jueves, enero 18, 2007

jueves, enero 11, 2007

LOS PATRONES CRIMINALES DEL PODER

LOS PATRONES CRIMINALES DEL PODER
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

Lorenzo Ismael Vargas Sánchez.
ESIA TECAMACHALCO IPN.

El presente trabajo es producto de una investigación documental realizada para demostrar el patrón de comportamiento delictivo por parte de quienes detentan el poder del Estado, esto es, la clase política al servicio de los intereses de los corporativos privados nacionales y principalmente multinacionales ligados todos ellos a los lineamientos que impone la globalización como sistema hegemónico capitalista a nivel mundial. Este comportamiento, se observa especialmente, cuando se desdibuja el modelo “estado democrático de derecho” que se sustenta en la forma de representación popular a través del voto universal, que sólo permite formas de elección a través de partidos políticos registrados y conocidos, por lo que se genera una clase política parasitaria del presupuesto oficial, los cuales son incapaces de dar soluciones a las presiones sociales originadas por los movimientos populares (urbanos y rurales) quienes exigen justa solución a sus demandas.
En otras palabras, nuestro interés es mostrar el comportamiento delictivo de las autoridades, que se asumen como representantes legales del Estado, frente a la problemática política que plantean los movimientos sociales. Desde la perspectiva crítica del pensamiento criminológico, que argumenta que el sistema de inclusión del aparato jurídico, excluye selectivamente de sus derechos a los “otros” (De Giorgi 2000)[1], es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados o en su caso, movimientos sociales organizados. La segunda premisa que plantea nuestro autor de referencia, es la que estudia la universal inclusión y exclusión de los movimientos sociales enfocando su análisis a la estructura social y la superestructura jurídico- política e ideológica, que permiten entender cómo se construyen formas de pensamiento que se presentan como generales para todos, pero que no son más que construcciones subjetivas de la realidad, que se asumen como criterios universales de validez a través de las normas y leyes, que regulan el comportamiento en lo particular, mientras se excluye de sus derechos a amplios grupos sociales, estableciendo políticas criminales contra quienes escapan a sea generalidad de la norma, (De Giorgi, 2000). ¿Pero quién controla y sanciona los actos y acciones que realizan quienes detentan el poder del Estado? El análisis permite entender que efectivamente no existe un control constitucional ni un metapoder social que detenga y elimine los actos y conductas criminales que realizan los funcionarios públicos y mucho menos quienes a nombre del “Estado de derecho”, realizan acciones delictivas de lesa humanidad contra la sociedad, los pueblos y comunidades indefensas.
Para la teoría sociológica crítica que estudia los movimientos sociales es claro cómo desde el exterior de las instituciones jurídico políticas y la ideología dominante, se producen cambios que hacen que se modifiquen las estructuras sociales, sin que necesariamente el movimiento se de por dentro de éstas o bien busque su institucionalización. Alberoni (1994) hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. El análisis de Alberoni revela que existe un control sistémico[2] sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas que permiten preservar el status quo del sistema, su operatividad y su manejabilidad, para reproducir material e ideológicamente las condiciones propias de exigencia del propio sistema.
El aporte en el conocimiento sociológico de los movimientos sociales no está en el hecho mismo de su gestación, sino en explicar la dinámica al convertirse los individuos aislados en actores sociales, conscientes de la realidad a la que pretenden transformar, estableciendo su ámbito de influencia, sobre todo, aquellos que se enfrentan al conjunto sistémico, cuyos elementos fundamentales son el poder, el ejercicio del poder y el control social, por lo que los actores sociales que intervienen se han identificado dentro de los movimientos sociales antisistémicos.
Para sostener lo anterior desde el punto de vista teórico, además de los autores antes mencionados, parto de los trabajos de Charles Tilly (1995a, 1995b) cuyo enfoque combina los análisis micro y macro, explicando cómo la diferencia estructural, sumada a la dimensión política, modifica la naturaleza de la acción colectiva. Lo más útil de dicho análisis, es desprender de aquí el sentido inverso, es decir, precisar cómo las transformaciones en la naturaleza de la acción colectiva pueden explicar la diferencia estructural y los cambios en la dimensión política. Para llegar a este otro nivel, es necesario entender los movimientos sociales no como grupos o agregados de personas, sino como procesos históricos concretos, de tal modo que el estudio de las acciones colectivas nos permita conocer la manera en que, la acumulación dialéctica de acontecimientos políticos, y no necesariamente uno sólo, es capaz de alterar la estructura, las instituciones y por lo tanto, modificar el sistema impuesto.
Parece que el tipo de análisis propuesto tanto por la criminología como por la sociología crítica se empatan, pero no es así, ya que el primero hace énfasis en la critica al sistema de inclusión del aparato jurídico, que excluye de sus derechos selectivamente a los “otros”, es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados y los movimientos sociales organizados. En tanto que el análisis sociológico hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. La coincidencia en el análisis es que, efectivamente existe control sistémico[3] sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas.
El enfoque de la dogmática jurídica penal y criminológica de corte positivista no permite hacer una critica profunda al sistema de dominación, por el contrario, este tipo de análisis asume que la ley es instrumento de dicha estructura vertical de dominación social, por ello señalamos que tanto los derechos como los atributos jurídicos son de naturaleza política y son redefinidos en un proceso continuo (conflictivo y contradictorio), que se precisan históricamente por la fuerza de la confrontación entre intereses materiales, políticos y culturales de distintas fuerzas sociales (Mann, 1987; García Canclini, 1995; Tamayo 1999).
Lo importante es descubrir si esto es así o por el contrario, -como apunta tanto el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (MST), y el de los zapatistas en México (EZLN)-, además de que dichos movimientos no se han podido controlar de manera sistémica, tampoco buscan la institucionalidad, sino que su horizonte es la autonomía, y por lo tanto, “otro tipo” de institucionalidad, diferente a esa forma tradicional de hacer y de concebir la política, esto es, otra forma de hacer política desde abajo como atinadamente señala Pablo González Casanova (2005). Me importa pues, dentro de esa perspectiva, exponer los movimientos sociales como procesos históricos en el contexto coyuntural de una transición, que se forma y se revalora en los propios objetivos y contenidos de la lucha social. (Touraine, 1999; Thompson, 1966).
Lo que oficialmente se llama “política criminal”, se refiere, desde la perspectiva jurídica tradicional a una serie de problemas particulares que no deben ser tratados por otros ámbitos de las políticas públicas, del derecho o especialmente del derecho penal, Sabemos que este razonamiento jurídico, esta especie de especialización, es lo que le confiere un estatus de “verdad científica” a los actos jurídicos que la autoridad realiza, lo que permiten calificar ciertos comportamientos sociales como delictivos, pero no estoy de acuerdo con ese pretendido carácter ontológico de los delitos, no comparto esa definición de “política criminal” y mucho menos considero que existan recetas para “combatir la criminalidad”, porque igualmente ellas las podrían formular especialistas de otras disciplinas.
Mi posición es que la política criminal esta sustentada con alfileres en la doctrina de Seguridad Nacional, responde en todos los campos, tanto a nivel interno como externo, al contexto de dependencia y completo sometimiento a los intereses de Estados Unidos. El programa que en términos institucionales se llama de “cooperación” recíproca entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, a nivel interno se traduce en políticas de segregación étnica de los diferentes pueblos indígenas y en el mejor de los casos “incorporación” de estos al “desarrollo”. Sin embargo la dependencia estructural de América Latina a las políticas de Washington, siguen produciendo marginación y extrema pobreza en la región, condiciones de desigualdad social que se asumen como etiquetas para criminalizar a los pobres. Especial atención reclama los casos del narcotráfico y el lavado de dinero, actividades criminales que han querido vincular con los movimientos sociales de resistencia para tronarlos, satanizarlos y minar sus bases de apoyo, como es el caso de los guerrilleros en Colombia, en la Sierra de Guerrero en México[4], en el caso de las tomas de tierra por el MST en Brasil y la lucha de resistencia del EZLN en Chiapas.
Por esta razón es necesario apuntar una última premisa teórica importante en torno a la caracterización del Estado enajenado que responde a las políticas criminales del imperialismo norteamericano[5], elaborada para el estudio del control social en México por Augusto Sánchez, Klaus Dieter Gorenc y Alicia González Vidaurri (1998). En efecto, los autores señalan que el actual Estado no es un “Estado de derecho” y mucho menos un “Estado racional”, donde los actores sociales son reconocidos y valorados como entes independientes en su persona y su libertad. Esta discusión en torno al Estado es un debate abierto (Quijano, Aníbal 7. 2001), sobre todo por el proceso de globalización que busca el rompimiento de los Estados nacionales[6] y propone como alternativa un Estado mínimo. Augusto Sánchez (1998) argumenta que nuestro sistema apuna a un “Estado de derecho autocrático”, donde lo que importa es la decisión cambiante, del sujeto que preside el gobierno del Estado, el cual desarrolla una política apegada a las directrices que mejor convienen a los Estados Unidos. Este modelo de estructura jurídica repercute en la política criminal y el control social, convirtiendo al ciudadano común, en un objeto fácilmente reprimible mediante las instituciones jurídicas y la segregación.
Con esta finalidad se observaron como caso de estudio el movimiento jaramillista 1955-1962, el movimiento estudiantil de 1968, el movimiento zapatista iniciado hace trece años (1994) y el movimiento de la APPO, en Oaxaca (2006), el análisis hace énfasis en la imposibilidad de la negociación política por lo que se recurre a la criminalización de los movimientos, la detención, la tortura, la vejación, la anulación de los derechos individuales y el asesinato como formas únicas para la eliminación del conflicto. La participación de la ciudadanía y la acción de los movimientos sociales convergentes que se dieron en el espacio, tanto rural, como urbano, durante el periodo en que se inscriben van desde mediados del siglo pasado a principios del presente, esto es de 1950 a 2006.
A partir de dichos movimientos se hace un análisis en relación con la distribución del control en la sociedad. Asumiendo que la característica fundamental es que la política criminal está dirigida, en realidad, a los potenciales violadores de la formalidad y el orden instituido[7]. En este sentido, son criminalizados todos los movimientos sociales que se oponen o resisten al sistema. La resistencia no significa inmovilidad, ni defensa del status quo, sino un lento y casi imperceptible, aunque continuo e insistente, movimiento de transformación, de diferenciación de los planos y de la realidad” (García Bermejo C., 2004). Hablar de resistencia significa afrontar el problema de los opuestos. Es decir, dar respuesta a la cuestión del conflicto, al problema cómo pensar la oposición a partir de la diferencia.
Más allá de ésta definición tentativa sobre la categoría “resistencia”, la propuesta básica al estudiar los movimientos sociales es conectar la resistencia con la actitud de cambio que exige en estos momentos nuestra sociedad. Resistirse es no aceptar las imposiciones del capitalismo y evitar ser devorado, pero ello exige una propuesta, otro proyecto, otra opción, una alternativa, otro mundo pensado, pero posible, que se traduce en los principios de “mandar obedeciendo y crear un mundo donde quepan muchos mundos”.
Se empleó el análisis sistémico como metodología que posibilita entender las relaciones entre actores, poder, ejercicio de poder y control social como elementos centrales para observar el entramado de relaciones que el Estado actual genera para preservar el status quo a través del control social sobre los movimientos de resistencia al poder. De esta manera podemos decir que la legalidad y el derecho son elementos que permiten justificar y legitimar la represión, es decir, el ejercicio de la violencia del Estado. Esta violencia institucional tiene un intenso e injusto impacto social; el impacto social existe, por lo que es necesario hacer una crítica severa al injusto derecho y a la criminal política del Estado. Esta inversión de la realidad preconstruida desde el poder, la observo desde el espejo que refleja la propia injusticia social que se vive en el continente. Lo que afirmo es que se criminaliza y se desarrolla una política criminal con pretensiones de cientificidad legal, cuando en realidad, el contenido de estas dos disciplinas es ideológico, por lo tanto, sirve para el control de una clase sobre otra, la dominante contra la dominada.



1) La violencia proviene de las autoridades, sin respeto a los derechos originarios del pueblo y de las garantías individuales.
Durante la etapa del macartismo, donde se tiende a criminalizar toda lucha legítima de los pueblos bajo el etiquetamiento y estigma de ideología comunista, sucedieron hechos muy importantes, por ejemplo, en Morelos se retoma la lucha zapatista de recuperación de tierras encabezada por el líder agrario Rubén Jaramillo, que junto con un gran número de personas originarios de la región intentan ocupar tierras ociosas en los llanos de “Michapa y el Guarín”: El prestigio de Rubén como líder agrario venía desde tiempos de la revolución de 1910, por su participación en el Ejército Liberador del Sur que comandaba el general Emiliano Zapata y en el liderazgo del movimiento cañero, que permitió el desarrollo de esa industria, en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas, quien construyó, para beneficio de los campesinos del estado de Morelos, el Ingenio de Zacatepec, hoy en manos de empresarios privados que exigen que el Estado los vuelva a comprar.
Jaramillo se distinguió por mantener vivos los ideales de la lucha zapatista, por organizar a los campesinos jornaleros y por reclamar al Estado los derechos legítimamente conquistados por estos. Así la toma simbólica de los llanos de “Michapa y El Guarín”, constituía uno más de los enfrentamientos del movimiento agrario contra el Estado. El gobernador de Morelos (priísta y latifundista) que tenía intereses sobre dichas hectáreas inició un proceso de persecución y criminalización contra el dirigente. Ante tales amenazas y siendo su lucha evidentemente pacífica y por los causes instituidos[8], en previsión Jaramillo obtuvo un amparo federal y logró una entrevista con el presidente Adolfo López Mateos[9], quien le garantizó el respeto a sus derechos y garantías constitucionales, por lo que Jaramillo lo consideró su amigo, a la vez que el propio presidente reconoció la validez de su lucha. A pesar de todo lo anterior, es decir de ser una lucha pacifica, sin uso de medios violentos, de estar amparado y de haberse entrevistado con el presidente. Miembros del ejército mexicano, lo detienen a él y a su familia allanando su casa sin ninguna orden de aprehensión y los asesinan en Xochicalco[10]. Sin que hasta ahora se halla dado un castigo a los culpables intelectuales y materiales de tan cobarde crimen de Estado.
La política criminal sustentada en los principios del macartismo tuvo secuelas en otros movimientos importantes, como el de los Médicos, el de los Ferrocarrileros y el de los Maestros, sin embargo daremos un gran salto para señalar que el movimiento estudiantil de 1968 también fue objeto de la misma criminalización, y a pesar de que se ha considerado un “parte aguas” en la historia de México, poco se ha reflexionado en el hecho de que existían negociaciones entre los dirigentes y el Estado para llegar a una solución al conflicto, que el mismo Estado se encargo cancelar con acciones que incendiaron y oscurecieron el panorama político.
El movimiento estudiantil de 1968 fue originado por la represión policíaca emprendida contra estudiantes y maestros, no abundaré en detalles sobre los orígenes, después de la represión vinieron las amenazas, el vituperio y más tarde el terror militar cuando fueron tomados los planteles tanto del politécnico como de la universidad, la campaña de calumnias contra los dirigentes y la estigmatización del movimiento, fueron parte de la estrategia política para criminalizar a los estudiantes rebeldes. Para el gobierno existían dos salidas la negociación o la represión, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz opto por cerrar el diálogo y emplear toda la fuerza punitiva del Estado contra los estudiantes y sectores populares que los apoyaban.
La manifestación del silencio del 13 de septiembre de ese año, encabezada por el Rector de la Universidad, Barros Sierra, luego de la intervención militar directa en los planteles, no sólo fue un acto de valentía, fue una demostración del carácter honesto de la lucha y básicamente se trataba de recuperar la confianza, ante el pánico desatado por las bayonetas que tenían como respaldo la campaña de terror oficial emprendida por el régimen.
En actos anteriores se había elegido la Plaza de Tlatelolco para realizar tanto mítines relámpago como concentraciones masivas, el respaldo y simpatías hacia los estudiantes por parte de los habitantes de dicha unidad era más que evidente, así el 27 de septiembre la plaza recibía un mitin al cual asistieron más de 5 mil personas. Los propios habitantes tenían planeado el día 30 de ese mes formar su propio comité de lucha, sin embargo no se logro conformar, ya que ese día treinta, se celebró una gran manifestación del Monumento a la Madre a la Cámara de Diputados, realizada fundamentalmente por mujeres que gritaban consignas tales como ¡Granaderos…Fuera de Tlatelolco! Ese mismo día el Consejo Nacional de Huelga expresó su decisión de celebrar dos mítines más el primero y el dos de octubre para demandar la salida de las tropas de los planteles ocupados.
El gobierno no puede responder a las exigencias de diálogo que plantean los estudiantes y sus medidas represivas para contener el movimiento fracasan, entonces decide dar un definitivo golpe, el genocidio del dos de octubre. Lo que importa resaltar es que Gustavo Díaz Ordaz en el mes de septiembre mantuvo conversaciones con el Rector Barros Sierra -este hecho es confirmado por García Cantú-, que en el curso de la plática, propuso al Presidente el nombramiento de dos representantes que debían entrar en contacto con los líderes estudiantiles. El mismo Barros Sierra menciono como posibles interlocutores del diálogo por parte del gobierno a Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, el primero director del IEPES y hombre de confianza de Alfonso Martínez Domínguez y el segundo era funcionario de PEMEX y gente de Jesús Reyes Heroles. De acuerdo con el Rector el presidente acepto de inmediato la propuesta y sugirió que la primera reunión para el diálogo se realizara el primero de octubre, la cual se pospuso para la mañana del dos de octubre. Al conocerse la propuesta de diálogo el CNH nombró tres delegados, no resolutivos, ya que su tarea era discutir con los representantes oficiales las condiciones en las que se llevaría a cabo el diálogo público, así que como representantes estudiantiles quedaron, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz.
El inicio del dialogo fue tenso, los representantes estudiantiles explicaron cuales eran sus limitaciones. De la Vega dijo entonces que no tenía objeto hablar, Caso intervino y pidió calma. De la Vega insistió que el “dialogo público” era un pretexto para exhibir al gobierno. A pesar de la cerrazón y poco entendimiento de De la Vega, ambas partes acordaron que lo procedente era “un diálogo de hechos” y no de palabras. Así tanto los representantes del CNH como los del gobierno dieron muestras de buena voluntad y acordaron celebrar una segunda reunión el tres de octubre en la Casa del Lago, que no se realizó.
Lo demás esta completamente documentado, la intervención del Batallón Olimpia para la identificación y detención de los líderes estudiantiles, la utilización de los cuadros de elite del ejército, cuerpo de paracaidistas, tropas de asalto mejor entrenadas del país, y batallones motorizados que utilizaron tanques y tanquetas, además de 300 transportes militares del ejército, la detención y asesinato de los lideres estudiantiles, la desaparición, la tortura, el allanamiento de los departamentos del edificio Chihuahua y cercanos a la Plaza de Tlatelolco, la persecución de los que lograron escapar al genocidio, las amenazas a las victimas y familiares de los detenidos, además de la tortura y linchamiento de los detenidos. Después del baño de sangre en la que “las armas nacionales se cubrieron de gloria” siguió “la cacería de brujas”, dos años y medio después del genocidio, 165 personas purgaban sentencias de entre los 3 y 17 años de prisión, que pasaron a formar parte del contingente de presos políticos más numeroso de esa etapa de la historia de México, sobre ellos recayó no solamente todo el peso de la ley, sino también, como lo asume el gobierno, la responsabilidad de la matanza. Para Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Marcelino García Barragán, Hernández Toledo y demás políticos y militares, así como jueces y ministerios públicos, los únicos culpables eran los estudiantes. El gobierno federal sólo se limitó a “preservar el orden y la paz social”.
El patrón es el mismo, mientras se establece un escenario de diálogo, se prepara la represión como política criminal de contención de los movimientos sociales. Por ello es preciso recordar que desde el 30 de septiembre, las autoridades capitalinas ordenaron el desalojo del dormitorio 4 de la cárcel de Santa Marta Acatitla, igual procedieron las autoridades militares con las “cuadras” marcadas con las letras A; C y D del campo militar No. 1. Al penal serían conducidos cerca de 700 detenidos, mientras que al campo militar se llevaron a cerca de mil detenidos, el número total fue de más de dos mil, mientras que la cifra de muertos más fidedigna fue la que dio el diario inglés “The Guardian”, que calculó el número de muertos en 325 (mientras que el gobierno sólo reconoció oficialmente la muerte de 40 manifestantes). Muchos de los cadáveres fueron incinerados, incluso se supo que aviones militares arrojaron una gran cantidad de muertos al mar. El número de heridos superó con creces el millar, muchos de ellos murieron por falta de atención médica[11]. El genocidio se había preparado previamente con base a la estrategia militar de cerco y aniquilamiento, mientras se aparentaba en otro escenario, una aparente disposición del gobierno para negociar con los representantes del movimiento estudiantil.

2) De la construcción neoimperial a la utopía del Estado de derecho.
La construcción imperial en nuestro tiempo está impulsada por sectores extremistas y radicales de derecha[12] (tanto del partido republicano como del demócrata) y modelos sistémicos de control. Los intentos simplistas de explicar la guerra mediante referencias a la influencia del complejo militar-industrial no tienen en cuenta otros factores clave que permiten desarrollar un análisis con mayor profundidad en torno a la crisis que vive el gobierno de Estados Unidos y las empresas multinacionales que los sustentan. Si bien es cierto que el poderío militar está diseñado para asegurar el futuro acceso a la los recursos estratégicos, y por tanto, la generación de mayor cantidad de riqueza, la guerra y la red de satélites militares están diseñados para crear un sistema mundial que facilite el monopolio de las ganancias a través de gobiernos dependientes, enajenados o sometidos, dispuestos a ofrecer los derechos de explotación a las grandes empresas estadounidenses (Petras, J. 2005).
Hacia principios de los años 90 se inicia la primera fase, el neoimperialismo había asumido como suya la misión del dominio de los sectores estratégicos y dinámicos de las economías y consolidado el control de una clase política en América Latina, por lo que en esta nueva etapa lanzó su programa de transición hacia la recolonización de la región a través de sendos tratados de libre comercio con México y Canadá, en el Norte (TLC) y el denominando Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el Sur.
A finales de la década se da la segunda fase con el proceso de recolonización imperialista, las elites tradicionales de la derecha y nuevos gobernantes, convencidos de su misión histórica dentro de la utopía del neoliberalismo, tratan de integrar a los renegados de la izquierda institucionalizada los que por esta vía ascendieron a escaños y curules que les permiten hacer jugosos negocios con otros poderes que constituyen una elite muy selecta, la cual denominamos clase política.
La tercera fase corresponde al presente periodo, implica la transformación de las conquistas económicas estratégicas en un nuevo régimen político legal (el TLC y la Comisión ALCA) que confiere a los constructores imperiales estadounidenses el poder formal y el control total de la región, pero también están otros tratados y planes, como el de Tratado de Centroamérica con los Estados Unidos y el Plan Puebla-Panamá cuya iniciativa busca insertar al sursureste mexicano y a Centroamérica en la globalización y construir un bloque que esté “preparado” para competir ante un eventual inserción en los grandes mercados. La ideología y los argumentos radicales de la derecha corresponden a un pensamiento pragmático, típico de los hacedores de riqueza por cualquier medio, incluyendo la guerra, el asesinato, la tortura y finalmente la muerte o aniquilación tanto de “los enemigos internos como los externos”. Estos grandes inversionistas han logrado desarrollar métodos sofisticados para abrir espacios vitales para sus empresas e intereses bajo presiones a países, Estados o naciones débiles, como puede ser la “amenaza de retiro de sus inversiones” o bien que existen mejores “ofertas y proposiciones” en otras partes del mundo, lo que de entrada excluye la posibilidad de negociar con ellos si no es en el plano que para tal efecto han diseñado, es decir, en condiciones de desigualdad total para la nación o Estado enajenado.
A pesar de este sistema mundo capitalista que se presenta como único y universal, el imperialismo no ha logrado avances contra los movimientos sociales de resistencia mediante políticas coercitivas, injerencia militar y represión, pero sí mediante los partidos electorales de centroizquierda cuyos liderazgos los ha aislado de sus bases de apoyo, gracias a una política económica de apertura de mercados en la que se presenta el desarrollo y el crecimiento como panaceas de una realidad preconstruida ideológicamente por programas dictados desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este fenómeno de cooptación ha minado los movimientos sociales, pero no los ha derrotado, ya que la estrategia de estos ha sido desvincularse tanto de partidos de izquierda institucionalizada, como de candidatos o presidentes que se asumen como de cambio o que se autonombran de izquierda, tal es el caso, por ejemplo, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que se ha desligado de las políticas neoliberales del Presidente Luiz Ignacio Lula da Silva en Brasil, y del EZLN quien mantiene un gran distancia del Partido de la Revolución Democrática.
Los movimientos sociales en América Latina perciben esto como una traición de las elites políticas de centro-izquierda, por lo que vuelven a los únicos métodos probados de lucha y acción directa: protestas de masas, huelgas generales, bloqueos carreteros y ocupaciones de tierras. La idea central es que si bien los movimientos sociales han sido los principales vehículos por los que las clases obrera, campesina y empleados han desplazado a políticos venales, llevando a cabo reformas sociales y bloqueando las políticas más aparatosas de Estados Unidos contra la región, no han logrado adueñarse del poder del Estado.
Sin embargo es relevante apuntar que muchos de estos movimientos están buscando otras alternativas que impliquen el ejercicio del poder desde abajo y por lo tanto, otra democracia más participativa, al margen de las reglas de juego institucionalizadas y la legitimación del Estado, sobre todo, después de las experiencias negativas que se han observado en el continente. Frente a esta falsa realidad preconstruida desde el poder hegemónico, los movimientos sociales están convocando a nuevas Asambleas Constituyentes, como es el caso de Bolivia, Venezuela y México.
¿Por qué el Estado de derecho es una utopía? En América Latina cada presidente derrocado por los movimientos sociales es remplazando por otro salido de la misma elite política, que aplica las mismas políticas neoliberales. Esta rotación o circulación de las elites es lo que los publicistas de imagen política llaman “cambio constitucional”, por las “vías institucionales y los causes legales”. Esta aplicación tendenciosa del derecho es la que ha frustrado, hasta ahora, los esfuerzos de los movimientos sociales por lograr cambios estructurales amplios e irreversibles, de ahí que una de las alternativas que se ofrecen como propuesta, ante la crisis de legitimidad del Estado y de representatividad de los profesionales de la política, es impulsar desde abajo el proyecto de un constituyente nuevo, que modifique las bases políticas y jurídicas del actual Estado.
Pero este proyecto social se enfrenta a los intereses de la derecha conservadora y de quienes han sido beneficiados directos del proyecto neoliberal (como es el caso de los banqueros rescatados por el FOBAPROA-IPAB), así tenemos que previendo cambios estructurales de fondo, los sectores de la derecha más conservadora y radical han asumido la legalidad como propia, lo cual implica un mayor empleo de la violencia institucional del Estado contra los movimientos sociales, especialmente en México.
Sostengo que son los movimientos sociales de resistencia al neoimperialismo, los que están posibilitando la construcción de otra forma de hacer política, otro mundo posible, sobre la base de un proyecto de autonomías locales y culturales opuestas al proyecto neoliberal y los intereses imperialistas de las potencias capitalistas. Es importante resaltar que los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo, y por lo tanto al neoimperialismo, en América Latina, están en el centro de la estrategia militar de los Estados Unidos, por lo que la guerra en nuestra región ya se está librando, desde hace varios años (ver la doctrina “Carter” anteriormente citada), pues nuestro territorio es presa de los intereses manifiestos del actual y futuro gobierno de Estados Unidos, así Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, México[13], Uruguay y Venezuela, por mencionar los más relevantes, son espacios “vitales” de la política expansionista norteamericana que requieren gobiernos afines a sus intereses, la tendencia es ejercer un mayor control sobre los movimientos sociales, a través de una la política criminal que sirva de justificación legal y legitime las acciones de intervención/represión, contra las acciones de resistencia antiimperialista y anticapitalista que organicen dichos movimientos.
Por estos argumentos considero relevantes las aportaciones sociológicas y jurídicas del Movimiento Zapatista encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, cuya política de resistencia pasó, de la lucha armada al privilegio del diálogo, como forma reconocida por la sociedad civil para la solución del conflicto y el reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas, no pretendo profundizar sobre este movimiento que está suficientemente documentado, pero en aras de ser demostrativo en los argumentos, debo señalar que luego que se sentó el EZLN en la mesa de diálogo con los representantes del gobierno federal (entre los que destacaba el enviado especial de Carlos Salinas para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís) y tras penosos desencuentros para llegar finalmente a los acuerdos de San Andrés, los zapatistas fueron traicionados nuevamente por el gobierno federal.
La etapa culminaría con la Marcha del Color de la Tierra de marzo de 2001, cuando más de veinte comandantes zapatistas, llegan al Zócalo. Un mes después, el Congreso de la Unión (luego de una negociación del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática) aprueba una ley contraria a los planteamientos centrales de los acuerdos a los que se había llegado en San Andrés. Este hecho fue fundamental para los pasos posteriores del EZLN, tanto en lo interno como en lo externo. A partir de ahí, el EZLN realiza una valoración de lo que fue su propuesta, el camino que siguió y las posibles consecuencias de dicha traición.
Así, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comienza a profundizar la construcción de la autonomía en las comunidades. De esta forma se desarrolla un proceso autonómico y autogestivo muy grande y aleccionador (el cual se extiende desde fines del año 2001 hasta mediados del año 2005), que da lugar a “la Otra Campaña”.
La autonomía de las comunidades indígenas no reconocida por el Estado-nación mexicano es desde ese momento aplicada de facto por las bases zapatistas. Sin olvidar el cerco militar impuesto por el gobierno federal, estatal y municipal, la presencia de paramilitares y brigadas blancas, las políticas de cooptación del Estado y los programas de apoyo a las comunidades indígenas para restar bases de apoyo al EZLN, así como tampoco debemos soslayar el secuestro, la desaparición forzada, el encarcelamiento de dirigentes zapatistas y la matanza de Acteal, (a la par de otros hechos relevantes como el asesinato de más de 400 periodistas -además de Manuel Buendía- en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio candidato oficial del PRI a la Presidencia, la matanza de campesinos de Aguas Blancas y el Charco).
En agosto de 2003 comienzan a funcionar las Juntas de Buen Gobierno (JBG). A través de ellas, son los mismos indígenas los que ejercen su autogobierno, bajo el principio ético, político y jurídico de mandar obedeciendo. El Subcomandante Marcos explica el proceso en éstos términos: “El plan es que el trabajo de la JBG sea rotatorio entre los miembros de todos los consejos autónomos de cada zona. Se trata de que la tarea de gobierno no sea exclusiva de un grupo, que no haya gobernantes ‘profesionales’, que el aprendizaje sea para los más posibles, y que se deseche la idea de que el gobierno sólo puede ser desempeñado por gente especial”.
El no reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés son para el movimiento zapatista el hecho que les permite constatar que en el marco institucional y los intereses del proyecto de globalización, donde el Estado mexicano es un satélite más, no existe apertura política para el reconocimiento de los derechos indígenas, como tampoco para que sus demandas dejen de ser abstracciones y se concreticen en justicia, democracia plena y libertad fáctica. De la conformación y agudización de una estructura económica y social capitalista mexicana cada día más dependiente y desigual, se desprende la necesidad imperante de superar el orden social capitalista, de allí la decisión del EZLN por formar un programa nacional de lucha, que sea claramente de izquierda, anticapitalista, antineoliberal, y por lo tanto, antisistémico.
En pos de una construcción política de mediano y largo plazo de alcance nacional la Sexta Declaración reconoce expresiones muy diversas de resistencias en todo México y apuesta a la posibilidad de unirlas en la perspectiva de reconstruir a la izquierda política y social en torno a “la Otra Campaña”. Su afán es la construcción a nivel nacional de un frente político y social fundado en una multiplicidad de experiencias de luchas y resistencias.
Todo marcha en lo operativo bien, se había llegado a rincones donde las campañas de los partidos registrados y oficiales no tenían presencia y se habían estrechado lazos con los olvidados de esta tierra, hasta que llegamos al mitin en la Plaza de Tlateloco, el tres de mayo de 2006, junto con el recorrido que hacía la Otra Campaña. Ahí nos enteramos como a las cuatro y media de la tarde, que líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) habían sido reprimidos por las fuerzas municipales y estatales por defender a los floristas, a los que se les negaba el derecho que durante más de 20 años tenían para poner sus puestos en las aceras del mercado.
Ignacio del Valle así como otros líderes del FPDT, previamente, en apoyo a los floricultores, habían establecido negociaciones y acuerdos con representantes de las autoridades estatales y municipales, para que se pudiera realizar la actividad comercial de aquellos el día tres de mayo, sin embargo, cuando llegaron al mercado, los granaderos municipales, apoyados por los estatales, que desde la madrugada se encontraban apostado en el sitio, argumentaron tener ordenes de no dejar instalar los puestos de los floristas en la calle. Así que fueron las autoridades, quienes primero desconocieron los acuerdos y negociaciones realizadas un día anterior a los hechos, provocaron la reacción del pueblo y realizaron actos represivos con lujo de violencia contra el FPDT. Al ver la represión desatada por las fuerzas del orden público que rebasaban en número a los floricultores y a los propios dirigentes del FPDT, la población enardecida por la injusticia se lanzó a la calle en defensa de su espacio, rechazando valientemente la agresión. Los medios de comunicación demagógicamente[14] utilizaron dichas imágenes para promover un ambiente de linchamiento contra los líderes del FPDT y la población de Atenco-Texcoco.
Hassemer (1990, 236) afirma que: “el Derecho penal no tiene que adaptarse a la política criminal, ni puede convertirse en su subsistema funcional, sino que tiene que oponerse a ella, frenándola e incluso, en caso necesario, obstaculizándola”. Sin embargo, es a la inversa, la clase política que ejercen el control del Estado, así como en general, la clase dominante, utilizan el derecho penal a su conveniencia, desbaratando los principios más elementales del pacto social. Así lo podemos constatar, en la violación de los derechos humanos de los prisioneros de guerra iraquíes en Guantánamo por parte de los Estados Unidos. También lo podemos observar en la intervención del Estado en asuntos internos del sindicato minero de SICARTSA, en Lázaro Cárdenas Michoacán, que desembocó en enfrentamientos de los trabajadores mineros con granaderos, policías estatales, y la policía federal preventiva (PFP); y más aún en la violación de las garantías individuales y derechos humanos de los pobladores de San Salvador Atenco, municipio de Texcoco, tras la intervención policíaca federal, estatal y municipal para desalojar a 8 floricultores de la región. En todos estos casos hay una extralimitación del poder avalado por la “ley” sin que exista un pleno control penal punitivo contra ese abuso del poder del Estado, que se aplique como sanción a gobernantes y autoridades involucrados así como a los aparatos represivos.
En efecto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, terminó por destruir el mito del supuesto Estado de Derecho[15], El gobierno mexicano, al igual que los más perniciosos gobiernos militares América Latina, aplica la ley no contra los delincuentes, sino contra los movimientos sociales y sus líderes con la finalidad de sembrar el terror entre la población para descabezar los grupos contrarios al sistema de dominación, que el sistema y gobierno imperantes asumen como sus principales enemigos.
Los cateos sin orden judicial expresa, emitida por juez competente, la infiltración del movimiento a través del espionaje y el reporte puntual de sus discusiones y actividades por parte de sujetos preparados en inteligencia militar, la toma de prisioneros golpeados una y otra vez por las fuerzas del orden, la detención de mujeres, ancianos y menores de edad, la violación de mujeres como si fuesen botín de guerra, la tortura física y psicológica de detenidos y familiares, el desconocimiento de los abogados defensores por parte de la autoridad, la incomunicación de los detenidos por más de 72 horas, el hacinamiento en las celdas, los castigos y las amenazas constantes dentro de ellas, la nula atención médica y psicológica a los lesionados y violadas con personal idóneo al caso, pues así lo ameritaba, las presiones y hostigamientos del ministerio público para que firmaran su confesión los detenidos atenquences, sin asistencia y presencia de un abogado defensor de su confianza, la desaparición de detenidos -pues sus familiares no los encontraban ni en hospitales, ni en el ministerio público, ni en las cárceles-; el ocultamiento de expedientes, la fabricación de delitos, el contubernio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial para burocratizar la pronta impartición de justicia; la violación a las garantías constitucionales más elementales y la violación a los derechos humanos, son todos agravantes para poder enjuiciar a los gobernantes, autoridades civiles y militares, así como policías federales, estatales y municipales que participaron en el ilícito.
Sin embargo, nos encontramos ante una sociedad civil mexicana que cierra los ojos y tolera la impunidad de quienes se asumen como nuestros gobernantes, la sociedad civil es sumamente débil y fácilmente manipulable por la opinión pública y los medios de comunicación masivos. Es una hipótesis que la represión contra el FPDT y los pobladores de Atenco-Texcoco, se tratara de una venganza de Estado, por no haberse construido el aeropuerto en los terrenos de San Salvador Atenco. Mi opinión es que la ensangrentada administración foxista, dio marcha atrás al proyecto del aeropuerto internacional cuando se convenció (a través de su alfil Mariano Azuela), que el Poder Judicial iba a echar abajo la falacia de la utilidad pública que justificaba el decreto expropiatorio de las tierras defendidas valientemente por el FPDT, que no cedió ante las amenazas de la autoridad federal. La pifia fue del propio gobierno por su inexperiencia para fundamentar el decreto expropiatorio, su ambición desmedida lo llevó al fracaso, ya que todas las inversiones estaban amarradas, al igual que recientemente lo hicieron con la “Ley Televisa-Azteca”.
Por el contrario sostengo que luego de la experiencia exitosa del FPDT contra el proyecto del aeropuerto, se estrecharon aún más los lazos con el EZLN y con los Adherentes a la Sexta Declaración y La Otra Campaña, por lo que el gobierno consideró el movimiento del FPDT como amenaza real que había que eliminar debido fundamentalmente a la solidaridad que el Frente manifestó a favor de movimientos como el de los damnificados por el ciclón Stan en Oaxaca y Chiapas, así como con los campesinos que se resisten a la construcción de la Presa Parota en Guerrero, donde se afecta al río Papagayo, que es fuente fundamental de recurso de agua para muchas comunidades de la zona, y con los comuneros de Tetela del Monte y la zona residencial de lujo donde se ubica la Barranca de los Sauces[16], en Cuernavaca Morelos. Los actos violentos de la autoridad contra los campesinos de Atenco demuestran que el derecho penal y la política criminal que lo sustenta, se orientan fundamentalmente al control social de los movimientos de resistencia, por ello, se plantea como objetivo principal su eliminación y aniquilamiento total, debido a que una lucha de resistencia victoriosa es un mal ejemplo, para otros pueblos y comunidades que aún no despiertan.
Si bien es cierto como argumentan los juristas que “el Estado a través del poder judicial y el ministerio público tiene el monopolio de la coacción”. Esta actividad del Estado tiene sus principios constitucionales, normas y límites, que evidentemente son de carácter burgués. Sin embargo, existen grandes vacíos que hacen que se ejercite el poder con bastante y holgada impunidad, porque la sociedad desconoce como ejercer un control civil sobre la actividad, ejercicio y rendición de cuentas[17]de los funcionarios públicos, y sus actuaciones como ejecutores de la actividad punitiva y coactiva del Estado. Tal parece que quienes se encuentran como funcionarios públicos, constituye una gran mafia que tiene redes criminales en cada uno de los intersticios más obscuros del poder del Estado[18].
En el caso de Atenco, además de la gran cantidad de lesionados con objetos contundentes, hubo un niño muerto por arma de fuego calibre .38 espacial de uso exclusivo de la política del Estado de México. Hasta 15 días después no se sabía quién de la corporación realizó el disparo, cuando que organismos de Derechos Humanos documentaron ante la instancia jurídica correspondiente, que el responsable era un policía de los que intervinieron en los hechos, muchos de los cuales iban armados. Hay un total encubrimiento vandálico entre las fuerzas del orden y los mandos con entrenamiento militar. Otro herido de gravedad, Alexis Benhumea, fue alcanzado por un proyectil -de lanza granadas de gas-, en la cabeza, el disparo fue a boca de jarro, es decir a corta distancia, la herida mortal le ocasionó convulsiones, pérdida de sangre en abundancia[19], el Dr. Guillermo Selvas, de la Caravana de la Otra Campaña, que llegó a Atenco, por la noche del día tres de mayo, trató de auxiliar al joven herido, pero era imposible, así que decidió que su traslado era necesario para atenderlo en un hospital, al salir para conseguir una ambulancia el Dr Selvas fue detenido y brutalmente golpeado por las fuerzas del supuesto “orden”, después fue detenida su hija Mariana Selvas, que le ayudaba como asistente en los primeros auxilios. Esto originó que el herido, estudiante universitario de la Facultad de Economía y de Ciencias, estuviera sin atención médica oportuna durante más de 18 horas, y que el auxilio humanitario que prestaba el Dr. Selvas fuera impedido por los policías. Ahora resulta que para el Ministerio Público y el juez que conoce de la causa, el Dr Selvas es un delincuente, calificado de “alta peligrosidad”, por lo que no alcanzó fianza y se le ha negado su libertad, siendo que en ningún momento intervino en los hechos delictivos que se le atribuyen, en igual situación se encuentra su hija , Mariana Selvas, quien además de ser salvajemente golpeada fue ultrajada por los cuerpos policíacos, su único delito es haber estado en el lugar de los hechos que se dieron en la mañana del día cuatro de mayo, querer ayudar a curar heridos y salvar vidas, para los impartidores de justicia que solapan los actos criminales de Estado, también es un delito preocuparse por la vida del prójimo.
Los operativos policíacos, en San Salvador Atenco como en Oaxaca[20] saltaron del plano de la prevención del delito, al plano del control social de los movimientos sociales de resistencia al poder, y del plano del operativo policiaco al plano político, aunque reiteradamente se llamó, a través de los medios masivos, a “despolitizar los hechos” y a verlo como un asunto “local” y dentro de un contexto “muy limitado”, para negar no sólo la violación de los derechos humanos, sino principalmente la función política del CISEN.

Conclusiones
Como puede observarse hay un doble discurso del poder, el de “seguridad nacional” que vincula la rebelión popular con el crimen organizado y, por otra parte, el trato de “criminales de alta peligrosidad” a los líderes para negarles su status jurídico de perseguido político, este argumento sirve de “justificante” para negar reiteradamente los derechos constitucionales y humanos.
La lucha legal llevada al extremo como parte de una estrategia de los movimientos sociales es lo que se califica como ultralegalismo, esta estrategia de lucha impide ejercer mayor fuerza por medios políticos. En estos caso se demuestra que las instituciones jurídicas juegan un papel importante de contención de los movimientos sociales, ya que con el fin de no perder el estatus de “legalidad”, se entorpece el camino para el logro de las demandas populares, a la vez que se fortalece la visión de que sólo a través de las instancias jurídicas se “pueden” y “deben” dar los “cambios”.
Buena parte de las características comunes de los movimientos derivan de la territorialización, es decir, de su arraigo a espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. Los actores sociales identificados hasta ahora son la elite política, los empresarios y los movimientos sociales–populares que se ven confrontados cada uno y entre sí, sobre la base de sus propias exigencias. Las formas de organización que describen los dos primeros son de tipo vertical y piramidal, desde las visiones de la elite gobernante y de la lucha interna entre estas y la clase empresarial-gobernante. En cambio los movimientos sociales-populares están desarrollando formas de organización desde abajo con base a sus propias experiencias adquiridas a lo largo de de tres décadas de lucha contra el neoliberalismo.
Mi argumento es que la desterritorialización de los movimientos y no las dictaduras y las contrarreformas liberales es lo que hizo entrar en crisis a los viejos movimientos de izquierda, fragilizando a líderes que vieron evaporarse sus bases ideológicas, en las que habían ganado sentido. Su crisis de sentido, abrió un período, aún inconcluso, de reacomodos que se plasmaron, pero otros actores sociales, buscan la reconfiguración de un nuevo espacio físico de lucha social. El resultado, en todos los países de América Latina, aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva, así como también en la revalorización de la resistencia de las diferentes identidades y comunidades indígenas, es decir son los excluidos del sistema los que están proponiendo nuevas de hacer y entender la democracia, rescatando del basurero y el olvido, lo más preciado de sus raíces históricas y su nacionalidad.

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NOTAS SOBRE RUBÉN JARAMILLO:
Para la reconstrucción de la vida de Rubén Jaramillo véase Rubén Jaramillo Ménez, Autobiografía, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Froylán C. Manjares, Matanza en Xochicalco, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Paula Batalla, Donde quiera que me paro, soy yo (autobiografía de una jaramillista), CIDHAL, Serie Nuestra Vida, México, 1988; Renato Ravelo, Los Jaramillistas, Nuestro Tiempo, Col. Testimonio, México, 1978; Alberto Guillermo López Limón, El Movimiento Jaramillista (1915-1962), Tesis de Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1994 VARGAS SÁNCHEZ, Juan de Dios (1986). La resistencia popular en México 1940-1976. Tesis de Sociología FCPS. UNAM.

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http://www.rebelion.org/sociales/031006zibechi.htm

http://www.alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=1382
[1] Para De Giorgi, el derecho penal que se sustenta en políticas criminales definidas por intereses de clase, no es un sistema de control de la desviación, sino una estructura selectiva dentro de la cual se hace posible la desviación.
[2] En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas y es utilizado de manera discrecional por quienes detentan el poder, para preservar, mantener o establecer sus propios intereses que evidentemente son de clase.
[3] En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas.
[4] “Los guerrilleros que operan en Guerrero, grupos de delincuentes: Cabeza de Vaca titular de la PGR”. Nota de Habana de los Santos, Misael, en La Jornada 15 de octubre (2005. 17)
[5] “Estados Unidos impone a México su agenda de seguridad: especialistas”. ROMAN, José A. La Jornada, miércoles 5 de octubre de 2005. p. 34.
[6] El Estado es entendido como estructura de autoridad y como forma de dominación colectiva y sus signos específicos del Moderno Estado Nación son la ciudadanía, la presunción formal de igualdad-jurídica de los individuos dentro del espacio de su dominación, no obstante su desigualdad en los demás ámbitos de poder y la representatividad política, sobre la cual legitima su poder sobre el conjunto de los ciudadanos.
[7] Ello ha sido evidenciado por la Criminología Crítica, pues, el Sistema de Justicia Penal, así como la función intimidatoria de su discurso no sólo está dirigida a los sectores más vulnerables, sino a la generalidad.
[8] En efecto la lucha de Jaramillo era pacífica, aunque el estaba armado, pero ese hecho no era objeto de acción penal por parte del Estado, lo que realmente atemorizaba al gobierno era que estaba al frente de un grupo de campesinos armados con sus instrumentos de trabajo propios, que estaban dispuestos a recuperar esas tierras, afectando los intereses latifundistas y de inversionistas.
[9] En 1958 el Presidente Adolfo López Mateos le brindó amplias garantías para que dejara las armas y cuatro años más tarde, el 23 de mayo de 1962 la policía judicial del estado y el Ejército lo hicieron prisionero junto con su familia (su esposa y sus tres hijos) y fueron asesinados en Xochicalco, acabando con la vida, pero no con los ideales de este líder agrarista. http://www.inep.org/content/view/1599/74/
[10] La "Operación Xochicalco", fue la culminación de un acto criminal del Estado coordinada por el Jefe de la Policía Judicial, General Carlos Saulé y por el Coronel Rivera, de la misma corporación; participaron directamente el Capitán Gustavo Ortega Rojas, Jefe del Servicio de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el Capitán José Martínez, comandante de la partida militar de Zacatepec, Roberto Ramos Castaneira, Jefe del Servicio Secreto de Morelos. Rubén Jaramillo, Epifania Zúñiga (embarazada), Enrique, Filemón y Ricardo, fueron secuestrados y trasladados cerca de las ruinas prehispánicas de Xochicalco, donde horas después fueron asesinados. En "una desviación que se encuentra a unos cien metros de las ruinas, sobre la carretera que conduce a ellas y en una barranca encontraron los cadáveres". Según los agentes de la Dirección Federal de Seguridad "el Tte. Corl. Héctor Hernández Tello Sub- Jefe de la Policía Judicial Federal le dio a entender (al capitán Gustavo Ortega Rojas) que la intervención de Agentes a sus órdenes solamente se habían cumplido por disposición expresa del Sr. Presidente de la República". "Gustavo Ortega Rojas, Director General de Seguridad de Morelos, manifestó a periodistas y particulares de Distrito Federal y Acapulco que fueron miembros de la Policía Judicial Militar los que realizaron los hechos acatado órdenes superiores." Además intervinieron cinco pelotones de soldados (por lo menos cincuenta y cinco hombres armados con fusiles y ametralladoras), en dos vehículos blindados y varios jeeps, procedentes del Cuartel de Agua Hedionda, dirigidos por el sargento Manuel Justo Díaz, apoyados por lo menos de diez agentes de la Policía Judicial Federal (además de los destacados en Cuernavaca) El cuerpo de Rubén Jaramillo presentó nueve tiros (dos de ellos en la cabeza); tenía al morir 62 años; Epifania 47; sus hijos adoptivos militantes de las Juventudes Comunistas de México Enrique 20, Filemón 24 y Ricardo 28; su único hijo sanguíneo: meses de gestación. Nunca se realizó una investigación. La masacre hasta la fecha sigue impune. Alberto Guillermo López Limón http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11796
[11] Ver Fernando Martí. “La Noche más triste de la historia”. Revista Interviú año 1 No. 27, 27 de septiembre al 3 de octubre de 1978. Pp.56 a 61
[12] La tesis central del artículo de Klare, desde un punto de vista histórico señala que la guerra en Irak instrumentada por los Estados Unidos es una expresión natural de la Doctrina Carter, que constituye el único edicto presidencial vigente después de la guerra fría. Lo que pretende demostrar Michael es que la Doctrina Carter, con 25 años de antigüedad, ha adquirido mayor relevancia como proyectote expansión del poderío militar de EU y está dirigido a las mayores regiones productoras de crudo en el mundo. (Klare, Michael T 2004).
[13] Ver el “decálogo energético” propuesto por el Presidente Vicente Fox en La Jornada del 12 de septiembre de 2005, el cual señala que PEMEX deberá absorber por el alza internacional del petróleo cerca de mil 457 mdd; del cual se importan alrededor de 250 mil barriles diarios, siendo México productor, esto resulta ser una paradoja histórica muy sería para el país.
[14] Ver VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2006) “El demagógico poder de los medios de Comunicación” en http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11519
[15] MARTÍNEZ VELOZ, Jaime. El mito del estado de derecho. La Jornada. 12 de mayo de 2006. p. 27
[16] Ese día diez de abril de 2006 se iba a realizar un acto de la Otra Campaña en Cuautla, para rendir homenaje ante la estatua de Emiliano Zapata. Hasta allá llegaron varios camiones procedentes de Texcoco, con Ignacio del Valle y otros dirigentes, esperábamos la presencia del Delegado Zero, al ver que no llegaba, los compañeros de Atenco rindieron honores combativos ante Zapata y cantaron el himno zapatista, ondearon sus machetes y sacaron estrellas fulgurantes al friccionarlos con el concreto caliente por los rayos del sol. Seguimos la espera, cuando nos informan que el Delegado Zero, se encontraba en la barranca de Los Sauces, rodeado por ministerios públicos, policías judiciales del estado, preventivos municipales y granaderos, quienes pretendían desalojar por la fuerza a los ambientalistas que defendieron con sus vidas la barranca, encadenándose a los árboles. Rápidamente los camiones que trasladaban a Ignacio del Valle y una representación numerosa de los pobladores de Atenco, se dirigió a Cuernavaca en apoyo, sin importar no haber comido y el cansancio, llegando muy a tiempo para demostrar la fuerza y convicción de principios revolucionarios. Los periodistas preguntaron con insistencia al Delgado Zero ¿qué esperaba, cuál era la estrategia? A lo que sin pensar dos veces dijo espero “al Séptimo de Caballería”, el cual en efecto llegó, salvando una situación bastante tensa, pues las fuerzas del “orden” tuvieron que replegarse.
[17] Aquí no sólo nos referimos a la Ley Federal de Transparencia, que señala que la información de los registros públicos no puede ser confidencial, sino además a la observancia de las autoridades de lo que estrictamente les confiere la Constitución, para el ejercicio público de sus funciones. En el caso de la Ley federal de Transparencia, el ejecutivo federal, es decir, Vicente Fox, al verse afectado directamente por sus hijos entenados, es decir los hijos de la Sra Sahagún, presentó una iniciativa de reforma al artículo seis constitucional, que de aprobarse en las cámaras, limitaría la obtención de pruebas para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es decir limitaría los trabajos que viene realizando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ya que este organismo está obligado a privilegiar la máxima publicidad y accesibilidad a los documentos oficiales.
[18] VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2206) La fascinación estética del discurso del orden. http://www.poderautonomo.com.ar/buenas%20companias/buenas%20companias.htm.
[19] A quince días de que fue intervenido quirúrgicamente, Hollín Alexis Benhumea Hernández, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM seguía en estado crítico, muere luego de una lenta agonía el 7 de junio de 2006.
[20] Hasta hoy el saldo del actual conflicto en Oaxaca, a más de seis meses de haber iniciado, es de 21 personas asesinadas, alrededor de 370 lesionadas, más de 500 detenidas, 306 presas todavía, unas 300 perseguidas y más de cien desaparecidas. De los 306 presos, 214 fueron capturados el 25 de noviembre (entre ellos cuatro extranjeros) Unos 170 detenidos ese día fueron llevados a centros penitenciarios de Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En el penal de San José del Rincón -a 15 kilómetros de Tepic, Nayarit- fueron recluidas 141 personas (106 hombres y 35 mujeres), entre las cuales hay algunas menores de edad. Tras pagar una fianza de 108 mil pesos cada una, fueron liberadas tres de ellas y luego se sumó una más, por lo que 139 siguen allí. Más de cien recluidos eran transeúntes que no participaron en la manifestación de aquel día ni mucho menos en los desmanes y fueron detenidos arbitrariamente, torturados antes, durante y después de su traslado, los 139 están acusadas de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. El proceso a 93 de ellos tiene la causa penal 652/2006 en el juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mientras que 54 más (algunos de los cuales coinciden en otro expediente) tienen la causa 88/2006 en el juzgado mixto de primera instancia de Mihuatlán, Oaxaca. Entre los 306 presos se encuentra Flavio Sosa Villavicencio, el dirigente más visible de la APPO, aprehendido en la ciudad de México el 4 de diciembre junto con su hermano Horacio y otras dos personas, cuando se preparaban para iniciar una mesa de diálogo convenida con la Secretaría de Gobernación. Flavio y Horacio están acusados de secuestro, robo calificado con violencia y lesiones calificadas contra funcionarios municipales en hechos ocurridos el 15 de agosto, así como de sedición, daños dolosos causados por incendio y ataques a las vías generales de comunicación. Las órdenes de aprehensión en su contra forman parte de cinco expedientes penales (58, 60, 71, 102 y 132 de 2006) integrados por jueces federales y de Oaxaca. Flavio Sosa fue llevado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), en Almoloya de Juárez, estado de México, mientras que su hermano Horacio fue trasladado al reclusorio de Nayarit a petición del "gobierno" de Oaxaca. En contra de las otras dos personas no existían órdenes de captura, pero fueron detenidas por oponerse al arresto de los hermanos Sosa y se encuentran aún en las instalaciones delegacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal. La aprehensión de Flavio y Horacio Sosa, en los hechos, traiciona el diálogo que, en representación de la APPO, habían acordado con el "gobierno" de Felipe Calderón (Fecal), y pasa por encima de tres amparos que les concedía la justicia federal, además de ocurrir una semana después de que su hermano Erick fuera detenido en la ciudad de Oaxaca y recluido bajo cargos similares en el penal federal de Matamoros Tamaulipas, a petición del "gobierno" de Ulises Ruiz Ortiz.