas, no pretendo profundizar sobre este movimiento que está suficientemente documentado, pero en aras de ser demostrativo en los argumentos, debo señalar que luego que se sentó el EZLN en la mesa de diálogo con los representantes del gobierno federal (entre los que destacaba el enviado especial de Carlos Salinas para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís) y tras penosos desencuentros para llegar finalmente a los acuerdos de San Andrés, los zapatistas fueron traicionados nuevamente por el gobierno federal.
La etapa culminaría con la Marcha del Color de la Tierra de marzo de 2001, cuando más de veinte comandantes zapatistas, llegan al Zócalo. Un mes después, el Congreso de la Unión (luego de una negociación del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática) aprueba una ley contraria a los planteamientos centrales de los acuerdos a los que se había llegado en San Andrés. Este hecho fue fundamental para los pasos posteriores del EZLN, tanto en lo interno como en lo externo. A partir de ahí, el EZLN realiza una valoración de lo que fue su propuesta, el camino que siguió y las posibles consecuencias de dicha traición.
Así, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comienza a profundizar la construcción de la autonomía en las comunidades. De esta forma se desarrolla un proceso autonómico y autogestivo muy grande y aleccionador (el cual se extiende desde fines del año 2001 hasta mediados del año 2005), que da lugar a “la Otra Campaña”.
La autonomía de las comunidades indígenas no reconocida por el Estado-nación mexicano es desde ese momento aplicada de facto por las bases zapatistas. Sin olvidar el cerco militar impuesto por el gobierno federal, estatal y municipal, la presencia de paramilitares y brigadas blancas, las políticas de cooptación del Estado y los programas de apoyo a las comunidades indígenas para restar bases de apoyo al EZLN, así como tampoco debemos soslayar el secuestro, la desaparición forzada, el encarcelamiento de dirigentes zapatistas y la matanza de Acteal, (a la par de otros hechos relevantes como el asesinato de más de 400 periodistas -además de Manuel Buendía- en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio candidato oficial del PRI a la Presidencia, la matanza de campesinos de Aguas Blancas y el Charco).
En agosto de 2003 comienzan a funcionar las Juntas de Buen Gobierno (JBG). A través de ellas, son los mismos indígenas los que ejercen su autogobierno, bajo el principio ético, político y jurídico de mandar obedeciendo. El Subcomandante Marcos explica el proceso en éstos términos: “El plan es que el trabajo de la JBG sea rotatorio entre los miembros de todos los consejos autónomos de cada zona. Se trata de que la tarea de gobierno no sea exclusiva de un grupo, que no haya gobernantes ‘profesionales’, que el aprendizaje sea para los más posibles, y que se deseche la idea de que el gobierno sólo puede ser desempeñado por gente especial”.
El no reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés son para el movimiento zapatista el hecho que les permite constatar que en el marco institucional y los intereses del proyecto de globalización, donde el Estado mexicano es un satélite más, no existe apertura política para el reconocimiento de los derechos indígenas, como tampoco para que sus demandas dejen de ser abstracciones y se concreticen en justicia, democracia plena y libertad fáctica. De la conformación y agudización de una estructura económica y social capitalista mexicana cada día más dependiente y desigual, se desprende la necesidad imperante de superar el orden social capitalista, de allí la decisión del EZLN por formar un programa nacional de lucha, que sea claramente de izquierda, anticapitalista, antineoliberal, y por lo tanto, antisistémico.
En pos de una construcción política de mediano y largo plazo de alcance nacional la Sexta Declaración reconoce expresiones muy diversas de resistencias en todo México y apuesta a la posibilidad de unirlas en la perspectiva de reconstruir a la izquierda política y social en torno a “la Otra Campaña”. Su afán es la construcción a nivel nacional de un frente político y social fundado en una multiplicidad de experiencias de luchas y resistencias.
Todo marcha en lo operativo bien, se había llegado a rincones donde las campañas de los partidos registrados y oficiales no tenían presencia y se habían estrechado lazos con los olvidados de esta tierra, hasta que llegamos al mitin en la Plaza de Tlateloco, el tres de mayo de 2006, junto con el recorrido que hacía la Otra Campaña. Ahí nos enteramos como a las cuatro y media de la tarde, que líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) habían sido reprimidos por las fuerzas municipales y estatales por defender a los floristas, a los que se les negaba el derecho que durante más de 20 años tenían para poner sus puestos en las aceras del mercado.
Ignacio del Valle así como otros líderes del FPDT, previamente, en apoyo a los floricultores, habían establecido negociaciones y acuerdos con representantes de las autoridades estatales y municipales, para que se pudiera realizar la actividad comercial de aquellos el día tres de mayo, sin embargo, cuando llegaron al mercado, los granaderos municipales, apoyados por los estatales, que desde la madrugada se encontraban apostado en el sitio, argumentaron tener ordenes de no dejar instalar los puestos de los floristas en la calle. Así que fueron las autoridades, quienes primero desconocieron los acuerdos y negociaciones realizadas un día anterior a los hechos, provocaron la reacción del pueblo y realizaron actos represivos con lujo de violencia contra el FPDT. Al ver la represión desatada por las fuerzas del orden público que rebasaban en número a los floricultores y a los propios dirigentes del FPDT, la población enardecida por la injusticia se lanzó a la calle en defensa de su espacio, rechazando valientemente la agresión. Los medios de comunicación demagógicamente[14] utilizaron dichas imágenes para promover un ambiente de linchamiento contra los líderes del FPDT y la población de Atenco-Texcoco.
Hassemer (1990, 236) afirma que: “el Derecho penal no tiene que adaptarse a la política criminal, ni puede convertirse en su subsistema funcional, sino que tiene que oponerse a ella, frenándola e incluso, en caso necesario, obstaculizándola”. Sin embargo, es a la inversa, la clase política que ejercen el control del Estado, así como en general, la clase dominante, utilizan el derecho penal a su conveniencia, desbaratando los principios más elementales del pacto social. Así lo podemos constatar, en la violación de los derechos humanos de los prisioneros de guerra iraquíes en Guantánamo por parte de los Estados Unidos. También lo podemos observar en la intervención del Estado en asuntos internos del sindicato minero de SICARTSA, en Lázaro Cárdenas Michoacán, que desembocó en enfrentamientos de los trabajadores mineros con granaderos, policías estatales, y la policía federal preventiva (PFP); y más aún en la violación de las garantías individuales y derechos humanos de los pobladores de San Salvador Atenco, municipio de Texcoco, tras la intervención policíaca federal, estatal y municipal para desalojar a 8 floricultores de la región. En todos estos casos hay una extralimitación del poder avalado por la “ley” sin que exista un pleno control penal punitivo contra ese abuso del poder del Estado, que se aplique como sanción a gobernantes y autoridades involucrados así como a los aparatos represivos.
En efecto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, terminó por destruir el mito del supuesto Estado de Derecho[15], El gobierno mexicano, al igual que los más perniciosos gobiernos militares América Latina, aplica la ley no contra los delincuentes, sino contra los movimientos sociales y sus líderes con la finalidad de sembrar el terror entre la población para descabezar los grupos contrarios al sistema de dominación, que el sistema y gobierno imperantes asumen como sus principales enemigos.
Los cateos sin orden judicial expresa, emitida por juez competente, la infiltración del movimiento a través del espionaje y el reporte puntual de sus discusiones y actividades por parte de sujetos preparados en inteligencia militar, la toma de prisioneros golpeados una y otra vez por las fuerzas del orden, la detención de mujeres, ancianos y menores de edad, la violación de mujeres como si fuesen botín de guerra, la tortura física y psicológica de detenidos y familiares, el desconocimiento de los abogados defensores por parte de la autoridad, la incomunicación de los detenidos por más de 72 horas, el hacinamiento en las celdas, los castigos y las amenazas constantes dentro de ellas, la nula atención médica y psicológica a los lesionados y violadas con personal idóneo al caso, pues así lo ameritaba, las presiones y hostigamientos del ministerio público para que firmaran su confesión los detenidos atenquences, sin asistencia y presencia de un abogado defensor de su confianza, la desaparición de detenidos -pues sus familiares no los encontraban ni en hospitales, ni en el ministerio público, ni en las cárceles-; el ocultamiento de expedientes, la fabricación de delitos, el contubernio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial para burocratizar la pronta impartición de justicia; la violación a las garantías constitucionales más elementales y la violación a los derechos humanos, son todos agravantes para poder enjuiciar a los gobernantes, autoridades civiles y militares, así como policías federales, estatales y municipales que participaron en el ilícito.
Sin embargo, nos encontramos ante una sociedad civil mexicana que cierra los ojos y tolera la impunidad de quienes se asumen como nuestros gobernantes, la sociedad civil es sumamente débil y fácilmente manipulable por la opinión pública y los medios de comunicación masivos. Es una hipótesis que la represión contra el FPDT y los pobladores de Atenco-Texcoco, se tratara de una venganza de Estado, por no haberse construido el aeropuerto en los terrenos de San Salvador Atenco. Mi opinión es que la ensangrentada administración foxista, dio marcha atrás al proyecto del aeropuerto internacional cuando se convenció (a través de su alfil Mariano Azuela), que el Poder Judicial iba a echar abajo la falacia de la utilidad pública que justificaba el decreto expropiatorio de las tierras defendidas valientemente por el FPDT, que no cedió ante las amenazas de la autoridad federal. La pifia fue del propio gobierno por su inexperiencia para fundamentar el decreto expropiatorio, su ambición desmedida lo llevó al fracaso, ya que todas las inversiones estaban amarradas, al igual que recientemente lo hicieron con la “Ley Televisa-Azteca”.
Por el contrario sostengo que luego de la experiencia exitosa del FPDT contra el proyecto del aeropuerto, se estrecharon aún más los lazos con el EZLN y con los Adherentes a la Sexta Declaración y La Otra Campaña, por lo que el gobierno consideró el movimiento del FPDT como amenaza real que había que eliminar debido fundamentalmente a la solidaridad que el Frente manifestó a favor de movimientos como el de los damnificados por el ciclón Stan en Oaxaca y Chiapas, así como con los campesinos que se resisten a la construcción de la Presa Parota en Guerrero, donde se afecta al río Papagayo, que es fuente fundamental de recurso de agua para muchas comunidades de la zona, y con los comuneros de Tetela del Monte y la zona residencial de lujo donde se ubica la Barranca de los Sauces[16], en Cuernavaca Morelos. Los actos violentos de la autoridad contra los campesinos de Atenco demuestran que el derecho penal y la política criminal que lo sustenta, se orientan fundamentalmente al control social de los movimientos de resistencia, por ello, se plantea como objetivo principal su eliminación y aniquilamiento total, debido a que una lucha de resistencia victoriosa es un mal ejemplo, para otros pueblos y comunidades que aún no despiertan.
Si bien es cierto como argumentan los juristas que “el Estado a través del poder judicial y el ministerio público tiene el monopolio de la coacción”. Esta actividad del Estado tiene sus principios constitucionales, normas y límites, que evidentemente son de carácter burgués. Sin embargo, existen grandes vacíos que hacen que se ejercite el poder con bastante y holgada impunidad, porque la sociedad desconoce como ejercer un control civil sobre la actividad, ejercicio y rendición de cuentas[17]de los funcionarios públicos, y sus actuaciones como ejecutores de la actividad punitiva y coactiva del Estado. Tal parece que quienes se encuentran como funcionarios públicos, constituye una gran mafia que tiene redes criminales en cada uno de los intersticios más obscuros del poder del Estado[18].
En el caso de Atenco, además de la gran cantidad de lesionados con objetos contundentes, hubo un niño muerto por arma de fuego calibre .38 espacial de uso exclusivo de la política del Estado de México. Hasta 15 días después no se sabía quién de la corporación realizó el disparo, cuando que organismos de Derechos Humanos documentaron ante la instancia jurídica correspondiente, que el responsable era un policía de los que intervinieron en los hechos, muchos de los cuales iban armados. Hay un total encubrimiento vandálico entre las fuerzas del orden y los mandos con entrenamiento militar. Otro herido de gravedad, Alexis Benhumea, fue alcanzado por un proyectil -de lanza granadas de gas-, en la cabeza, el disparo fue a boca de jarro, es decir a corta distancia, la herida mortal le ocasionó convulsiones, pérdida de sangre en abundancia[19], el Dr. Guillermo Selvas, de la Caravana de la Otra Campaña, que llegó a Atenco, por la noche del día tres de mayo, trató de auxiliar al joven herido, pero era imposible, así que decidió que su traslado era necesario para atenderlo en un hospital, al salir para conseguir una ambulancia el Dr Selvas fue detenido y brutalmente golpeado por las fuerzas del supuesto “orden”, después fue detenida su hija Mariana Selvas, que le ayudaba como asistente en los primeros auxilios. Esto originó que el herido, estudiante universitario de la Facultad de Economía y de Ciencias, estuviera sin atención médica oportuna durante más de 18 horas, y que el auxilio humanitario que prestaba el Dr. Selvas fuera impedido por los policías. Ahora resulta que para el Ministerio Público y el juez que conoce de la causa, el Dr Selvas es un delincuente, calificado de “alta peligrosidad”, por lo que no alcanzó fianza y se le ha negado su libertad, siendo que en ningún momento intervino en los hechos delictivos que se le atribuyen, en igual situación se encuentra su hija , Mariana Selvas, quien además de ser salvajemente golpeada fue ultrajada por los cuerpos policíacos, su único delito es haber estado en el lugar de los hechos que se dieron en la mañana del día cuatro de mayo, querer ayudar a curar heridos y salvar vidas, para los impartidores de justicia que solapan los actos criminales de Estado, también es un delito preocuparse por la vida del prójimo.
Los operativos policíacos, en San Salvador Atenco como en Oaxaca[20] saltaron del plano de la prevención del delito, al plano del control social de los movimientos sociales de resistencia al poder, y del plano del operativo policiaco al plano político, aunque reiteradamente se llamó, a través de los medios masivos, a “despolitizar los hechos” y a verlo como un asunto “local” y dentro de un contexto “muy limitado”, para negar no sólo la violación de los derechos humanos, sino principalmente la función política del CISEN.
Conclusiones
Como puede observarse hay un doble discurso del poder, el de “seguridad nacional” que vincula la rebelión popular con el crimen organizado y, por otra parte, el trato de “criminales de alta peligrosidad” a los líderes para negarles su status jurídico de perseguido político, este argumento sirve de “justificante” para negar reiteradamente los derechos constitucionales y humanos.
La lucha legal llevada al extremo como parte de una estrategia de los movimientos sociales es lo que se califica como ultralegalismo, esta estrategia de lucha impide ejercer mayor fuerza por medios políticos. En estos caso se demuestra que las instituciones jurídicas juegan un papel importante de contención de los movimientos sociales, ya que con el fin de no perder el estatus de “legalidad”, se entorpece el camino para el logro de las demandas populares, a la vez que se fortalece la visión de que sólo a través de las instancias jurídicas se “pueden” y “deben” dar los “cambios”.
Buena parte de las características comunes de los movimientos derivan de la territorialización, es decir, de su arraigo a espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. Los actores sociales identificados hasta ahora son la elite política, los empresarios y los movimientos sociales–populares que se ven confrontados cada uno y entre sí, sobre la base de sus propias exigencias. Las formas de organización que describen los dos primeros son de tipo vertical y piramidal, desde las visiones de la elite gobernante y de la lucha interna entre estas y la clase empresarial-gobernante. En cambio los movimientos sociales-populares están desarrollando formas de organización desde abajo con base a sus propias experiencias adquiridas a lo largo de de tres décadas de lucha contra el neoliberalismo.
Mi argumento es que la desterritorialización de los movimientos y no las dictaduras y las contrarreformas liberales es lo que hizo entrar en crisis a los viejos movimientos de izquierda, fragilizando a líderes que vieron evaporarse sus bases ideológicas, en las que habían ganado sentido. Su crisis de sentido, abrió un período, aún inconcluso, de reacomodos que se plasmaron, pero otros actores sociales, buscan la reconfiguración de un nuevo espacio físico de lucha social. El resultado, en todos los países de América Latina, aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva, así como también en la revalorización de la resistencia de las diferentes identidades y comunidades indígenas, es decir son los excluidos del sistema los que están proponiendo nuevas de hacer y entender la democracia, rescatando del basurero y el olvido, lo más preciado de sus raíces históricas y su nacionalidad.
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Para la reconstrucción de la vida de Rubén Jaramillo véase Rubén Jaramillo Ménez, Autobiografía, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Froylán C. Manjares, Matanza en Xochicalco, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Paula Batalla, Donde quiera que me paro, soy yo (autobiografía de una jaramillista), CIDHAL, Serie Nuestra Vida, México, 1988; Renato Ravelo, Los Jaramillistas, Nuestro Tiempo, Col. Testimonio, México, 1978; Alberto Guillermo López Limón, El Movimiento Jaramillista (1915-1962), Tesis de Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1994 VARGAS SÁNCHEZ, Juan de Dios (1986). La resistencia popular en México 1940-1976. Tesis de Sociología FCPS. UNAM.
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http://www.rebelion.org/sociales/031006zibechi.htm
http://www.alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=1382
[1] Para De Giorgi, el derecho penal que se sustenta en políticas criminales definidas por intereses de clase, no es un sistema de control de la desviación, sino una estructura selectiva dentro de la cual se hace posible la desviación.
[2] En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas y es utilizado de manera discrecional por quienes detentan el poder, para preservar, mantener o establecer sus propios intereses que evidentemente son de clase.
[3] En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas.
[4] “Los guerrilleros que operan en Guerrero, grupos de delincuentes: Cabeza de Vaca titular de la PGR”. Nota de Habana de los Santos, Misael, en La Jornada 15 de octubre (2005. 17)
[5] “Estados Unidos impone a México su agenda de seguridad: especialistas”. ROMAN, José A. La Jornada, miércoles 5 de octubre de 2005. p. 34.
[6] El Estado es entendido como estructura de autoridad y como forma de dominación colectiva y sus signos específicos del Moderno Estado Nación son la ciudadanía, la presunción formal de igualdad-jurídica de los individuos dentro del espacio de su dominación, no obstante su desigualdad en los demás ámbitos de poder y la representatividad política, sobre la cual legitima su poder sobre el conjunto de los ciudadanos.
[7] Ello ha sido evidenciado por la Criminología Crítica, pues, el Sistema de Justicia Penal, así como la función intimidatoria de su discurso no sólo está dirigida a los sectores más vulnerables, sino a la generalidad.
[8] En efecto la lucha de Jaramillo era pacífica, aunque el estaba armado, pero ese hecho no era objeto de acción penal por parte del Estado, lo que realmente atemorizaba al gobierno era que estaba al frente de un grupo de campesinos armados con sus instrumentos de trabajo propios, que estaban dispuestos a recuperar esas tierras, afectando los intereses latifundistas y de inversionistas.
[9] En 1958 el Presidente Adolfo López Mateos le brindó amplias garantías para que dejara las armas y cuatro años más tarde, el 23 de mayo de 1962 la policía judicial del estado y el Ejército lo hicieron prisionero junto con su familia (su esposa y sus tres hijos) y fueron asesinados en Xochicalco, acabando con la vida, pero no con los ideales de este líder agrarista. http://www.inep.org/content/view/1599/74/
[10] La "Operación Xochicalco", fue la culminación de un acto criminal del Estado coordinada por el Jefe de la Policía Judicial, General Carlos Saulé y por el Coronel Rivera, de la misma corporación; participaron directamente el Capitán Gustavo Ortega Rojas, Jefe del Servicio de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el Capitán José Martínez, comandante de la partida militar de Zacatepec, Roberto Ramos Castaneira, Jefe del Servicio Secreto de Morelos. Rubén Jaramillo, Epifania Zúñiga (embarazada), Enrique, Filemón y Ricardo, fueron secuestrados y trasladados cerca de las ruinas prehispánicas de Xochicalco, donde horas después fueron asesinados. En "una desviación que se encuentra a unos cien metros de las ruinas, sobre la carretera que conduce a ellas y en una barranca encontraron los cadáveres". Según los agentes de la Dirección Federal de Seguridad "el Tte. Corl. Héctor Hernández Tello Sub- Jefe de la Policía Judicial Federal le dio a entender (al capitán Gustavo Ortega Rojas) que la intervención de Agentes a sus órdenes solamente se habían cumplido por disposición expresa del Sr. Presidente de la República". "Gustavo Ortega Rojas, Director General de Seguridad de Morelos, manifestó a periodistas y particulares de Distrito Federal y Acapulco que fueron miembros de la Policía Judicial Militar los que realizaron los hechos acatado órdenes superiores." Además intervinieron cinco pelotones de soldados (por lo menos cincuenta y cinco hombres armados con fusiles y ametralladoras), en dos vehículos blindados y varios jeeps, procedentes del Cuartel de Agua Hedionda, dirigidos por el sargento Manuel Justo Díaz, apoyados por lo menos de diez agentes de la Policía Judicial Federal (además de los destacados en Cuernavaca) El cuerpo de Rubén Jaramillo presentó nueve tiros (dos de ellos en la cabeza); tenía al morir 62 años; Epifania 47; sus hijos adoptivos militantes de las Juventudes Comunistas de México Enrique 20, Filemón 24 y Ricardo 28; su único hijo sanguíneo: meses de gestación. Nunca se realizó una investigación. La masacre hasta la fecha sigue impune. Alberto Guillermo López Limón http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11796
[11] Ver Fernando Martí. “La Noche más triste de la historia”. Revista Interviú año 1 No. 27, 27 de septiembre al 3 de octubre de 1978. Pp.56 a 61
[12] La tesis central del artículo de Klare, desde un punto de vista histórico señala que la guerra en Irak instrumentada por los Estados Unidos es una expresión natural de la Doctrina Carter, que constituye el único edicto presidencial vigente después de la guerra fría. Lo que pretende demostrar Michael es que la Doctrina Carter, con 25 años de antigüedad, ha adquirido mayor relevancia como proyectote expansión del poderío militar de EU y está dirigido a las mayores regiones productoras de crudo en el mundo. (Klare, Michael T 2004).
[13] Ver el “decálogo energético” propuesto por el Presidente Vicente Fox en La Jornada del 12 de septiembre de 2005, el cual señala que PEMEX deberá absorber por el alza internacional del petróleo cerca de mil 457 mdd; del cual se importan alrededor de 250 mil barriles diarios, siendo México productor, esto resulta ser una paradoja histórica muy sería para el país.
[14] Ver VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2006) “El demagógico poder de los medios de Comunicación” en http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11519
[15] MARTÍNEZ VELOZ, Jaime. El mito del estado de derecho. La Jornada. 12 de mayo de 2006. p. 27
[16] Ese día diez de abril de 2006 se iba a realizar un acto de la Otra Campaña en Cuautla, para rendir homenaje ante la estatua de Emiliano Zapata. Hasta allá llegaron varios camiones procedentes de Texcoco, con Ignacio del Valle y otros dirigentes, esperábamos la presencia del Delegado Zero, al ver que no llegaba, los compañeros de Atenco rindieron honores combativos ante Zapata y cantaron el himno zapatista, ondearon sus machetes y sacaron estrellas fulgurantes al friccionarlos con el concreto caliente por los rayos del sol. Seguimos la espera, cuando nos informan que el Delegado Zero, se encontraba en la barranca de Los Sauces, rodeado por ministerios públicos, policías judiciales del estado, preventivos municipales y granaderos, quienes pretendían desalojar por la fuerza a los ambientalistas que defendieron con sus vidas la barranca, encadenándose a los árboles. Rápidamente los camiones que trasladaban a Ignacio del Valle y una representación numerosa de los pobladores de Atenco, se dirigió a Cuernavaca en apoyo, sin importar no haber comido y el cansancio, llegando muy a tiempo para demostrar la fuerza y convicción de principios revolucionarios. Los periodistas preguntaron con insistencia al Delgado Zero ¿qué esperaba, cuál era la estrategia? A lo que sin pensar dos veces dijo espero “al Séptimo de Caballería”, el cual en efecto llegó, salvando una situación bastante tensa, pues las fuerzas del “orden” tuvieron que replegarse.
[17] Aquí no sólo nos referimos a la Ley Federal de Transparencia, que señala que la información de los registros públicos no puede ser confidencial, sino además a la observancia de las autoridades de lo que estrictamente les confiere la Constitución, para el ejercicio público de sus funciones. En el caso de la Ley federal de Transparencia, el ejecutivo federal, es decir, Vicente Fox, al verse afectado directamente por sus hijos entenados, es decir los hijos de la Sra Sahagún, presentó una iniciativa de reforma al artículo seis constitucional, que de aprobarse en las cámaras, limitaría la obtención de pruebas para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es decir limitaría los trabajos que viene realizando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ya que este organismo está obligado a privilegiar la máxima publicidad y accesibilidad a los documentos oficiales.
[18] VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2206) La fascinación estética del discurso del orden. http://www.poderautonomo.com.ar/buenas%20companias/buenas%20companias.htm.
[19] A quince días de que fue intervenido quirúrgicamente, Hollín Alexis Benhumea Hernández, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM seguía en estado crítico, muere luego de una lenta agonía el 7 de junio de 2006.
[20] Hasta hoy el saldo del actual conflicto en Oaxaca, a más de seis meses de haber iniciado, es de 21 personas asesinadas, alrededor de 370 lesionadas, más de 500 detenidas, 306 presas todavía, unas 300 perseguidas y más de cien desaparecidas. De los 306 presos, 214 fueron capturados el 25 de noviembre (entre ellos cuatro extranjeros) Unos 170 detenidos ese día fueron llevados a centros penitenciarios de Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En el penal de San José del Rincón -a 15 kilómetros de Tepic, Nayarit- fueron recluidas 141 personas (106 hombres y 35 mujeres), entre las cuales hay algunas menores de edad. Tras pagar una fianza de 108 mil pesos cada una, fueron liberadas tres de ellas y luego se sumó una más, por lo que 139 siguen allí. Más de cien recluidos eran transeúntes que no participaron en la manifestación de aquel día ni mucho menos en los desmanes y fueron detenidos arbitrariamente, torturados antes, durante y después de su traslado, los 139 están acusadas de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. El proceso a 93 de ellos tiene la causa penal 652/2006 en el juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mientras que 54 más (algunos de los cuales coinciden en otro expediente) tienen la causa 88/2006 en el juzgado mixto de primera instancia de Mihuatlán, Oaxaca. Entre los 306 presos se encuentra Flavio Sosa Villavicencio, el dirigente más visible de la APPO, aprehendido en la ciudad de México el 4 de diciembre junto con su hermano Horacio y otras dos personas, cuando se preparaban para iniciar una mesa de diálogo convenida con la Secretaría de Gobernación. Flavio y Horacio están acusados de secuestro, robo calificado con violencia y lesiones calificadas contra funcionarios municipales en hechos ocurridos el 15 de agosto, así como de sedición, daños dolosos causados por incendio y ataques a las vías generales de comunicación. Las órdenes de aprehensión en su contra forman parte de cinco expedientes penales (58, 60, 71, 102 y 132 de 2006) integrados por jueces federales y de Oaxaca. Flavio Sosa fue llevado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), en Almoloya de Juárez, estado de México, mientras que su hermano Horacio fue trasladado al reclusorio de Nayarit a petición del "gobierno" de Oaxaca. En contra de las otras dos personas no existían órdenes de captura, pero fueron detenidas por oponerse al arresto de los hermanos Sosa y se encuentran aún en las instalaciones delegacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal. La aprehensión de Flavio y Horacio Sosa, en los hechos, traiciona el diálogo que, en representación de la APPO, habían acordado con el "gobierno" de Felipe Calderón (Fecal), y pasa por encima de tres amparos que les concedía la justicia federal, además de ocurrir una semana después de que su hermano Erick fuera detenido en la ciudad de Oaxaca y recluido bajo cargos similares en el penal federal de Matamoros Tamaulipas, a petición del "gobierno" de Ulises Ruiz Ortiz.
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
Lorenzo Ismael Vargas Sánchez.
ESIA TECAMACHALCO IPN.
El presente trabajo es producto de una investigación documental realizada para demostrar el patrón de comportamiento delictivo por parte de quienes detentan el poder del Estado, esto es, la clase política al servicio de los intereses de los corporativos privados nacionales y principalmente multinacionales ligados todos ellos a los lineamientos que impone la globalización como sistema hegemónico capitalista a nivel mundial. Este comportamiento, se observa especialmente, cuando se desdibuja el modelo “estado democrático de derecho” que se sustenta en la forma de representación popular a través del voto universal, que sólo permite formas de elección a través de partidos políticos registrados y conocidos, por lo que se genera una clase política parasitaria del presupuesto oficial, los cuales son incapaces de dar soluciones a las presiones sociales originadas por los movimientos populares (urbanos y rurales) quienes exigen justa solución a sus demandas.
En otras palabras, nuestro interés es mostrar el comportamiento delictivo de las autoridades, que se asumen como representantes legales del Estado, frente a la problemática política que plantean los movimientos sociales. Desde la perspectiva crítica del pensamiento criminológico, que argumenta que el sistema de inclusión del aparato jurídico, excluye selectivamente de sus derechos a los “otros” (De Giorgi 2000)[1], es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados o en su caso, movimientos sociales organizados. La segunda premisa que plantea nuestro autor de referencia, es la que estudia la universal inclusión y exclusión de los movimientos sociales enfocando su análisis a la estructura social y la superestructura jurídico- política e ideológica, que permiten entender cómo se construyen formas de pensamiento que se presentan como generales para todos, pero que no son más que construcciones subjetivas de la realidad, que se asumen como criterios universales de validez a través de las normas y leyes, que regulan el comportamiento en lo particular, mientras se excluye de sus derechos a amplios grupos sociales, estableciendo políticas criminales contra quienes escapan a sea generalidad de la norma, (De Giorgi, 2000). ¿Pero quién controla y sanciona los actos y acciones que realizan quienes detentan el poder del Estado? El análisis permite entender que efectivamente no existe un control constitucional ni un metapoder social que detenga y elimine los actos y conductas criminales que realizan los funcionarios públicos y mucho menos quienes a nombre del “Estado de derecho”, realizan acciones delictivas de lesa humanidad contra la sociedad, los pueblos y comunidades indefensas.
Para la teoría sociológica crítica que estudia los movimientos sociales es claro cómo desde el exterior de las instituciones jurídico políticas y la ideología dominante, se producen cambios que hacen que se modifiquen las estructuras sociales, sin que necesariamente el movimiento se de por dentro de éstas o bien busque su institucionalización. Alberoni (1994) hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. El análisis de Alberoni revela que existe un control sistémico[2] sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas que permiten preservar el status quo del sistema, su operatividad y su manejabilidad, para reproducir material e ideológicamente las condiciones propias de exigencia del propio sistema.
El aporte en el conocimiento sociológico de los movimientos sociales no está en el hecho mismo de su gestación, sino en explicar la dinámica al convertirse los individuos aislados en actores sociales, conscientes de la realidad a la que pretenden transformar, estableciendo su ámbito de influencia, sobre todo, aquellos que se enfrentan al conjunto sistémico, cuyos elementos fundamentales son el poder, el ejercicio del poder y el control social, por lo que los actores sociales que intervienen se han identificado dentro de los movimientos sociales antisistémicos.
Para sostener lo anterior desde el punto de vista teórico, además de los autores antes mencionados, parto de los trabajos de Charles Tilly (1995a, 1995b) cuyo enfoque combina los análisis micro y macro, explicando cómo la diferencia estructural, sumada a la dimensión política, modifica la naturaleza de la acción colectiva. Lo más útil de dicho análisis, es desprender de aquí el sentido inverso, es decir, precisar cómo las transformaciones en la naturaleza de la acción colectiva pueden explicar la diferencia estructural y los cambios en la dimensión política. Para llegar a este otro nivel, es necesario entender los movimientos sociales no como grupos o agregados de personas, sino como procesos históricos concretos, de tal modo que el estudio de las acciones colectivas nos permita conocer la manera en que, la acumulación dialéctica de acontecimientos políticos, y no necesariamente uno sólo, es capaz de alterar la estructura, las instituciones y por lo tanto, modificar el sistema impuesto.
Parece que el tipo de análisis propuesto tanto por la criminología como por la sociología crítica se empatan, pero no es así, ya que el primero hace énfasis en la critica al sistema de inclusión del aparato jurídico, que excluye de sus derechos selectivamente a los “otros”, es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados y los movimientos sociales organizados. En tanto que el análisis sociológico hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. La coincidencia en el análisis es que, efectivamente existe control sistémico[3] sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas.
El enfoque de la dogmática jurídica penal y criminológica de corte positivista no permite hacer una critica profunda al sistema de dominación, por el contrario, este tipo de análisis asume que la ley es instrumento de dicha estructura vertical de dominación social, por ello señalamos que tanto los derechos como los atributos jurídicos son de naturaleza política y son redefinidos en un proceso continuo (conflictivo y contradictorio), que se precisan históricamente por la fuerza de la confrontación entre intereses materiales, políticos y culturales de distintas fuerzas sociales (Mann, 1987; García Canclini, 1995; Tamayo 1999).
Lo importante es descubrir si esto es así o por el contrario, -como apunta tanto el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (MST), y el de los zapatistas en México (EZLN)-, además de que dichos movimientos no se han podido controlar de manera sistémica, tampoco buscan la institucionalidad, sino que su horizonte es la autonomía, y por lo tanto, “otro tipo” de institucionalidad, diferente a esa forma tradicional de hacer y de concebir la política, esto es, otra forma de hacer política desde abajo como atinadamente señala Pablo González Casanova (2005). Me importa pues, dentro de esa perspectiva, exponer los movimientos sociales como procesos históricos en el contexto coyuntural de una transición, que se forma y se revalora en los propios objetivos y contenidos de la lucha social. (Touraine, 1999; Thompson, 1966).
Lo que oficialmente se llama “política criminal”, se refiere, desde la perspectiva jurídica tradicional a una serie de problemas particulares que no deben ser tratados por otros ámbitos de las políticas públicas, del derecho o especialmente del derecho penal, Sabemos que este razonamiento jurídico, esta especie de especialización, es lo que le confiere un estatus de “verdad científica” a los actos jurídicos que la autoridad realiza, lo que permiten calificar ciertos comportamientos sociales como delictivos, pero no estoy de acuerdo con ese pretendido carácter ontológico de los delitos, no comparto esa definición de “política criminal” y mucho menos considero que existan recetas para “combatir la criminalidad”, porque igualmente ellas las podrían formular especialistas de otras disciplinas.
Mi posición es que la política criminal esta sustentada con alfileres en la doctrina de Seguridad Nacional, responde en todos los campos, tanto a nivel interno como externo, al contexto de dependencia y completo sometimiento a los intereses de Estados Unidos. El programa que en términos institucionales se llama de “cooperación” recíproca entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, a nivel interno se traduce en políticas de segregación étnica de los diferentes pueblos indígenas y en el mejor de los casos “incorporación” de estos al “desarrollo”. Sin embargo la dependencia estructural de América Latina a las políticas de Washington, siguen produciendo marginación y extrema pobreza en la región, condiciones de desigualdad social que se asumen como etiquetas para criminalizar a los pobres. Especial atención reclama los casos del narcotráfico y el lavado de dinero, actividades criminales que han querido vincular con los movimientos sociales de resistencia para tronarlos, satanizarlos y minar sus bases de apoyo, como es el caso de los guerrilleros en Colombia, en la Sierra de Guerrero en México[4], en el caso de las tomas de tierra por el MST en Brasil y la lucha de resistencia del EZLN en Chiapas.
Por esta razón es necesario apuntar una última premisa teórica importante en torno a la caracterización del Estado enajenado que responde a las políticas criminales del imperialismo norteamericano[5], elaborada para el estudio del control social en México por Augusto Sánchez, Klaus Dieter Gorenc y Alicia González Vidaurri (1998). En efecto, los autores señalan que el actual Estado no es un “Estado de derecho” y mucho menos un “Estado racional”, donde los actores sociales son reconocidos y valorados como entes independientes en su persona y su libertad. Esta discusión en torno al Estado es un debate abierto (Quijano, Aníbal 7. 2001), sobre todo por el proceso de globalización que busca el rompimiento de los Estados nacionales[6] y propone como alternativa un Estado mínimo. Augusto Sánchez (1998) argumenta que nuestro sistema apuna a un “Estado de derecho autocrático”, donde lo que importa es la decisión cambiante, del sujeto que preside el gobierno del Estado, el cual desarrolla una política apegada a las directrices que mejor convienen a los Estados Unidos. Este modelo de estructura jurídica repercute en la política criminal y el control social, convirtiendo al ciudadano común, en un objeto fácilmente reprimible mediante las instituciones jurídicas y la segregación.
Con esta finalidad se observaron como caso de estudio el movimiento jaramillista 1955-1962, el movimiento estudiantil de 1968, el movimiento zapatista iniciado hace trece años (1994) y el movimiento de la APPO, en Oaxaca (2006), el análisis hace énfasis en la imposibilidad de la negociación política por lo que se recurre a la criminalización de los movimientos, la detención, la tortura, la vejación, la anulación de los derechos individuales y el asesinato como formas únicas para la eliminación del conflicto. La participación de la ciudadanía y la acción de los movimientos sociales convergentes que se dieron en el espacio, tanto rural, como urbano, durante el periodo en que se inscriben van desde mediados del siglo pasado a principios del presente, esto es de 1950 a 2006.
A partir de dichos movimientos se hace un análisis en relación con la distribución del control en la sociedad. Asumiendo que la característica fundamental es que la política criminal está dirigida, en realidad, a los potenciales violadores de la formalidad y el orden instituido[7]. En este sentido, son criminalizados todos los movimientos sociales que se oponen o resisten al sistema. La resistencia no significa inmovilidad, ni defensa del status quo, sino un lento y casi imperceptible, aunque continuo e insistente, movimiento de transformación, de diferenciación de los planos y de la realidad” (García Bermejo C., 2004). Hablar de resistencia significa afrontar el problema de los opuestos. Es decir, dar respuesta a la cuestión del conflicto, al problema cómo pensar la oposición a partir de la diferencia.
Más allá de ésta definición tentativa sobre la categoría “resistencia”, la propuesta básica al estudiar los movimientos sociales es conectar la resistencia con la actitud de cambio que exige en estos momentos nuestra sociedad. Resistirse es no aceptar las imposiciones del capitalismo y evitar ser devorado, pero ello exige una propuesta, otro proyecto, otra opción, una alternativa, otro mundo pensado, pero posible, que se traduce en los principios de “mandar obedeciendo y crear un mundo donde quepan muchos mundos”.
Se empleó el análisis sistémico como metodología que posibilita entender las relaciones entre actores, poder, ejercicio de poder y control social como elementos centrales para observar el entramado de relaciones que el Estado actual genera para preservar el status quo a través del control social sobre los movimientos de resistencia al poder. De esta manera podemos decir que la legalidad y el derecho son elementos que permiten justificar y legitimar la represión, es decir, el ejercicio de la violencia del Estado. Esta violencia institucional tiene un intenso e injusto impacto social; el impacto social existe, por lo que es necesario hacer una crítica severa al injusto derecho y a la criminal política del Estado. Esta inversión de la realidad preconstruida desde el poder, la observo desde el espejo que refleja la propia injusticia social que se vive en el continente. Lo que afirmo es que se criminaliza y se desarrolla una política criminal con pretensiones de cientificidad legal, cuando en realidad, el contenido de estas dos disciplinas es ideológico, por lo tanto, sirve para el control de una clase sobre otra, la dominante contra la dominada.
1) La violencia proviene de las autoridades, sin respeto a los derechos originarios del pueblo y de las garantías individuales.
Durante la etapa del macartismo, donde se tiende a criminalizar toda lucha legítima de los pueblos bajo el etiquetamiento y estigma de ideología comunista, sucedieron hechos muy importantes, por ejemplo, en Morelos se retoma la lucha zapatista de recuperación de tierras encabezada por el líder agrario Rubén Jaramillo, que junto con un gran número de personas originarios de la región intentan ocupar tierras ociosas en los llanos de “Michapa y el Guarín”: El prestigio de Rubén como líder agrario venía desde tiempos de la revolución de 1910, por su participación en el Ejército Liberador del Sur que comandaba el general Emiliano Zapata y en el liderazgo del movimiento cañero, que permitió el desarrollo de esa industria, en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas, quien construyó, para beneficio de los campesinos del estado de Morelos, el Ingenio de Zacatepec, hoy en manos de empresarios privados que exigen que el Estado los vuelva a comprar.
Jaramillo se distinguió por mantener vivos los ideales de la lucha zapatista, por organizar a los campesinos jornaleros y por reclamar al Estado los derechos legítimamente conquistados por estos. Así la toma simbólica de los llanos de “Michapa y El Guarín”, constituía uno más de los enfrentamientos del movimiento agrario contra el Estado. El gobernador de Morelos (priísta y latifundista) que tenía intereses sobre dichas hectáreas inició un proceso de persecución y criminalización contra el dirigente. Ante tales amenazas y siendo su lucha evidentemente pacífica y por los causes instituidos[8], en previsión Jaramillo obtuvo un amparo federal y logró una entrevista con el presidente Adolfo López Mateos[9], quien le garantizó el respeto a sus derechos y garantías constitucionales, por lo que Jaramillo lo consideró su amigo, a la vez que el propio presidente reconoció la validez de su lucha. A pesar de todo lo anterior, es decir de ser una lucha pacifica, sin uso de medios violentos, de estar amparado y de haberse entrevistado con el presidente. Miembros del ejército mexicano, lo detienen a él y a su familia allanando su casa sin ninguna orden de aprehensión y los asesinan en Xochicalco[10]. Sin que hasta ahora se halla dado un castigo a los culpables intelectuales y materiales de tan cobarde crimen de Estado.
La política criminal sustentada en los principios del macartismo tuvo secuelas en otros movimientos importantes, como el de los Médicos, el de los Ferrocarrileros y el de los Maestros, sin embargo daremos un gran salto para señalar que el movimiento estudiantil de 1968 también fue objeto de la misma criminalización, y a pesar de que se ha considerado un “parte aguas” en la historia de México, poco se ha reflexionado en el hecho de que existían negociaciones entre los dirigentes y el Estado para llegar a una solución al conflicto, que el mismo Estado se encargo cancelar con acciones que incendiaron y oscurecieron el panorama político.
El movimiento estudiantil de 1968 fue originado por la represión policíaca emprendida contra estudiantes y maestros, no abundaré en detalles sobre los orígenes, después de la represión vinieron las amenazas, el vituperio y más tarde el terror militar cuando fueron tomados los planteles tanto del politécnico como de la universidad, la campaña de calumnias contra los dirigentes y la estigmatización del movimiento, fueron parte de la estrategia política para criminalizar a los estudiantes rebeldes. Para el gobierno existían dos salidas la negociación o la represión, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz opto por cerrar el diálogo y emplear toda la fuerza punitiva del Estado contra los estudiantes y sectores populares que los apoyaban.
La manifestación del silencio del 13 de septiembre de ese año, encabezada por el Rector de la Universidad, Barros Sierra, luego de la intervención militar directa en los planteles, no sólo fue un acto de valentía, fue una demostración del carácter honesto de la lucha y básicamente se trataba de recuperar la confianza, ante el pánico desatado por las bayonetas que tenían como respaldo la campaña de terror oficial emprendida por el régimen.
En actos anteriores se había elegido la Plaza de Tlatelolco para realizar tanto mítines relámpago como concentraciones masivas, el respaldo y simpatías hacia los estudiantes por parte de los habitantes de dicha unidad era más que evidente, así el 27 de septiembre la plaza recibía un mitin al cual asistieron más de 5 mil personas. Los propios habitantes tenían planeado el día 30 de ese mes formar su propio comité de lucha, sin embargo no se logro conformar, ya que ese día treinta, se celebró una gran manifestación del Monumento a la Madre a la Cámara de Diputados, realizada fundamentalmente por mujeres que gritaban consignas tales como ¡Granaderos…Fuera de Tlatelolco! Ese mismo día el Consejo Nacional de Huelga expresó su decisión de celebrar dos mítines más el primero y el dos de octubre para demandar la salida de las tropas de los planteles ocupados.
El gobierno no puede responder a las exigencias de diálogo que plantean los estudiantes y sus medidas represivas para contener el movimiento fracasan, entonces decide dar un definitivo golpe, el genocidio del dos de octubre. Lo que importa resaltar es que Gustavo Díaz Ordaz en el mes de septiembre mantuvo conversaciones con el Rector Barros Sierra -este hecho es confirmado por García Cantú-, que en el curso de la plática, propuso al Presidente el nombramiento de dos representantes que debían entrar en contacto con los líderes estudiantiles. El mismo Barros Sierra menciono como posibles interlocutores del diálogo por parte del gobierno a Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, el primero director del IEPES y hombre de confianza de Alfonso Martínez Domínguez y el segundo era funcionario de PEMEX y gente de Jesús Reyes Heroles. De acuerdo con el Rector el presidente acepto de inmediato la propuesta y sugirió que la primera reunión para el diálogo se realizara el primero de octubre, la cual se pospuso para la mañana del dos de octubre. Al conocerse la propuesta de diálogo el CNH nombró tres delegados, no resolutivos, ya que su tarea era discutir con los representantes oficiales las condiciones en las que se llevaría a cabo el diálogo público, así que como representantes estudiantiles quedaron, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz.
El inicio del dialogo fue tenso, los representantes estudiantiles explicaron cuales eran sus limitaciones. De la Vega dijo entonces que no tenía objeto hablar, Caso intervino y pidió calma. De la Vega insistió que el “dialogo público” era un pretexto para exhibir al gobierno. A pesar de la cerrazón y poco entendimiento de De la Vega, ambas partes acordaron que lo procedente era “un diálogo de hechos” y no de palabras. Así tanto los representantes del CNH como los del gobierno dieron muestras de buena voluntad y acordaron celebrar una segunda reunión el tres de octubre en la Casa del Lago, que no se realizó.
Lo demás esta completamente documentado, la intervención del Batallón Olimpia para la identificación y detención de los líderes estudiantiles, la utilización de los cuadros de elite del ejército, cuerpo de paracaidistas, tropas de asalto mejor entrenadas del país, y batallones motorizados que utilizaron tanques y tanquetas, además de 300 transportes militares del ejército, la detención y asesinato de los lideres estudiantiles, la desaparición, la tortura, el allanamiento de los departamentos del edificio Chihuahua y cercanos a la Plaza de Tlatelolco, la persecución de los que lograron escapar al genocidio, las amenazas a las victimas y familiares de los detenidos, además de la tortura y linchamiento de los detenidos. Después del baño de sangre en la que “las armas nacionales se cubrieron de gloria” siguió “la cacería de brujas”, dos años y medio después del genocidio, 165 personas purgaban sentencias de entre los 3 y 17 años de prisión, que pasaron a formar parte del contingente de presos políticos más numeroso de esa etapa de la historia de México, sobre ellos recayó no solamente todo el peso de la ley, sino también, como lo asume el gobierno, la responsabilidad de la matanza. Para Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Marcelino García Barragán, Hernández Toledo y demás políticos y militares, así como jueces y ministerios públicos, los únicos culpables eran los estudiantes. El gobierno federal sólo se limitó a “preservar el orden y la paz social”.
El patrón es el mismo, mientras se establece un escenario de diálogo, se prepara la represión como política criminal de contención de los movimientos sociales. Por ello es preciso recordar que desde el 30 de septiembre, las autoridades capitalinas ordenaron el desalojo del dormitorio 4 de la cárcel de Santa Marta Acatitla, igual procedieron las autoridades militares con las “cuadras” marcadas con las letras A; C y D del campo militar No. 1. Al penal serían conducidos cerca de 700 detenidos, mientras que al campo militar se llevaron a cerca de mil detenidos, el número total fue de más de dos mil, mientras que la cifra de muertos más fidedigna fue la que dio el diario inglés “The Guardian”, que calculó el número de muertos en 325 (mientras que el gobierno sólo reconoció oficialmente la muerte de 40 manifestantes). Muchos de los cadáveres fueron incinerados, incluso se supo que aviones militares arrojaron una gran cantidad de muertos al mar. El número de heridos superó con creces el millar, muchos de ellos murieron por falta de atención médica[11]. El genocidio se había preparado previamente con base a la estrategia militar de cerco y aniquilamiento, mientras se aparentaba en otro escenario, una aparente disposición del gobierno para negociar con los representantes del movimiento estudiantil.
2) De la construcción neoimperial a la utopía del Estado de derecho.
La construcción imperial en nuestro tiempo está impulsada por sectores extremistas y radicales de derecha[12] (tanto del partido republicano como del demócrata) y modelos sistémicos de control. Los intentos simplistas de explicar la guerra mediante referencias a la influencia del complejo militar-industrial no tienen en cuenta otros factores clave que permiten desarrollar un análisis con mayor profundidad en torno a la crisis que vive el gobierno de Estados Unidos y las empresas multinacionales que los sustentan. Si bien es cierto que el poderío militar está diseñado para asegurar el futuro acceso a la los recursos estratégicos, y por tanto, la generación de mayor cantidad de riqueza, la guerra y la red de satélites militares están diseñados para crear un sistema mundial que facilite el monopolio de las ganancias a través de gobiernos dependientes, enajenados o sometidos, dispuestos a ofrecer los derechos de explotación a las grandes empresas estadounidenses (Petras, J. 2005).
Hacia principios de los años 90 se inicia la primera fase, el neoimperialismo había asumido como suya la misión del dominio de los sectores estratégicos y dinámicos de las economías y consolidado el control de una clase política en América Latina, por lo que en esta nueva etapa lanzó su programa de transición hacia la recolonización de la región a través de sendos tratados de libre comercio con México y Canadá, en el Norte (TLC) y el denominando Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el Sur.
A finales de la década se da la segunda fase con el proceso de recolonización imperialista, las elites tradicionales de la derecha y nuevos gobernantes, convencidos de su misión histórica dentro de la utopía del neoliberalismo, tratan de integrar a los renegados de la izquierda institucionalizada los que por esta vía ascendieron a escaños y curules que les permiten hacer jugosos negocios con otros poderes que constituyen una elite muy selecta, la cual denominamos clase política.
La tercera fase corresponde al presente periodo, implica la transformación de las conquistas económicas estratégicas en un nuevo régimen político legal (el TLC y la Comisión ALCA) que confiere a los constructores imperiales estadounidenses el poder formal y el control total de la región, pero también están otros tratados y planes, como el de Tratado de Centroamérica con los Estados Unidos y el Plan Puebla-Panamá cuya iniciativa busca insertar al sursureste mexicano y a Centroamérica en la globalización y construir un bloque que esté “preparado” para competir ante un eventual inserción en los grandes mercados. La ideología y los argumentos radicales de la derecha corresponden a un pensamiento pragmático, típico de los hacedores de riqueza por cualquier medio, incluyendo la guerra, el asesinato, la tortura y finalmente la muerte o aniquilación tanto de “los enemigos internos como los externos”. Estos grandes inversionistas han logrado desarrollar métodos sofisticados para abrir espacios vitales para sus empresas e intereses bajo presiones a países, Estados o naciones débiles, como puede ser la “amenaza de retiro de sus inversiones” o bien que existen mejores “ofertas y proposiciones” en otras partes del mundo, lo que de entrada excluye la posibilidad de negociar con ellos si no es en el plano que para tal efecto han diseñado, es decir, en condiciones de desigualdad total para la nación o Estado enajenado.
A pesar de este sistema mundo capitalista que se presenta como único y universal, el imperialismo no ha logrado avances contra los movimientos sociales de resistencia mediante políticas coercitivas, injerencia militar y represión, pero sí mediante los partidos electorales de centroizquierda cuyos liderazgos los ha aislado de sus bases de apoyo, gracias a una política económica de apertura de mercados en la que se presenta el desarrollo y el crecimiento como panaceas de una realidad preconstruida ideológicamente por programas dictados desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este fenómeno de cooptación ha minado los movimientos sociales, pero no los ha derrotado, ya que la estrategia de estos ha sido desvincularse tanto de partidos de izquierda institucionalizada, como de candidatos o presidentes que se asumen como de cambio o que se autonombran de izquierda, tal es el caso, por ejemplo, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que se ha desligado de las políticas neoliberales del Presidente Luiz Ignacio Lula da Silva en Brasil, y del EZLN quien mantiene un gran distancia del Partido de la Revolución Democrática.
Los movimientos sociales en América Latina perciben esto como una traición de las elites políticas de centro-izquierda, por lo que vuelven a los únicos métodos probados de lucha y acción directa: protestas de masas, huelgas generales, bloqueos carreteros y ocupaciones de tierras. La idea central es que si bien los movimientos sociales han sido los principales vehículos por los que las clases obrera, campesina y empleados han desplazado a políticos venales, llevando a cabo reformas sociales y bloqueando las políticas más aparatosas de Estados Unidos contra la región, no han logrado adueñarse del poder del Estado.
Sin embargo es relevante apuntar que muchos de estos movimientos están buscando otras alternativas que impliquen el ejercicio del poder desde abajo y por lo tanto, otra democracia más participativa, al margen de las reglas de juego institucionalizadas y la legitimación del Estado, sobre todo, después de las experiencias negativas que se han observado en el continente. Frente a esta falsa realidad preconstruida desde el poder hegemónico, los movimientos sociales están convocando a nuevas Asambleas Constituyentes, como es el caso de Bolivia, Venezuela y México.
¿Por qué el Estado de derecho es una utopía? En América Latina cada presidente derrocado por los movimientos sociales es remplazando por otro salido de la misma elite política, que aplica las mismas políticas neoliberales. Esta rotación o circulación de las elites es lo que los publicistas de imagen política llaman “cambio constitucional”, por las “vías institucionales y los causes legales”. Esta aplicación tendenciosa del derecho es la que ha frustrado, hasta ahora, los esfuerzos de los movimientos sociales por lograr cambios estructurales amplios e irreversibles, de ahí que una de las alternativas que se ofrecen como propuesta, ante la crisis de legitimidad del Estado y de representatividad de los profesionales de la política, es impulsar desde abajo el proyecto de un constituyente nuevo, que modifique las bases políticas y jurídicas del actual Estado.
Pero este proyecto social se enfrenta a los intereses de la derecha conservadora y de quienes han sido beneficiados directos del proyecto neoliberal (como es el caso de los banqueros rescatados por el FOBAPROA-IPAB), así tenemos que previendo cambios estructurales de fondo, los sectores de la derecha más conservadora y radical han asumido la legalidad como propia, lo cual implica un mayor empleo de la violencia institucional del Estado contra los movimientos sociales, especialmente en México.
Sostengo que son los movimientos sociales de resistencia al neoimperialismo, los que están posibilitando la construcción de otra forma de hacer política, otro mundo posible, sobre la base de un proyecto de autonomías locales y culturales opuestas al proyecto neoliberal y los intereses imperialistas de las potencias capitalistas. Es importante resaltar que los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo, y por lo tanto al neoimperialismo, en América Latina, están en el centro de la estrategia militar de los Estados Unidos, por lo que la guerra en nuestra región ya se está librando, desde hace varios años (ver la doctrina “Carter” anteriormente citada), pues nuestro territorio es presa de los intereses manifiestos del actual y futuro gobierno de Estados Unidos, así Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, México[13], Uruguay y Venezuela, por mencionar los más relevantes, son espacios “vitales” de la política expansionista norteamericana que requieren gobiernos afines a sus intereses, la tendencia es ejercer un mayor control sobre los movimientos sociales, a través de una la política criminal que sirva de justificación legal y legitime las acciones de intervención/represión, contra las acciones de resistencia antiimperialista y anticapitalista que organicen dichos movimientos.
Por estos argumentos considero relevantes las aportaciones sociológicas y jurídicas del Movimiento Zapatista encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, cuya política de resistencia pasó, de la lucha armada al privilegio del diálogo, como forma reconocida por la sociedad civil para la solución del conflicto y el reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas, no pretendo profundizar sobre este movimiento que está suficientemente documentado, pero en aras de ser demostrativo en los argumentos, debo señalar que luego que se sentó el EZLN en la mesa de diálogo con los representantes del gobierno federal (entre los que destacaba el enviado especial de Carlos Salinas para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís) y tras penosos desencuentros para llegar finalmente a los acuerdos de San Andrés, los zapatistas fueron traicionados nuevamente por el gobierno federal.
La etapa culminaría con la Marcha del Color de la Tierra de marzo de 2001, cuando más de veinte comandantes zapatistas, llegan al Zócalo. Un mes después, el Congreso de la Unión (luego de una negociación del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática) aprueba una ley contraria a los planteamientos centrales de los acuerdos a los que se había llegado en San Andrés. Este hecho fue fundamental para los pasos posteriores del EZLN, tanto en lo interno como en lo externo. A partir de ahí, el EZLN realiza una valoración de lo que fue su propuesta, el camino que siguió y las posibles consecuencias de dicha traición.
Así, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comienza a profundizar la construcción de la autonomía en las comunidades. De esta forma se desarrolla un proceso autonómico y autogestivo muy grande y aleccionador (el cual se extiende desde fines del año 2001 hasta mediados del año 2005), que da lugar a “la Otra Campaña”.
La autonomía de las comunidades indígenas no reconocida por el Estado-nación mexicano es desde ese momento aplicada de facto por las bases zapatistas. Sin olvidar el cerco militar impuesto por el gobierno federal, estatal y municipal, la presencia de paramilitares y brigadas blancas, las políticas de cooptación del Estado y los programas de apoyo a las comunidades indígenas para restar bases de apoyo al EZLN, así como tampoco debemos soslayar el secuestro, la desaparición forzada, el encarcelamiento de dirigentes zapatistas y la matanza de Acteal, (a la par de otros hechos relevantes como el asesinato de más de 400 periodistas -además de Manuel Buendía- en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio candidato oficial del PRI a la Presidencia, la matanza de campesinos de Aguas Blancas y el Charco).
En agosto de 2003 comienzan a funcionar las Juntas de Buen Gobierno (JBG). A través de ellas, son los mismos indígenas los que ejercen su autogobierno, bajo el principio ético, político y jurídico de mandar obedeciendo. El Subcomandante Marcos explica el proceso en éstos términos: “El plan es que el trabajo de la JBG sea rotatorio entre los miembros de todos los consejos autónomos de cada zona. Se trata de que la tarea de gobierno no sea exclusiva de un grupo, que no haya gobernantes ‘profesionales’, que el aprendizaje sea para los más posibles, y que se deseche la idea de que el gobierno sólo puede ser desempeñado por gente especial”.
El no reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés son para el movimiento zapatista el hecho que les permite constatar que en el marco institucional y los intereses del proyecto de globalización, donde el Estado mexicano es un satélite más, no existe apertura política para el reconocimiento de los derechos indígenas, como tampoco para que sus demandas dejen de ser abstracciones y se concreticen en justicia, democracia plena y libertad fáctica. De la conformación y agudización de una estructura económica y social capitalista mexicana cada día más dependiente y desigual, se desprende la necesidad imperante de superar el orden social capitalista, de allí la decisión del EZLN por formar un programa nacional de lucha, que sea claramente de izquierda, anticapitalista, antineoliberal, y por lo tanto, antisistémico.
En pos de una construcción política de mediano y largo plazo de alcance nacional la Sexta Declaración reconoce expresiones muy diversas de resistencias en todo México y apuesta a la posibilidad de unirlas en la perspectiva de reconstruir a la izquierda política y social en torno a “la Otra Campaña”. Su afán es la construcción a nivel nacional de un frente político y social fundado en una multiplicidad de experiencias de luchas y resistencias.
Todo marcha en lo operativo bien, se había llegado a rincones donde las campañas de los partidos registrados y oficiales no tenían presencia y se habían estrechado lazos con los olvidados de esta tierra, hasta que llegamos al mitin en la Plaza de Tlateloco, el tres de mayo de 2006, junto con el recorrido que hacía la Otra Campaña. Ahí nos enteramos como a las cuatro y media de la tarde, que líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) habían sido reprimidos por las fuerzas municipales y estatales por defender a los floristas, a los que se les negaba el derecho que durante más de 20 años tenían para poner sus puestos en las aceras del mercado.
Ignacio del Valle así como otros líderes del FPDT, previamente, en apoyo a los floricultores, habían establecido negociaciones y acuerdos con representantes de las autoridades estatales y municipales, para que se pudiera realizar la actividad comercial de aquellos el día tres de mayo, sin embargo, cuando llegaron al mercado, los granaderos municipales, apoyados por los estatales, que desde la madrugada se encontraban apostado en el sitio, argumentaron tener ordenes de no dejar instalar los puestos de los floristas en la calle. Así que fueron las autoridades, quienes primero desconocieron los acuerdos y negociaciones realizadas un día anterior a los hechos, provocaron la reacción del pueblo y realizaron actos represivos con lujo de violencia contra el FPDT. Al ver la represión desatada por las fuerzas del orden público que rebasaban en número a los floricultores y a los propios dirigentes del FPDT, la población enardecida por la injusticia se lanzó a la calle en defensa de su espacio, rechazando valientemente la agresión. Los medios de comunicación demagógicamente[14] utilizaron dichas imágenes para promover un ambiente de linchamiento contra los líderes del FPDT y la población de Atenco-Texcoco.
Hassemer (1990, 236) afirma que: “el Derecho penal no tiene que adaptarse a la política criminal, ni puede convertirse en su subsistema funcional, sino que tiene que oponerse a ella, frenándola e incluso, en caso necesario, obstaculizándola”. Sin embargo, es a la inversa, la clase política que ejercen el control del Estado, así como en general, la clase dominante, utilizan el derecho penal a su conveniencia, desbaratando los principios más elementales del pacto social. Así lo podemos constatar, en la violación de los derechos humanos de los prisioneros de guerra iraquíes en Guantánamo por parte de los Estados Unidos. También lo podemos observar en la intervención del Estado en asuntos internos del sindicato minero de SICARTSA, en Lázaro Cárdenas Michoacán, que desembocó en enfrentamientos de los trabajadores mineros con granaderos, policías estatales, y la policía federal preventiva (PFP); y más aún en la violación de las garantías individuales y derechos humanos de los pobladores de San Salvador Atenco, municipio de Texcoco, tras la intervención policíaca federal, estatal y municipal para desalojar a 8 floricultores de la región. En todos estos casos hay una extralimitación del poder avalado por la “ley” sin que exista un pleno control penal punitivo contra ese abuso del poder del Estado, que se aplique como sanción a gobernantes y autoridades involucrados así como a los aparatos represivos.
En efecto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, terminó por destruir el mito del supuesto Estado de Derecho[15], El gobierno mexicano, al igual que los más perniciosos gobiernos militares América Latina, aplica la ley no contra los delincuentes, sino contra los movimientos sociales y sus líderes con la finalidad de sembrar el terror entre la población para descabezar los grupos contrarios al sistema de dominación, que el sistema y gobierno imperantes asumen como sus principales enemigos.
Los cateos sin orden judicial expresa, emitida por juez competente, la infiltración del movimiento a través del espionaje y el reporte puntual de sus discusiones y actividades por parte de sujetos preparados en inteligencia militar, la toma de prisioneros golpeados una y otra vez por las fuerzas del orden, la detención de mujeres, ancianos y menores de edad, la violación de mujeres como si fuesen botín de guerra, la tortura física y psicológica de detenidos y familiares, el desconocimiento de los abogados defensores por parte de la autoridad, la incomunicación de los detenidos por más de 72 horas, el hacinamiento en las celdas, los castigos y las amenazas constantes dentro de ellas, la nula atención médica y psicológica a los lesionados y violadas con personal idóneo al caso, pues así lo ameritaba, las presiones y hostigamientos del ministerio público para que firmaran su confesión los detenidos atenquences, sin asistencia y presencia de un abogado defensor de su confianza, la desaparición de detenidos -pues sus familiares no los encontraban ni en hospitales, ni en el ministerio público, ni en las cárceles-; el ocultamiento de expedientes, la fabricación de delitos, el contubernio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial para burocratizar la pronta impartición de justicia; la violación a las garantías constitucionales más elementales y la violación a los derechos humanos, son todos agravantes para poder enjuiciar a los gobernantes, autoridades civiles y militares, así como policías federales, estatales y municipales que participaron en el ilícito.
Sin embargo, nos encontramos ante una sociedad civil mexicana que cierra los ojos y tolera la impunidad de quienes se asumen como nuestros gobernantes, la sociedad civil es sumamente débil y fácilmente manipulable por la opinión pública y los medios de comunicación masivos. Es una hipótesis que la represión contra el FPDT y los pobladores de Atenco-Texcoco, se tratara de una venganza de Estado, por no haberse construido el aeropuerto en los terrenos de San Salvador Atenco. Mi opinión es que la ensangrentada administración foxista, dio marcha atrás al proyecto del aeropuerto internacional cuando se convenció (a través de su alfil Mariano Azuela), que el Poder Judicial iba a echar abajo la falacia de la utilidad pública que justificaba el decreto expropiatorio de las tierras defendidas valientemente por el FPDT, que no cedió ante las amenazas de la autoridad federal. La pifia fue del propio gobierno por su inexperiencia para fundamentar el decreto expropiatorio, su ambición desmedida lo llevó al fracaso, ya que todas las inversiones estaban amarradas, al igual que recientemente lo hicieron con la “Ley Televisa-Azteca”.
Por el contrario sostengo que luego de la experiencia exitosa del FPDT contra el proyecto del aeropuerto, se estrecharon aún más los lazos con el EZLN y con los Adherentes a la Sexta Declaración y La Otra Campaña, por lo que el gobierno consideró el movimiento del FPDT como amenaza real que había que eliminar debido fundamentalmente a la solidaridad que el Frente manifestó a favor de movimientos como el de los damnificados por el ciclón Stan en Oaxaca y Chiapas, así como con los campesinos que se resisten a la construcción de la Presa Parota en Guerrero, donde se afecta al río Papagayo, que es fuente fundamental de recurso de agua para muchas comunidades de la zona, y con los comuneros de Tetela del Monte y la zona residencial de lujo donde se ubica la Barranca de los Sauces[16], en Cuernavaca Morelos. Los actos violentos de la autoridad contra los campesinos de Atenco demuestran que el derecho penal y la política criminal que lo sustenta, se orientan fundamentalmente al control social de los movimientos de resistencia, por ello, se plantea como objetivo principal su eliminación y aniquilamiento total, debido a que una lucha de resistencia victoriosa es un mal ejemplo, para otros pueblos y comunidades que aún no despiertan.
Si bien es cierto como argumentan los juristas que “el Estado a través del poder judicial y el ministerio público tiene el monopolio de la coacción”. Esta actividad del Estado tiene sus principios constitucionales, normas y límites, que evidentemente son de carácter burgués. Sin embargo, existen grandes vacíos que hacen que se ejercite el poder con bastante y holgada impunidad, porque la sociedad desconoce como ejercer un control civil sobre la actividad, ejercicio y rendición de cuentas[17]de los funcionarios públicos, y sus actuaciones como ejecutores de la actividad punitiva y coactiva del Estado. Tal parece que quienes se encuentran como funcionarios públicos, constituye una gran mafia que tiene redes criminales en cada uno de los intersticios más obscuros del poder del Estado[18].
En el caso de Atenco, además de la gran cantidad de lesionados con objetos contundentes, hubo un niño muerto por arma de fuego calibre .38 espacial de uso exclusivo de la política del Estado de México. Hasta 15 días después no se sabía quién de la corporación realizó el disparo, cuando que organismos de Derechos Humanos documentaron ante la instancia jurídica correspondiente, que el responsable era un policía de los que intervinieron en los hechos, muchos de los cuales iban armados. Hay un total encubrimiento vandálico entre las fuerzas del orden y los mandos con entrenamiento militar. Otro herido de gravedad, Alexis Benhumea, fue alcanzado por un proyectil -de lanza granadas de gas-, en la cabeza, el disparo fue a boca de jarro, es decir a corta distancia, la herida mortal le ocasionó convulsiones, pérdida de sangre en abundancia[19], el Dr. Guillermo Selvas, de la Caravana de la Otra Campaña, que llegó a Atenco, por la noche del día tres de mayo, trató de auxiliar al joven herido, pero era imposible, así que decidió que su traslado era necesario para atenderlo en un hospital, al salir para conseguir una ambulancia el Dr Selvas fue detenido y brutalmente golpeado por las fuerzas del supuesto “orden”, después fue detenida su hija Mariana Selvas, que le ayudaba como asistente en los primeros auxilios. Esto originó que el herido, estudiante universitario de la Facultad de Economía y de Ciencias, estuviera sin atención médica oportuna durante más de 18 horas, y que el auxilio humanitario que prestaba el Dr. Selvas fuera impedido por los policías. Ahora resulta que para el Ministerio Público y el juez que conoce de la causa, el Dr Selvas es un delincuente, calificado de “alta peligrosidad”, por lo que no alcanzó fianza y se le ha negado su libertad, siendo que en ningún momento intervino en los hechos delictivos que se le atribuyen, en igual situación se encuentra su hija , Mariana Selvas, quien además de ser salvajemente golpeada fue ultrajada por los cuerpos policíacos, su único delito es haber estado en el lugar de los hechos que se dieron en la mañana del día cuatro de mayo, querer ayudar a curar heridos y salvar vidas, para los impartidores de justicia que solapan los actos criminales de Estado, también es un delito preocuparse por la vida del prójimo.
Los operativos policíacos, en San Salvador Atenco como en Oaxaca[20] saltaron del plano de la prevención del delito, al plano del control social de los movimientos sociales de resistencia al poder, y del plano del operativo policiaco al plano político, aunque reiteradamente se llamó, a través de los medios masivos, a “despolitizar los hechos” y a verlo como un asunto “local” y dentro de un contexto “muy limitado”, para negar no sólo la violación de los derechos humanos, sino principalmente la función política del CISEN.
Conclusiones
Como puede observarse hay un doble discurso del poder, el de “seguridad nacional” que vincula la rebelión popular con el crimen organizado y, por otra parte, el trato de “criminales de alta peligrosidad” a los líderes para negarles su status jurídico de perseguido político, este argumento sirve de “justificante” para negar reiteradamente los derechos constitucionales y humanos.
La lucha legal llevada al extremo como parte de una estrategia de los movimientos sociales es lo que se califica como ultralegalismo, esta estrategia de lucha impide ejercer mayor fuerza por medios políticos. En estos caso se demuestra que las instituciones jurídicas juegan un papel importante de contención de los movimientos sociales, ya que con el fin de no perder el estatus de “legalidad”, se entorpece el camino para el logro de las demandas populares, a la vez que se fortalece la visión de que sólo a través de las instancias jurídicas se “pueden” y “deben” dar los “cambios”.
Buena parte de las características comunes de los movimientos derivan de la territorialización, es decir, de su arraigo a espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. Los actores sociales identificados hasta ahora son la elite política, los empresarios y los movimientos sociales–populares que se ven confrontados cada uno y entre sí, sobre la base de sus propias exigencias. Las formas de organización que describen los dos primeros son de tipo vertical y piramidal, desde las visiones de la elite gobernante y de la lucha interna entre estas y la clase empresarial-gobernante. En cambio los movimientos sociales-populares están desarrollando formas de organización desde abajo con base a sus propias experiencias adquiridas a lo largo de de tres décadas de lucha contra el neoliberalismo.
Mi argumento es que la desterritorialización de los movimientos y no las dictaduras y las contrarreformas liberales es lo que hizo entrar en crisis a los viejos movimientos de izquierda, fragilizando a líderes que vieron evaporarse sus bases ideológicas, en las que habían ganado sentido. Su crisis de sentido, abrió un período, aún inconcluso, de reacomodos que se plasmaron, pero otros actores sociales, buscan la reconfiguración de un nuevo espacio físico de lucha social. El resultado, en todos los países de América Latina, aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva, así como también en la revalorización de la resistencia de las diferentes identidades y comunidades indígenas, es decir son los excluidos del sistema los que están proponiendo nuevas de hacer y entender la democracia, rescatando del basurero y el olvido, lo más preciado de sus raíces históricas y su nacionalidad.
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Para la reconstrucción de la vida de Rubén Jaramillo véase Rubén Jaramillo Ménez, Autobiografía, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Froylán C. Manjares, Matanza en Xochicalco, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Paula Batalla, Donde quiera que me paro, soy yo (autobiografía de una jaramillista), CIDHAL, Serie Nuestra Vida, México, 1988; Renato Ravelo, Los Jaramillistas, Nuestro Tiempo, Col. Testimonio, México, 1978; Alberto Guillermo López Limón, El Movimiento Jaramillista (1915-1962), Tesis de Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1994 VARGAS SÁNCHEZ, Juan de Dios (1986). La resistencia popular en México 1940-1976. Tesis de Sociología FCPS. UNAM.
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http://www.rebelion.org/sociales/031006zibechi.htm
http://www.alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=1382
[1] Para De Giorgi, el derecho penal que se sustenta en políticas criminales definidas por intereses de clase, no es un sistema de control de la desviación, sino una estructura selectiva dentro de la cual se hace posible la desviación.
[2] En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas y es utilizado de manera discrecional por quienes detentan el poder, para preservar, mantener o establecer sus propios intereses que evidentemente son de clase.
[3] En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas.
[4] “Los guerrilleros que operan en Guerrero, grupos de delincuentes: Cabeza de Vaca titular de la PGR”. Nota de Habana de los Santos, Misael, en La Jornada 15 de octubre (2005. 17)
[5] “Estados Unidos impone a México su agenda de seguridad: especialistas”. ROMAN, José A. La Jornada, miércoles 5 de octubre de 2005. p. 34.
[6] El Estado es entendido como estructura de autoridad y como forma de dominación colectiva y sus signos específicos del Moderno Estado Nación son la ciudadanía, la presunción formal de igualdad-jurídica de los individuos dentro del espacio de su dominación, no obstante su desigualdad en los demás ámbitos de poder y la representatividad política, sobre la cual legitima su poder sobre el conjunto de los ciudadanos.
[7] Ello ha sido evidenciado por la Criminología Crítica, pues, el Sistema de Justicia Penal, así como la función intimidatoria de su discurso no sólo está dirigida a los sectores más vulnerables, sino a la generalidad.
[8] En efecto la lucha de Jaramillo era pacífica, aunque el estaba armado, pero ese hecho no era objeto de acción penal por parte del Estado, lo que realmente atemorizaba al gobierno era que estaba al frente de un grupo de campesinos armados con sus instrumentos de trabajo propios, que estaban dispuestos a recuperar esas tierras, afectando los intereses latifundistas y de inversionistas.
[9] En 1958 el Presidente Adolfo López Mateos le brindó amplias garantías para que dejara las armas y cuatro años más tarde, el 23 de mayo de 1962 la policía judicial del estado y el Ejército lo hicieron prisionero junto con su familia (su esposa y sus tres hijos) y fueron asesinados en Xochicalco, acabando con la vida, pero no con los ideales de este líder agrarista. http://www.inep.org/content/view/1599/74/
[10] La "Operación Xochicalco", fue la culminación de un acto criminal del Estado coordinada por el Jefe de la Policía Judicial, General Carlos Saulé y por el Coronel Rivera, de la misma corporación; participaron directamente el Capitán Gustavo Ortega Rojas, Jefe del Servicio de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el Capitán José Martínez, comandante de la partida militar de Zacatepec, Roberto Ramos Castaneira, Jefe del Servicio Secreto de Morelos. Rubén Jaramillo, Epifania Zúñiga (embarazada), Enrique, Filemón y Ricardo, fueron secuestrados y trasladados cerca de las ruinas prehispánicas de Xochicalco, donde horas después fueron asesinados. En "una desviación que se encuentra a unos cien metros de las ruinas, sobre la carretera que conduce a ellas y en una barranca encontraron los cadáveres". Según los agentes de la Dirección Federal de Seguridad "el Tte. Corl. Héctor Hernández Tello Sub- Jefe de la Policía Judicial Federal le dio a entender (al capitán Gustavo Ortega Rojas) que la intervención de Agentes a sus órdenes solamente se habían cumplido por disposición expresa del Sr. Presidente de la República". "Gustavo Ortega Rojas, Director General de Seguridad de Morelos, manifestó a periodistas y particulares de Distrito Federal y Acapulco que fueron miembros de la Policía Judicial Militar los que realizaron los hechos acatado órdenes superiores." Además intervinieron cinco pelotones de soldados (por lo menos cincuenta y cinco hombres armados con fusiles y ametralladoras), en dos vehículos blindados y varios jeeps, procedentes del Cuartel de Agua Hedionda, dirigidos por el sargento Manuel Justo Díaz, apoyados por lo menos de diez agentes de la Policía Judicial Federal (además de los destacados en Cuernavaca) El cuerpo de Rubén Jaramillo presentó nueve tiros (dos de ellos en la cabeza); tenía al morir 62 años; Epifania 47; sus hijos adoptivos militantes de las Juventudes Comunistas de México Enrique 20, Filemón 24 y Ricardo 28; su único hijo sanguíneo: meses de gestación. Nunca se realizó una investigación. La masacre hasta la fecha sigue impune. Alberto Guillermo López Limón http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11796
[11] Ver Fernando Martí. “La Noche más triste de la historia”. Revista Interviú año 1 No. 27, 27 de septiembre al 3 de octubre de 1978. Pp.56 a 61
[12] La tesis central del artículo de Klare, desde un punto de vista histórico señala que la guerra en Irak instrumentada por los Estados Unidos es una expresión natural de la Doctrina Carter, que constituye el único edicto presidencial vigente después de la guerra fría. Lo que pretende demostrar Michael es que la Doctrina Carter, con 25 años de antigüedad, ha adquirido mayor relevancia como proyectote expansión del poderío militar de EU y está dirigido a las mayores regiones productoras de crudo en el mundo. (Klare, Michael T 2004).
[13] Ver el “decálogo energético” propuesto por el Presidente Vicente Fox en La Jornada del 12 de septiembre de 2005, el cual señala que PEMEX deberá absorber por el alza internacional del petróleo cerca de mil 457 mdd; del cual se importan alrededor de 250 mil barriles diarios, siendo México productor, esto resulta ser una paradoja histórica muy sería para el país.
[14] Ver VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2006) “El demagógico poder de los medios de Comunicación” en http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11519
[15] MARTÍNEZ VELOZ, Jaime. El mito del estado de derecho. La Jornada. 12 de mayo de 2006. p. 27
[16] Ese día diez de abril de 2006 se iba a realizar un acto de la Otra Campaña en Cuautla, para rendir homenaje ante la estatua de Emiliano Zapata. Hasta allá llegaron varios camiones procedentes de Texcoco, con Ignacio del Valle y otros dirigentes, esperábamos la presencia del Delegado Zero, al ver que no llegaba, los compañeros de Atenco rindieron honores combativos ante Zapata y cantaron el himno zapatista, ondearon sus machetes y sacaron estrellas fulgurantes al friccionarlos con el concreto caliente por los rayos del sol. Seguimos la espera, cuando nos informan que el Delegado Zero, se encontraba en la barranca de Los Sauces, rodeado por ministerios públicos, policías judiciales del estado, preventivos municipales y granaderos, quienes pretendían desalojar por la fuerza a los ambientalistas que defendieron con sus vidas la barranca, encadenándose a los árboles. Rápidamente los camiones que trasladaban a Ignacio del Valle y una representación numerosa de los pobladores de Atenco, se dirigió a Cuernavaca en apoyo, sin importar no haber comido y el cansancio, llegando muy a tiempo para demostrar la fuerza y convicción de principios revolucionarios. Los periodistas preguntaron con insistencia al Delgado Zero ¿qué esperaba, cuál era la estrategia? A lo que sin pensar dos veces dijo espero “al Séptimo de Caballería”, el cual en efecto llegó, salvando una situación bastante tensa, pues las fuerzas del “orden” tuvieron que replegarse.
[17] Aquí no sólo nos referimos a la Ley Federal de Transparencia, que señala que la información de los registros públicos no puede ser confidencial, sino además a la observancia de las autoridades de lo que estrictamente les confiere la Constitución, para el ejercicio público de sus funciones. En el caso de la Ley federal de Transparencia, el ejecutivo federal, es decir, Vicente Fox, al verse afectado directamente por sus hijos entenados, es decir los hijos de la Sra Sahagún, presentó una iniciativa de reforma al artículo seis constitucional, que de aprobarse en las cámaras, limitaría la obtención de pruebas para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es decir limitaría los trabajos que viene realizando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ya que este organismo está obligado a privilegiar la máxima publicidad y accesibilidad a los documentos oficiales.
[18] VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2206) La fascinación estética del discurso del orden. http://www.poderautonomo.com.ar/buenas%20companias/buenas%20companias.htm.
[19] A quince días de que fue intervenido quirúrgicamente, Hollín Alexis Benhumea Hernández, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM seguía en estado crítico, muere luego de una lenta agonía el 7 de junio de 2006.
[20] Hasta hoy el saldo del actual conflicto en Oaxaca, a más de seis meses de haber iniciado, es de 21 personas asesinadas, alrededor de 370 lesionadas, más de 500 detenidas, 306 presas todavía, unas 300 perseguidas y más de cien desaparecidas. De los 306 presos, 214 fueron capturados el 25 de noviembre (entre ellos cuatro extranjeros) Unos 170 detenidos ese día fueron llevados a centros penitenciarios de Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En el penal de San José del Rincón -a 15 kilómetros de Tepic, Nayarit- fueron recluidas 141 personas (106 hombres y 35 mujeres), entre las cuales hay algunas menores de edad. Tras pagar una fianza de 108 mil pesos cada una, fueron liberadas tres de ellas y luego se sumó una más, por lo que 139 siguen allí. Más de cien recluidos eran transeúntes que no participaron en la manifestación de aquel día ni mucho menos en los desmanes y fueron detenidos arbitrariamente, torturados antes, durante y después de su traslado, los 139 están acusadas de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. El proceso a 93 de ellos tiene la causa penal 652/2006 en el juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mientras que 54 más (algunos de los cuales coinciden en otro expediente) tienen la causa 88/2006 en el juzgado mixto de primera instancia de Mihuatlán, Oaxaca. Entre los 306 presos se encuentra Flavio Sosa Villavicencio, el dirigente más visible de la APPO, aprehendido en la ciudad de México el 4 de diciembre junto con su hermano Horacio y otras dos personas, cuando se preparaban para iniciar una mesa de diálogo convenida con la Secretaría de Gobernación. Flavio y Horacio están acusados de secuestro, robo calificado con violencia y lesiones calificadas contra funcionarios municipales en hechos ocurridos el 15 de agosto, así como de sedición, daños dolosos causados por incendio y ataques a las vías generales de comunicación. Las órdenes de aprehensión en su contra forman parte de cinco expedientes penales (58, 60, 71, 102 y 132 de 2006) integrados por jueces federales y de Oaxaca. Flavio Sosa fue llevado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), en Almoloya de Juárez, estado de México, mientras que su hermano Horacio fue trasladado al reclusorio de Nayarit a petición del "gobierno" de Oaxaca. En contra de las otras dos personas no existían órdenes de captura, pero fueron detenidas por oponerse al arresto de los hermanos Sosa y se encuentran aún en las instalaciones delegacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal. La aprehensión de Flavio y Horacio Sosa, en los hechos, traiciona el diálogo que, en representación de la APPO, habían acordado con el "gobierno" de Felipe Calderón (Fecal), y pasa por encima de tres amparos que les concedía la justicia federal, además de ocurrir una semana después de que su hermano Erick fuera detenido en la ciudad de Oaxaca y recluido bajo cargos similares en el penal federal de Matamoros Tamaulipas, a petición del "gobierno" de Ulises Ruiz Ortiz.
viernes, noviembre 17, 2006
miércoles, noviembre 08, 2006
VIVIENDA EN MÉXICO
VIVIENDA EN MÉXICO.
M en C. LORENZO ISMAEL VARGAS SÁNCHEZ.
ESIA TECAMACHALCO IPN.
En la presente obra se analiza la vivienda en México tomando como objeto de estudio el hecho arquitectónico de la obra de Mario Pani y la Unidad Habitacional de Nonoalco Tlatelolco, producto de un proyecto modernizador que impulsara Pani. Lo que se pretende demostrar es el agotamiento de la modernidad que impulsó el modelo económico, específicamente en estos últimos veinte años, donde el liberalismo mostró su ineficacia para resolver los problemas estructurales, como es el caso de la vivienda en México.
La idea central, luego de analizar la problemática de la vivienda es, que esta corresponde a un modelo que genera mayor desigualdad y exclusión social, pues se basa sobre todo en el afán de lucro de las grandes empresas inmobiliarias que hay en el país, las que responden sólo a sus intereses, no a los de la demanda, en este sentido, se observan comportamientos erráticos en las políticas implementadas por el Gobierno, tanto federal como el de la Ciudad de México, quienes han privilegiado a dichas empresas por encima de las necesidades sociales.
El trabajo comprende a una mirada critica de la situación que prevalece en el ámbito de la construcción y se argumenta que el otorgamiento de créditos para la vivienda esta aparejado con el incremento del ritmo de edificación de casas, es el resultado de una mejor “coordinación” entre las instituciones del Estado y las empresas constructoras más importantes del país. Pero el modelo actual favorece más a estas que al destinatario final, por lo tanto, se requiere mayor impulso y apoyo a las formas autogestivas y autogeneradores de vivienda para los más necesitados, esto significa reorientar la política hacia un desarrollo más equitativo en los puntos más sensibles: educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social.
Í N D I C E.
A).- La apropiación inicial del capital social. 3
B).- Zona rural en transición. 5
C).- ¿Vivienda y calidad de vida? 10
D).- La crisis económica y su impacto en el mercado de la construcción. 14
E).- Hacia una definición de vivienda y calidad de vida. 19
F).- Propuestas de desarrollo de vivienda. 22
G).- Expansión poblacional y línea de pobreza en la zona rural. 26
H).- Vivienda y ahorro. 28
I).- La problemática en la construcción de vivienda media y residencial. 30
J).- La competencia de consorcios inmobiliarios en materia de vivienda. 31
K).- Vislumbrado el futuro. 33
L).- De la utopía de la ciudad moderna a la meta-posmodernidad
de la ciudad. 35
M).- Conclusiones. 44
N).-Anexo estadístico. 47
Fuentes de información. 50
ÍNDICE DE CUADROS.
1.- EMPLEO EN EL MEDIO URBANO. 16
2.- RESULTADOS COORPORATIVOS. 18
3.- PROCESO NORMAL PARA LA OBTENCIÒN DE UNA VIVIENDA. 23
4.- TIPOS DE VIVIENDA 29
5.- INCIDENCIA MARGINAL DE LA POBREZA URBANA 1994-1999. 34
A).- La apropiación inicial del capital social.
En un primer momento, la relación hombre-naturaleza, esta determinada por los instrumentos de trabajo (la mano, los palos, el azadón, el arado), dependiendo del grado de su desarrollo tecnológico, los instrumentos propician un mayor aprovechamiento de los recursos, mayor productividad y diversificados productos que mejoraron la dieta y calidad de vida del ser humano.
A través de un largo proceso histórico de evolución, el hombre no solo se apropia de los recursos, sino que tiende a humanizar esta relación, como parte de un preconocimiento e identificación, donde las fuerzas de la naturaleza adquieren significados (distintos para cada cultura, pueblo y por ende para región), determinantes en el comportamiento organizacional y dominantes al interior de la comunidad agraria.
Gradualmente este proceso de ritualización y mistificación de las fuerzas naturales, que generó culturalmente formas de vida y manifestaciones comunes, así como actitudes individuales esperadas y deseadas, por los miembros del grupo agrario fue cambiando; el conocimiento sobre el clima, el cálculo y la ubicación de los astros, la clasificación de las plantas, granos y frutos, la utilización de animales con fines de consumo y como medios de transporte, carga, tracción y guerra; propiciaron nuevas formas de organización social y un conocimiento más sistemático sobre las determinantes naturales que fueron mejor aprovechadas por los asentamientos humanos, lo que permitió el desarrollo y apropiación de diversas técnicas constructivas que se adecuaron a la situación climática del lugar.
Sin duda las grandes concentraciones humanas, cuyas culturas aun en nuestros días nos asombran, tienen como base de su florecimiento la revolución agrícola que permitió a las comunidades una mayor generación de excedentes de producción y una disputa constante sobre el espacio más adecuado, así como migraciones aceleradas cuando los climas y recursos eran adversos. Esto explica en parte la desaparición o movilidad de florecientes culturas cuya base dependía estrictamente de las tierras de cultivo. Igualmente los grupos nómadas dedicados al pastoreo, su manifestación cultural y ritual describen un patrón orientado por la búsqueda de la tierra prometida.
Tanto nómadas como sedentarios diputan el espacio vital para su desarrollo, el problema se hace más complejo cuando la división y especialización de actividades productivas se hace más especializado, así tenemos que las sociedades pastoriles son diferentes a las sociedades agrícolas, aunque hubo imperios florecientes que lograron la conquista de las dos actividades combinándolas de forma eficiente, generando a su vez importantes imperios que acumularon excedentes de producción, sobre la base de lo que producían y las guerras de expansión y conquista contra otros pueblos.
En nuestros días la disputa por la tierra es una realidad vigente y sigue ocasionando conflictos que muchas veces se dirimen por la vía violenta, mientras que otros son dirimidos en los tribunales agrarios, estos conflictos no sólo están con referencia a los títulos de propiedad, repartición de mayores y mejores tierras de cultivo, sino también con los límites entre uno y otro pueblo, con la expansión de nuevas colonias campesinas, con el crecimiento poblacional, con la expropiación de reservas naturales con fines de interés público o privado, con la creación de reservaciones para las minorías indígenas, con el reclamo de reconocimiento y autonomía de los pueblos indios, con el reconocimiento a la diversidad pluricultural de nuestros pueblos testimonio y con la resistencia ancestral de quienes en su momento tienen mayor derecho sobre el usufructo de bosques, selvas, montañas aguas, ríos, lagos y valles propicios para el desarrollo comunitario de las distintas sociedades que aun sobreviven en diversas regiones en América Latina y específicamente en México.
Por lo tanto, la apropiación inicial del capital social y la generación de excedentes de producción están en relación directa con la tenencia, apropiación y usufructo sobre la tierra. Los problemas agrarios se dan en función de esa tendencia de apropiación de la riqueza en forma privada, de la conservación de privilegios sobre el usufructo y los bienes generados socialmente o bien por la conveniencia de inducir cambios en la producción para elevar la renta agraria en beneficio de minorías (hacendados, caciques, renteros, compañías deslindadotas y en la actualidad el sector inmobiliario y de la construcción[1]) ligadas a las elites gobernantes.
B).- Zona rural en transición.
La capacidad de regeneración y sostenimiento de las tierras de cultivo, la ampliación de éstas áreas, para un mayor aprovechamiento generan zonas de transición que afecta de forma directa y significativa la conformación de las redes locales e integración social comunitarias.
El proceso de acumulación originaria de capital que expropió los medios de producción a los productores agrícolas, trajo aparejado otros fenómenos sociales también significativos, que están en relación con el agotamiento de tierras, la sobrepoblación en las zonas rurales y la migración hacia los centros industriales. La utilización de modernas tecnologías y su inversión para una mayor explotación agrícola, trajo aparejado un mayor desempleo. La incorporación de la moderna maquinaria agrícola en los procesos de trabajo desplazó fuerza laboral. Las carreteras y vías de comunicación hacen que los tiempos en la comercialización de los productos se reduzcan y la concentración y acaparamiento de las mercancías en los grandes centros urbanos, que congregan un sinnúmero de consumidores, revierte las tendencias específicas que permitirían una mejor distribución de la riqueza en el medio rural, lo que no sucede realmente, ya que en lugar de esto existe una concentración monopólica del producto, observable en los grandes centros de abasto, creados exprofeso en las metrópolis. Este proceso generó un empobrecimiento paulatino y su desplazamiento orientado por las propias leyes del mercado capitalista, creó condiciones de intercambio desigual y combinado, que incidió directamente en las relaciones socio-culturales de los pueblos y aldeas que dependen exclusivamente de la producción y comercialización de sus productos. El problema no es casual, es típico del proceso capitalista de acumulación, que facilitó la migración de campesinos a los centros urbanos para su explotación, como fuerza de trabajo en los centros industriales urbanos. La cuestión de transición del modo de vida rural se explica culturalmente como expresiones de comportamiento típico o tradicional, que enfrenta situaciones de supervivencia en lo económico y de arraigo o desarraigo de las raíces culturales, de lo que conforma los lazos de identidad de pueblo en pueblo y de región en región, donde se observa una agresiva y constante penetración económica y cultural sobre comunidades y aldeas, que inconsciente o conscientemente, son asumidas por los pobladores y revertidas al interior del núcleo social, generando contradicciones fuertes en los comportamientos y prácticas comunitarios, incluso enfrentamientos entre familias no solamente de carácter religioso o político, sino también en los niveles de le esfera de la producción y reproducción material, esto se observa en las formas tradicionales de producción que se enfrentan a nuevas formas de organización del trabajo globalizadas, como lo es la micro empresa, las que tiende a combinar trabajo artesanal en talleres familiares, con formas de explotación asalariadas vinculadas con las grandes empresas y consorcios capitalistas, que por medios ingeniosos están consolidando nuevas formas de subsunción del trabajo marginal al capital formal, lo cual tiene al menos dos efectos visibles, por una parte la reducción de costos y riesgos en las inversiones de capital destinados a la producción, y por otra, una ganancia o tasa de plusvalía más elevada, que no corresponde a la forma tradicional de obtención de plusvalía, sino que combina la plusvalía neta y la plusvalía marginal, con nuevas formas de explotación del trabajo familiar, maquilador y formas incipientes de empresas marginales, ligadas estrechamente al intermediarismo y la formación del capital global.
Si bien es cierto que el espacio rural permite una forma o modo de vida característico y específico, también es cierto, que éste se ha modificando paulatinamente, a veces imperceptiblemente, conforme mayor número de población rural se integra a la vida urbana o bien a nuevas formas de producción que introducen a su vez otras formas organización y distribución del trabajo.
Existen una disyuntiva para la población rural, en ciertos momentos, o espacios de tiempo no determinados, emigrar o quedarse en su lugar de origen. Quien se va, algún día regresa, modificando los patrones socio-culturales y las actitudes, permeando, alterando o contradiciendo los valores de significación que permiten el entrelazamiento de las formas de vida, con la experiencia vital que entraña lo vivido propiamente dicho, en otras circunstancias, bajo otras condiciones y en otras latitudes. Observándose aberraciones de un sincretismo cultural y de formas de pensamiento, que no corresponde ni al medio, ni a las tendencias predominantes de la localidad, contrastando incluso con las tradiciones y sus raíces.
Quien se queda, enfrenta la transición y el cambió de los factores tanto endógenos como exógenos que lo condicionan, entre la contradicción generada por lo rural y lo urbano que se manifiesta no solamente en las corrientes de migración, de grandes sectores campesinos a las ciudades más importantes, no sólo de México sino de los Estados Unidos, sino sobre todo y fundamentalmente con las aspiraciones legítimas de mejorar las condiciones de vida de las familias que en el campo existen, también se manifiesta, en la modernización de la extracción de la renta agraria; en el cambio de los patrones culturales y en la modificación y formas de apropiación del espacio, así como en las incorporación de otras formas de producción y diversificación de fuentes de financiamiento. No es casual, que los pueblos y comunidades requieran al menos de lo mínimo indispensable que permite la urbanización; como son electricidad, pavimento, escuelas, drenajes, clínicas, centros deportivos, etc., que conllevan toda una actividad de regeneración de la imagen y que inducen substancialmente nuevas formas de entender y apropiarse del espacio local. Lo rural deja de tener un contenido estigmatizante de su modo de vida, como lo atrasado, lo arcaico, que contiene espacios de exclusión social o marginal. Con respecto a la reclamada urbanización e incorporación de servicios básicos, ¿pero pierde algo de lo esencial, de lo típico o bien característico que identifica al lugar?
Estamos ante un proceso de modernidad inducido desde el exterior a los conglomerados sociales, así que las localidades y pueblos se ven afectados se establecen por lo tanto nuevas formas de propiedad y apropiación del espacio, ya sea de forma simbólica o real. Frente a este avance modernizador globalizante, también se observa el “resurgimiento” de una cultura local de resistencia, por ejemplo, el tianguis y la producción artesanal, que se contrapone al supermercado y la producción maquiladora.
Estas formas culturales de resistencia se dan no por oposición a la concepción de modernidad, como se ha manifestado de manera superficial, sino por oposición a las formas, procesos de trabajo y explotación que el capitalismo asume dentro de esos contenidos de modernización. El choque cultural es violento de suyo y poco es lo que se quiere rescatar y resarcir. La cultura hegemónica del capitalismo no permite otras interpretaciones fuera de lo propiamente occidental, entonces las identidades son excluidas, expoliadas y realmente exterminadas en algunos casos, de ahí que surja una resistencia local que adquiere fuerza, cuando se observa que en otras latitudes, otros pueblos y otras naciones sucede lo mismo.
Por ejemplo, el genocidio que se pretende legitimar en Chiapas, desde el propio centro emisor de una cultura hegemónicamente ladina cuyos intereses sobre los recursos naturales son claros para las propias comunidades mayenses, no se da en términos de una confrontación virtual, como lo pretenden asegurar los estrategas militares, sino real, objetiva y presente. El cerco militar sobre las comunidades que contradicen y resisten el modelo neoliberal, no es casual, está dentro de la lógica de una estrategia de sometimiento y aniquilamiento contra esa otra forma de vida, que no es la propiamente occidentalizada.
Nos enfrentamos a una etapa de transición en la que la cultura local de resistencia y la cultura hegemónica que se presenta como universal y excluyente chocan violentamente afectando comunidades y pueblos indígenas y campesinos. El factor de resistencia es más ético y simbólico en la medida que la irreflexión y deshumanización del modelo neoliberal se hace más evidente y cínico. De ahí que el resurgimiento de localismo tienda a generar una nueva forma de entender nuestras raíces.
Los falsos nacionalismos impuestos (por minorías gobernantes), sucumben ante la globalización que establece mercados sin fronteras a partir de la internacionalización de las inversiones de capital financiero y especulativo, en tanto que los pueblos testimonio que preservan sus raíces tradicionales, retoman la lucha ancestral contra el aniquilamiento al que se les ha condenado históricamente.
La más perversa manifestación de la globalidad se da en la forma pragmática de imponer un modelo económico que ha empobrecido a millones de seres humanos arrojando una cifra considerable de pequeños y medianos productores a endeudamientos de por vida a los organismos financieros, por las altas tasas de interés de los créditos bancarios concertados y por el predominio de las inversiones a gran escala de capitales calificados como “golondrinos” que están en busca de una “tierra prometida” para sus inversiones.
C).- ¿Vivienda y calidad de vida?
La vivienda es una de las principales demandas sociales, el rezago habitacional en el país es alrededor de 4.6 millones de viviendas[2]. Durante el periodo de 1997 al 2000 se requerirá proveer de un promedio de 700 mil viviendas al año para evitar que el rezago se incremente.
Los problemas de financiamiento para la construcción de vivienda están determinados por el mercado inmobiliario y una creciente especulación con la renta de los terrenos produciendo una alta concentración de tierra en compañías privadas que especulan con el valor de la misma ante el constante incremento de la demanda de vivienda, al crecer la oferta de vivienda por debajo de la demanda, el margen de ganancia se incrementa, originando además un proceso de intermediación cuya finalidad es la concentración de mayores recursos en valores inmobiliarios, al margen de la especulación real sobre los terrenos generadores de ganancia neta, sin que hasta ese momento se haya invertido en infraestructura y servicios, en donde el gobierno sólo interviene como “facilitador” de los proyectos de inversión de las grandes inmobiliarias que especulan sobre los terrenos, principalmente baldíos, mostrencos o intestados.
En efecto, es un hecho que el gobierno se ha desligado de la problemática social que implica construir vivienda para la población de bajos ingresos económicos. En cambio, se han diseñado planes y programas de acción para que la iniciativa privada se involucre en la construcción de vivienda, asegurando una actividad altamente lucrativa que permite ganancias atractivas para los inversionistas en el mercado inmobiliario[3].
Sin embargo, existen varios problemas que se han observado y que constituyen un obstáculo para estos fines como son:
- El monto elevado de la deuda derivado de un bajo enganche.
- Las deficiencias en el marco legal.
- Los elevados costos regulatorios.
- La falta de mecanismos que permitan canalizar mayores recursos del mercado a la construcción de modelos tipo de vivienda, que sean atractivos para la población que tiene un nivel de ingreso entre 1.5 y 3 salarios mínimos.
Las estrategias diseñadas dentro de la lógica del mercado contemplan las siguientes propuestas:
- Aumento de enganches.
- Mayor subsidio por parte del Estado.
- Estandarización de los procesos para facilitar la inversión.
- Mayor participación de la banca.
- Fortalecimiento del marco legal.
- Reducción de costos regulatorios ya que solamente 18 entidades federativas tienen costos regulatorios inferiores al 4%.
- Bursatilizar créditos nuevos tipo FOVI, para que la inflación no genere perdidas en la inversión.
- Realizar ajustes necesarios a los créditos en tasas de interés y factores de pago pactadas o convenidas en UDIS.
El reto de los promotores de vivienda consiste en generar proyectos viables (de bajo costo de producción, con materiales prefabricados[4] e incorporación de nuevas tecnologías). Coadyuvar a una mejor selección de clientes y promover el ahorro para la constitución de enganches, sin los cuales es imposible el acceso a un crédito para vivienda, el enganche constituye para el promotor, como para el inversionista financiero, la base sobre la que se construye la ganancia, y en algunos casos, en realidad representa la recuperación de la inversión inicial que se aplicó al proyecto ejecutivo.
Por estas razones la selección de clientes es más importante que el concepto tecnológico de prefabricado con “elementos tipificados de montaje” que requieren mayor inversión de tecnología y por lo tanto, reducción del tiempo de construcción y abaratamiento de la obra, con un buen margen de ganancia marginal, tanto para el inversionista como para el constructor.
En el caso de la forma tradicional de construcción de vivienda, la preselección de los clientes probables y la propia asignación de créditos a los posibles adquirientes de vivienda actúa como cernidor de destinatarios, para ello se realizan estudios socioeconómicos y de respaldo crediticio, con los que debe contar el aspirante a obtener un crédito de vivienda. Esto con la finalidad de dar certidumbre a los pagos, a partir de los estudios y la autorización del crédito, el adquiriente de vivienda se enreda en una dinámica creciente de endeudamiento que involucra a la unidad familiar, es decir, todos los miembros de la familia están obligados a trabajar y aportar parte importante de su ingreso al pago del departamento o casa, o bien al sustento, pasajes, escuela y servicios que van de la mano a los gastos totales de las unidades familiares. Estos gastos implican que tendrán irremediablemente que postergar sus aspiraciones personales de crecimiento y desarrollo, convirtiéndose, a lo largo del tiempo en una constante frustración individual, por la postergación de metas, ya que el pago de un departamento o una casa concluye, si no hay imponderables económicos, tanto internos como externos, entre los diez o treinta años de su vida laboral útil.
La supuesta ventaja que representa el ahorro para la constitución de un patrimonio a futuro es la forma más mediatizada y encubierta de una realidad atroz que ha desmoralizado las expectativas sociales hacia una recuperación real en la economía familiar, ya que el valor del trabajo se encuentra por debajo de la capacidad de compra en el modelo capitalista, esto significa que el valor trabajo que es lo que genera riqueza social, esta muy por debajo que el valor inmobiliario, lo que trae aparejado el problema del ahorro por unidad familiar. Esto es un círculo vicioso que entre otros factores se inscribe ¿Quién puede realmente ahorrar bajo las condiciones de crisis recurrentes dentro del capitalismo? En efecto, no son ni los campesinos ni los obreros quienes pueden ahorrar.
El valor trabajo al igual que el valor de otras mercancías se rigen por la desigualdad en las relaciones de compra–venta (oferta-demanda) del mercado, Si existiera igualdad en dichas relaciones no habría ganancia. La tendencia capitalista creciente es la especulación sobre la oferta y demanda que permita incrementar sustancialmente los márgenes de ganancia, donde el trabajo que es el principal generador de plusvalía, es el que menos puede garantizar acceso a un crédito de vivienda, la trampa se basa en la ilusión de tener un patrimonio, el cual está lejos de las posibilidades de cualquiera que gana un salario mínimo.
Las alternativas reales, para los campesinos, de obtención de una vivienda digna no están en el producto que obtienen de su trabajo, ni siquiera en la renta de sus tierras que tienen poco valor por ser comunales o ejidales, sino en la diversificación de sus fuentes de ingreso y entre estas alternativas está la emigración hacia los Estados Unidos[5], bajo condiciones extremadamente riesgosas o hacia las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla o México, donde no podrá sino empeorar su situación sobreviviendo en condiciones extremas de pobreza.
La gran especulación e intermediación en la producción agrícola hace que sus mercancías se coticen por debajo de su valor, ello deja una magra ganancia al productor agrícola, que además está bajo las condiciones de factores imponderables, sequía, exceso de lluvia, falta de créditos refaccionarios, endeudamiento progresivo con el banco que otorga créditos refaccionarios para implementos agrícolas, guanos o fertilizantes, etc., que la mayoría de las veces redundan en pérdidas al término de la temporada, o bien, cuando mejor va la situación, “salir a mano”.
Esto hace que exista la necesidad de emigrar a las zonas urbanas para ocupar trabajos temporales o subempleos, creciendo con ello la economía informal. Los más osados buscan dólares, para retornar al círculo vicioso de endeudamiento progresivo dentro del mercado capitalista, el que a su vez trae aparejado problemas de tipo cultural de desarraigo con la incorporación de nuevos patrones culturales (aculturación), inducida por las nuevas formas de vida observadas, y una esperanza rota que jamás compensará el sufrimiento y esfuerzo en cada ciclo agrícola.
Otra alternativa real es la autoconstrucción, pero esta no está regulada, ni es plenamente aceptada por las normas de construcción y urbanización, por lo que es una actividad fuera del control normativo, se supone, genera mayores problemas que los que resuelve, ya que cada asentamiento poblacional irregular hay que dotarlo de servicios básicos como agua, luz, drenaje, etc., lo que implica un mayor gasto presupuestal para los municipios que reciben poca ayuda del gobierno federal y cuentan con escasos recursos propios. Sin embargo, la autoconstrucción como alternativa de los pobres ha constituido la forma más empleada, ante la insatisfacción de esta necesidad básica.
D).- La crisis económica y su impacto en el mercado de la construcción.
El crecimiento económico puede observarse en el desarrollo de infraestructura y en la aceleración del proceso en la construcción, esto hace que esta rama productiva tenga un efecto positivo en la economía de un país, ya que es multiplicador económico por la generación de empleos y receptor natural del ahorro interno de largo plazo. Desde principios de los noventa el mercado de la construcción entró en una etapa de caídas profundas, que no le permitió su recuperación, con respecto al auge alcanzado en décadas anteriores. Esto originó que el déficit de vivienda se incrementara, en virtud de que el crecimiento exponencial de la población era mayor. La lógica del mercado en la construcción para la siguiente década entonces fue provocar que el incremento de la demanda encareciera el producto demandado.
Pero el problema no solamente es el encarecimiento, también es la calidad de las construcciones destinadas a la vivienda, la nueva tecnología en la fabricación, la infraestructura, los elevados costos regulatorios, el financiamiento, la recuperación de las inversiones en corto plazo y la normatividad vigente.
La crisis económica registrada en los últimos 20 años ha impactando de manera desfavorable la industria de la construcción, en efecto la aplicación del modelo neoliberal ha generado dos décadas perdidas, incrementando los niveles de pobreza. La tasa de crecimiento en este periodo ha sido de menos punto dos (-.2) por ciento, en tanto que el promedio de inflación anual fue de 47.5 por ciento, mientras que el salario real cayó a menos siete (-7.0) por ciento, la tasa de crecimiento del empleo en el sector formal apenas aumentó en punto cinco (0.5) por ciento, en tanto que creció el sector informal y los desempleados en seis millones de personas[6].
En efecto se ha registrado un profundo deterioro del mercado de trabajo, castigando sobre todo al medio urbano, pues actualmente una de cada tres plazas son de generadas por el mercado de trabajo informal[7], como se puede observar en el siguiente cuadro.
EMPLEO EN EL MEDIO URBANO.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMAL
INFORMAL
Comercio al menudeo
3, 586. 022
3, 657, 120
Construcción
931, 719
2, 501, 360
Manufacturas
4, 976, 282
2, 044, 418
Servicios de alojamiento temporal, alimentos y bebidas
1, 316, 338
1. 146, 343
Otros servicios
2, 843, 373
1, 070, 581
Transportes, comunicaciones y almacenamiento
893, 296
914, 835
Servicios recreativos
187, 954
166, 005
Comercio al mayoreo
984, 048
150, 848
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos
741, 519
155, 715
Otras ramas productivas
7, 464, 524
377, 055
TOTAL: (36, 136, 355)
23, 952,075
12,184,280
FUENTE: STPS. El Financiero. 27 de septiembre de 2006. p. 15.
La política económica de los últimos cuatro gobiernos neoliberales han generado desaceleración, inestabilidad cíclica y deterioro de los niveles de vida de la población en general, privilegiando a minorías vinculadas directamente con los intereses supranacionales, donde la informalidad se ha convertido en un lastre para elevar la productividad y la competitividad económica, ya que esta actividad se encuentra en los niveles de subsistencia que no aportan valor agregado. Los datos registrados en el anterior cuadro fueron elaborados con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al último trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, y refiere que el grueso de informales urbanos trabaja por iniciativa propia, esto es, el 50.8 por ciento del total.
La generación de empleo en el presente sexenio de Vicente Fox, alcanzó solamente un magro 1.8 por ciento, que en términos del ingreso per cápita resulta menor a 0.8 por ciento[8], contra la promesa de gobierno que estableció el presidente de alcanzar un crecimiento económico de 7 por ciento, con la generación de 1.3 millones de empleos anuales.
La industria de la construcción trabaja a 55 por ciento de su capacidad, ello repercute directamente en el crecimiento económico y en la generación del empleo directo, así se calcula que se han perdido 180 mil empleos en 4 años[9]. De un total de 18 mil empresas que se dedican a esta actividad económica, sólo quedan 10 mil 300, muchas de ellas paradas y otras han desaparecido por dificultades económicas del momento. Ante esta situación, las grandes compañías constructoras, como es el caso de URBI ha diseñado un programa de “casas básicas” para los trabajadores, que pretenden ofertar vivienda a un costo de 120 mil pesos por unidad. Este programa piloto pretende integrar una mayor capacidad de pago del trabajador, mediante el otorgamiento de un crédito hipotecario del Infonavit, un subsidio del Fonhapo y otros apoyos por parte de los gobiernos estatales y municipales. La estrategia de esta compañía no es solo generar vivienda barata, sino desempeñarse de manera formal como desarrollador de tierra, esto es acaparamiento de tierra mediante una figura de negocios que se basa en el modelo de “socio concesionario o director de plaza y el dueño de terrenos fungiría como socio inmobiliario”[10].
Se estima que la construcción de vivienda en todo el país puede ser un aliciente para esta industria, toda vez que a escala nacional se casan alrededor de 670 mil parejas al año, mismas que requieren un techo, frente a un déficit de viviendas entre seis y ocho millones de casas habitación.
Los programas del gobierno federal orientados a la construcción de obras promueven la inversión privada, por lo que las expectativas son favorables y no se espera que afecten la industria de la construcción, sino por el contrario, el monto en este rubro deberá ser similar o superior al que se aplicó durante 1998, ya que se prevé el ingreso de nuevos clientes.
En el siguiente cuadro se observan los resultados corporativos de las empresas constructoras su participación en el marcado bursátil y su utilidad neta, la cual resulta ser positiva, para cada uno de los periodos analizados.
RESULTADOS COORPORATIVOS.
Cifras en millones de pesos, al 30 de septiembre de 1999.
Estado de resultados:
III-98
IV-98
I-99
II-99
III-99
Var*
Ventas netas
468.20
90.31
323.49
456.91
677.62
+45.47
Utilidad operativa.
102.50
25.64
69.75
99.17
148.30
+45.5
Utilidad neta.
74.96
51.73
42.80
83.24
129.61
+73.9
Balance General.
III-98
IV-98
I-99
II-99
III-99
Var
Activo total
2568.31
2,387.64
2,440.86
2,584.41
2,805.98
+9.2
Pasivo total
326.56
308.79
285.97
305.62
391.68
+19.9
Capital contable.
2,241.75
2,078.84
2,154.88
4,278.78
2,414.30
+7.6
*Variación respecto al tercer trimestre de 1998. Fuente BMV.
En efecto la estrategia neoliberal de impulsar la industria de la construcción en manos de compañías privadas no solo se centra en nuevas figuras legales para el acaparamiento de tierras, sino en una serie de estímulos e incorporación de aseguradoras trasnacionales que pretenden abatir la cartera vencida de Infonavit. En este rubro de las aseguradoras interviene un proyecto de “seguro de protección de pagos de Genworth”. El objetivo de la participación de aseguradoras es contribuir a la solidez financiera del Instituto, que en agosto de este año reportó una cartera vencida de 6.17 por ciento, con lo que se pretende bajar este indicador a 5 por ciento para el cierre de este año. De acuerdo con datos del propio Infonavit, la cartera vencida asciende a 30 mil millones de pesos –de una cartera total de 470 mil millones de pesos-, y es generada por 160 mil acreditados, de los cuales 130 mil no tienen ninguna relación laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto se han visto imposibilitados para cubrir sus adeudos de vivienda contraídos con el Infonavit[11].
E).- Hacia una definición de vivienda y calidad de vida.
La definición (oficial) de vivienda nos dice que: “la vivienda en particular es el espacio natural para la integración y el desarrollo del grupo familiar; es en ella donde se desenvuelve la familia, donde se establecen nuestras relaciones primarias de convivencia, se fortalecen nuestras los lazos de unión con nuestros padres y hermanos, y se aprende a comunicarnos y relacionarnos con los miembros de la comunidad. La vivienda digna es aquella que reúna las condiciones adecuadas de diseño y espacio, para que contribuya al fortalecimiento del desarrollo familiar”[12].
Contrario a esta definición oficial, sostengo que la vivienda no puede ser un “espacio natural”. Si no un espacio construido por la actividad consciente del hombre que se da en el proceso de humanización de las relaciones hombre - naturaleza. La vivienda tampoco es el espacio sine quanon donde se dan las relaciones primarias o nucleares. Lo que hace y conforma al hombre es su hábitat y el hábitat es el conjunto de factores, no solamente la casa. Comprender esta relación es importante, porque la construcción de viviendas sin este cambio de pensamiento redunda en un mayor daño al entorno. Las relaciones familiares pueden bien no darse en una vivienda, sino en una cueva, en árbol y por el contrario, en la más lujosa residencia, puede no haber quien la habite más que la servidumbre, luego entonces, no existen relaciones familiares, sino más bien compromisos familiares o status de parentesco sin que se den afectos familiares. Por esta razón debemos darnos cuenta de la contradicción que se da con la apropiación del espacio real, que constituye nuestro hábitat natural, que es opuesto al de los intereses privados, ajenos a las necesidades de habitabilidad de la inmensa mayoría de la población, que en un sentido económico, en el mercado capitalista constituyen una demanda creciente.
Las relaciones sociales se dan en el proceso de producción, distribución y consumo de los bienes materiales socialmente producidos. Esto debe resultar claro. Son las relaciones sociales de producción las que condicionan en general todas las formas de pensamiento incluso la ideología, la filosofía, la moral, el derecho, etc. La familia nuclear típica, de corte patriarcal surge con la propiedad privada, con relaciones de dominación específica, y puede no ser el modelo más adecuado de relación social, ya que en ella se dan relaciones de dominación sometimiento al régimen patriarcal, machista y falocéntico, cuando sabemos que actualmente existen hogares donde la mujer es determinante para el mantenimiento y preservación de la familia.
Este modelo de familia es el más extendido en el medio rural, por ejemplo, cuando el padre y a veces los hijos emigran a los centros urbanos o salen fuera del país en busca de trabajo. Sin embargo también existen comunidades que dependen mucho más de las relaciones en común, de decisiones y de formas de producción en común. Esto no las hace más atrasadas culturalmente que otras. dentro del capitalismo y las formas dominantes que establecen un modelo de familia nuclear. En este sentido la familia extensa comunalista se encuentra en desventaja, porque ellas contradicen el propio modelo de explotación impuesto por el sistema capitalista.
En término generales se ha criticado sociológicamente y existe una amplia bibliografía sobre el problema de desintegración familiar que conllevan los lazos capitalistas de producción que inducen en las formas de pensamiento un mayor individualismo basado en la competitividad. Es evidente el proceso de enajenación que las relaciones familiares industrializadas imponen: pérdida de valores, falsa moral y alejamiento individual que lo llevan irremediablemente a un suicidio colectivo, resulta por tanto, la definición oficial una falacia cultural, impregnada de una gran carga ideológica en sus contenidos.
El concepto de “vivienda digna” también resulta ser un concepto inapropiado. En términos de ¿Qué indicadores poden medir la dignidad de la vivienda? ¿Cuáles son los patrones definiciones operativas que nos permitan cuantificar qué es más digno y qué es menos digno? De igual manera ¿con respecto a qué elementos indicativos podemos contrastar lo “digno” de lo que “no es digno”? Es sólo a partir de estereotipos sociales construidos por quienes detentan el poder de etiquetar o estigmatizar las relaciones sociales no queridas o no deseadas dentro de un modelo o estructura social predeterminada, que se establecen las formas predominantes.
Se ha utilizado también el término “elevar la calidad de vida”, este concepto podría tener un referente económico más claro y preciso sin embargo también tiene sus deficiencias, porque la calidad de vida se mide en términos del producto interno bruto (PBI), el ingreso per capita (IPC) y la distribución de los bienes socialmente generados. Pero en una economía de mercado donde la especulación y concentración de la riqueza en pocas manos es el motor real del proceso capitalista, ¿de qué calidad de vida estamos hablando? y ¿qué estratos de población pueden ascender a una mayor calidad de vida? Si las propias clases medias han entrado en un proceso de pauperización continua con el modelo neoliberal, como veremos más adelante.
El concepto “vivienda digna”, es un concepto marcadamente ideológico que ha utilizado el gobierno y el mercado inmobiliario para encubrir intereses mezquinos que permiten la especulación lucrativa creciente, dentro de “la ley”. Es decir, se han justificando proyectos rentables, pero estos no son accesibles a estratos socioeconómicos cada vez más amplios. Por su parte, el concepto de “mejoramiento de la calidad de vida”, permite un acercamiento objetivo de la realidad, para darnos cuenta efectivamente que hay una injusta distribución de la riqueza. Sin embargo debemos dar cuenta de que dentro del modelo de desarrollo capitalista neoliberal no es posible acceder fácilmente a una vivienda y por lo mismo obtener una mejor calidad de vida, en tanto no se cambien las formas de financiamiento e inserción de los proyectos de vivienda en el mercado, asumir como cierto el criterio ideológico de acceso a una “vivienda digna” es reproducir cíclicamente las formas y modelos preestablecidos por el mercado capitalista.
F).- Propuestas de desarrollo de vivienda.
Desde la óptica de la inversión del capital inmobiliario existe un obstáculo en este renglón, ya que las reservas no son las adecuadas, ni en precio, ubicación e infraestructura requerida para la construcción de viviendas. En este punto se han establecido las siguientes estrategias que permiten asegurar la inversión de capital privado:
1. Apoyos en las reservas territoriales.
2. Medidas de desgravación y desregulación,
- en la adquisición de reservas territoriales,
- en el proceso de urbanización,
- en la construcción,
- en la adquisición del destinatario final (usuario de la vivienda).
3. - Dotación de recursos financieros. (Fondeo para la construcción).
4. - Adecuación y reformas a la legislación urbana y de construcción.
5. - Reingeniería en los procesos constructivos básicos.
En el siguiente cuadro se expone el proceso normal establecido para la obtención de vivienda, en dicho proceso observamos como el intermediario financiero del consorcio inmobiliario tiene un mayor peso en la actividad y por lo tanto se constituye en un factor de encarecimiento de la vivienda, en ningún momento observamos la participación de organizaciones sociales ni mucho menos la autogestión que permita abaratar los costos.
PROCESO NORMAL PARA LA OBTENCIÓN DE UNA VIVIENDA.
ACTIVIDAD
ACCIONES
RESPONSABLES
1.- FIRMA DEL CRÉDITO PUENTE
- Anticipo hasta el 30% del valor total del inmueble.
- Inicio de edificación.
- Distribución de propaganda y folletos.
- Anuncios por radio o tv
- Promotor e interesado.
- Intermediario.
- Promotor
- Todos.
- FOVI.
2.- CASA MUESTRA
- Anuncios por radio o tv.
- FOVI.
3.- NUNCIO 1er. CONCURSO (FALTANDO 2 MESES PARA TERMINACIÓN DE LA OBRA).
- Promoción.
- Llenado de solicitudes.
- Recepción depósito y solicitudes.
- Concurso enganches.
- Promotor
- Intermediario e interesado.
- Intermediario.
- Intermediario
4.- OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO INDIVIDUAL.
- Auxilio en el llenado de solicitudes.
- Estudio socioeconómico.
- Aprobación del crédito individual.
- Selección de la vivienda.
- Firma promesa de venta
- Intermediario.
- Intermediario.
- Intermediario.
- Intermediario.
- Promotor.
5.- ESCRITURACIÓN.
- Entrega de subsidio.
- Entrega de manuales.
- Pago al promotor
- Intermediario.
- Promotor.
- FOVI.
A través del programa de bursatilización de la vivienda se obtienen los siguientes beneficios:
1. Nueva fuente de recursos para el financiamiento de vivienda.
2. Créditos a tasas menores a las de los esquemas tradicionales, sin subsidios.
3. Factor de pago de 12.5 y 855 de crédito.
4. Pagos ligados al salario.
5. Crédito para la adquisición de vivienda nueva o usada.
Otra alternativa menos agresiva para el desarrollo social es la sustentabilidad económica, financiera, ambiental y social que se basa en una lógica de recuperación urbana entendida como “producto social y de mercado”.
Esta alternativa propone crear esquemas de cooperación entre los sectores público y privado para el desarrollo rentable, creando áreas de protección del medio ambiente, espacios verdes, protección de cuencas, tratamiento de aguas residuales, etc., prohibiendo actividades molestas y contaminantes e incluyendo servicios de iluminación, pavimentación y arborización.
La finalidad es atender grupos sociales de medianos y bajos ingresos con desarrollos integrales de vivienda, infraestructura y servicios urbanos.
Los criterios predeterminados para la aprobación de proyectos constructivos son:
1. Uso del suelo, infraestructura vial y de servicios.
2. Equipamiento social.
3. Alcance (envergadura del proyecto en términos de la población atendida, y los montos de inversión de capital).
4. Mayor participación de los actores involucrados.
5. Soluciones técnicas en la construcción de viviendas.
6. Sostenibilidad financiera.
7. Sostenibilidad ambiental.
8. Impacto social.
9. Aspectos jurídicos–administrativos con esquemas menos rígidos.
Busca también un mayor aprovechamiento integral de una zona ejidal cuyo régimen de propiedad permite ya su escrituración y venta de particular a particular, utilizando la figura legal del fideicomiso. En la actualidad se han implementado desarrollos de vivienda social progresiva y de autogestión con estas características alcanzando mejores resultados en cuanto a una recuperación del nivel de vida.
El desarrollo de vivienda en América Latina tradicionalmente ha estado marcado por los crecimientos espontáneos (frecuentemente en áreas de invasión), sin acceso a la infraestructura, el equipamiento social y servicios urbanos básicos, altos costos sociales, toda clase de riesgos tanto, así como imposibilidad jurídica para legalizar la propiedad.
El caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), no es la excepción, la carencia de una política de gobierno federal alternativa en materia de uso de suelo y vivienda en los últimos veinte años, que atienda a sectores de bajos ingresos, que representan el 60 por ciento de los habitantes de la ciudad, provocó el crecimiento de asentamientos irregulares en nueve delegaciones políticas de la ciudad, con lo que ahora suman 628, de los cuales sólo 250 están siendo analizados para reubicar a sus moradores[13].
Es necesario resaltar que la mayor parte de los asentamientos irregulares se concentran en la línea divisoria de la ciudad, es decir, entre la zona urbana y las reservas ecológicas, el 90 por ciento de esta área se encuentra en manos de comuneros, campesinos, ejidatarios o propietarios privados, el gobierno de la ciudad de México, a través del bando de gobierno número dos, emitido por Andrés Manuel López Obrador, permitió implantar nuevos esquemas de transferencia que permitan generar algún tipo de “bono ecológico” para revertir la tendencia negativa y la construcción de nuevas viviendas dirigidas al mercado de los sectores medios y bajos de la población.
Actualmente se trabaja en 30 programas parciales de desarrollo, con una inversión de 22 millones de pesos para detener la urbanización de los poblados rurales y liberar las zonas de preservación ecológica. Además de la reubicación de asentamientos irregulares en los barrios históricos tradicionales se está promoviendo una política de reciclamiento e intensidad del uso de suelo.[14]
Otros proyectos integrados buscan una solución de vivienda digna, económica y rápida, en una combinación de trabajo comunitario o vecinal, autogestión, desarrollo progresivo y asesoría técnica y social para la organización, pero estos proyectos han sido presa fácil de los partidos políticos y líderes quienes han cooptado el movimiento de lucha por la vivienda, dejándoles un capital político y de presión muy importante que utilizan para obtener puestos o representaciones dentro del poder legislativo (cámaras de diputados y senadores).
G).- Expansión poblacional y línea de pobreza en la zona rural.
El impacto de las actividades económico-comerciales ubicado en la ZMCM ha generado un proceso continuo de crecimiento poblacional y una redistribución de las actividades productivas. La expansión poblacional no sólo transforma el medio natural y la calidad del ambiente.
Mientras la población de la ZMCM creció ocho veces entre 1960 a 1980, en los últimos 15 años prácticamente este crecimiento se ha mantenido estable, ello se debe al soporte físico e infraestructura de la ciudad que favoreció un mayor dinamismo económico y poblacional en los municipios conurbados. Esto significa que ha disminuido el ritmo de crecimiento del Distrito Federal, con una tasa anual de 0.54 por ciento, sin embargo se ha observado que hay emigración de la población capitalina hacia la periferia, pues en el quinquenio 1985-1990 más de un millón de habitantes de la Ciudad de México cambiaron su lugar de residencia hacia alguna de las entidades cercanas al Distrito Federal y aproximadamente unas 300 mil personas lo hicieron desde la periferia a la Ciudad. Por tanto se puede afirmar que el balance migratorio para la gran ciudad por primera vez es negativo[15].
El análisis sobre el crecimiento y desaceleración del crecimiento urbano es incompleto si no se toma en consideración los procesos económicos que han incidido en una nueva conformación de especialización en el trabajo productivo. En efecto, Las zonas urbanas en crecimiento han desarrollado una mayor especialización en la rama de los servicios, en tanto que las zonas rurales absorben actividades industriales, manufactureras, maquiladoras, agrícolas y ganaderas, esta diversificación es importante, porque se enmarcan dentro de las estrategias de sobrevivencia que se la población rural ha desarrollado.
La tecnificación del campo y la incorporación de modernos medios de producción hacen que se reduzca la tasa de empleo en el sector agrícola, pero existe la actividad manufacturara de las maquiladoras que han introducido un nuevo tipo de trabajo domiciliario que sustituye los problemas de ingresos e incrementa una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo, donde realmente existe un elevado crecimiento poblacional.
Los pequeños talleres domiciliarios que se dedican fundamentalmente a la maquila en estados como Tlaxcala, Puebla, Morelos, Toluca, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Michoacán, se han convertido en una alternativa real de sobrevivencia y retención poblacional, aunado a lo anterior se han intensificado los programas de planificación familiar.
La relación entre la economía doméstica de las zonas rurales, las maquiladoras y la inversión de capitales golondrinos en determinadas áreas productivas, que incitan un factor de especulación mayor, con bajos riesgos para la inversión, ha originado cambios en el entorno rural y la forma de vida de la población rural, tanto en el centro del país como en sus fronteras.
No obstante es increible el deterioro de los salarios reales, que se usan como un contenedor de la inflación y las tendencias de incremento en el tipo de cambio del peso frente al dólar. En suma el crecimiento económico del país se basa en la inversión privada de las grandes empresas maquiladoras extranjeras, estas generan alta productividad industrial, magros salarios y gigantescas ganancias para este sector económico.
H).- Vivienda y ahorro.
Mientras no se fortalezca el ahorro dirigido para la vivienda, el déficit de en este rubro no será resuelto. Más allá del impacto global que puede representar la salida repentina de capitales especulativos, nos encontramos con un sistema de gobierno que no sabe fundarse en la generación de propios recursos. Tras la crisis de 1994 y los desastres naturales de estos últimos años, el pago de la deuda tanto interna como externa, así como el fondo de rescate a los bancos (IPAB), la población se encuentra sin liquidez. La falta de recursos destinados al ahorro explica la carencia de vivienda de amplios sectores de la población y el deterioro de la calidad de vida en las zonas marginales urbanas y las poblaciones rurales. De igual forma es muy lenta la recuperación del mercado inmobiliario.
Al momento de medir la capacidad de pago del enganche nos encontramos con que la capacidad de liquidez no llega ni al 25% del ahorro requerido, sin sumar los gastos notariales y bancarios que conlleva la compra de una casa. Ante esta situación y la creciente vigilancia de la banca para que el comprador pague enganches reales, no diferidos ni financiados por el promotor del inmueble, el número de ventas efectivas resulta ser raquítico.
Para solucionar esta situación se han adoptado estrategias con base a esquemas de ahorro más flexibles para la compra de vivienda. El más socorrido es la venta del terreno, que actúa como garantía, sobre el cual se construirá posteriormente la casa. Lo más innovador que se ha instrumentado es el establecimiento de un fideicomiso de ahorro para el enganche, con tasas de interés elevadas y garantizadas.
Otras medidas adoptadas por las financieras es el programa de arrendamiento con opción a compra del bien inmueble arrendado, como medio de acumular ahorro para el enganche, esta modalidad también se ha adoptado en la compra de autos, que ya se observó es segura y redituable en la compra de flotillas para empresas privadas, y ahora se pretende experimentar en la compra de casas. Sin embargo estas opciones son aisladas y finalmente carecen de sinergia que pueda ofrecer una estrategia global de ahorro entre las familias de escasos recursos económicos.
Un análisis del Grupo de Economistas Asociados (GEA) revela que para satisfacer la demanda de vivienda en los próximos 17 años implicará construir 18 millones de unidades habitacionales, de acuerdo con estimaciones que indican que la población de entre 25 y 50 años hacia el año 2010, representará el 40% de la población total. Se considera, en los estudios realizados sobre proyecciones del mercado inmobiliario que este segmento de población es el de mayor demanda de vivienda.
Ante esta situación organismos como FOVI e INFONAVIT deberán incrementar por lo menos en un 70% su financiamiento conjunto, pues casi la totalidad de la población de ese segmento percibe ingresos de entre 2 y 3.5 salarios mínimos que le impiden la posibilidad de acceder a un crédito bancario, pero también se ven imposibilitados para ahorrar.
El estudio indica que el 23% del mercado potencial se concentrará en las áreas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey. En cuanto al tipo de vivienda de mayor demanda será el 88% para vivienda mínima (pie de casa); 7% para vivienda de interés social y 5% para vivienda media o residencial.
TIPOS DE VIVIENDA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO POTENCIAL.
LOCALIDADES
Mínima
Interés Social
Económica
Media
Residencial
TOTAL:
CD. DE MÉXICO
72,740
65,280
27,977
13,056
7,460
186,513
GUADALAJARA
14,350
12,878
5,519
2,576
1,472
35,796
MONTERREY
13,745
12,336
5,287
2,467
1,410
35,245
SUB TOTAL
100,835
90,494
38,783
18,098
10,341
258,554
RESTO/PAÍS.
551,840
97,069
26,262
14,513
4,086
693,770
MERCADO POTENCIAL
773,690
773,690
79,456
39,733
17,659
1 137,909
Fuente: URBIDATA INFORMATIVO, elaborado con base en información de INEGI y SOFTEC. 1997.
I).- La problemática en la construcción de vivienda media y residencial.
La construcción de vivienda media y residencial en México es un mercado valuado en 11 millones de dólares que se perdió con el estallido de la crisis de 1994, al renunciar la banca y financieras inmobiliarias a otorgar créditos[16]. Las nuevas viviendas se edifican a cuentagotas, el negocio está congelado tras la quiebra del sistema bancario.
De acuerdo con datos proporcionados por el director de finanzas de ARA Donald Forsek; Eustaquio de Nicolás, de PICSA y Carlos Payro de PROVICAC, en el año de 1999 no se edificarán más allá de 15 mil nuevas casas de este tipo a lo largo y ancho del territorio nacional, debido a que los bancos cerraron la llave de financiamiento.
El desplome en la construcción de casas habitación es dramático advierten, mientras que en 1994 el financiamiento privado a ese sector era de 15 mil millones, de los cuales 11 millones, es decir el 75 por ciento, era para la de tipo medio y residencial; para 1999 la masa de recursos a la construcción de vivienda de este tipo, apenas llegó a los cinco mil millones de dólares y los recursos provienen de organismos públicos como FOVI, INFONAVIT, FOVISSSTE y otros organismos, sólo financian viviendas de interés social.
Hasta la fecha de acuerdo con PROVIVAC, la banca sólo ha financiado en operaciones muy exclusivas al rededor de 200 casas habitación de tipo medio y residencial. El resto de las operaciones de construcción lo hacen pequeñas empresas inmobiliarias con cinco a 20 casas y están pulverizadas en todo el país.
En 1994 ARA construyó tres mil 540 casas, de las cuales alrededor de mil 300 correspondían a ese segmento. Para 1999, el grupo ARA sólo construyó 800 de tipo medio y 150 de tipo residencial, bajo financiamiento de un banco a corto plazo: 35 por ciento de enganche, 35 por ciento de contado y 30 por ciento a pagar en 12 y 18 meses. El costo de los inmuebles va de los 500 a un millón de pesos.
El despacho de consultoría SOFTEC considera que le mercado de vivienda media y residencial se va a seguir desarrollando en operaciones al “cash” y será un mercado muy delgado. Lo que puede representar unos 20 mil millones de dólares en los próximos años por el potencial que tiene y los compradores que se sumarán en busca de una vivienda. PICSA consideró que a mediano plazo no habrá un repunte importante del mercado de vivienda media y residencial.
J).- La competencia de consorcios inmobiliarios en materia de vivienda.
La empresa HOMEX especializada en micro colonias anunció estrategias agresivas con una proyección de capital por 12,5 millones de dólares por parte de su socio capitalista ZN México, un fondo de capital de riesgo financiado por familias ricas de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los Rockefeller.
Esta asociación ocupa el quinto lugar en el mercado inmobiliario nacional de desarrollos de vivienda de interés social en el nivel medio bajo que corresponde a 2.5 salarios mínimos.
La compañía se enfoca a las ciudades medias y pequeñas, tiene en su haber 15 mil viviendas construidas y entregadas a la fecha. De hecho levanta microcolonias donde incluyen infraestructura iglesias, escuelas y servicios básicos. Es líder en el país en la colocación de los recursos del programa de subsidio y ahorro para la vivienda PROSAVI, que impulsa el FOVI desde 1998, para apoyar a las familias con ingresos de dos mil a 500 pesos mensuales, para que obtengan una vivienda.
Según estimaciones la construcción de vivienda de interés social en el 2000 fue del 15 por ciento, pero HOMEX prevé un crecimiento superior al 25 por ciento al edificar 8 mil casa-habitación. El valor de las viviendas construidas por HOMEX oscila entre los cien mil y 130 mil pesos, con un promedio de construcción de 45 metros cuadrados, en un terreno de cien metros cuadrados. Las casas se levantan en un tiempo récord de cuatro a cinco semanas. La construcción es modular, lo que permite al propietario ampliar su vivienda.
Por su parte, el consorcio ARA[17] apuesta a su proyecto de ampliar su reserva territorial con adquisiciones de contado en lugares estratégicamente seleccionados por su potencial de crecimiento urbano, endilgándose las tierras de los campesinos empobrecidos.
Este desarrollador tiene la mayor reserva territorial propia entre las empresas listadas en bolsa y el nivel de compromisos de hipotecas es suficiente para sostener por un año y medio las ventas futuras, ya que el backlog de la empresa alcanzó las 17 mil 254 unidades. El Consorcio ARA es dueño al 100 por ciento de reserva territorial suficiente para construir y vender 66 mil 180 casas equivalente a 84 mil 941 casas de interés social.
El crecimiento de sus ingresos, medidos en los volúmenes totales, fue de 43.1 por ciento; en el tercer trimestre de 1999 destacó el crecimiento con INFONAVIT del 57. 2 por ciento, el FIVI con 25.9 por ciento, y el segmento medio con 290.0 por ciento.
El INFONAVIT participó con el 43.6 por ciento de los ingresos, el FOVI con el 32.6 por ciento, y el segmento de interés medio con el 11.5 por ciento. La fuerte dinámica del segmento medio se explica por la nueva vivienda B3 del FIVI, y el programa hipotecario de ARA con diversos bancos.
K).- Vislumbrado el futuro.
El futuro para las empresas del sector construcción es muy promisorio debido a las necesidades de vivienda en el país, debido a la continuidad del modelo económico, tras las recientes elecciones del pasado dos de julio de 2006. y a que el déficit es de más de siete millones de viviendas, lo que produce una demanda anual superior a las seis mil unidades.
La presión de la demanda de vivienda se analiza a partir de un estudio sobre la pirámide de edades de la población mexicana, ya que el 75% de ella es menor a 35 años, siendo los compradores típicos los matrimonios con y sin hijos, de entre 25 y 50 años, lo cual asegura que la demanda siga creciendo en años posteriores.
Otro aspecto que favorece a las empresas constructoras de vivienda de interés social, como el consorcio ARA, es que en el país existe cuenta con una población económicamente activa de más o menos 50 millones de la cual el 54.7 por ciento, tiene como ingreso entre uno y cinco salarios mínimos, nicho donde se ubica la mayor necesidad de vivienda, en tanto que es favorable el crecimiento de créditos hipotecarios para los próximos cinco años, el cual será del 10 por ciento, de acuerdo con datos del INFONAVIT.
Una de las características de ARA es que la empresa refleja su capacidad de financiar internamente su crecimiento sin tener que recurrir a fuertes endeudamientos, de esta forma la vivienda de interés social que comercializa, sigue siendo la de mayor precio y mejor valor del mercado, lo que ha permitido los mayores márgenes de ganancia en la competida industria de la construcción. Por otra parte los gastos generales y de administración como porcentaje de ventas fueron de 7.2%. Durante el tercer trimestre los gastos ascendieron a 47.6 millones de pesos, estos incluyen 1.3 millones erogados para establecer los procesos y la tecnología necesaria que se desarrolló en el año 2000.
En cambio para la población rural se vislumbra un futuro incierto caracterizado por profundos cambios en su forma y calidad de vida. Las diferencias sociales se abren cada vez más. Existe cada vez una mayor tendencia a la marginación y la pauperización de amplias zonas rurales, cada 24 horas mueren 350 mexicanos, niños en su mayoría, por hambre o desnutrición, mientras que el número de compatriotas que no obtienen un ingreso económico suficiente pasó del 49.7 al 56.1 por ciento del total de la población en los últimos cinco años[18]. En tanto que en las zonas urbanas el número de indigentes que habita las ciudades se duplicó, pasando de 8.26 millones en 1994 a 16.68 millones en 1999[19], es decir, en sólo cinco años aumentó el total de pobres en 8.42 millones.
INCIDENCIA MARGINAL DE LA POBREZA URBANA (38 CIUDADES) 1994-1999.
CONCEPTO
1994
(a)
1999
(b)
AUMENTO
1994-1999.
(c)
INDIGENCIA MARGINAL
(b) = (c)/6.82
Indigentes
8.26
16.68
82.42
123.5%
Pobres no indigentes
11.04
13.26
2.22
32.6%
Suma de pobres
19.30
29.94
10.64
156.0%
Población.
36.98
43.80
6.82
Fuente: Julio Boltvinik. Fábrica de pobres. La Jornada 14 de julio de 2000.
Para el presente sexenio que termina en este año 2006 no se pueden estimar los reales índices de pobreza registrados en el país debido a que se cambiaron los indicadores con que se medían y el método con que se realizó el estudio para medir la pobreza tiene infinidad de errores (ver BOLTVINIK 2006, 26). Sin embargo el citado autor sostiene que el 81.3 por ciento de la personas vive en hogares pobres, que el gobierno foxista fue un desastre en la generación de empleos y el desempeño de la economía fue mediocre.
En efecto, el producto interno por habitante (PIB) sólo creció a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 0.1 por ciento, lo que habla de otro sexenio perdido[20]. De los 7.5 millones de empleos prometidos, la política de empleo de Fox sólo alcanzó a generar 1.1 millones, lo que significa que cerca de 5 millones de la población económicamente activa del país o emigraron o fueron a engrosar la economía informal o son desempleados actualmente[21].
L).- De la utopía de la ciudad moderna a la meta-posmodernidad de la ciudad.
Los cambios postrevolucionarios promovieron la utopía de que el país pronto alcanzaría la modernidad, sobre todo después de la Segunda Guerra, es en ese contexto que se ubica la obra de Mario Pani, que inicia su práctica profesional en la década de los treinta.
Luego de las crisis recurrentes del capitalismo, el modelo económico keinesiano establece las bases para la intervención del Estado como instrumento de regulación en la economía, el Estado mexicano se orienta a proteger los intereses económicos de la
Foto 1. Torres de Tlatelolco. burguesía y empresarios locales, con la finalidad de propiciar el crecimiento en áreas que son incentivadas por el gobierno, el excesivo proteccionismo a favor de los empresarios privados, generó apatía de estos en virtud del mercado cautivo, que posteriormente se manifestó un profundo atraso, sobre todo cuando se le exigió a las empresas nacionales que compitieran, luego de la apertura del mercado debido al proceso de integración económica producto del modelo neoliberal.
En este contexto las obras de Mario Pani incursionan en el campo arquitectónico como promotor, diseñador y constructor, respondiendo al proceso modernizador adoptado como caballo de batalla por los distintos regímenes postrevolucionarios. La propuesta de Pani conjuntó el muralismo[22], la escultura y la arquitectura en un solo proyecto, es decir, una concepción espacial que incluía la satisfacción de necesidades y aplicación de nuevas tecnologías simultáneamente. Sus proyectos eran diseños de grandes espacios exteriores para la inserción de esculturas o paramentos para el muralismo, o bien para tratamiento de materiales autóctonos que fueron, en su tiempo, una aportación valiosa al hecho arquitectónico, por ejemplo, utilizó muros divisorios movibles en los diseños tipo de vivienda urbana.
La actividad de Pani se refleja, en primera instancia, en sus investigaciones, centradas en la solución de necesidades vinculadas al máximo beneficio de los habitantes. Proyectó un nuevo modelo de ciudad que apuntaba al porvenir; y en segunda instancia, en diversas comisiones regionales que logró concentrar para la elaboración planes urbanísticos maestros como: El Puerto de Acapulco, Ciudad Universitaria y ciudad Satélite.
Mario Pani es el primer constructor de un multifamiliar en condominio. Asumiendo una postura funcionalista dentro de la arquitectura al proponer dos prototipos: el primero constituido por las supermanzanas para racionalizar el crecimiento de las ciudades; y el segundo compuesto por bloques habitacionales concentradores de vivienda donde se pone énfasis en las áreas ajardinadas, servicios y comercios.
El primer tipo, las supermanzanas, ubicadas en la zona periférica de la ciudad, son áreas de gran magnitud, principalmente residenciales, (aproximadamente, 1/4 de milla y perimetralmente una milla –267 y 1609 metros, respectivamente–), subdivididas para generar calles cerradas, agrupando y ordenando predios de distintas áreas, para diferentes tipos de vivienda; otras corresponden a los conjuntos comerciales, escolares, deportivos y cívico—administrativos, a los cuales, concurren los moradores con mayor o menor frecuencia para satisfacer esas funciones complementarias; entre estas zonas se intercalan áreas verdes y arboladas. Es evidente, que la planeación privilegia el uso del automóvil cuyo mercado de consumo era creciente. En la zona habitacional, hay preferencia a la escala humana, debido a que son casas unifamiliares, máximo de dos niveles cuyos recorridos internos pueden hacerse a pie por los andadores; y así, evitar cruces con el tránsito vehicular.
El segundo tipo, bloques de vivienda, son edificios altos para multifamiliares y están insertados como (isla) en el área central de la ciudad, inicialmente, destinados del sector obrero o empleados de gobierno con pocos miembros (departamentos de 1 o 2 recámaras). Dichos “rascacielos” están diseñados con establecimientos comerciales para atender las necesidades inmediatas de sus moradores, es decir, alimentación y servicios domésticos. Dada su ubicación, son espacios pequeños; sin embargo cuenta con áreas libres destinando una parte importante a estacionamiento; y la restante, a usos públicos zonificados en juegos para niños, paseo y esparcimiento para adultos y ancianos; por último, para práctica de deportes, conformadas con andadores ajardinados y arbolados, cuyo propósito fundamental es propiciar la convivencia social, por ello, los edificios no cuentan con patios interiores. La disposición de los edificios en el conjunto, debe cumplir, un buen asoleamiento y aireación, con vistas exteriores a los parques, recorridos internos cortos, y construcción standarizada. En la zona central de estos bloques de vivienda se localizan módulos destinados para las actividades escolares, culturales y de asistencia.
Una crítica al proyecto modernizador de Mario Foto 2. Ciudad Satélite Pani, tendría que considerar al menos los siguientes enfoques que considero pertinentes:
a) Con respecto a las supermanzanas, ejemplificadas en Ciudad Satélite, fue una urbanización que no estuvo encadenada a las condiciones políticas y económicas nacionales –centralismo–, no se previó a largo plazo el crecimiento poblacional y la expansión de las actividades productivas, entre el Distrito Federal y el Estado de México para controlar el crecimiento y por ende, Ciudad Satélite generó la carrera especulativa y se convirtió en pivote para la anexión yuxtapuesta y anárquica de zonas industriales y habitacionales de bajos estratos, marginales y periféricos a la Ciudad de México, originándose la conurbación cuyos problemas son exacerbados por los medios e infraestructura de comunicación que privilegian el uso del automóvil y obstaculizan el crecimiento controlado, es decir se llegó muy pronto a la posmodernidad, donde todo es obsoleto y caótico. Para solucionar este fenómeno ahora deben hacerse ajustes a través de medios de transporte colectivo, multimodal y periférico.
b) La visión urbanista del funcionalismo fue miope, ya que suponía que el habitante se quedaría en un sólo sitio donde se podría habitar, trabajar y recrearse, pero las condiciones económicas del capitalismo, exigen desplazarse a grandes distancias donde existe demanda de trabajo, donde uno puede pagar la vivienda barata o rentarla o bien, donde se promete mayor seguridad modificado la escala de la vida cotidiana.
c) Con respecto a los bloques habitacionales, ejemplificado con la Unidad Tlaltelolco, que tenemos como caso de estudio, sucede algo semejante, pues la intención era erradicar los tugurios que acordonaban y aprisionaban la Ciudad, para sustituirlos por vivienda popular que satisficieran las necesidades de los Foto 3. Plaza de Tlatelolco habitantes “modernos”; sin embargo, se liberó espacio que fue propicio para los intereses capitalistas reflejados en la especulación inmobiliaria, cuyo impacto ha sido devastador, debido al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que originó sin estar preparados, que de repente la economía entrara de lleno a la competencia abierta del mercado global, generado un mayor deterioro del poder adquisitivo de as familias de clase media que habitaban la zona, empleados de gobierno y obreros, que bajaron a niveles de subsistencia, pocos fueron los que lograron ascender a un nivel de ingresos mayor, de tal forma que la calidad de vida prometida para los habitantes de Tlatelolco se fue abajo, a tal grado que en la actualidad, es considerada una zona marginal en permanente conflicto.
d) Luego de los sismos del 19 y 20 de septiembre 1985, muchos de los habitantes originales de dicha unidad huyeron a la periferia, y se generó un movimiento inquilinario de los que rentaban los cuartos de azotea, que demandó vivienda y fue participe de los cambios políticos que se dieron en 1989, tendientes a una mayor democratización del régimen político. La experiencia de los sismos propició formas autogestivas para la adquisición de vivienda, que dieron al traste con las medidas y paliativos instrumentados por el gobierno en sus programas de fase I y fase II para la reconstrucción de la ciudad.
En la actualidad el Distrito Federal contiene menor número de población que los municipios conurbados; por lo que, las políticas del gobierno del Distrito Federal[23] pretenden promover la redensificación poblacional a través de la oferta de vivienda en algunas delegaciones. Esta estrategia de ocupación está basada en criterios superficiales como el supuesto de que algunas colonias de la ciudad cuentan con todos los servicios, como es el caso del centro, lo cual no es enteramente cierto. En términos generales, lo que se buscó fue alentar la inversión y especulación inmobiliaria con fines políticos electorales. Por un lado, se coquetea con la industria de la construcción y prestadores de servicios, para apoyo a las candidaturas del partido en el gobierno (PRD), de igual manera se genera una oferta de trabajo temporal en la rama de la construcción, con lo que se incrementan los indicadores del empleo y por otra parte, se cooptan los movimientos y organizaciones que demandan vivienda y servicios de urbanización.
En la Ciudad de México, lo movilidad física es un problema que no provee la autonomía reclamada por la población, sólo un pequeño sector, privilegiado, puede vivir realmente en condiciones de confort. Ciudades como la de México, reflejan las grandes disparidades y paradojas del capitalismo, es decir, existen habitantes que sí viven y están entronizados en la modernidad, mientras la mayoría de sus habitantes sufre la pandemia de una ciudad enferma y colapsada, lo cual hace que se polaricen y agranden las diferencias de clase exacerbado los conflictos al límite.
Las familias que actualmente viven en la Unidad Habitacional de Tlateloclco, objeto de nuestro estudio, se encuentran en condiciones precarias y de exclusión, contrario a lo esperado por Mario Pani, por ello es que podemos hablar del fracaso de la modernidad del modelo capitalista mexicano. La mayoría de la población de Tlatelolco vive una creciente desigualdad social y por ende, se observa un deterioro de las condiciones de vida.
Este deterioro se puede analizar en tres aspectos sobresalientes: (a) terciarización informal, (b) acceso a la cultura e información; y, (c) acceso a los servicios urbanos.
a) El predominio de las actividades terciarias, ha originado no sólo que buena parte de la población que habita la unidad obtenga sus ingresos como prestadores de servicios, sino que muchos de ellos rentan sus departamentos como bodegas a los comerciantes de Tepito. Este fenómeno se asocia con el impulso de sobrevivencia del segmento no privilegiado que demanda empleo y no lo encuentra en los sectores formales de la economía, por ende, provoca la proliferación de los micro-negocios o el trabajo por cuenta propia (de baja productividad, inestables, carentes de prestaciones sociales), siendo la más extendida, el comercio en la vía pública (comercio informal). Por lo tanto, estamos hablando de un problema de terciarización, donde se entremezclan servicios superiores con una economía informal precaria, repercutiendo, en un mayor deterioro social y material, del entorno urbano, de la absorción y la destrucción indiscriminada de las áreas destinadas para la habitabilidad, la prestación de servicios culturales, educativos y de salud y la recreación.
b) El segundo punto es, el consumo desigual de cultura y de información, cuyas causas son los servicios privados que favorecen la individualización y el consumo conspicuo, sus efectos son: la fragmentación del tejido social, donde el uso de los espacios de convivencia son nulificados por el aislamiento, la privatización, el egoísmo. Esto se observa principalmente en la alteración de la morfología arquitectónica y en la disfuncionalidad de las formas de uso del espacio. La sala se convierte en un lugar de no estar a menos que exista una o varias televisiones, entonces el tiempo de estar es repartido por horas, en la tarde se ven telenovelas, después de las seis la sala es ocupada por el jefe de familia y los demás miembros desaparecen, así, la recámara para los otros integrantes de la familia es polifuncional, es comedor, cuarto de trabajo o de recreación. El baño es insuficiente si la familia se compone de más de cuatro personas, si es menor, se renta una recámara o bien el cuarto de azotea, no existe convivencia con los vecinos y pocos son los que se preocupan por los problemas condominales, existe una exacerbada apatía cuando se trata de solución de problemas graves que afectan al edificio.
c) El acceso a los servicios urbanos (infraestructura, equipamiento urbano), elemento importante del proceso productivo de las ciudades y de la satisfacción de las necesidades de sus habitantes ha sido rebasado, o bien es obsoleto. Los servicios urbanos nunca han sido subsanados plenamente, por el contrario, se evidencia un retroceso en su cantidad, calidad y equidad, aunado al rezago histórico y obsolescencia de las mismas que sólo han sido modernizadas en las zonas destinadas a los (megaproyectos urbanos) que satisfacen las necesidades empresariales y de los sectores de altos ingresos.
Tlatelolco vive la insatisfacción de los servicios y la insuficiencia en la infraestructura, con más de treinta años de haberse construido, ahora enfrenta el deterioro del tiempo, siendo que fue un modelo de la modernidad, esto guarda relación directa con el alejamiento de la responsabilidad social del Estado traducido en menos inversiones, en la reorientación de los escasos recursos asignados, en el abasto inoportuno, insuficiente y de dudosa calidad de los servicios, en la atomización y descoordinación de instituciones gubernamentales y en la entrega cada vez mayor de varios de estos rubros a la iniciativa privada. Como es el caso de los Ferrocarriles, el gas y el transporte urbano que se entregó a empresarios privados.
Actualmente se construye un puente que servirá como libramiento de las vías del tren abandonadas, en la avenida Ricardo Flores Magón. Esto en respuesta al proyecto de tren suburbano que impulsan los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal para conectar la zona norte de la periferia. El problema del transporte urbano sigue siendo dramático, caro y malo, por lo que se privilegia el uso y consumo de autos.
Consecuentemente, los problemas se hacen más complejos, sobresaliendo, el transporte que ha experimentado un crecimiento descontrolado en todas las modalidades a tal grado que la infraestructura vial se encuentra saturada lo que genera bajas velocidades que producen enormes pérdidas de horas hombre, contaminación y desgaste de la vida útil de transporte, así como accidentes producto del estrés, el cansancio, el mal estado de los vehículos, la imprudencia y la falta de una cultura de manejo civilizado, por lo tanto, una profunda declinación de la productividad urbana y un alto índice de contaminación. Por ejemplo, durante las manifestaciones de los Adherentes a la Otra Campaña por la represión del gobierno federal y del Estado de México contra la población de San Salvador Atenco y los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Gobierno de la Ciudad desplegó con gran alarde sus fuerzas de represión para evitar el cierre de vialidades, sin embargo el problema de los congestionamientos se dio, y este se achacó al Subcomandante Insurgente Marcos y sus “simpatizantes”. Cuando el candidato frustrado a la presidencia del partido gobernante de la ciudad Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes provenientes de varias partes del país bloqueó Reforma y el Zócalo, el problema de circulación vial siguió y toda la culpa la cargaron los manifestantes, “que ocasionaron además pérdidas millonarias a los comerciantes del centro histórico y desempleo”. Pobres ahora estiman que tardarán en recuperarse de sus pérdidas más de cuatro años, ¡que lástima! Cuando se sabe que el pueblo de México tardará en recuperase del quebranto bancario más de setenta años. Ahora los responsables de la contaminación y el tráfico a menos de 10 kilómetros por hora son los maestros de Oaxaca y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Para las buenas conciencias citadinas siempre habrá un “chivo expiatorio” para sus males de congestión vial, pero nunca se asumirán como los propios responsables del caos por la propia utilización intensiva del automóvil.
La problemática de la vivienda y el despoblamiento de la zona central de la ciudad, así como las calles y avenidas que se convierten en verdaderos estacionamientos son producto de la terciarización económica. La propuesta del actual gobierno de la ciudad, de los dobles pisos y la denominada “redensificación”, que promueve incentivos a la industria de la construcción, pero principalmente, el área más importante es la de edificación de condominios y multifamiliares, este programa pretende la revitalización de las zonas centrales, entremezclando población modesta con gente acomodada para generar sociabilidad y adaptabilidad local, el programa tiene otra problemática, debido a que los conjuntos habitacionales con alta densidad, como se ha visto a novel nacional y mundial. Sus características básicas es que generan hacia el interior la construcción de mini-ciudades o ghettos, es decir segregación, y una actitud de no incorporación al entorno circundante, en este sentido la propuesta de un México unido, como proponen los empresarios y el actual gobierno del hijo de españoles Felipe Calderón, se devela como una utopía más de la modernidad, cuya propuesta pretende se alcance, según su plan “México 2030”, es decir treinta años más de mal gobierno, cimentado en la pobreza.
Lo que debe reinventarse es la continuidad-discontinua, es decir, partir de la
premisa que la mayoría de la población tanto del Distrito Federal como del Estado de México, no nacieron, ni crecieron en estos lugares por lo que, se puede afirmar que algunos sectores nunca se han identificado con sus vecinos o sienten apego al lugar donde viven y sólo se preocupan por sus propios intereses, que se contraponen con la población que sí creció y está arraigada en estos lugares, por lo que están más preocupados, en cierta forma de su entorno que les asegura una continuidad a su modo de vida, cuya identificación es a través de vivir los espacios públicos cotidianos que no tienen un valor artístico e histórico para que sean Plano de la Unidad Habitacional Tlatelolco. SINCE 2000.
considerados patrimonio histórico-cultural y por tanto, se pugne el respeto de estos sitios. Empero, es precisamente en estos lugares cotidianos donde la gente aprende a tener arraigo, a reconocerse y tratar de mantener lazos sutiles de solidaridad. Por esto, es cuestionable la inserción de unidades habitacionales en condominio y multifamiliares como el de Tlatelolco, pues generarán segregación y marginación social.
M).- Conclusiones.
Actualmente, México y el mundo se encuentran en la era del capitalismo de la información y la comunicación global que repercute en el conocimiento científico y tecnológico a partir de estas premisas puede deducirse lo siguiente:
1) La sociedad capitalista se fundamenta el binomio dominantes/dominados por lo que, los países o grupos poseedores del conocimiento serán aquellos que tengan el control de la sociedad global, imponiendo y marcando la ruta a seguir, es decir, cuál es el conocimiento relevante que debemos aprender, cuáles son las noticias que debemos ver, a dónde viajar (si se puede), cuáles son las actividades primordiales, cómo vivir, qué producir, etcétera.
2) En los países subdesarrollados sólo son réplica –y de mala calidad– de los patrones socio-espaciales de las ciudades hipermodernas.
3) El Hipercentro y la periferia para la creación de policentros metropolitanos en países subdesarrollados trastocan la economía centralista y dependiente del centro-mundo generando nuevas formas de desintegración.
4) En los países subdesarrollados la alienación económica restringe el papel del Estado a ser sólo promotor de la gestión urbana; y por ende, ha dejado a un lado demandas sociales, ni siquiera puede decirse que sea un administrador del conflicto social permanente.
5) Las tecnologías de información y comunicación, punto nodal de la modernidad en las ciudades modernas de los países desarrollados, no corresponde a la realidad observada en los países con bajo crecimiento económico, ya que son meros consumidores de la chatarra cibernética de los países centrales, los productos obsoletos o de desecho de las economías centrales son adquiridas como productos ultramodernos a muy alto costo, debido fundamentalmente a que nuestra economía es incapaz de generarlos.
6) El país en crecimiento que deja la actual administración foxista corresponde a una realidad virtual, porque en efecto, no hay crecimiento económico, hay una tasa de desempleo muy alta, no hay aumentos salariales, no existen las suficientes casas para satisfacer las demandas, en suma, los avances son virtuales en un país virtual, no real.
Es necesario recuperar la historia viva de los espacios públicos, de los hitos urbanos comunes pues son importantes para una cohesión en la comunidad, generando conciencia de sus derechos ciudadanos basados en la participación democrática en la toma de decisiones, pero también de sus obligaciones civiles que corresponde a las reglas de desempeño y control ciudadano de las funciones públicas, donde los habitantes deben definir lo que necesitan y requieren, mientras que el Estado deberá tener más competencia para cumplir las demandas sociales, esto es lo que se ha dado en llamar “urbanismo voluntario”.
La construcción de vivienda es el detonador de gran impacto económico en casi 40 ramas productivas ligadas a la construcción; asimismo cada vivienda construida implica la generación de tres a cinco empleos directos y cerca de diez empleos indirectos, por lo que la construcción de vivienda además de solucionar una carencia tiene un gran peso en la generación de empleos y en el desarrollo económico del país.
Esto hace que el interés del sector financiero, el crecimiento de los intermediarios, las grandes compañías constructoras, los grandes consorcios inmobiliarios, los contratistas privados y las instituciones de fomento a la vivienda así como los organismos financieros, compitan por una mejor posición en esta rama de la producción.
El otorgamiento de créditos para la vivienda esta aparejado con el incremento del ritmo de edificación de casas, es el resultado de una mejor “coordinación” entre las instituciones del Estado y las empresas constructoras más importantes del país. Pero el modelo actual favorece más a estas que al destinatario final, por lo tanto, se requiere mayor impulso y apoyo a las formas autogestivas y autogeneradores de vivienda para los más necesitados, esto significa reorientar la política hacia un desarrollo más equitativo en los puntos más sensibles: educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social
Lo inadecuado de los proyectos alternativos de vivienda como la autoconstrucción, casa autónoma popular, vivienda de interés social, invasiones, vecindad propositiva, etcétera, tiene que ver con las limitaciones económicas de la población y con una legislación obsoleta que tiende a prohibir, más que generar espacios de libertad y conviviencia social.
La vivienda es una mercancía y se inserta en el mercado en condiciones de intercambio desigual, que se agrava con las desventajas para amplios sectores de la población demandante, en los planos económico, jurídico y político, por lo tanto, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y confort, es decir calidad de vida, dependerá no sólo del tamaño de la vivienda, el número de cuartos, en relación con el número de personas que la habitan, el estado general físico de la construcción, los servicios disponibles y la calidad de los espacios, sino también y principalmente con las posibilidades reales de un mayor ingreso, mejor trabajo y oportunidad de acceso a los planes de financiamiento, donde se facilite la autogestión y organización civil basada en los principios de autonomía y reciprocidad social, para ello es necesario eliminar la intermediación que realizan empresas gestoras para la adquisición de créditos o de vivienda, se deben eliminar por completo las trabas burocráticas, con la aplicación de acciones reguladoras más flexibles y compatibles con las necesidades sociales, no las del mercado.
N).-Anexo estadístico.
En la unidad habitacional de Tlatelolco de acuerdo con datos de INEGI se registran 24 Agebs como se muestra en la siguiente tabla que dividimos en tres partes, en la columna de totales la población registrada es de 28 522 habitantes.
ESTADÍSTICAS POR AGEBS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE TLATELOLCO. CD. DE MÉXICO D.F.
AGEBS
019-9
020-1
021-6
022-0
023-5
024-A
026-9
027-3
028-8
Población Total
551
1761
1588
983
1501
1300
1366
664
321
Población Masculina
244
794
736
434
686
584
647
296
161
Población Femenina
307
967
852
549
815
716
719
368
160
Hogares con Jefatura. Masculina
104
333
302
184
294
269
297
135
63
Hogares con Jefatura Femenina
76
229
191
138
200
157
162
86
28
Pob. En hog. Con Jefa. Masc.
362
1109
1030
607
942
900
944
438
222
Pob. En hog. Con Jefa. Fem
181
568
502
364
615
380
402
214
83
AGEBS
029-2
030-5
031-A
032-4
036-2
037-7
038-1
039-6
040-9
Población Total
1722
166
1509
797
1566
1237
1480
492
1514
Población Masculina
773
781
700
379
764
562
721
228
703
Población Femenina
949
885
809
418
802
675
759
264
811
Hogares con Jefatura. Masculina
342
342
312
155
327
249
304
109
291
Hogares con Jefatura Femenina
256
193
190
105
171
142
155
57
208
Pob. En hog. Con Jefa. Masc.
1045
1119
980
496
1074
851
1000
347
921
Pob. En hog. Con Jefa. Fem
637
527
502
364
615
380
402
214
83
AGEBS
041-3
042-8
043-2
044-7
045-1
TOTAL
Población Total
277
2071
3281
1602
597
28522
Población Masculina
131
922
1534
748
280
13146
Población Femenina
146
1149
1747
854
317
15376
Hogares con Jefatura. Masculina
52
363
809
338
139
5837
Hogares con Jefatura Femenina
30
286
398
177
77
3581
Pob. En hog. Con Jefa. Masc.
174
1272
2423
1101
387
18817
Pob. En hog. Con Jefa. Fem
103
779
846
445
186
9086
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS. Datos del 2000.
De la población total 13,146 son hombres y 15,376 son mujeres, es decir el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres, esto es una relación de 1.7 mujeres por hombre.
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS, datos del 2000.
La gráfica de hogares con jefatura masculina y jefatura femenina indica que existe un predominio de hogares con jefatura masculina, como puede observarse en la siguiente gráfica.
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS datos del 2000.
MIEMBROS POR FAMILIA Y POR AGEBS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE TLATELOLCO. CD. DE MÉXICO D.F.
Miem. Por familia jefa Masc.
3,5
3,3
3,4
3,3
3,2
3,3
2,9
3,2
3,2
3,5
3,1
3,3
Miem. Por familia jefa Fem.
2,4
2,5
2,6
2,6
3,1
2,4
2,4
2,5
2,5
3.0
2,5
2,7
Miem. Por familia jefa Masc.
3,1
3,2
3,3
3,4
3,3
3,2
3,3
3,5
3,0
3,3
2,8
3.2
Miem. Por familia jefa Fem.
2,4
2,6
2,6
2,6
2,4
2,6
3,4
2,7
2,1
2,5
2,4
2.5
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS datos del 2000.
En esta gráfica puede observarse que existe un mayor número de miembros por familia, en las jefaturas masculinas, con respecto a las jefaturas femeninas. El promedio de miembros por familia con jefatura masculina es de 3.2 miembros, en tanto que el promedio de miembros por familia con jefatura femenina es de 2.5 miembros. Esto refleja que la familia es nuclear, típica de una condición de vida urbana.
FUENTES DE INFORMACIÓN.
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CENSO DE POBLACIÓN Sistema de Consulta de Información Nacional 2000. INEGI. Correspondiente a las AGEBs de Tlatelolco.
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[1] Actualmente el sector de la construcción, de vivienda e inmobiliario esta compuesto por las siguientes grandes compañías que cotizan en el marcado bursátil: En la industria de la construcción GMD B; ICA*; PYP B; PINFRA*. En la industria del cemento: CEMEX CPO; CMOCTEZ*; GCC*. En Materiales de construcción: CERAMIC B; CRAMIC D; LAMOSA B y finalmente en vivienda: ARA*, GEO B; HOGAR B, HOMEX*; SERE B; URBI*.
[2] Datos oficiales del INFONAVIT. PROVIVIENDA. (Periódico) junio de 1997. pág. 6.
[3] Por ejemplo Luis de Pablo, directivo del INFONAVIT informó que este organismo tiene convenios firmados con 2 809 empresas constructoras privadas.
[4] Mientras en la obra de tipo tradicional, las diversas operaciones de la construcción se realizan una después de otra, lo que equivale a armar un gran rompecabezas de proporciones gigantes tratándose de unidades habitacionales, la prefabricación permite, por ejemplo, que esas operaciones aisladas que se dan una detrás de la otra, se efectúen de manera simultánea. Sin embargo para alcanzar este resultado, es necesario que tecnológicamente y administrativamente todos los detalles hallan sido previstos y calibrados con exactitud rigurosa, llegando de ese modo al concepto de “elementos tipificados de montaje” y en consecuencia de simplificación científica de la obra, como se realiza en Francia.
[5] En la presente administración de Vicente Fox Quzada, emigraron a los Estados Unidos 6.864 millones de personas, 1.2 millones anuales, cifra tres veces más alta que la que se había venido manejando de migración al exterior. BOLTVINIK, Julio. Economía Moral: Los fracasos de Fox/I. La Jornada. 26 de mayo de 2006. p. 36.
[6] Carlos Ramírez. Indicador Político. El Universal Noviembre 11 de 1997. P. 8
[7] “Informal, uno de cada tres empleos en zonas urbanas”.El Financiero 27 de septiembre de 2006. p. 15.
[8] BOLTVINIK, Julio. Los fracasos de Fox/I. en Economía Moral. La Jornada. 26 de mayo de 2006. p. 36.
[9] La Jornada sábado 16 de enero de 1999.
[10] Ofrecerá Urbi “casas básicas” a trabajadores. El Financiero. 21 de septiembre de 2006. p. 17.
[11] Infonavit emitirá Cedevi por mil mdp. Presentan el seguro de protección de pagos de Genworth. Beneficio para quienes contraten en 2007 y 2008. Protección adicional al derecho de prórroga. El Financiero. 21 de septiembre de 2006. p. 13.
[12] Oscar Joffre Velázquez. Periódico oficial PROVIVIENDA No. 3 junio 20 de 1997 p.7
[13] “Más asentamientos irregulares en nueve delegaciones”. La Jornada, julio 6 de 1999. P. 40
[14] Ibid. P 40
[15] “La zona metropolitana, hacia una “reaceleración” de su crecimiento”. La Jornada julio 6 de 1999. P 40
[16] El Financiero. Nota inf. de Mario Cappi. Viernes 24 de septiembre de 1999.
[17] LOGRA ARA UN BUEN BALANCE EN EL TERCE TRIMESTRE DE 1999. Extensa reserva territorial, su principal activo. Alejandra Leglisse. Fuente BMV. El Financiero. viernes 29 de octubre de 1999.
[18] Datos tomados del Instituto Nacional de Nutrición. El Financiero, 25 de febrero de 2000.
[19] Julio Boltvinik. Fábrica de pobres. La Jornada 14 de julio de 2000.
[20] MÁRQUEZ AYALA, David. Reporte económico: México, evaluación de un sexenio (2001-2006) 1/2. La Jornada 28 de agosto de 2006. p. 30.
[21] Idem. P. 30
[22] El muralismo, es la primera acción artística importante posrevolucionaria. Proponía rescatar la expresión pictórica en muros, debido a dos razones fundamentales: primera, desde la época prehispánica y también aplicada en la época colonial, había sido un vehículo de comunicación y expresión artística; segunda, si el pueblo de aquel entonces, era analfabeta, el muralismo sería el vehículo perfecto para adoctrinarlo con respecto a la historia del país y lo que era la nueva visión del mexicano.
[23] Bando No. 2. Emitido por el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.
M en C. LORENZO ISMAEL VARGAS SÁNCHEZ.
ESIA TECAMACHALCO IPN.
En la presente obra se analiza la vivienda en México tomando como objeto de estudio el hecho arquitectónico de la obra de Mario Pani y la Unidad Habitacional de Nonoalco Tlatelolco, producto de un proyecto modernizador que impulsara Pani. Lo que se pretende demostrar es el agotamiento de la modernidad que impulsó el modelo económico, específicamente en estos últimos veinte años, donde el liberalismo mostró su ineficacia para resolver los problemas estructurales, como es el caso de la vivienda en México.
La idea central, luego de analizar la problemática de la vivienda es, que esta corresponde a un modelo que genera mayor desigualdad y exclusión social, pues se basa sobre todo en el afán de lucro de las grandes empresas inmobiliarias que hay en el país, las que responden sólo a sus intereses, no a los de la demanda, en este sentido, se observan comportamientos erráticos en las políticas implementadas por el Gobierno, tanto federal como el de la Ciudad de México, quienes han privilegiado a dichas empresas por encima de las necesidades sociales.
El trabajo comprende a una mirada critica de la situación que prevalece en el ámbito de la construcción y se argumenta que el otorgamiento de créditos para la vivienda esta aparejado con el incremento del ritmo de edificación de casas, es el resultado de una mejor “coordinación” entre las instituciones del Estado y las empresas constructoras más importantes del país. Pero el modelo actual favorece más a estas que al destinatario final, por lo tanto, se requiere mayor impulso y apoyo a las formas autogestivas y autogeneradores de vivienda para los más necesitados, esto significa reorientar la política hacia un desarrollo más equitativo en los puntos más sensibles: educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social.
Í N D I C E.
A).- La apropiación inicial del capital social. 3
B).- Zona rural en transición. 5
C).- ¿Vivienda y calidad de vida? 10
D).- La crisis económica y su impacto en el mercado de la construcción. 14
E).- Hacia una definición de vivienda y calidad de vida. 19
F).- Propuestas de desarrollo de vivienda. 22
G).- Expansión poblacional y línea de pobreza en la zona rural. 26
H).- Vivienda y ahorro. 28
I).- La problemática en la construcción de vivienda media y residencial. 30
J).- La competencia de consorcios inmobiliarios en materia de vivienda. 31
K).- Vislumbrado el futuro. 33
L).- De la utopía de la ciudad moderna a la meta-posmodernidad
de la ciudad. 35
M).- Conclusiones. 44
N).-Anexo estadístico. 47
Fuentes de información. 50
ÍNDICE DE CUADROS.
1.- EMPLEO EN EL MEDIO URBANO. 16
2.- RESULTADOS COORPORATIVOS. 18
3.- PROCESO NORMAL PARA LA OBTENCIÒN DE UNA VIVIENDA. 23
4.- TIPOS DE VIVIENDA 29
5.- INCIDENCIA MARGINAL DE LA POBREZA URBANA 1994-1999. 34
A).- La apropiación inicial del capital social.
En un primer momento, la relación hombre-naturaleza, esta determinada por los instrumentos de trabajo (la mano, los palos, el azadón, el arado), dependiendo del grado de su desarrollo tecnológico, los instrumentos propician un mayor aprovechamiento de los recursos, mayor productividad y diversificados productos que mejoraron la dieta y calidad de vida del ser humano.
A través de un largo proceso histórico de evolución, el hombre no solo se apropia de los recursos, sino que tiende a humanizar esta relación, como parte de un preconocimiento e identificación, donde las fuerzas de la naturaleza adquieren significados (distintos para cada cultura, pueblo y por ende para región), determinantes en el comportamiento organizacional y dominantes al interior de la comunidad agraria.
Gradualmente este proceso de ritualización y mistificación de las fuerzas naturales, que generó culturalmente formas de vida y manifestaciones comunes, así como actitudes individuales esperadas y deseadas, por los miembros del grupo agrario fue cambiando; el conocimiento sobre el clima, el cálculo y la ubicación de los astros, la clasificación de las plantas, granos y frutos, la utilización de animales con fines de consumo y como medios de transporte, carga, tracción y guerra; propiciaron nuevas formas de organización social y un conocimiento más sistemático sobre las determinantes naturales que fueron mejor aprovechadas por los asentamientos humanos, lo que permitió el desarrollo y apropiación de diversas técnicas constructivas que se adecuaron a la situación climática del lugar.
Sin duda las grandes concentraciones humanas, cuyas culturas aun en nuestros días nos asombran, tienen como base de su florecimiento la revolución agrícola que permitió a las comunidades una mayor generación de excedentes de producción y una disputa constante sobre el espacio más adecuado, así como migraciones aceleradas cuando los climas y recursos eran adversos. Esto explica en parte la desaparición o movilidad de florecientes culturas cuya base dependía estrictamente de las tierras de cultivo. Igualmente los grupos nómadas dedicados al pastoreo, su manifestación cultural y ritual describen un patrón orientado por la búsqueda de la tierra prometida.
Tanto nómadas como sedentarios diputan el espacio vital para su desarrollo, el problema se hace más complejo cuando la división y especialización de actividades productivas se hace más especializado, así tenemos que las sociedades pastoriles son diferentes a las sociedades agrícolas, aunque hubo imperios florecientes que lograron la conquista de las dos actividades combinándolas de forma eficiente, generando a su vez importantes imperios que acumularon excedentes de producción, sobre la base de lo que producían y las guerras de expansión y conquista contra otros pueblos.
En nuestros días la disputa por la tierra es una realidad vigente y sigue ocasionando conflictos que muchas veces se dirimen por la vía violenta, mientras que otros son dirimidos en los tribunales agrarios, estos conflictos no sólo están con referencia a los títulos de propiedad, repartición de mayores y mejores tierras de cultivo, sino también con los límites entre uno y otro pueblo, con la expansión de nuevas colonias campesinas, con el crecimiento poblacional, con la expropiación de reservas naturales con fines de interés público o privado, con la creación de reservaciones para las minorías indígenas, con el reclamo de reconocimiento y autonomía de los pueblos indios, con el reconocimiento a la diversidad pluricultural de nuestros pueblos testimonio y con la resistencia ancestral de quienes en su momento tienen mayor derecho sobre el usufructo de bosques, selvas, montañas aguas, ríos, lagos y valles propicios para el desarrollo comunitario de las distintas sociedades que aun sobreviven en diversas regiones en América Latina y específicamente en México.
Por lo tanto, la apropiación inicial del capital social y la generación de excedentes de producción están en relación directa con la tenencia, apropiación y usufructo sobre la tierra. Los problemas agrarios se dan en función de esa tendencia de apropiación de la riqueza en forma privada, de la conservación de privilegios sobre el usufructo y los bienes generados socialmente o bien por la conveniencia de inducir cambios en la producción para elevar la renta agraria en beneficio de minorías (hacendados, caciques, renteros, compañías deslindadotas y en la actualidad el sector inmobiliario y de la construcción[1]) ligadas a las elites gobernantes.
B).- Zona rural en transición.
La capacidad de regeneración y sostenimiento de las tierras de cultivo, la ampliación de éstas áreas, para un mayor aprovechamiento generan zonas de transición que afecta de forma directa y significativa la conformación de las redes locales e integración social comunitarias.
El proceso de acumulación originaria de capital que expropió los medios de producción a los productores agrícolas, trajo aparejado otros fenómenos sociales también significativos, que están en relación con el agotamiento de tierras, la sobrepoblación en las zonas rurales y la migración hacia los centros industriales. La utilización de modernas tecnologías y su inversión para una mayor explotación agrícola, trajo aparejado un mayor desempleo. La incorporación de la moderna maquinaria agrícola en los procesos de trabajo desplazó fuerza laboral. Las carreteras y vías de comunicación hacen que los tiempos en la comercialización de los productos se reduzcan y la concentración y acaparamiento de las mercancías en los grandes centros urbanos, que congregan un sinnúmero de consumidores, revierte las tendencias específicas que permitirían una mejor distribución de la riqueza en el medio rural, lo que no sucede realmente, ya que en lugar de esto existe una concentración monopólica del producto, observable en los grandes centros de abasto, creados exprofeso en las metrópolis. Este proceso generó un empobrecimiento paulatino y su desplazamiento orientado por las propias leyes del mercado capitalista, creó condiciones de intercambio desigual y combinado, que incidió directamente en las relaciones socio-culturales de los pueblos y aldeas que dependen exclusivamente de la producción y comercialización de sus productos. El problema no es casual, es típico del proceso capitalista de acumulación, que facilitó la migración de campesinos a los centros urbanos para su explotación, como fuerza de trabajo en los centros industriales urbanos. La cuestión de transición del modo de vida rural se explica culturalmente como expresiones de comportamiento típico o tradicional, que enfrenta situaciones de supervivencia en lo económico y de arraigo o desarraigo de las raíces culturales, de lo que conforma los lazos de identidad de pueblo en pueblo y de región en región, donde se observa una agresiva y constante penetración económica y cultural sobre comunidades y aldeas, que inconsciente o conscientemente, son asumidas por los pobladores y revertidas al interior del núcleo social, generando contradicciones fuertes en los comportamientos y prácticas comunitarios, incluso enfrentamientos entre familias no solamente de carácter religioso o político, sino también en los niveles de le esfera de la producción y reproducción material, esto se observa en las formas tradicionales de producción que se enfrentan a nuevas formas de organización del trabajo globalizadas, como lo es la micro empresa, las que tiende a combinar trabajo artesanal en talleres familiares, con formas de explotación asalariadas vinculadas con las grandes empresas y consorcios capitalistas, que por medios ingeniosos están consolidando nuevas formas de subsunción del trabajo marginal al capital formal, lo cual tiene al menos dos efectos visibles, por una parte la reducción de costos y riesgos en las inversiones de capital destinados a la producción, y por otra, una ganancia o tasa de plusvalía más elevada, que no corresponde a la forma tradicional de obtención de plusvalía, sino que combina la plusvalía neta y la plusvalía marginal, con nuevas formas de explotación del trabajo familiar, maquilador y formas incipientes de empresas marginales, ligadas estrechamente al intermediarismo y la formación del capital global.
Si bien es cierto que el espacio rural permite una forma o modo de vida característico y específico, también es cierto, que éste se ha modificando paulatinamente, a veces imperceptiblemente, conforme mayor número de población rural se integra a la vida urbana o bien a nuevas formas de producción que introducen a su vez otras formas organización y distribución del trabajo.
Existen una disyuntiva para la población rural, en ciertos momentos, o espacios de tiempo no determinados, emigrar o quedarse en su lugar de origen. Quien se va, algún día regresa, modificando los patrones socio-culturales y las actitudes, permeando, alterando o contradiciendo los valores de significación que permiten el entrelazamiento de las formas de vida, con la experiencia vital que entraña lo vivido propiamente dicho, en otras circunstancias, bajo otras condiciones y en otras latitudes. Observándose aberraciones de un sincretismo cultural y de formas de pensamiento, que no corresponde ni al medio, ni a las tendencias predominantes de la localidad, contrastando incluso con las tradiciones y sus raíces.
Quien se queda, enfrenta la transición y el cambió de los factores tanto endógenos como exógenos que lo condicionan, entre la contradicción generada por lo rural y lo urbano que se manifiesta no solamente en las corrientes de migración, de grandes sectores campesinos a las ciudades más importantes, no sólo de México sino de los Estados Unidos, sino sobre todo y fundamentalmente con las aspiraciones legítimas de mejorar las condiciones de vida de las familias que en el campo existen, también se manifiesta, en la modernización de la extracción de la renta agraria; en el cambio de los patrones culturales y en la modificación y formas de apropiación del espacio, así como en las incorporación de otras formas de producción y diversificación de fuentes de financiamiento. No es casual, que los pueblos y comunidades requieran al menos de lo mínimo indispensable que permite la urbanización; como son electricidad, pavimento, escuelas, drenajes, clínicas, centros deportivos, etc., que conllevan toda una actividad de regeneración de la imagen y que inducen substancialmente nuevas formas de entender y apropiarse del espacio local. Lo rural deja de tener un contenido estigmatizante de su modo de vida, como lo atrasado, lo arcaico, que contiene espacios de exclusión social o marginal. Con respecto a la reclamada urbanización e incorporación de servicios básicos, ¿pero pierde algo de lo esencial, de lo típico o bien característico que identifica al lugar?
Estamos ante un proceso de modernidad inducido desde el exterior a los conglomerados sociales, así que las localidades y pueblos se ven afectados se establecen por lo tanto nuevas formas de propiedad y apropiación del espacio, ya sea de forma simbólica o real. Frente a este avance modernizador globalizante, también se observa el “resurgimiento” de una cultura local de resistencia, por ejemplo, el tianguis y la producción artesanal, que se contrapone al supermercado y la producción maquiladora.
Estas formas culturales de resistencia se dan no por oposición a la concepción de modernidad, como se ha manifestado de manera superficial, sino por oposición a las formas, procesos de trabajo y explotación que el capitalismo asume dentro de esos contenidos de modernización. El choque cultural es violento de suyo y poco es lo que se quiere rescatar y resarcir. La cultura hegemónica del capitalismo no permite otras interpretaciones fuera de lo propiamente occidental, entonces las identidades son excluidas, expoliadas y realmente exterminadas en algunos casos, de ahí que surja una resistencia local que adquiere fuerza, cuando se observa que en otras latitudes, otros pueblos y otras naciones sucede lo mismo.
Por ejemplo, el genocidio que se pretende legitimar en Chiapas, desde el propio centro emisor de una cultura hegemónicamente ladina cuyos intereses sobre los recursos naturales son claros para las propias comunidades mayenses, no se da en términos de una confrontación virtual, como lo pretenden asegurar los estrategas militares, sino real, objetiva y presente. El cerco militar sobre las comunidades que contradicen y resisten el modelo neoliberal, no es casual, está dentro de la lógica de una estrategia de sometimiento y aniquilamiento contra esa otra forma de vida, que no es la propiamente occidentalizada.
Nos enfrentamos a una etapa de transición en la que la cultura local de resistencia y la cultura hegemónica que se presenta como universal y excluyente chocan violentamente afectando comunidades y pueblos indígenas y campesinos. El factor de resistencia es más ético y simbólico en la medida que la irreflexión y deshumanización del modelo neoliberal se hace más evidente y cínico. De ahí que el resurgimiento de localismo tienda a generar una nueva forma de entender nuestras raíces.
Los falsos nacionalismos impuestos (por minorías gobernantes), sucumben ante la globalización que establece mercados sin fronteras a partir de la internacionalización de las inversiones de capital financiero y especulativo, en tanto que los pueblos testimonio que preservan sus raíces tradicionales, retoman la lucha ancestral contra el aniquilamiento al que se les ha condenado históricamente.
La más perversa manifestación de la globalidad se da en la forma pragmática de imponer un modelo económico que ha empobrecido a millones de seres humanos arrojando una cifra considerable de pequeños y medianos productores a endeudamientos de por vida a los organismos financieros, por las altas tasas de interés de los créditos bancarios concertados y por el predominio de las inversiones a gran escala de capitales calificados como “golondrinos” que están en busca de una “tierra prometida” para sus inversiones.
C).- ¿Vivienda y calidad de vida?
La vivienda es una de las principales demandas sociales, el rezago habitacional en el país es alrededor de 4.6 millones de viviendas[2]. Durante el periodo de 1997 al 2000 se requerirá proveer de un promedio de 700 mil viviendas al año para evitar que el rezago se incremente.
Los problemas de financiamiento para la construcción de vivienda están determinados por el mercado inmobiliario y una creciente especulación con la renta de los terrenos produciendo una alta concentración de tierra en compañías privadas que especulan con el valor de la misma ante el constante incremento de la demanda de vivienda, al crecer la oferta de vivienda por debajo de la demanda, el margen de ganancia se incrementa, originando además un proceso de intermediación cuya finalidad es la concentración de mayores recursos en valores inmobiliarios, al margen de la especulación real sobre los terrenos generadores de ganancia neta, sin que hasta ese momento se haya invertido en infraestructura y servicios, en donde el gobierno sólo interviene como “facilitador” de los proyectos de inversión de las grandes inmobiliarias que especulan sobre los terrenos, principalmente baldíos, mostrencos o intestados.
En efecto, es un hecho que el gobierno se ha desligado de la problemática social que implica construir vivienda para la población de bajos ingresos económicos. En cambio, se han diseñado planes y programas de acción para que la iniciativa privada se involucre en la construcción de vivienda, asegurando una actividad altamente lucrativa que permite ganancias atractivas para los inversionistas en el mercado inmobiliario[3].
Sin embargo, existen varios problemas que se han observado y que constituyen un obstáculo para estos fines como son:
- El monto elevado de la deuda derivado de un bajo enganche.
- Las deficiencias en el marco legal.
- Los elevados costos regulatorios.
- La falta de mecanismos que permitan canalizar mayores recursos del mercado a la construcción de modelos tipo de vivienda, que sean atractivos para la población que tiene un nivel de ingreso entre 1.5 y 3 salarios mínimos.
Las estrategias diseñadas dentro de la lógica del mercado contemplan las siguientes propuestas:
- Aumento de enganches.
- Mayor subsidio por parte del Estado.
- Estandarización de los procesos para facilitar la inversión.
- Mayor participación de la banca.
- Fortalecimiento del marco legal.
- Reducción de costos regulatorios ya que solamente 18 entidades federativas tienen costos regulatorios inferiores al 4%.
- Bursatilizar créditos nuevos tipo FOVI, para que la inflación no genere perdidas en la inversión.
- Realizar ajustes necesarios a los créditos en tasas de interés y factores de pago pactadas o convenidas en UDIS.
El reto de los promotores de vivienda consiste en generar proyectos viables (de bajo costo de producción, con materiales prefabricados[4] e incorporación de nuevas tecnologías). Coadyuvar a una mejor selección de clientes y promover el ahorro para la constitución de enganches, sin los cuales es imposible el acceso a un crédito para vivienda, el enganche constituye para el promotor, como para el inversionista financiero, la base sobre la que se construye la ganancia, y en algunos casos, en realidad representa la recuperación de la inversión inicial que se aplicó al proyecto ejecutivo.
Por estas razones la selección de clientes es más importante que el concepto tecnológico de prefabricado con “elementos tipificados de montaje” que requieren mayor inversión de tecnología y por lo tanto, reducción del tiempo de construcción y abaratamiento de la obra, con un buen margen de ganancia marginal, tanto para el inversionista como para el constructor.
En el caso de la forma tradicional de construcción de vivienda, la preselección de los clientes probables y la propia asignación de créditos a los posibles adquirientes de vivienda actúa como cernidor de destinatarios, para ello se realizan estudios socioeconómicos y de respaldo crediticio, con los que debe contar el aspirante a obtener un crédito de vivienda. Esto con la finalidad de dar certidumbre a los pagos, a partir de los estudios y la autorización del crédito, el adquiriente de vivienda se enreda en una dinámica creciente de endeudamiento que involucra a la unidad familiar, es decir, todos los miembros de la familia están obligados a trabajar y aportar parte importante de su ingreso al pago del departamento o casa, o bien al sustento, pasajes, escuela y servicios que van de la mano a los gastos totales de las unidades familiares. Estos gastos implican que tendrán irremediablemente que postergar sus aspiraciones personales de crecimiento y desarrollo, convirtiéndose, a lo largo del tiempo en una constante frustración individual, por la postergación de metas, ya que el pago de un departamento o una casa concluye, si no hay imponderables económicos, tanto internos como externos, entre los diez o treinta años de su vida laboral útil.
La supuesta ventaja que representa el ahorro para la constitución de un patrimonio a futuro es la forma más mediatizada y encubierta de una realidad atroz que ha desmoralizado las expectativas sociales hacia una recuperación real en la economía familiar, ya que el valor del trabajo se encuentra por debajo de la capacidad de compra en el modelo capitalista, esto significa que el valor trabajo que es lo que genera riqueza social, esta muy por debajo que el valor inmobiliario, lo que trae aparejado el problema del ahorro por unidad familiar. Esto es un círculo vicioso que entre otros factores se inscribe ¿Quién puede realmente ahorrar bajo las condiciones de crisis recurrentes dentro del capitalismo? En efecto, no son ni los campesinos ni los obreros quienes pueden ahorrar.
El valor trabajo al igual que el valor de otras mercancías se rigen por la desigualdad en las relaciones de compra–venta (oferta-demanda) del mercado, Si existiera igualdad en dichas relaciones no habría ganancia. La tendencia capitalista creciente es la especulación sobre la oferta y demanda que permita incrementar sustancialmente los márgenes de ganancia, donde el trabajo que es el principal generador de plusvalía, es el que menos puede garantizar acceso a un crédito de vivienda, la trampa se basa en la ilusión de tener un patrimonio, el cual está lejos de las posibilidades de cualquiera que gana un salario mínimo.
Las alternativas reales, para los campesinos, de obtención de una vivienda digna no están en el producto que obtienen de su trabajo, ni siquiera en la renta de sus tierras que tienen poco valor por ser comunales o ejidales, sino en la diversificación de sus fuentes de ingreso y entre estas alternativas está la emigración hacia los Estados Unidos[5], bajo condiciones extremadamente riesgosas o hacia las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla o México, donde no podrá sino empeorar su situación sobreviviendo en condiciones extremas de pobreza.
La gran especulación e intermediación en la producción agrícola hace que sus mercancías se coticen por debajo de su valor, ello deja una magra ganancia al productor agrícola, que además está bajo las condiciones de factores imponderables, sequía, exceso de lluvia, falta de créditos refaccionarios, endeudamiento progresivo con el banco que otorga créditos refaccionarios para implementos agrícolas, guanos o fertilizantes, etc., que la mayoría de las veces redundan en pérdidas al término de la temporada, o bien, cuando mejor va la situación, “salir a mano”.
Esto hace que exista la necesidad de emigrar a las zonas urbanas para ocupar trabajos temporales o subempleos, creciendo con ello la economía informal. Los más osados buscan dólares, para retornar al círculo vicioso de endeudamiento progresivo dentro del mercado capitalista, el que a su vez trae aparejado problemas de tipo cultural de desarraigo con la incorporación de nuevos patrones culturales (aculturación), inducida por las nuevas formas de vida observadas, y una esperanza rota que jamás compensará el sufrimiento y esfuerzo en cada ciclo agrícola.
Otra alternativa real es la autoconstrucción, pero esta no está regulada, ni es plenamente aceptada por las normas de construcción y urbanización, por lo que es una actividad fuera del control normativo, se supone, genera mayores problemas que los que resuelve, ya que cada asentamiento poblacional irregular hay que dotarlo de servicios básicos como agua, luz, drenaje, etc., lo que implica un mayor gasto presupuestal para los municipios que reciben poca ayuda del gobierno federal y cuentan con escasos recursos propios. Sin embargo, la autoconstrucción como alternativa de los pobres ha constituido la forma más empleada, ante la insatisfacción de esta necesidad básica.
D).- La crisis económica y su impacto en el mercado de la construcción.
El crecimiento económico puede observarse en el desarrollo de infraestructura y en la aceleración del proceso en la construcción, esto hace que esta rama productiva tenga un efecto positivo en la economía de un país, ya que es multiplicador económico por la generación de empleos y receptor natural del ahorro interno de largo plazo. Desde principios de los noventa el mercado de la construcción entró en una etapa de caídas profundas, que no le permitió su recuperación, con respecto al auge alcanzado en décadas anteriores. Esto originó que el déficit de vivienda se incrementara, en virtud de que el crecimiento exponencial de la población era mayor. La lógica del mercado en la construcción para la siguiente década entonces fue provocar que el incremento de la demanda encareciera el producto demandado.
Pero el problema no solamente es el encarecimiento, también es la calidad de las construcciones destinadas a la vivienda, la nueva tecnología en la fabricación, la infraestructura, los elevados costos regulatorios, el financiamiento, la recuperación de las inversiones en corto plazo y la normatividad vigente.
La crisis económica registrada en los últimos 20 años ha impactando de manera desfavorable la industria de la construcción, en efecto la aplicación del modelo neoliberal ha generado dos décadas perdidas, incrementando los niveles de pobreza. La tasa de crecimiento en este periodo ha sido de menos punto dos (-.2) por ciento, en tanto que el promedio de inflación anual fue de 47.5 por ciento, mientras que el salario real cayó a menos siete (-7.0) por ciento, la tasa de crecimiento del empleo en el sector formal apenas aumentó en punto cinco (0.5) por ciento, en tanto que creció el sector informal y los desempleados en seis millones de personas[6].
En efecto se ha registrado un profundo deterioro del mercado de trabajo, castigando sobre todo al medio urbano, pues actualmente una de cada tres plazas son de generadas por el mercado de trabajo informal[7], como se puede observar en el siguiente cuadro.
EMPLEO EN EL MEDIO URBANO.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMAL
INFORMAL
Comercio al menudeo
3, 586. 022
3, 657, 120
Construcción
931, 719
2, 501, 360
Manufacturas
4, 976, 282
2, 044, 418
Servicios de alojamiento temporal, alimentos y bebidas
1, 316, 338
1. 146, 343
Otros servicios
2, 843, 373
1, 070, 581
Transportes, comunicaciones y almacenamiento
893, 296
914, 835
Servicios recreativos
187, 954
166, 005
Comercio al mayoreo
984, 048
150, 848
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos
741, 519
155, 715
Otras ramas productivas
7, 464, 524
377, 055
TOTAL: (36, 136, 355)
23, 952,075
12,184,280
FUENTE: STPS. El Financiero. 27 de septiembre de 2006. p. 15.
La política económica de los últimos cuatro gobiernos neoliberales han generado desaceleración, inestabilidad cíclica y deterioro de los niveles de vida de la población en general, privilegiando a minorías vinculadas directamente con los intereses supranacionales, donde la informalidad se ha convertido en un lastre para elevar la productividad y la competitividad económica, ya que esta actividad se encuentra en los niveles de subsistencia que no aportan valor agregado. Los datos registrados en el anterior cuadro fueron elaborados con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al último trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, y refiere que el grueso de informales urbanos trabaja por iniciativa propia, esto es, el 50.8 por ciento del total.
La generación de empleo en el presente sexenio de Vicente Fox, alcanzó solamente un magro 1.8 por ciento, que en términos del ingreso per cápita resulta menor a 0.8 por ciento[8], contra la promesa de gobierno que estableció el presidente de alcanzar un crecimiento económico de 7 por ciento, con la generación de 1.3 millones de empleos anuales.
La industria de la construcción trabaja a 55 por ciento de su capacidad, ello repercute directamente en el crecimiento económico y en la generación del empleo directo, así se calcula que se han perdido 180 mil empleos en 4 años[9]. De un total de 18 mil empresas que se dedican a esta actividad económica, sólo quedan 10 mil 300, muchas de ellas paradas y otras han desaparecido por dificultades económicas del momento. Ante esta situación, las grandes compañías constructoras, como es el caso de URBI ha diseñado un programa de “casas básicas” para los trabajadores, que pretenden ofertar vivienda a un costo de 120 mil pesos por unidad. Este programa piloto pretende integrar una mayor capacidad de pago del trabajador, mediante el otorgamiento de un crédito hipotecario del Infonavit, un subsidio del Fonhapo y otros apoyos por parte de los gobiernos estatales y municipales. La estrategia de esta compañía no es solo generar vivienda barata, sino desempeñarse de manera formal como desarrollador de tierra, esto es acaparamiento de tierra mediante una figura de negocios que se basa en el modelo de “socio concesionario o director de plaza y el dueño de terrenos fungiría como socio inmobiliario”[10].
Se estima que la construcción de vivienda en todo el país puede ser un aliciente para esta industria, toda vez que a escala nacional se casan alrededor de 670 mil parejas al año, mismas que requieren un techo, frente a un déficit de viviendas entre seis y ocho millones de casas habitación.
Los programas del gobierno federal orientados a la construcción de obras promueven la inversión privada, por lo que las expectativas son favorables y no se espera que afecten la industria de la construcción, sino por el contrario, el monto en este rubro deberá ser similar o superior al que se aplicó durante 1998, ya que se prevé el ingreso de nuevos clientes.
En el siguiente cuadro se observan los resultados corporativos de las empresas constructoras su participación en el marcado bursátil y su utilidad neta, la cual resulta ser positiva, para cada uno de los periodos analizados.
RESULTADOS COORPORATIVOS.
Cifras en millones de pesos, al 30 de septiembre de 1999.
Estado de resultados:
III-98
IV-98
I-99
II-99
III-99
Var*
Ventas netas
468.20
90.31
323.49
456.91
677.62
+45.47
Utilidad operativa.
102.50
25.64
69.75
99.17
148.30
+45.5
Utilidad neta.
74.96
51.73
42.80
83.24
129.61
+73.9
Balance General.
III-98
IV-98
I-99
II-99
III-99
Var
Activo total
2568.31
2,387.64
2,440.86
2,584.41
2,805.98
+9.2
Pasivo total
326.56
308.79
285.97
305.62
391.68
+19.9
Capital contable.
2,241.75
2,078.84
2,154.88
4,278.78
2,414.30
+7.6
*Variación respecto al tercer trimestre de 1998. Fuente BMV.
En efecto la estrategia neoliberal de impulsar la industria de la construcción en manos de compañías privadas no solo se centra en nuevas figuras legales para el acaparamiento de tierras, sino en una serie de estímulos e incorporación de aseguradoras trasnacionales que pretenden abatir la cartera vencida de Infonavit. En este rubro de las aseguradoras interviene un proyecto de “seguro de protección de pagos de Genworth”. El objetivo de la participación de aseguradoras es contribuir a la solidez financiera del Instituto, que en agosto de este año reportó una cartera vencida de 6.17 por ciento, con lo que se pretende bajar este indicador a 5 por ciento para el cierre de este año. De acuerdo con datos del propio Infonavit, la cartera vencida asciende a 30 mil millones de pesos –de una cartera total de 470 mil millones de pesos-, y es generada por 160 mil acreditados, de los cuales 130 mil no tienen ninguna relación laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto se han visto imposibilitados para cubrir sus adeudos de vivienda contraídos con el Infonavit[11].
E).- Hacia una definición de vivienda y calidad de vida.
La definición (oficial) de vivienda nos dice que: “la vivienda en particular es el espacio natural para la integración y el desarrollo del grupo familiar; es en ella donde se desenvuelve la familia, donde se establecen nuestras relaciones primarias de convivencia, se fortalecen nuestras los lazos de unión con nuestros padres y hermanos, y se aprende a comunicarnos y relacionarnos con los miembros de la comunidad. La vivienda digna es aquella que reúna las condiciones adecuadas de diseño y espacio, para que contribuya al fortalecimiento del desarrollo familiar”[12].
Contrario a esta definición oficial, sostengo que la vivienda no puede ser un “espacio natural”. Si no un espacio construido por la actividad consciente del hombre que se da en el proceso de humanización de las relaciones hombre - naturaleza. La vivienda tampoco es el espacio sine quanon donde se dan las relaciones primarias o nucleares. Lo que hace y conforma al hombre es su hábitat y el hábitat es el conjunto de factores, no solamente la casa. Comprender esta relación es importante, porque la construcción de viviendas sin este cambio de pensamiento redunda en un mayor daño al entorno. Las relaciones familiares pueden bien no darse en una vivienda, sino en una cueva, en árbol y por el contrario, en la más lujosa residencia, puede no haber quien la habite más que la servidumbre, luego entonces, no existen relaciones familiares, sino más bien compromisos familiares o status de parentesco sin que se den afectos familiares. Por esta razón debemos darnos cuenta de la contradicción que se da con la apropiación del espacio real, que constituye nuestro hábitat natural, que es opuesto al de los intereses privados, ajenos a las necesidades de habitabilidad de la inmensa mayoría de la población, que en un sentido económico, en el mercado capitalista constituyen una demanda creciente.
Las relaciones sociales se dan en el proceso de producción, distribución y consumo de los bienes materiales socialmente producidos. Esto debe resultar claro. Son las relaciones sociales de producción las que condicionan en general todas las formas de pensamiento incluso la ideología, la filosofía, la moral, el derecho, etc. La familia nuclear típica, de corte patriarcal surge con la propiedad privada, con relaciones de dominación específica, y puede no ser el modelo más adecuado de relación social, ya que en ella se dan relaciones de dominación sometimiento al régimen patriarcal, machista y falocéntico, cuando sabemos que actualmente existen hogares donde la mujer es determinante para el mantenimiento y preservación de la familia.
Este modelo de familia es el más extendido en el medio rural, por ejemplo, cuando el padre y a veces los hijos emigran a los centros urbanos o salen fuera del país en busca de trabajo. Sin embargo también existen comunidades que dependen mucho más de las relaciones en común, de decisiones y de formas de producción en común. Esto no las hace más atrasadas culturalmente que otras. dentro del capitalismo y las formas dominantes que establecen un modelo de familia nuclear. En este sentido la familia extensa comunalista se encuentra en desventaja, porque ellas contradicen el propio modelo de explotación impuesto por el sistema capitalista.
En término generales se ha criticado sociológicamente y existe una amplia bibliografía sobre el problema de desintegración familiar que conllevan los lazos capitalistas de producción que inducen en las formas de pensamiento un mayor individualismo basado en la competitividad. Es evidente el proceso de enajenación que las relaciones familiares industrializadas imponen: pérdida de valores, falsa moral y alejamiento individual que lo llevan irremediablemente a un suicidio colectivo, resulta por tanto, la definición oficial una falacia cultural, impregnada de una gran carga ideológica en sus contenidos.
El concepto de “vivienda digna” también resulta ser un concepto inapropiado. En términos de ¿Qué indicadores poden medir la dignidad de la vivienda? ¿Cuáles son los patrones definiciones operativas que nos permitan cuantificar qué es más digno y qué es menos digno? De igual manera ¿con respecto a qué elementos indicativos podemos contrastar lo “digno” de lo que “no es digno”? Es sólo a partir de estereotipos sociales construidos por quienes detentan el poder de etiquetar o estigmatizar las relaciones sociales no queridas o no deseadas dentro de un modelo o estructura social predeterminada, que se establecen las formas predominantes.
Se ha utilizado también el término “elevar la calidad de vida”, este concepto podría tener un referente económico más claro y preciso sin embargo también tiene sus deficiencias, porque la calidad de vida se mide en términos del producto interno bruto (PBI), el ingreso per capita (IPC) y la distribución de los bienes socialmente generados. Pero en una economía de mercado donde la especulación y concentración de la riqueza en pocas manos es el motor real del proceso capitalista, ¿de qué calidad de vida estamos hablando? y ¿qué estratos de población pueden ascender a una mayor calidad de vida? Si las propias clases medias han entrado en un proceso de pauperización continua con el modelo neoliberal, como veremos más adelante.
El concepto “vivienda digna”, es un concepto marcadamente ideológico que ha utilizado el gobierno y el mercado inmobiliario para encubrir intereses mezquinos que permiten la especulación lucrativa creciente, dentro de “la ley”. Es decir, se han justificando proyectos rentables, pero estos no son accesibles a estratos socioeconómicos cada vez más amplios. Por su parte, el concepto de “mejoramiento de la calidad de vida”, permite un acercamiento objetivo de la realidad, para darnos cuenta efectivamente que hay una injusta distribución de la riqueza. Sin embargo debemos dar cuenta de que dentro del modelo de desarrollo capitalista neoliberal no es posible acceder fácilmente a una vivienda y por lo mismo obtener una mejor calidad de vida, en tanto no se cambien las formas de financiamiento e inserción de los proyectos de vivienda en el mercado, asumir como cierto el criterio ideológico de acceso a una “vivienda digna” es reproducir cíclicamente las formas y modelos preestablecidos por el mercado capitalista.
F).- Propuestas de desarrollo de vivienda.
Desde la óptica de la inversión del capital inmobiliario existe un obstáculo en este renglón, ya que las reservas no son las adecuadas, ni en precio, ubicación e infraestructura requerida para la construcción de viviendas. En este punto se han establecido las siguientes estrategias que permiten asegurar la inversión de capital privado:
1. Apoyos en las reservas territoriales.
2. Medidas de desgravación y desregulación,
- en la adquisición de reservas territoriales,
- en el proceso de urbanización,
- en la construcción,
- en la adquisición del destinatario final (usuario de la vivienda).
3. - Dotación de recursos financieros. (Fondeo para la construcción).
4. - Adecuación y reformas a la legislación urbana y de construcción.
5. - Reingeniería en los procesos constructivos básicos.
En el siguiente cuadro se expone el proceso normal establecido para la obtención de vivienda, en dicho proceso observamos como el intermediario financiero del consorcio inmobiliario tiene un mayor peso en la actividad y por lo tanto se constituye en un factor de encarecimiento de la vivienda, en ningún momento observamos la participación de organizaciones sociales ni mucho menos la autogestión que permita abaratar los costos.
PROCESO NORMAL PARA LA OBTENCIÓN DE UNA VIVIENDA.
ACTIVIDAD
ACCIONES
RESPONSABLES
1.- FIRMA DEL CRÉDITO PUENTE
- Anticipo hasta el 30% del valor total del inmueble.
- Inicio de edificación.
- Distribución de propaganda y folletos.
- Anuncios por radio o tv
- Promotor e interesado.
- Intermediario.
- Promotor
- Todos.
- FOVI.
2.- CASA MUESTRA
- Anuncios por radio o tv.
- FOVI.
3.- NUNCIO 1er. CONCURSO (FALTANDO 2 MESES PARA TERMINACIÓN DE LA OBRA).
- Promoción.
- Llenado de solicitudes.
- Recepción depósito y solicitudes.
- Concurso enganches.
- Promotor
- Intermediario e interesado.
- Intermediario.
- Intermediario
4.- OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO INDIVIDUAL.
- Auxilio en el llenado de solicitudes.
- Estudio socioeconómico.
- Aprobación del crédito individual.
- Selección de la vivienda.
- Firma promesa de venta
- Intermediario.
- Intermediario.
- Intermediario.
- Intermediario.
- Promotor.
5.- ESCRITURACIÓN.
- Entrega de subsidio.
- Entrega de manuales.
- Pago al promotor
- Intermediario.
- Promotor.
- FOVI.
A través del programa de bursatilización de la vivienda se obtienen los siguientes beneficios:
1. Nueva fuente de recursos para el financiamiento de vivienda.
2. Créditos a tasas menores a las de los esquemas tradicionales, sin subsidios.
3. Factor de pago de 12.5 y 855 de crédito.
4. Pagos ligados al salario.
5. Crédito para la adquisición de vivienda nueva o usada.
Otra alternativa menos agresiva para el desarrollo social es la sustentabilidad económica, financiera, ambiental y social que se basa en una lógica de recuperación urbana entendida como “producto social y de mercado”.
Esta alternativa propone crear esquemas de cooperación entre los sectores público y privado para el desarrollo rentable, creando áreas de protección del medio ambiente, espacios verdes, protección de cuencas, tratamiento de aguas residuales, etc., prohibiendo actividades molestas y contaminantes e incluyendo servicios de iluminación, pavimentación y arborización.
La finalidad es atender grupos sociales de medianos y bajos ingresos con desarrollos integrales de vivienda, infraestructura y servicios urbanos.
Los criterios predeterminados para la aprobación de proyectos constructivos son:
1. Uso del suelo, infraestructura vial y de servicios.
2. Equipamiento social.
3. Alcance (envergadura del proyecto en términos de la población atendida, y los montos de inversión de capital).
4. Mayor participación de los actores involucrados.
5. Soluciones técnicas en la construcción de viviendas.
6. Sostenibilidad financiera.
7. Sostenibilidad ambiental.
8. Impacto social.
9. Aspectos jurídicos–administrativos con esquemas menos rígidos.
Busca también un mayor aprovechamiento integral de una zona ejidal cuyo régimen de propiedad permite ya su escrituración y venta de particular a particular, utilizando la figura legal del fideicomiso. En la actualidad se han implementado desarrollos de vivienda social progresiva y de autogestión con estas características alcanzando mejores resultados en cuanto a una recuperación del nivel de vida.
El desarrollo de vivienda en América Latina tradicionalmente ha estado marcado por los crecimientos espontáneos (frecuentemente en áreas de invasión), sin acceso a la infraestructura, el equipamiento social y servicios urbanos básicos, altos costos sociales, toda clase de riesgos tanto, así como imposibilidad jurídica para legalizar la propiedad.
El caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), no es la excepción, la carencia de una política de gobierno federal alternativa en materia de uso de suelo y vivienda en los últimos veinte años, que atienda a sectores de bajos ingresos, que representan el 60 por ciento de los habitantes de la ciudad, provocó el crecimiento de asentamientos irregulares en nueve delegaciones políticas de la ciudad, con lo que ahora suman 628, de los cuales sólo 250 están siendo analizados para reubicar a sus moradores[13].
Es necesario resaltar que la mayor parte de los asentamientos irregulares se concentran en la línea divisoria de la ciudad, es decir, entre la zona urbana y las reservas ecológicas, el 90 por ciento de esta área se encuentra en manos de comuneros, campesinos, ejidatarios o propietarios privados, el gobierno de la ciudad de México, a través del bando de gobierno número dos, emitido por Andrés Manuel López Obrador, permitió implantar nuevos esquemas de transferencia que permitan generar algún tipo de “bono ecológico” para revertir la tendencia negativa y la construcción de nuevas viviendas dirigidas al mercado de los sectores medios y bajos de la población.
Actualmente se trabaja en 30 programas parciales de desarrollo, con una inversión de 22 millones de pesos para detener la urbanización de los poblados rurales y liberar las zonas de preservación ecológica. Además de la reubicación de asentamientos irregulares en los barrios históricos tradicionales se está promoviendo una política de reciclamiento e intensidad del uso de suelo.[14]
Otros proyectos integrados buscan una solución de vivienda digna, económica y rápida, en una combinación de trabajo comunitario o vecinal, autogestión, desarrollo progresivo y asesoría técnica y social para la organización, pero estos proyectos han sido presa fácil de los partidos políticos y líderes quienes han cooptado el movimiento de lucha por la vivienda, dejándoles un capital político y de presión muy importante que utilizan para obtener puestos o representaciones dentro del poder legislativo (cámaras de diputados y senadores).
G).- Expansión poblacional y línea de pobreza en la zona rural.
El impacto de las actividades económico-comerciales ubicado en la ZMCM ha generado un proceso continuo de crecimiento poblacional y una redistribución de las actividades productivas. La expansión poblacional no sólo transforma el medio natural y la calidad del ambiente.
Mientras la población de la ZMCM creció ocho veces entre 1960 a 1980, en los últimos 15 años prácticamente este crecimiento se ha mantenido estable, ello se debe al soporte físico e infraestructura de la ciudad que favoreció un mayor dinamismo económico y poblacional en los municipios conurbados. Esto significa que ha disminuido el ritmo de crecimiento del Distrito Federal, con una tasa anual de 0.54 por ciento, sin embargo se ha observado que hay emigración de la población capitalina hacia la periferia, pues en el quinquenio 1985-1990 más de un millón de habitantes de la Ciudad de México cambiaron su lugar de residencia hacia alguna de las entidades cercanas al Distrito Federal y aproximadamente unas 300 mil personas lo hicieron desde la periferia a la Ciudad. Por tanto se puede afirmar que el balance migratorio para la gran ciudad por primera vez es negativo[15].
El análisis sobre el crecimiento y desaceleración del crecimiento urbano es incompleto si no se toma en consideración los procesos económicos que han incidido en una nueva conformación de especialización en el trabajo productivo. En efecto, Las zonas urbanas en crecimiento han desarrollado una mayor especialización en la rama de los servicios, en tanto que las zonas rurales absorben actividades industriales, manufactureras, maquiladoras, agrícolas y ganaderas, esta diversificación es importante, porque se enmarcan dentro de las estrategias de sobrevivencia que se la población rural ha desarrollado.
La tecnificación del campo y la incorporación de modernos medios de producción hacen que se reduzca la tasa de empleo en el sector agrícola, pero existe la actividad manufacturara de las maquiladoras que han introducido un nuevo tipo de trabajo domiciliario que sustituye los problemas de ingresos e incrementa una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo, donde realmente existe un elevado crecimiento poblacional.
Los pequeños talleres domiciliarios que se dedican fundamentalmente a la maquila en estados como Tlaxcala, Puebla, Morelos, Toluca, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Michoacán, se han convertido en una alternativa real de sobrevivencia y retención poblacional, aunado a lo anterior se han intensificado los programas de planificación familiar.
La relación entre la economía doméstica de las zonas rurales, las maquiladoras y la inversión de capitales golondrinos en determinadas áreas productivas, que incitan un factor de especulación mayor, con bajos riesgos para la inversión, ha originado cambios en el entorno rural y la forma de vida de la población rural, tanto en el centro del país como en sus fronteras.
No obstante es increible el deterioro de los salarios reales, que se usan como un contenedor de la inflación y las tendencias de incremento en el tipo de cambio del peso frente al dólar. En suma el crecimiento económico del país se basa en la inversión privada de las grandes empresas maquiladoras extranjeras, estas generan alta productividad industrial, magros salarios y gigantescas ganancias para este sector económico.
H).- Vivienda y ahorro.
Mientras no se fortalezca el ahorro dirigido para la vivienda, el déficit de en este rubro no será resuelto. Más allá del impacto global que puede representar la salida repentina de capitales especulativos, nos encontramos con un sistema de gobierno que no sabe fundarse en la generación de propios recursos. Tras la crisis de 1994 y los desastres naturales de estos últimos años, el pago de la deuda tanto interna como externa, así como el fondo de rescate a los bancos (IPAB), la población se encuentra sin liquidez. La falta de recursos destinados al ahorro explica la carencia de vivienda de amplios sectores de la población y el deterioro de la calidad de vida en las zonas marginales urbanas y las poblaciones rurales. De igual forma es muy lenta la recuperación del mercado inmobiliario.
Al momento de medir la capacidad de pago del enganche nos encontramos con que la capacidad de liquidez no llega ni al 25% del ahorro requerido, sin sumar los gastos notariales y bancarios que conlleva la compra de una casa. Ante esta situación y la creciente vigilancia de la banca para que el comprador pague enganches reales, no diferidos ni financiados por el promotor del inmueble, el número de ventas efectivas resulta ser raquítico.
Para solucionar esta situación se han adoptado estrategias con base a esquemas de ahorro más flexibles para la compra de vivienda. El más socorrido es la venta del terreno, que actúa como garantía, sobre el cual se construirá posteriormente la casa. Lo más innovador que se ha instrumentado es el establecimiento de un fideicomiso de ahorro para el enganche, con tasas de interés elevadas y garantizadas.
Otras medidas adoptadas por las financieras es el programa de arrendamiento con opción a compra del bien inmueble arrendado, como medio de acumular ahorro para el enganche, esta modalidad también se ha adoptado en la compra de autos, que ya se observó es segura y redituable en la compra de flotillas para empresas privadas, y ahora se pretende experimentar en la compra de casas. Sin embargo estas opciones son aisladas y finalmente carecen de sinergia que pueda ofrecer una estrategia global de ahorro entre las familias de escasos recursos económicos.
Un análisis del Grupo de Economistas Asociados (GEA) revela que para satisfacer la demanda de vivienda en los próximos 17 años implicará construir 18 millones de unidades habitacionales, de acuerdo con estimaciones que indican que la población de entre 25 y 50 años hacia el año 2010, representará el 40% de la población total. Se considera, en los estudios realizados sobre proyecciones del mercado inmobiliario que este segmento de población es el de mayor demanda de vivienda.
Ante esta situación organismos como FOVI e INFONAVIT deberán incrementar por lo menos en un 70% su financiamiento conjunto, pues casi la totalidad de la población de ese segmento percibe ingresos de entre 2 y 3.5 salarios mínimos que le impiden la posibilidad de acceder a un crédito bancario, pero también se ven imposibilitados para ahorrar.
El estudio indica que el 23% del mercado potencial se concentrará en las áreas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey. En cuanto al tipo de vivienda de mayor demanda será el 88% para vivienda mínima (pie de casa); 7% para vivienda de interés social y 5% para vivienda media o residencial.
TIPOS DE VIVIENDA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO POTENCIAL.
LOCALIDADES
Mínima
Interés Social
Económica
Media
Residencial
TOTAL:
CD. DE MÉXICO
72,740
65,280
27,977
13,056
7,460
186,513
GUADALAJARA
14,350
12,878
5,519
2,576
1,472
35,796
MONTERREY
13,745
12,336
5,287
2,467
1,410
35,245
SUB TOTAL
100,835
90,494
38,783
18,098
10,341
258,554
RESTO/PAÍS.
551,840
97,069
26,262
14,513
4,086
693,770
MERCADO POTENCIAL
773,690
773,690
79,456
39,733
17,659
1 137,909
Fuente: URBIDATA INFORMATIVO, elaborado con base en información de INEGI y SOFTEC. 1997.
I).- La problemática en la construcción de vivienda media y residencial.
La construcción de vivienda media y residencial en México es un mercado valuado en 11 millones de dólares que se perdió con el estallido de la crisis de 1994, al renunciar la banca y financieras inmobiliarias a otorgar créditos[16]. Las nuevas viviendas se edifican a cuentagotas, el negocio está congelado tras la quiebra del sistema bancario.
De acuerdo con datos proporcionados por el director de finanzas de ARA Donald Forsek; Eustaquio de Nicolás, de PICSA y Carlos Payro de PROVICAC, en el año de 1999 no se edificarán más allá de 15 mil nuevas casas de este tipo a lo largo y ancho del territorio nacional, debido a que los bancos cerraron la llave de financiamiento.
El desplome en la construcción de casas habitación es dramático advierten, mientras que en 1994 el financiamiento privado a ese sector era de 15 mil millones, de los cuales 11 millones, es decir el 75 por ciento, era para la de tipo medio y residencial; para 1999 la masa de recursos a la construcción de vivienda de este tipo, apenas llegó a los cinco mil millones de dólares y los recursos provienen de organismos públicos como FOVI, INFONAVIT, FOVISSSTE y otros organismos, sólo financian viviendas de interés social.
Hasta la fecha de acuerdo con PROVIVAC, la banca sólo ha financiado en operaciones muy exclusivas al rededor de 200 casas habitación de tipo medio y residencial. El resto de las operaciones de construcción lo hacen pequeñas empresas inmobiliarias con cinco a 20 casas y están pulverizadas en todo el país.
En 1994 ARA construyó tres mil 540 casas, de las cuales alrededor de mil 300 correspondían a ese segmento. Para 1999, el grupo ARA sólo construyó 800 de tipo medio y 150 de tipo residencial, bajo financiamiento de un banco a corto plazo: 35 por ciento de enganche, 35 por ciento de contado y 30 por ciento a pagar en 12 y 18 meses. El costo de los inmuebles va de los 500 a un millón de pesos.
El despacho de consultoría SOFTEC considera que le mercado de vivienda media y residencial se va a seguir desarrollando en operaciones al “cash” y será un mercado muy delgado. Lo que puede representar unos 20 mil millones de dólares en los próximos años por el potencial que tiene y los compradores que se sumarán en busca de una vivienda. PICSA consideró que a mediano plazo no habrá un repunte importante del mercado de vivienda media y residencial.
J).- La competencia de consorcios inmobiliarios en materia de vivienda.
La empresa HOMEX especializada en micro colonias anunció estrategias agresivas con una proyección de capital por 12,5 millones de dólares por parte de su socio capitalista ZN México, un fondo de capital de riesgo financiado por familias ricas de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los Rockefeller.
Esta asociación ocupa el quinto lugar en el mercado inmobiliario nacional de desarrollos de vivienda de interés social en el nivel medio bajo que corresponde a 2.5 salarios mínimos.
La compañía se enfoca a las ciudades medias y pequeñas, tiene en su haber 15 mil viviendas construidas y entregadas a la fecha. De hecho levanta microcolonias donde incluyen infraestructura iglesias, escuelas y servicios básicos. Es líder en el país en la colocación de los recursos del programa de subsidio y ahorro para la vivienda PROSAVI, que impulsa el FOVI desde 1998, para apoyar a las familias con ingresos de dos mil a 500 pesos mensuales, para que obtengan una vivienda.
Según estimaciones la construcción de vivienda de interés social en el 2000 fue del 15 por ciento, pero HOMEX prevé un crecimiento superior al 25 por ciento al edificar 8 mil casa-habitación. El valor de las viviendas construidas por HOMEX oscila entre los cien mil y 130 mil pesos, con un promedio de construcción de 45 metros cuadrados, en un terreno de cien metros cuadrados. Las casas se levantan en un tiempo récord de cuatro a cinco semanas. La construcción es modular, lo que permite al propietario ampliar su vivienda.
Por su parte, el consorcio ARA[17] apuesta a su proyecto de ampliar su reserva territorial con adquisiciones de contado en lugares estratégicamente seleccionados por su potencial de crecimiento urbano, endilgándose las tierras de los campesinos empobrecidos.
Este desarrollador tiene la mayor reserva territorial propia entre las empresas listadas en bolsa y el nivel de compromisos de hipotecas es suficiente para sostener por un año y medio las ventas futuras, ya que el backlog de la empresa alcanzó las 17 mil 254 unidades. El Consorcio ARA es dueño al 100 por ciento de reserva territorial suficiente para construir y vender 66 mil 180 casas equivalente a 84 mil 941 casas de interés social.
El crecimiento de sus ingresos, medidos en los volúmenes totales, fue de 43.1 por ciento; en el tercer trimestre de 1999 destacó el crecimiento con INFONAVIT del 57. 2 por ciento, el FIVI con 25.9 por ciento, y el segmento medio con 290.0 por ciento.
El INFONAVIT participó con el 43.6 por ciento de los ingresos, el FOVI con el 32.6 por ciento, y el segmento de interés medio con el 11.5 por ciento. La fuerte dinámica del segmento medio se explica por la nueva vivienda B3 del FIVI, y el programa hipotecario de ARA con diversos bancos.
K).- Vislumbrado el futuro.
El futuro para las empresas del sector construcción es muy promisorio debido a las necesidades de vivienda en el país, debido a la continuidad del modelo económico, tras las recientes elecciones del pasado dos de julio de 2006. y a que el déficit es de más de siete millones de viviendas, lo que produce una demanda anual superior a las seis mil unidades.
La presión de la demanda de vivienda se analiza a partir de un estudio sobre la pirámide de edades de la población mexicana, ya que el 75% de ella es menor a 35 años, siendo los compradores típicos los matrimonios con y sin hijos, de entre 25 y 50 años, lo cual asegura que la demanda siga creciendo en años posteriores.
Otro aspecto que favorece a las empresas constructoras de vivienda de interés social, como el consorcio ARA, es que en el país existe cuenta con una población económicamente activa de más o menos 50 millones de la cual el 54.7 por ciento, tiene como ingreso entre uno y cinco salarios mínimos, nicho donde se ubica la mayor necesidad de vivienda, en tanto que es favorable el crecimiento de créditos hipotecarios para los próximos cinco años, el cual será del 10 por ciento, de acuerdo con datos del INFONAVIT.
Una de las características de ARA es que la empresa refleja su capacidad de financiar internamente su crecimiento sin tener que recurrir a fuertes endeudamientos, de esta forma la vivienda de interés social que comercializa, sigue siendo la de mayor precio y mejor valor del mercado, lo que ha permitido los mayores márgenes de ganancia en la competida industria de la construcción. Por otra parte los gastos generales y de administración como porcentaje de ventas fueron de 7.2%. Durante el tercer trimestre los gastos ascendieron a 47.6 millones de pesos, estos incluyen 1.3 millones erogados para establecer los procesos y la tecnología necesaria que se desarrolló en el año 2000.
En cambio para la población rural se vislumbra un futuro incierto caracterizado por profundos cambios en su forma y calidad de vida. Las diferencias sociales se abren cada vez más. Existe cada vez una mayor tendencia a la marginación y la pauperización de amplias zonas rurales, cada 24 horas mueren 350 mexicanos, niños en su mayoría, por hambre o desnutrición, mientras que el número de compatriotas que no obtienen un ingreso económico suficiente pasó del 49.7 al 56.1 por ciento del total de la población en los últimos cinco años[18]. En tanto que en las zonas urbanas el número de indigentes que habita las ciudades se duplicó, pasando de 8.26 millones en 1994 a 16.68 millones en 1999[19], es decir, en sólo cinco años aumentó el total de pobres en 8.42 millones.
INCIDENCIA MARGINAL DE LA POBREZA URBANA (38 CIUDADES) 1994-1999.
CONCEPTO
1994
(a)
1999
(b)
AUMENTO
1994-1999.
(c)
INDIGENCIA MARGINAL
(b) = (c)/6.82
Indigentes
8.26
16.68
82.42
123.5%
Pobres no indigentes
11.04
13.26
2.22
32.6%
Suma de pobres
19.30
29.94
10.64
156.0%
Población.
36.98
43.80
6.82
Fuente: Julio Boltvinik. Fábrica de pobres. La Jornada 14 de julio de 2000.
Para el presente sexenio que termina en este año 2006 no se pueden estimar los reales índices de pobreza registrados en el país debido a que se cambiaron los indicadores con que se medían y el método con que se realizó el estudio para medir la pobreza tiene infinidad de errores (ver BOLTVINIK 2006, 26). Sin embargo el citado autor sostiene que el 81.3 por ciento de la personas vive en hogares pobres, que el gobierno foxista fue un desastre en la generación de empleos y el desempeño de la economía fue mediocre.
En efecto, el producto interno por habitante (PIB) sólo creció a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 0.1 por ciento, lo que habla de otro sexenio perdido[20]. De los 7.5 millones de empleos prometidos, la política de empleo de Fox sólo alcanzó a generar 1.1 millones, lo que significa que cerca de 5 millones de la población económicamente activa del país o emigraron o fueron a engrosar la economía informal o son desempleados actualmente[21].
L).- De la utopía de la ciudad moderna a la meta-posmodernidad de la ciudad.
Los cambios postrevolucionarios promovieron la utopía de que el país pronto alcanzaría la modernidad, sobre todo después de la Segunda Guerra, es en ese contexto que se ubica la obra de Mario Pani, que inicia su práctica profesional en la década de los treinta.
Luego de las crisis recurrentes del capitalismo, el modelo económico keinesiano establece las bases para la intervención del Estado como instrumento de regulación en la economía, el Estado mexicano se orienta a proteger los intereses económicos de la
Foto 1. Torres de Tlatelolco. burguesía y empresarios locales, con la finalidad de propiciar el crecimiento en áreas que son incentivadas por el gobierno, el excesivo proteccionismo a favor de los empresarios privados, generó apatía de estos en virtud del mercado cautivo, que posteriormente se manifestó un profundo atraso, sobre todo cuando se le exigió a las empresas nacionales que compitieran, luego de la apertura del mercado debido al proceso de integración económica producto del modelo neoliberal.
En este contexto las obras de Mario Pani incursionan en el campo arquitectónico como promotor, diseñador y constructor, respondiendo al proceso modernizador adoptado como caballo de batalla por los distintos regímenes postrevolucionarios. La propuesta de Pani conjuntó el muralismo[22], la escultura y la arquitectura en un solo proyecto, es decir, una concepción espacial que incluía la satisfacción de necesidades y aplicación de nuevas tecnologías simultáneamente. Sus proyectos eran diseños de grandes espacios exteriores para la inserción de esculturas o paramentos para el muralismo, o bien para tratamiento de materiales autóctonos que fueron, en su tiempo, una aportación valiosa al hecho arquitectónico, por ejemplo, utilizó muros divisorios movibles en los diseños tipo de vivienda urbana.
La actividad de Pani se refleja, en primera instancia, en sus investigaciones, centradas en la solución de necesidades vinculadas al máximo beneficio de los habitantes. Proyectó un nuevo modelo de ciudad que apuntaba al porvenir; y en segunda instancia, en diversas comisiones regionales que logró concentrar para la elaboración planes urbanísticos maestros como: El Puerto de Acapulco, Ciudad Universitaria y ciudad Satélite.
Mario Pani es el primer constructor de un multifamiliar en condominio. Asumiendo una postura funcionalista dentro de la arquitectura al proponer dos prototipos: el primero constituido por las supermanzanas para racionalizar el crecimiento de las ciudades; y el segundo compuesto por bloques habitacionales concentradores de vivienda donde se pone énfasis en las áreas ajardinadas, servicios y comercios.
El primer tipo, las supermanzanas, ubicadas en la zona periférica de la ciudad, son áreas de gran magnitud, principalmente residenciales, (aproximadamente, 1/4 de milla y perimetralmente una milla –267 y 1609 metros, respectivamente–), subdivididas para generar calles cerradas, agrupando y ordenando predios de distintas áreas, para diferentes tipos de vivienda; otras corresponden a los conjuntos comerciales, escolares, deportivos y cívico—administrativos, a los cuales, concurren los moradores con mayor o menor frecuencia para satisfacer esas funciones complementarias; entre estas zonas se intercalan áreas verdes y arboladas. Es evidente, que la planeación privilegia el uso del automóvil cuyo mercado de consumo era creciente. En la zona habitacional, hay preferencia a la escala humana, debido a que son casas unifamiliares, máximo de dos niveles cuyos recorridos internos pueden hacerse a pie por los andadores; y así, evitar cruces con el tránsito vehicular.
El segundo tipo, bloques de vivienda, son edificios altos para multifamiliares y están insertados como (isla) en el área central de la ciudad, inicialmente, destinados del sector obrero o empleados de gobierno con pocos miembros (departamentos de 1 o 2 recámaras). Dichos “rascacielos” están diseñados con establecimientos comerciales para atender las necesidades inmediatas de sus moradores, es decir, alimentación y servicios domésticos. Dada su ubicación, son espacios pequeños; sin embargo cuenta con áreas libres destinando una parte importante a estacionamiento; y la restante, a usos públicos zonificados en juegos para niños, paseo y esparcimiento para adultos y ancianos; por último, para práctica de deportes, conformadas con andadores ajardinados y arbolados, cuyo propósito fundamental es propiciar la convivencia social, por ello, los edificios no cuentan con patios interiores. La disposición de los edificios en el conjunto, debe cumplir, un buen asoleamiento y aireación, con vistas exteriores a los parques, recorridos internos cortos, y construcción standarizada. En la zona central de estos bloques de vivienda se localizan módulos destinados para las actividades escolares, culturales y de asistencia.
Una crítica al proyecto modernizador de Mario Foto 2. Ciudad Satélite Pani, tendría que considerar al menos los siguientes enfoques que considero pertinentes:
a) Con respecto a las supermanzanas, ejemplificadas en Ciudad Satélite, fue una urbanización que no estuvo encadenada a las condiciones políticas y económicas nacionales –centralismo–, no se previó a largo plazo el crecimiento poblacional y la expansión de las actividades productivas, entre el Distrito Federal y el Estado de México para controlar el crecimiento y por ende, Ciudad Satélite generó la carrera especulativa y se convirtió en pivote para la anexión yuxtapuesta y anárquica de zonas industriales y habitacionales de bajos estratos, marginales y periféricos a la Ciudad de México, originándose la conurbación cuyos problemas son exacerbados por los medios e infraestructura de comunicación que privilegian el uso del automóvil y obstaculizan el crecimiento controlado, es decir se llegó muy pronto a la posmodernidad, donde todo es obsoleto y caótico. Para solucionar este fenómeno ahora deben hacerse ajustes a través de medios de transporte colectivo, multimodal y periférico.
b) La visión urbanista del funcionalismo fue miope, ya que suponía que el habitante se quedaría en un sólo sitio donde se podría habitar, trabajar y recrearse, pero las condiciones económicas del capitalismo, exigen desplazarse a grandes distancias donde existe demanda de trabajo, donde uno puede pagar la vivienda barata o rentarla o bien, donde se promete mayor seguridad modificado la escala de la vida cotidiana.
c) Con respecto a los bloques habitacionales, ejemplificado con la Unidad Tlaltelolco, que tenemos como caso de estudio, sucede algo semejante, pues la intención era erradicar los tugurios que acordonaban y aprisionaban la Ciudad, para sustituirlos por vivienda popular que satisficieran las necesidades de los Foto 3. Plaza de Tlatelolco habitantes “modernos”; sin embargo, se liberó espacio que fue propicio para los intereses capitalistas reflejados en la especulación inmobiliaria, cuyo impacto ha sido devastador, debido al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que originó sin estar preparados, que de repente la economía entrara de lleno a la competencia abierta del mercado global, generado un mayor deterioro del poder adquisitivo de as familias de clase media que habitaban la zona, empleados de gobierno y obreros, que bajaron a niveles de subsistencia, pocos fueron los que lograron ascender a un nivel de ingresos mayor, de tal forma que la calidad de vida prometida para los habitantes de Tlatelolco se fue abajo, a tal grado que en la actualidad, es considerada una zona marginal en permanente conflicto.
d) Luego de los sismos del 19 y 20 de septiembre 1985, muchos de los habitantes originales de dicha unidad huyeron a la periferia, y se generó un movimiento inquilinario de los que rentaban los cuartos de azotea, que demandó vivienda y fue participe de los cambios políticos que se dieron en 1989, tendientes a una mayor democratización del régimen político. La experiencia de los sismos propició formas autogestivas para la adquisición de vivienda, que dieron al traste con las medidas y paliativos instrumentados por el gobierno en sus programas de fase I y fase II para la reconstrucción de la ciudad.
En la actualidad el Distrito Federal contiene menor número de población que los municipios conurbados; por lo que, las políticas del gobierno del Distrito Federal[23] pretenden promover la redensificación poblacional a través de la oferta de vivienda en algunas delegaciones. Esta estrategia de ocupación está basada en criterios superficiales como el supuesto de que algunas colonias de la ciudad cuentan con todos los servicios, como es el caso del centro, lo cual no es enteramente cierto. En términos generales, lo que se buscó fue alentar la inversión y especulación inmobiliaria con fines políticos electorales. Por un lado, se coquetea con la industria de la construcción y prestadores de servicios, para apoyo a las candidaturas del partido en el gobierno (PRD), de igual manera se genera una oferta de trabajo temporal en la rama de la construcción, con lo que se incrementan los indicadores del empleo y por otra parte, se cooptan los movimientos y organizaciones que demandan vivienda y servicios de urbanización.
En la Ciudad de México, lo movilidad física es un problema que no provee la autonomía reclamada por la población, sólo un pequeño sector, privilegiado, puede vivir realmente en condiciones de confort. Ciudades como la de México, reflejan las grandes disparidades y paradojas del capitalismo, es decir, existen habitantes que sí viven y están entronizados en la modernidad, mientras la mayoría de sus habitantes sufre la pandemia de una ciudad enferma y colapsada, lo cual hace que se polaricen y agranden las diferencias de clase exacerbado los conflictos al límite.
Las familias que actualmente viven en la Unidad Habitacional de Tlateloclco, objeto de nuestro estudio, se encuentran en condiciones precarias y de exclusión, contrario a lo esperado por Mario Pani, por ello es que podemos hablar del fracaso de la modernidad del modelo capitalista mexicano. La mayoría de la población de Tlatelolco vive una creciente desigualdad social y por ende, se observa un deterioro de las condiciones de vida.
Este deterioro se puede analizar en tres aspectos sobresalientes: (a) terciarización informal, (b) acceso a la cultura e información; y, (c) acceso a los servicios urbanos.
a) El predominio de las actividades terciarias, ha originado no sólo que buena parte de la población que habita la unidad obtenga sus ingresos como prestadores de servicios, sino que muchos de ellos rentan sus departamentos como bodegas a los comerciantes de Tepito. Este fenómeno se asocia con el impulso de sobrevivencia del segmento no privilegiado que demanda empleo y no lo encuentra en los sectores formales de la economía, por ende, provoca la proliferación de los micro-negocios o el trabajo por cuenta propia (de baja productividad, inestables, carentes de prestaciones sociales), siendo la más extendida, el comercio en la vía pública (comercio informal). Por lo tanto, estamos hablando de un problema de terciarización, donde se entremezclan servicios superiores con una economía informal precaria, repercutiendo, en un mayor deterioro social y material, del entorno urbano, de la absorción y la destrucción indiscriminada de las áreas destinadas para la habitabilidad, la prestación de servicios culturales, educativos y de salud y la recreación.
b) El segundo punto es, el consumo desigual de cultura y de información, cuyas causas son los servicios privados que favorecen la individualización y el consumo conspicuo, sus efectos son: la fragmentación del tejido social, donde el uso de los espacios de convivencia son nulificados por el aislamiento, la privatización, el egoísmo. Esto se observa principalmente en la alteración de la morfología arquitectónica y en la disfuncionalidad de las formas de uso del espacio. La sala se convierte en un lugar de no estar a menos que exista una o varias televisiones, entonces el tiempo de estar es repartido por horas, en la tarde se ven telenovelas, después de las seis la sala es ocupada por el jefe de familia y los demás miembros desaparecen, así, la recámara para los otros integrantes de la familia es polifuncional, es comedor, cuarto de trabajo o de recreación. El baño es insuficiente si la familia se compone de más de cuatro personas, si es menor, se renta una recámara o bien el cuarto de azotea, no existe convivencia con los vecinos y pocos son los que se preocupan por los problemas condominales, existe una exacerbada apatía cuando se trata de solución de problemas graves que afectan al edificio.
c) El acceso a los servicios urbanos (infraestructura, equipamiento urbano), elemento importante del proceso productivo de las ciudades y de la satisfacción de las necesidades de sus habitantes ha sido rebasado, o bien es obsoleto. Los servicios urbanos nunca han sido subsanados plenamente, por el contrario, se evidencia un retroceso en su cantidad, calidad y equidad, aunado al rezago histórico y obsolescencia de las mismas que sólo han sido modernizadas en las zonas destinadas a los (megaproyectos urbanos) que satisfacen las necesidades empresariales y de los sectores de altos ingresos.
Tlatelolco vive la insatisfacción de los servicios y la insuficiencia en la infraestructura, con más de treinta años de haberse construido, ahora enfrenta el deterioro del tiempo, siendo que fue un modelo de la modernidad, esto guarda relación directa con el alejamiento de la responsabilidad social del Estado traducido en menos inversiones, en la reorientación de los escasos recursos asignados, en el abasto inoportuno, insuficiente y de dudosa calidad de los servicios, en la atomización y descoordinación de instituciones gubernamentales y en la entrega cada vez mayor de varios de estos rubros a la iniciativa privada. Como es el caso de los Ferrocarriles, el gas y el transporte urbano que se entregó a empresarios privados.
Actualmente se construye un puente que servirá como libramiento de las vías del tren abandonadas, en la avenida Ricardo Flores Magón. Esto en respuesta al proyecto de tren suburbano que impulsan los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal para conectar la zona norte de la periferia. El problema del transporte urbano sigue siendo dramático, caro y malo, por lo que se privilegia el uso y consumo de autos.
Consecuentemente, los problemas se hacen más complejos, sobresaliendo, el transporte que ha experimentado un crecimiento descontrolado en todas las modalidades a tal grado que la infraestructura vial se encuentra saturada lo que genera bajas velocidades que producen enormes pérdidas de horas hombre, contaminación y desgaste de la vida útil de transporte, así como accidentes producto del estrés, el cansancio, el mal estado de los vehículos, la imprudencia y la falta de una cultura de manejo civilizado, por lo tanto, una profunda declinación de la productividad urbana y un alto índice de contaminación. Por ejemplo, durante las manifestaciones de los Adherentes a la Otra Campaña por la represión del gobierno federal y del Estado de México contra la población de San Salvador Atenco y los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Gobierno de la Ciudad desplegó con gran alarde sus fuerzas de represión para evitar el cierre de vialidades, sin embargo el problema de los congestionamientos se dio, y este se achacó al Subcomandante Insurgente Marcos y sus “simpatizantes”. Cuando el candidato frustrado a la presidencia del partido gobernante de la ciudad Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes provenientes de varias partes del país bloqueó Reforma y el Zócalo, el problema de circulación vial siguió y toda la culpa la cargaron los manifestantes, “que ocasionaron además pérdidas millonarias a los comerciantes del centro histórico y desempleo”. Pobres ahora estiman que tardarán en recuperarse de sus pérdidas más de cuatro años, ¡que lástima! Cuando se sabe que el pueblo de México tardará en recuperase del quebranto bancario más de setenta años. Ahora los responsables de la contaminación y el tráfico a menos de 10 kilómetros por hora son los maestros de Oaxaca y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Para las buenas conciencias citadinas siempre habrá un “chivo expiatorio” para sus males de congestión vial, pero nunca se asumirán como los propios responsables del caos por la propia utilización intensiva del automóvil.
La problemática de la vivienda y el despoblamiento de la zona central de la ciudad, así como las calles y avenidas que se convierten en verdaderos estacionamientos son producto de la terciarización económica. La propuesta del actual gobierno de la ciudad, de los dobles pisos y la denominada “redensificación”, que promueve incentivos a la industria de la construcción, pero principalmente, el área más importante es la de edificación de condominios y multifamiliares, este programa pretende la revitalización de las zonas centrales, entremezclando población modesta con gente acomodada para generar sociabilidad y adaptabilidad local, el programa tiene otra problemática, debido a que los conjuntos habitacionales con alta densidad, como se ha visto a novel nacional y mundial. Sus características básicas es que generan hacia el interior la construcción de mini-ciudades o ghettos, es decir segregación, y una actitud de no incorporación al entorno circundante, en este sentido la propuesta de un México unido, como proponen los empresarios y el actual gobierno del hijo de españoles Felipe Calderón, se devela como una utopía más de la modernidad, cuya propuesta pretende se alcance, según su plan “México 2030”, es decir treinta años más de mal gobierno, cimentado en la pobreza.
Lo que debe reinventarse es la continuidad-discontinua, es decir, partir de la
premisa que la mayoría de la población tanto del Distrito Federal como del Estado de México, no nacieron, ni crecieron en estos lugares por lo que, se puede afirmar que algunos sectores nunca se han identificado con sus vecinos o sienten apego al lugar donde viven y sólo se preocupan por sus propios intereses, que se contraponen con la población que sí creció y está arraigada en estos lugares, por lo que están más preocupados, en cierta forma de su entorno que les asegura una continuidad a su modo de vida, cuya identificación es a través de vivir los espacios públicos cotidianos que no tienen un valor artístico e histórico para que sean Plano de la Unidad Habitacional Tlatelolco. SINCE 2000.
considerados patrimonio histórico-cultural y por tanto, se pugne el respeto de estos sitios. Empero, es precisamente en estos lugares cotidianos donde la gente aprende a tener arraigo, a reconocerse y tratar de mantener lazos sutiles de solidaridad. Por esto, es cuestionable la inserción de unidades habitacionales en condominio y multifamiliares como el de Tlatelolco, pues generarán segregación y marginación social.
M).- Conclusiones.
Actualmente, México y el mundo se encuentran en la era del capitalismo de la información y la comunicación global que repercute en el conocimiento científico y tecnológico a partir de estas premisas puede deducirse lo siguiente:
1) La sociedad capitalista se fundamenta el binomio dominantes/dominados por lo que, los países o grupos poseedores del conocimiento serán aquellos que tengan el control de la sociedad global, imponiendo y marcando la ruta a seguir, es decir, cuál es el conocimiento relevante que debemos aprender, cuáles son las noticias que debemos ver, a dónde viajar (si se puede), cuáles son las actividades primordiales, cómo vivir, qué producir, etcétera.
2) En los países subdesarrollados sólo son réplica –y de mala calidad– de los patrones socio-espaciales de las ciudades hipermodernas.
3) El Hipercentro y la periferia para la creación de policentros metropolitanos en países subdesarrollados trastocan la economía centralista y dependiente del centro-mundo generando nuevas formas de desintegración.
4) En los países subdesarrollados la alienación económica restringe el papel del Estado a ser sólo promotor de la gestión urbana; y por ende, ha dejado a un lado demandas sociales, ni siquiera puede decirse que sea un administrador del conflicto social permanente.
5) Las tecnologías de información y comunicación, punto nodal de la modernidad en las ciudades modernas de los países desarrollados, no corresponde a la realidad observada en los países con bajo crecimiento económico, ya que son meros consumidores de la chatarra cibernética de los países centrales, los productos obsoletos o de desecho de las economías centrales son adquiridas como productos ultramodernos a muy alto costo, debido fundamentalmente a que nuestra economía es incapaz de generarlos.
6) El país en crecimiento que deja la actual administración foxista corresponde a una realidad virtual, porque en efecto, no hay crecimiento económico, hay una tasa de desempleo muy alta, no hay aumentos salariales, no existen las suficientes casas para satisfacer las demandas, en suma, los avances son virtuales en un país virtual, no real.
Es necesario recuperar la historia viva de los espacios públicos, de los hitos urbanos comunes pues son importantes para una cohesión en la comunidad, generando conciencia de sus derechos ciudadanos basados en la participación democrática en la toma de decisiones, pero también de sus obligaciones civiles que corresponde a las reglas de desempeño y control ciudadano de las funciones públicas, donde los habitantes deben definir lo que necesitan y requieren, mientras que el Estado deberá tener más competencia para cumplir las demandas sociales, esto es lo que se ha dado en llamar “urbanismo voluntario”.
La construcción de vivienda es el detonador de gran impacto económico en casi 40 ramas productivas ligadas a la construcción; asimismo cada vivienda construida implica la generación de tres a cinco empleos directos y cerca de diez empleos indirectos, por lo que la construcción de vivienda además de solucionar una carencia tiene un gran peso en la generación de empleos y en el desarrollo económico del país.
Esto hace que el interés del sector financiero, el crecimiento de los intermediarios, las grandes compañías constructoras, los grandes consorcios inmobiliarios, los contratistas privados y las instituciones de fomento a la vivienda así como los organismos financieros, compitan por una mejor posición en esta rama de la producción.
El otorgamiento de créditos para la vivienda esta aparejado con el incremento del ritmo de edificación de casas, es el resultado de una mejor “coordinación” entre las instituciones del Estado y las empresas constructoras más importantes del país. Pero el modelo actual favorece más a estas que al destinatario final, por lo tanto, se requiere mayor impulso y apoyo a las formas autogestivas y autogeneradores de vivienda para los más necesitados, esto significa reorientar la política hacia un desarrollo más equitativo en los puntos más sensibles: educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social
Lo inadecuado de los proyectos alternativos de vivienda como la autoconstrucción, casa autónoma popular, vivienda de interés social, invasiones, vecindad propositiva, etcétera, tiene que ver con las limitaciones económicas de la población y con una legislación obsoleta que tiende a prohibir, más que generar espacios de libertad y conviviencia social.
La vivienda es una mercancía y se inserta en el mercado en condiciones de intercambio desigual, que se agrava con las desventajas para amplios sectores de la población demandante, en los planos económico, jurídico y político, por lo tanto, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y confort, es decir calidad de vida, dependerá no sólo del tamaño de la vivienda, el número de cuartos, en relación con el número de personas que la habitan, el estado general físico de la construcción, los servicios disponibles y la calidad de los espacios, sino también y principalmente con las posibilidades reales de un mayor ingreso, mejor trabajo y oportunidad de acceso a los planes de financiamiento, donde se facilite la autogestión y organización civil basada en los principios de autonomía y reciprocidad social, para ello es necesario eliminar la intermediación que realizan empresas gestoras para la adquisición de créditos o de vivienda, se deben eliminar por completo las trabas burocráticas, con la aplicación de acciones reguladoras más flexibles y compatibles con las necesidades sociales, no las del mercado.
N).-Anexo estadístico.
En la unidad habitacional de Tlatelolco de acuerdo con datos de INEGI se registran 24 Agebs como se muestra en la siguiente tabla que dividimos en tres partes, en la columna de totales la población registrada es de 28 522 habitantes.
ESTADÍSTICAS POR AGEBS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE TLATELOLCO. CD. DE MÉXICO D.F.
AGEBS
019-9
020-1
021-6
022-0
023-5
024-A
026-9
027-3
028-8
Población Total
551
1761
1588
983
1501
1300
1366
664
321
Población Masculina
244
794
736
434
686
584
647
296
161
Población Femenina
307
967
852
549
815
716
719
368
160
Hogares con Jefatura. Masculina
104
333
302
184
294
269
297
135
63
Hogares con Jefatura Femenina
76
229
191
138
200
157
162
86
28
Pob. En hog. Con Jefa. Masc.
362
1109
1030
607
942
900
944
438
222
Pob. En hog. Con Jefa. Fem
181
568
502
364
615
380
402
214
83
AGEBS
029-2
030-5
031-A
032-4
036-2
037-7
038-1
039-6
040-9
Población Total
1722
166
1509
797
1566
1237
1480
492
1514
Población Masculina
773
781
700
379
764
562
721
228
703
Población Femenina
949
885
809
418
802
675
759
264
811
Hogares con Jefatura. Masculina
342
342
312
155
327
249
304
109
291
Hogares con Jefatura Femenina
256
193
190
105
171
142
155
57
208
Pob. En hog. Con Jefa. Masc.
1045
1119
980
496
1074
851
1000
347
921
Pob. En hog. Con Jefa. Fem
637
527
502
364
615
380
402
214
83
AGEBS
041-3
042-8
043-2
044-7
045-1
TOTAL
Población Total
277
2071
3281
1602
597
28522
Población Masculina
131
922
1534
748
280
13146
Población Femenina
146
1149
1747
854
317
15376
Hogares con Jefatura. Masculina
52
363
809
338
139
5837
Hogares con Jefatura Femenina
30
286
398
177
77
3581
Pob. En hog. Con Jefa. Masc.
174
1272
2423
1101
387
18817
Pob. En hog. Con Jefa. Fem
103
779
846
445
186
9086
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS. Datos del 2000.
De la población total 13,146 son hombres y 15,376 son mujeres, es decir el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres, esto es una relación de 1.7 mujeres por hombre.
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS, datos del 2000.
La gráfica de hogares con jefatura masculina y jefatura femenina indica que existe un predominio de hogares con jefatura masculina, como puede observarse en la siguiente gráfica.
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS datos del 2000.
MIEMBROS POR FAMILIA Y POR AGEBS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE TLATELOLCO. CD. DE MÉXICO D.F.
Miem. Por familia jefa Masc.
3,5
3,3
3,4
3,3
3,2
3,3
2,9
3,2
3,2
3,5
3,1
3,3
Miem. Por familia jefa Fem.
2,4
2,5
2,6
2,6
3,1
2,4
2,4
2,5
2,5
3.0
2,5
2,7
Miem. Por familia jefa Masc.
3,1
3,2
3,3
3,4
3,3
3,2
3,3
3,5
3,0
3,3
2,8
3.2
Miem. Por familia jefa Fem.
2,4
2,6
2,6
2,6
2,4
2,6
3,4
2,7
2,1
2,5
2,4
2.5
Elaboró Ignacio Rabía tomando datos del INEGI por AGEBS datos del 2000.
En esta gráfica puede observarse que existe un mayor número de miembros por familia, en las jefaturas masculinas, con respecto a las jefaturas femeninas. El promedio de miembros por familia con jefatura masculina es de 3.2 miembros, en tanto que el promedio de miembros por familia con jefatura femenina es de 2.5 miembros. Esto refleja que la familia es nuclear, típica de una condición de vida urbana.
FUENTES DE INFORMACIÓN.
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CENSO DE POBLACIÓN Sistema de Consulta de Información Nacional 2000. INEGI. Correspondiente a las AGEBs de Tlatelolco.
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[1] Actualmente el sector de la construcción, de vivienda e inmobiliario esta compuesto por las siguientes grandes compañías que cotizan en el marcado bursátil: En la industria de la construcción GMD B; ICA*; PYP B; PINFRA*. En la industria del cemento: CEMEX CPO; CMOCTEZ*; GCC*. En Materiales de construcción: CERAMIC B; CRAMIC D; LAMOSA B y finalmente en vivienda: ARA*, GEO B; HOGAR B, HOMEX*; SERE B; URBI*.
[2] Datos oficiales del INFONAVIT. PROVIVIENDA. (Periódico) junio de 1997. pág. 6.
[3] Por ejemplo Luis de Pablo, directivo del INFONAVIT informó que este organismo tiene convenios firmados con 2 809 empresas constructoras privadas.
[4] Mientras en la obra de tipo tradicional, las diversas operaciones de la construcción se realizan una después de otra, lo que equivale a armar un gran rompecabezas de proporciones gigantes tratándose de unidades habitacionales, la prefabricación permite, por ejemplo, que esas operaciones aisladas que se dan una detrás de la otra, se efectúen de manera simultánea. Sin embargo para alcanzar este resultado, es necesario que tecnológicamente y administrativamente todos los detalles hallan sido previstos y calibrados con exactitud rigurosa, llegando de ese modo al concepto de “elementos tipificados de montaje” y en consecuencia de simplificación científica de la obra, como se realiza en Francia.
[5] En la presente administración de Vicente Fox Quzada, emigraron a los Estados Unidos 6.864 millones de personas, 1.2 millones anuales, cifra tres veces más alta que la que se había venido manejando de migración al exterior. BOLTVINIK, Julio. Economía Moral: Los fracasos de Fox/I. La Jornada. 26 de mayo de 2006. p. 36.
[6] Carlos Ramírez. Indicador Político. El Universal Noviembre 11 de 1997. P. 8
[7] “Informal, uno de cada tres empleos en zonas urbanas”.El Financiero 27 de septiembre de 2006. p. 15.
[8] BOLTVINIK, Julio. Los fracasos de Fox/I. en Economía Moral. La Jornada. 26 de mayo de 2006. p. 36.
[9] La Jornada sábado 16 de enero de 1999.
[10] Ofrecerá Urbi “casas básicas” a trabajadores. El Financiero. 21 de septiembre de 2006. p. 17.
[11] Infonavit emitirá Cedevi por mil mdp. Presentan el seguro de protección de pagos de Genworth. Beneficio para quienes contraten en 2007 y 2008. Protección adicional al derecho de prórroga. El Financiero. 21 de septiembre de 2006. p. 13.
[12] Oscar Joffre Velázquez. Periódico oficial PROVIVIENDA No. 3 junio 20 de 1997 p.7
[13] “Más asentamientos irregulares en nueve delegaciones”. La Jornada, julio 6 de 1999. P. 40
[14] Ibid. P 40
[15] “La zona metropolitana, hacia una “reaceleración” de su crecimiento”. La Jornada julio 6 de 1999. P 40
[16] El Financiero. Nota inf. de Mario Cappi. Viernes 24 de septiembre de 1999.
[17] LOGRA ARA UN BUEN BALANCE EN EL TERCE TRIMESTRE DE 1999. Extensa reserva territorial, su principal activo. Alejandra Leglisse. Fuente BMV. El Financiero. viernes 29 de octubre de 1999.
[18] Datos tomados del Instituto Nacional de Nutrición. El Financiero, 25 de febrero de 2000.
[19] Julio Boltvinik. Fábrica de pobres. La Jornada 14 de julio de 2000.
[20] MÁRQUEZ AYALA, David. Reporte económico: México, evaluación de un sexenio (2001-2006) 1/2. La Jornada 28 de agosto de 2006. p. 30.
[21] Idem. P. 30
[22] El muralismo, es la primera acción artística importante posrevolucionaria. Proponía rescatar la expresión pictórica en muros, debido a dos razones fundamentales: primera, desde la época prehispánica y también aplicada en la época colonial, había sido un vehículo de comunicación y expresión artística; segunda, si el pueblo de aquel entonces, era analfabeta, el muralismo sería el vehículo perfecto para adoctrinarlo con respecto a la historia del país y lo que era la nueva visión del mexicano.
[23] Bando No. 2. Emitido por el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.
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